TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  SALA CIVIL

Auto Supremo: 136/2013

Sucre: 02 de abril 2013

Expediente: LP  -7-13-A

Partes: Delfina Cala de Cruz c/ Alcaldía Municipal de La Paz

Proceso: Regulación de Honorarios profesionales y retención de importe

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma  de fs. 80 a 81 vta. de obrados interpuesto por Gustavo Portocarrero Valda por sí y a nombre de la actora Delfina Cala de Cruz contra el Auto de Vista  Nº I- 377/12 de 26 septiembre de 2012 cursante de fs. 69 a 70 vlta. pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la  concesión de fs. 85, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Como antecedentes previos que emanan del proceso principal se tiene que, el Juez  Tercero de Partido en lo Civil de La Paz, pronuncia la Sentencia Nº 235/2003  que corre de fs. 1 a 2, declarando Probada  la demanda  sobre evicción y saneamiento seguido por Delfina Cala de Cruz contra la Alcaldía Municipal de La Paz a raíz de la expropiación de su inmueble disponiendo el pago de Bs. 70.812,50 como indemnización a la parte perjudicada, pago que deberá ser actualizado en función de los parámetros de valor al día de pago; condenación al  pago de daños y perjuicios y costas del proceso por parte de la Alcaldía,  a evaluarse en ejecución de Sentencia.

Resolución apelada por parte de la Alcaldía que  merece el Auto de Vista Nº S-420/2004, que confirma la Sentencia apelada, disponiendo el pago de la suma señalada sin costas, Resolución que es recurrida en casación, dictándose el Auto Supremo  Nº 223/2007 que casa parcialmente  el Auto de Vista   recurrido, dejando sin efecto  la condenación al pago de daños y perjuicios así como la condenación en costas, manteniendo firme la Sentencia en todo lo demás.

A fs. 18 de los antecedentes remitidos, se tiene que Gustavo Portocarrero Valda, a través de su hermana Gloria Portocarrero, a nombre de la actora Delfina Cala Cruz, en ejecución de Sentencia,  mediante memorial de fecha 3 de noviembre de 2009, se apersona al proceso pidiendo reconocimiento de su personería  e interponiendo acción oblicua a nombre de su hermano Gustavo Portocarrero Valda para el cobro de honorarios profesionales ante la negligencia de la actora, pidiendo para tal efecto que la Alcaldía Municipal de La Paz cumpla con el pago  de la indemnización que se le adeuda a su representada, en la suma dispuesta en la Sentencia Nª 235/2003, de Bs. 70.821,50, bajo el argumento de que se constituye en acreedor del mismo, al asumir defensa legal de aquel patrimonio perjudicado, pide asimismo se oficie al Vice Ministro del Tesoro y Crédito Público para que retenga el importe adeudado de las cuentas fiscales de la Alcaldía Municipal y su remisión al Juzgado para su pago, asimismo, actualización  del valor progresivo a la fecha  de la obligación  no cumplida, hasta el 31 de diciembre de 2009.

Remitido el método para hallar el factor de indexación de beneficios sociales por el INE, Gloria Portocarrero, presenta el cálculo y liquidación que asciende a la suma de Bs. 34.698, a su vez la Alcaldía Municipal presenta otra rechazando la liquidación y cálculo de  fs. 32 a 32 vta.  Finalmente el 13 de septiembre de 2010, la Juez Tercero de Partido Civil Comercial, dicta el Auto Interlocutorio Nº 378/10 disponiendo que la parte demandada, debe abonar por concepto de actualización del valor, la suma de Bs. 34.698,12 en el plazo improrrogable de tercero día de su notificación.

Notificada con la Resolución la Alcaldía de La Paz,, interpone recurso de apelación, en el efecto devolutivo; tramitado el recurso la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de La Paz  dicta el Auto de Vista N° I- 377/12 de 26 septiembre de 2012 cursante de fs.  69 a 70 que anula obrados hasta fs. 19 inclusive (decreto que dispone el traslado de la acción oblicua).

Resolución de Alzada recurrida en casación por Gustavo Portocarrero Valda mediante memorial de fs. 80 a 81 vlta. con Auto de concesión cursante a fs.85.

CONSIDERANDO II

MOTIVACION DEL RECURSO.-

Señala el recurrente que  el Juez de primera instancia, ha dictado un fallo de fondo en ejecución de Sentencia y que en ese entendido el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable al caso de Autos; por lo que interpone recurso de casación en virtud de que  la Sala Civil ha  incumplido con su deber toda vez que lo que debería haber hecho, era en todo caso, revocar el fallo, modificando o confirmando.

Indica asimismo que al anular la Resolución apelada, ha infringido la ley sin darse cuenta que en ejecución de Sentencia no caben los incidentes que retarden el proceso.

Que, al no haberse dado ninguna de esas tres figuras, corresponde la interposición del recurso de casación, en virtud del fallo anulatorio dispuesto por el Ad Quem, tratándose de incompetencia.

2.- Que, en el Auto de fs. 77 (Auto que resuelve complementación y enmienda) se advierte la impericia de sus Autores por las siguientes razones:

a) Por que no se ha explicado ninguna de sus interrogantes.

b) Por que sin saber qué decir, citan el art. 59 del Código de Procedimiento Civil que se refiere sólo a actos hasta antes de la Sentencia principal, al margen de que no se han dado cuenta los suscribientes que es él, quien ha firmado la mayoría de los memoriales como abogado.

c) Que al no haberse pronunciado  sobre la enmienda,  significa  “denegación de justicia”.

3.- Fallo ultrapetita.- (forma)

- Que nadie ha opuesto excepción alguna y menos de impersonería ni como previa ni como perentoria en ninguna de las instancias.

- Que, el Tribunal de Alzada al considerar de oficio la falta de personería, ha infringido los arts. 123 de la Constitución Política del Estado  y  236 del Código de Procedimiento Civil.

-Que, no está abierta la competencia del Tribunal porque está en discusión solo el fondo, habiendo emitido un fallo que resulta ultrapurista.

4.- Otras infracciones:

Que, han vulnerado el art. 344 del Código de Procedimiento Civil, que señala que en ejecución de Sentencia sólo proceden las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos pre constituidos, en ese entendido, el Tribunal de Alzada ha incurrido en las siguientes infracciones:

a) Que, el Tribunal ha supuesto como excepción el “capítulo cursante a fs. 309”, donde tampoco se objeta la personería de su hermana, señalando simplemente que  ella no puede efectuar la activación de valor.

- Manifiesta asimismo que existe una combinación de los arts. 88, 91, 251-I, 252, 517 Y 518 del Código Civil, referidos a la agilidad procesal, incurriendo en las siguientes infracciones:

a) Que, es prioridad para la administración de justicia, la Resolución de las causa, no la dilación de las mismas.

b) Que, no hay nulidad si no se atenta al orden público y si no está determinado expresamente  por la ley.

Pide que se anule todo lo obrado hasta que se resuelva la apelación de fondo.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

De la revisión de obrados, se tiene que el Auto de Vista Nº I-377-12, deviene de un recurso de apelación en efecto devolutivo, tramitado en ejecución de la Sentencia Nº378/2010.

Al respecto, corresponde la consideración del art. 518 del Código de Procedimiento Civil, mismo que en su primera parte dispone que las Resoluciones evacuadas por los Tribunales de apelación generadas en la etapa de ejecución de instancia, al existir un fallo definitivo que resuelve el fondo del asunto y que tiene la  calidad de cosa juzgada e inmodificable en su sustancia, sólo pueden ser apeladas en el efecto devolutivo, esto a efecto de evitar cualquier interrupción o suspensión de la ejecución de la Sentencia y evitar cualquier pretensión dilatoria que pretenda interrumpir la misma, en previsión de lo dispuesto por el art 517 de la misma norma que dispone que: “ La ejecución de Autos y Sentencias pasadas en Autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución.”

En ese entendido, el art. 518 del adjetivo civil, dispone que en ejecución de Sentencia, solo es procedente la  apelación en el  efecto devolutivo como último recurso con la finalidad de no coartar el derecho a la defensa para que la  decisión que se considera agraviante para cualquiera de las partes, sea revisada por  el Tribunal de Alzada, Resoluciones en las que no están en discusión derechos dudosos o contradictorios, sino que como en el caso de Autos, están definidos y consolidados por la Sentencia  principal y pasibles de ejecución provisional  de la Resolución; pudiendo asumir el Tribunal de Alzada para su Resolución,  cualquiera de las formas  que determina el art. 237 del Código de Procedimiento Civil, es decir: Confirmatoria, revocatoria o anulatoria, según convenga  y corresponda al caso;  Resoluciones que tienen carácter definitivo toda vez que por imperio del mismo artículo 518 en su última parte,  no procede posteriormente ningún otro recurso ordinario  ni extraordinario, en este caso, el recurso extraordinario de casación que como dijimos, está destinado a los casos establecidos taxativamente por el art. 255, que en ninguno de sus incisos, contempla la posibilidad del recurso de casación contra Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia, concordante con el artículo  518 del Código de Procedimiento Civil que como se tiene manifestado, dispone taxativamente que las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo, SIN RECURSO ULTERIOR,  siguiendo asimismo la línea jurisprudencial definida al respecto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia constitucional  0585/2005-R, de fecha 31 de mayo de 2005 que señala: “No hay casación en ejecución de Sentencia. Dentro  de procesos judiciales o administrativos en curso, la vía del amparo constitucional se activa en los supuestos en los que se produzca una severa lesión al derecho al debido proceso, en cualquiera de sus elementos, entre ellos el derecho al Juez natural, lesión que podría motivarse por las siguientes  circunstancias, entre otras: a) un Juez natural admita y sustancie un recurso que no está previsto  por la legislación procesal; así por ejemplo, el recurso de casación contra un Auto de Vista emitido en ejecución de Sentencia”.

