TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CIVIL

Auto Supremo: 140/2013

Sucre: 02 de abril 2013                          

Expediente: Or-5-13-S

Partes: Hugo Edmundo Zavaleta Loayza c/ Luis Fernando Zavaleta Loayza

Proceso: Sub-inscripción

Distrito: Oruro                                                        


VISTOS: El recurso de casación y nulidad interpuesto por Trifón Jhonny Llave Muñoz a fs. 66 y vlta., impugnando el Auto de Vista Nro. 160/2012 de fecha 31 de diciembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Sub-inscripción seguido por Hugo Edmundo Zavaleta Loayza contra Luis Fernando Zavaleta Loayza, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 1ro. de Partido en lo Civil de Oruro, emitió la Sentencia de fecha 07 de mayo de 2012, cursante de fojas 34 a 35 vlta., declarando PROBADA la pretensión principal contenida en la demanda incoada de fs. 3 a 4 de obrados por Hugo Edmundo Zavaleta Loayza, con lugar a la adición del segundo nombre y modificación de apellido paterno mediante sub-inscripción, disponiendo su registro en la oficina de Derechos Reales en la Matrícula que se menciona al efecto. Se desestima la oposición formulada por Trifón Jhonny Llave Muñoz salvando sus derechos a la vía llamada por ley.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Trifón Jhonny Llave Muñoz de fs. 38 a 39 vlta., la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2012, cursante de fojas 60 a 64, confirma la Sentencia de fs. 34 a 35 vlta.

Resolución que dio lugar al recurso de casación y nulidad interpuesto por parte de Trifón Jhonny Llave Muñoz, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que, plantearía recurso de nulidad basado en el art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, considerando que se hubiera presentado demanda  por el actor de sub-inscripción dirigiendo la misma contra su propio hermano cuando debiera haberlo hecho a su persona como “heredero” del presunto vendedor.

Que, su apersonamiento en la acción judicial tendría base en el interés legítimo en su condición de heredero de Marcos Llave Álvarez, y que en el documento de compra venta habría deficiencias. Que el Auto de Vista no diría nada con respecto a su legitimación pasiva reclamada oportunamente e implicaría esto que no se cumplió con la congruencia  y merecería por lo mismo nulidad el fallo de segunda instancia para pronunciarse nuevamente, cita el art. 524 del Código Civil  refiriendo que quien contrata lo haría para si y sus herederos causahabientes, lo cual implicaría que el Auto de Vista debía pronunciarse sobre su legitimación pasiva y se habría vulnerado, resultando una Resolución infra petita por esa omisión.

Pide se anule el Auto de Vista recurrido y se disponga nueva Resolución sobre su legitimación pasiva. 

CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


De la revisión de antecedentes se verifica que la pretensión de la demanda está referida única y exclusivamente a adicionar el segundo nombre del actor y la rectificación en una letra de su apellido paterno en el registro de un bien inmueble ante la oficina de Derechos Reales de la Ciudad de Oruro, al constatarse esas deficiencias, invocando el art. 1546 referido al interés legítimo para efectuar una inscripción, así como los art. 1550 y 1551 del Código Civil, referido al registro de sub inscripción y rectificación, además del numeral 13 del art. 1540 de la norma citada, como también el art. 6 del D.S. No. 27957 de 24 de  diciembre de 2004.

En ese antecedente corresponde hacer análisis si esta petición es  o no correcta en sujeción a las normas que rigen la materia, bajo ese contexto diremos que en casos como el presente, las disposiciones legales pertinentes a invocar son los arts. 1550 y 1551 del Código Civil y fundamentalmente el art. 51 del D. S.  Nro. 27957 de 24 de Diciembre de 2004 “Reglamento que establece las actividades jurídico administrativas complementarias a la ley de Registro de Derechos Reales”, debiéndose aplicar el correcto entendimiento de la significancia de la última disposición legal citada, cuando refiere: Artículo 51.- (ADICIONES, SUPRESIONES O RECTIFICACIONES DE NOMBRES Y CEDULA DE IDENTIDAD DE LOS INTERVINIENTES) Para proceder a la sub inscripción en caso de adiciones, supresiones o rectificaciones de los nombres de las partes intervinientes, será necesaria orden judicial de la Autoridad competente. Igualmente, si en el documento a registrar se consigna un número de cédula de identidad del interviniente y este número es posteriormente cambiado, para proceder a la sub inscripción será necesaria la orden judicial de la Autoridad competente, homologando la Resolución Administrativa de la Corte Electoral.”. De su texto se extracta el entendimiento que en casos como el que se analiza, cuya pretensión es la adición de un nombre y rectificación de una letra en el apellido paterno del peticionante, bastará con solicitar al Juez competente ordene a la Oficina de Registro de Derechos Reales a fin de que proceda a la rectificación correspondiente de las deficiencias reclamadas en sujeción a lo determinado por el art. 1550 del Código Civil, es decir, mediante sub inscripción; indudablemente para este cometido será preciso se adjunte la documentación pertinente que demuestre indubitadamente la veracidad de los datos de identidad que se pretende sean saneados, contrastando con prueba idónea la existencia de esa deficiencia en el registro pertinente.


