TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 135/2013

Sucre: 2 de abril 2013

Expediente: CH 12 13- A

Partes: Muller Anhelino Rivera Irahola y Mirna Soto Mariscal de Rivera.

                             

Proceso: Adopción.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 131 a 133 interpuesto por Muller Anhelino Rivera Irahola y Mirna Soto Mariscal de Rivera contra el Auto de Vista Nº SF-003/2013 de fecha 04 de enero 2013 cursante de fs. 120 a 122, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de adopción seguido por los recurrentes; la inexistencia de respuesta al recurso; el Auto de concesión de fs. 139; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Muller Anhelino Rivera Irahola y Mirna Soto Mariscal de Rivera, de fs. 35 a 36 interponen demanda de adopción indicando que el 2004 solicitaron a la autoridad judicial la guarda legal de una niña de meses de edad, concretándose ese anhelo en fecha 20 de enero de 2005 fortaleciendo de esa manera su proyecto de vida familiar, sin embargo hace un par de meses motivados por los cuestionamientos constantes de la menor respecto de las razones de no tener un hermanito, es que han fortalecido sus deseos de ser nuevamente progenitores e integrar a su familia otro niño más, resaltan para lo cual la normativa legal del art. 20 inc. 3) de la Convención Sobre los Derechos del Niño, como así los arts. 27 y 37 del Código Niño, Niña y Adolescente.

En bases a esos antecedentes y al amparo del art. 298 de la Ley 2026 C.N.N.A. interponen demanda de Adopción Nacional solicitando se les conceda la adopción de un niño comprendido en la edad de un año hasta un año y medio como máximo, fundando su acción en los arts. 57, 60, 79 y 80 de la misma Ley 2026.

La Juez Primero de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Sucre ante el conocimiento durante el tramite de adopción, de la existencia de denuncia penal en contra de Muller Anhelino Rivera Irahola por presunta violación a una menor de edad, mediante Auto de fecha 20 de marzo de 2012 cursante de fs. 44 declaró en suspenso el trámite de adopción seguido por los impetrantes, decisión ratificada por los Autos de fecha 16 de mayo (fs. 70 vlta.) y 22 de octubre de 2012 (fs. 88 vlta.), en este último se determina que dicha suspensión es por el término de un año en consideración al art. 304-3) del Código de Procedimiento Penal y fue emitido ante la presentación de una Resolución fiscal de rechazo de la denuncia.

En apelación el último Auto de fecha 22 de octubre de 2012 interpuesta por los recurrentes, la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº SF- 003/2013 de fecha 04 de enero 2013 cursante de fs. 120 a 122, confirmó en forma total el Auto apelado; en contra de esta resolución de segunda instancia, los demandantes recurren en casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes interponen recurso de casación en el fondo acusando interpretación errónea y una aplicación indebida de ley…situación que estaría contemplada, por la causal prevista en el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

Refieren que el Auto de Vista recurrido viola de manera categórica sus derechos y el derecho del menor que pretenden adoptar y acusan al Tribunal de alzada de haber realizado una interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, estableciendo que ante lo normado en el art. 304 inc. 3) del Código Procedimiento Penal, existiría la posibilidad de abrir el caso con nuevos elementos probatorios dentro de un año.

Hacen referencia al art. 308 bis del Código Penal, indicando que el Tribunal de alzada debió considerar que en el hecho del ilícito de violación la prueba esencial radica en el examen médico forense y al no hallarse prueba alguna y con el transcurso del plazo de un año, mal podría encontrarse otra prueba o algún nuevo elemento probatorio que amerite la apertura del caso.

Refieren que se ha violado el principio de presunción de inocencia establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, así como el art. 6 del Código de Procedimiento Penal respecto al derecho de Muller Anhelino Rivera Irahola.

Que, no se llegó a considerar los derechos del menor M.A. tal cual lo describe el art. 58 del Código Niña, Niño y Adolescente así como los arts. 15 al 20, 58, 59 y 60 de la Constitución Política del Estado.

Con tales argumentos concluyen solicitando a este Tribunal Supremo, se case el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando interpuesto recurso de casación en el fondo dentro del término establecido por el art. 284 del Código Niño, Niña y Adolescente, a continuación se pasa a considerar el mismo. 

Los recurrentes refieren que el Tribunal de Alzada hubiera realizado una interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, refiriéndose para ello al art. 304 num. 3) del Código Procedimiento Penal referente al rechazo de una denuncia penal y la posibilidad de ser reabierta la causa dentro de un año, tal situación violaría sus derechos de los recurrentes y el derecho del menor de apenas un año de edad que pretenden adoptar; al respecto se debe tener presente que el art. 82 de la Ley Nº 2026 del Código Niño, Niña y Adolescente establece en su numeral 7) como uno de los requisitos imprescindibles para los adoptantes, el de acreditar no tener antecedentes penales ni policiales; en el caso presente, si bien los recurrentes al momento de la interposición de la demanda de adopción acreditaron los requisitos establecidos en dicha norma legal, aunque esa documentación no se encuentra lo suficientemente actualizada, sin embargo no es menos cierto que durante el trámite de adopción uno de los adoptantes, el Sr. Muller Anhelino Rivera Irahola, en el mes de marzo de 2012 fue objeto de una denuncia penal en su contra por parte de la Jefa de la Unidad Jurídica del SEDEGES-Chuquisaca por presunta violación a una menor de edad y resultado de ese proceso investigativo se llegó a dictar la Resolución Fiscal de fecha 02 de octubre de 2012 que cursa de fs. 83 a 87 con CASO FIS 1200796, rechazándose la denuncia conforme dispone el art. 304 num. 3) del Código de Procedimiento Penal, es decir debido a que la investigación no ha aportado elementos suficientes para fundar la acusación, dejando claramente establecido la autoridad fiscal, que la causa puede ser reabierta dentro del plazo de un año.