De lo anteriormente preceptuado, se infiere que el recurso de casación interpuesto por el recurrente, al ser una Resolución dictada en ejecución de Sentencia, no goza de la posibilidad de ser admitido y  tratado en casación, recurso extraordinario reservado al conocimiento de los procesos, que se hallen inmersos en el catálogo dispuesto en el art. 255 del Código de Procedimiento Civil además de su expresa negativa por imperio del art. 518 del adjetivo Civil, de lo que se infiere que, con la facultad contenida en el art. 213 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil y en previsión de lo dispuesto por el art. 518 de la misma norma,  el recurso planteado deviene en improcedente, debiendo en consecuencia este Tribunal, fallar en conformidad con los artículos 271 num. 1), 213 parágrafo. II y 518, todos  del Código de Procedimiento Civil.

Así lo tiene también establecido,  la vasta jurisprudencia  emitida por la Ex Corte Suprema de Justicia,  cuyo criterio al respecto se tiene expresado en los Autos Supremos que a continuación se refieren:

1.- “…Si se trata de regulación de costas procesales entre las que se encuentra el honorario profesional de abogado, según los arts. 199 parágrafo II, 200 Y 201 del Código de procedimiento Civil, la Resolución que cuantifique es apelable sin recurso ulterior. Que asimismo,  las Resoluciones pronunciadas en ejecución de Sentencia como se la considera a la que regula el honorario de abogado, por la segunda instancia, tampoco dan lugar al recurso de casación por mandato del art. 518 del mismo cuerpo legal. Finalmente, según dispone el parágrafo. II del art. 213 de este adjetivo, el tribunal negará examinar y resolver un recurso cuando la Resolución es irrecurrible”. (A.S. N° 28, de 18 de enero de 2003. Sala Civil Ministro Relator Dr. Kenny Prieto Melgarejo)

2.- “Los Autos que se dictaren  en ejecución de Sentencia admiten recurso de apelación en el efecto devolutivo, sin  ulterior impugnación. En consecuencia, el tribunal  ad quem está facultado para repulsar un recurso de casación contra tales Resoluciones.

Está también Autorizado para negar el examen de decisión cuando la Resolución  no es recurrible (arts. 518, 236 num. 3), 213 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil; 26 de la Ley N° 1760 DE 28 de febrero de 1997). (A.S. N° 29, de 20 de enero de 2003. Sala Civil. Ministro Dr. Kenny Prieto Melgarejo).

3.- “El  art. 213-II del Código de Procedimiento Civil, permite negar el examen de un recurso cuando la ley declara irrecurrible una Resolución. Por su parte el art. 518 del mismo  adjetivo, previene que las Resoluciones que pronuncian los jueces que conocen de la ejecución de las Sentencias pasadas en Autoridad de cosa juzgada, únicamente  son apelables en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior, es decir, que en esta etapa procesal no se admite  recurso de casación”. (A.S. N° 243, de 23 de agosto de 2003. Sala Civil. Ministra Relatora Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez)

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación de los artículos 271 numeral 1), 213 parágrafo II y 518  del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 80 a 81 vlta. de obrados interpuesto por Gustavo Portocarrero Valda por sí y a nombre de la actora Delfina Cala de Cruz contra el Auto de Vista  Nº I- 377/12 de 26 septiembre de 2012 cursante de fs. 69 a 70 vlta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000

Se apercibe al Tribunal de Alzada a dar cumplimiento a lo previsto por el art. 262 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Magistrada Dra.  Rita Susana Nava Durán