Del entendimiento de la norma abordada, (art. 51 del D.S. No. 27957) se verifica que no es preciso darle a este tipo de trámites, el carácter de proceso, en la que se tenga que dirigir la pretensión contra un legitimado pasivo, que resulta innecesario pues no se controvierte nada, sino estrictamente es la petición de una orden judicial a fin de que mediante sub inscripción la Oficina de Registro de Derechos Reales proceda a esa adición y rectificación, para lo que será necesario la presentación de la  documentación pertinente como ya se dijo a fin de que el Juez competente las verifique y mediante Resolución fundamentada ordene la adición o rectificaciones solicitadas. No siendo necesario se pronuncie Sentencia, ni la admisión de la intervención de un demandado o legitimado pasivo, precisamente por la naturaleza personalísima de la petición en sujeción a lo normado por el art. 9 del Código Civil.

Bajo las circunstancias anotadas el apersonamiento suscitado por el recurrente resulta absolutamente impertinente, pues en este caso incluso la intervención del hermano del peticionante es innecesario dada la naturaleza del trámite; por lo que de inicio debió repulsarse la intervención del “opositor”, sin posibilidad de recurso alguno a su favor ni en la condición que adujo ser ni otra calidad, peor aun si alega tener legitimidad pasiva, que como se ha dicho, no es preciso exista en este tipo de trámites. Sin embargo, al haber el Juez de primera instancia de manera razonable desestimado la oposición suscitada no se aparta ni desvirtúa la pretensión principal, en ese sentido también con las consideraciones pertinentes, el tribunal Ad quem al confirmar la Sentencia de primera instancia, ha emitido fallo de manera correcta, no siendo evidente que el mismo fuera infra petita, en razón de que el recurrente pretende  sea reconocido como válida su intervención como legitimado pasivo, y que ese aspecto fuera no considerado en Auto de Vista. Con relación a lo anterior corresponde precisar que de la lectura del fallo recurrido, se dio efectiva respuesta a su reclamo a fs. 62 vlta., de manera que insistir en algo que ya resolvió el Tribunal Ad quem, no tiene fundamento alguno.


No obstante lo ya afirmado, el recurrente pretende se le reconozca como la persona que debió ser demandada a efectos de la adición del segundo nombre y corrección de una letra en el apellido paterno del demandante, empero en la exposición de antecedentes en su apersonamiento, el recurso de apelación con la Sentencia, los argumentos no tienen nada que ver con la pretensión principal, y expone como argumentos el hecho de que presuntamente no se hubiera considerado su participación en el proceso.


Dada la problemática planteada, es necesario establecer que para la existencia de un proceso, concurran a la vez dos posiciones, una activa y otra pasiva, con  capacidad para ser y actuar como parte en un proceso, frente a un tercero imparcial -Juez-, con el fin de sustanciar una pretensión; sin embargo eso no es suficiente para la integración jurídico procesal, tanto desde el lado activo demandante-, como pasivo (demandado), ya que es preciso que tengan una relación causal con el objeto litigioso que les confiera el derecho a ejercitar una concreta pretensión con relación al mismo o a oponerse a ella, es decir la relación jurídico-material.


En el caso en cuestión bajo los parámetros señalados de principio referidos a la pretensión de la demanda y los argumentos esgrimidos por el opositor para solicitar se le considere como legitimado pasivo para ser demandado, no cabe la posibilidad de discutir aquello y pueda ser integrado a la litis, pues no existe esa necesaria  relación causal con el objeto litigioso que le pudiera conferir el derecho a ejercitar oposición con relación a la pretensión concreta, que es la de rectificación adición de un segundo nombre y la rectificación de una letra en el apellido paterno. Estableciéndose que el recurrente no puede arrogarse titularía de ese derecho de oposición, mas aun si como en el caso en cuestión no hay controversia y el trámite no tiene el carácter de proceso que se pueda someter a las reglas de un trámite en que se posibilite la intervención de un legitimado pasivo o de un opositor.


Asimismo la explicación dada por el Tribunal Ad quem es pertinente, cuando señala  que si bajo el entendimiento del “opositor” su pretensión es cuestionar la legalidad o no de los documentos que hace referencia, tendrá la vía expedita para hacer valer sus derechos de tenerlos-.


En consecuencia mas allá de que el Auto de Vista sí consideró el agravio expuesto y dio respuesta a lo expresado en apelación por el recurrente como se verificó anteriormente, será necesaria se tome en cuenta los extremos explanados en el presente fallo.


Para concluir, si en criterio del recurrente el Auto de Vista no era lo suficientemente claro, en sujeción a lo previsto por el art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, estaba facultado a pedir la correspondiente complementación, explicación o enmienda, no lo hizo así, de manera que aun de ser evidente su reclamo que en el caso no lo es- precluyó su derecho. No siendo la vía de casación la correcta para efectuar su reclamo.                       

Por lo anterior corresponde emitir fallo en sujeción a lo determinado por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación o nulidad contenido en el memorial de fojas 66 y vlta., presentado por Trifón Jhonny Llave Muñoz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATOR: Mgdo. Rómulo Calle Mamani