Si bien la indicada denuncia fue rechazada por falta de elementos de convicción, proceso en el cual se encuentra involucrada como víctima de una presunta violación una menor de edad, esa situación no deja de ser un antecedente en contra de Muller Anhelino Rivera Irahola (recurrente); nótese que el art. 82 numeral 7) del Código Niño, Niña y Adolescente cuando se refiere a los requisitos para ser adoptante, no hace mención a sentencia ejecutoriada, sino simplemente a antecedentes penales y policiales lo que en el caso presente se ha dado esa situación con la denuncia interpuesta en contra de uno de los adoptantes aspecto que impide continuar con el trámite de adopción  mientras no se resuelva de manera definitiva la causa penal que fue aperturada en contra de uno de los recurrentes, toda vez que el rechazo de denuncia no extingue la acción penal pudiendo la causa ser reabierta dentro del término de un año a partir de la ejecutoria de la Resolución de rechazo conforme lo establece el art. 27 num. 9) del Código de Procedimiento Penal.

La decisión asumida por el A quo y confirmada por el Tribunal de Alzada en el sentido de suspender el trámite de adopción por el término de un año en consideración a la existencia de la Resolución fiscal, fue una decisión razonablemente correcta ya que la ley especial que rige el tema de adopciones no prohíbe asumir esa decisión, pudiendo en todo caso el Juez de la causa decretar en cualquier momento la suspensión del trámite de adopción por situaciones debidamente justificadas como ocurre en el caso presente, similar situación se encuentra previsto en el art. 82 del Código Niño, Niña y Adolescente.

Si bien existen los informes sociales y psicológicos de fs. 13 a 30 realizados por el SEDEGES antes del inicio de la demanda y acompañados a la misma en calidad de prueba por los demandantes, como también cursan los segundos informes de fs. 53 a 66 remitidos en el curso del proceso de adopción por la Jefa de la Unidad Jurídica del SEDEGES-Chuquisaca, todos en sentido positivo y recomiendan continuar con el trámite de adopción, sin embargo llama la atención que fue la responsable de la misma Unidad Jurídica del SEDEGES-Chuquisaca (Institución tutelar del menor) quien interpuso con anterioridad la denuncia penal en contra de uno de los demandantes de adopción y ante el rechazo de esa denuncia no objeto conforme a procedimiento, resultando un contrasentido que se pretenda continuar con el trámite de adopción cuando legalmente no se encuentra extinguida la causa penal que fue aperturada.

Respecto a la violación del principio de presunción de inocencia que refieren los recurrentes, debe tenerse presente que la suspensión del trámite de adopción no significa que se le esté imponiendo una sanción penal al Sr. Muller Anhelino Rivera Irahola (recurrente), sino simplemente de dar cumplimiento al art. 304 num. 3) del Código de Procedimiento Penal al haber incurrido el recurrente en una causal o impedimento sobreviniente para acceder a la calidad de adoptante con la apertura de una causa penal interpuesta en su contra por una Institución tutelar del menor, la cual si bien al presente cuenta con rechazo de denuncia, pero también la ley adjetiva penal prevé que puede ser reabierta la causa dentro de un año, así además lo establece la propia resolución fiscal de rechazo de fs. 83 a 87, y por consiguiente la invocación del art. 116 de la Constitución Política del Estado como el art. 6 de la Código de Procedimiento Penal no corresponde; de la misma manera lo invocado por el art. 308 bis del Código Penal donde los recurrentes hacen referencia respecto a la falta de prueba y los elementos constitutivos del tipo penal, ese aspecto no corresponde ser analizado por esta instancia por encontrarse reservado al juez penal donde debe ser dilucida esa situación, la misma que podrá darse en caso de ser reaperturada la causa como se tiene indicado.

Finalmente, si bien es un derecho de toda niña, niño o adolescente de poder ser acogido por una familia sustituta ante la ausencia de su familia de origen; en el caso presente, esa situación encuentra su inconveniente legal frente a la situación judicial de uno de los adoptantes ante la posibilidad de ser reabierta la causa penal en su contra, la misma que se encuentra directamente vinculado con tema de menores.      

De lo manifestado se advierte que los Jueces de instancia no han incurrido en violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley como refieren los recurrentes.           

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Muller Anhelino Rivera Irahola y Mirna Soto Mariscal contra el Auto de Vista Nº SF-003/2013 de fecha 04 de enero 2013 cursante de fs. 120 a 122, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Sin costas al no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán