TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA CIVIL

Auto Supremo: 120/2013

Sucre: 11 de marzo 2013

Expediente: LP 149 12 - S

Partes: Asociación de Copropietarios del Edificio San José c/ Cooperativa de Ahorro y Crédito  “El Carmen” Ltda.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma  de fs. 1512 a 1515, interpuesto por Ángel Huanca Linares y Edwin Tapia Martínez en representación de  la Asociación de Co Propietarios  del Edificio “San José”,  contra el Auto de Vista Nro. 312/2012 de fecha 14 de septiembre de  2012 cursante de fs. 1497 a 1500, pronunciado  por la Sala Civil Primera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de usucapión decenal u extraordinaria seguido por la Asociación de Co Propietarios  del Edificio “San José” contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen”, la respuesta al recurso de fs. 1520 a 1525; el Auto de concesión de fs. 1527, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La asociación de co propietarios  del Edificio  “San José”, demanda la usucapión  de Planta Zócalo del Edificio, formada por  oficina de Portería, Depósito Nº D01, parqueo en  Nº de 26, ubicados todos en la planta zócalo del edificio “San José”. Asimismo, de la Planta baja  formada por el local  3,  Salón de reuniones local 5, áreas comunes ubicadas en planta baja, todo en una superficie de 1000 ms.2 situado en Av. 20 de octubre de la ciudad de La Paz indicando que:

El juzgado Octavo de Partido Civil, dicta la Sentencia Nº 104/2011 de 27 de abril de 2011, declarando  PROBADA la demanda de usucapión  interpuesta de fs. 943 a 953 por la Asociación de Co propietarios San José representada por  María Eduviges  Paredes Y Heidi Hilda Moscoso Pino y su consiguiente cancelación de partida con Asiento en Derechos Reales; IMPROBADA la reconvención de fs. 983 a 985 interpuesta por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen Ltda., representada por  Jesús Mery Benavidez de Mengoa y Raúl Rodas Velarde; IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho interpuesta  en el otrosí 1º de fs. 1021 a 1023, sin costas.

Contra la referida Sentencia, Jesús Mery Benavidez de Mengoa y Raúl Rodas Velarde, por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen” interpusieron recurso de apelación de fs. 1332 a 1334 vlta., que mereció Auto de Vista Nº 312/2012 de  fecha 14 de septiembre de 2012 de fs. 1497 a 1500, que ANULA obrados  hasta fs. 1318 inclusive, disponiendo que la Juez A quo disponga lo que corresponda y dicte nueva Sentencia de acuerdo a los datos del proceso y normas legales, con responsabilidad al inferior.

I.- CONSIDERANDO I.-

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL RECURSO.-

Ángel Huanca Linares y Edwin Tapia Martínez, a nombre de la Asociación de Co Propietarios del Edificio “San José, interponen recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista Nº  312/2012 de fs. 1497 a 1500, bajo los fundamentos siguientes:

1º Señalan que el Auto de Vista recurrido, vulnera el art. 17 de la Ley 025,  y que resulta ultrapetita porque los mismos anulan obrados, invocando el parágrafo I del mismo art. Y ley, y  a los Tribunales de Alzada les corresponde emplear el parágrafo II de esa norma, señalando que en  apelación, los Tribunales están facultados para anular obrados referidos solo a los aspectos que han sido reclamados, excluyendo la competencia y posibilidad de que se pronuncien sobre nulidades no reclamadas en el recurso y este agravio no ha sido reclamado, por lo que la competencia del Tribunal de Alzada estaba limitada a los puntos reclamados en la apelación, conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Habiendo vulnerado por lo tanto,  el mismo y señalado 236 del Código de Procedimiento Civil y, el art. 17 de la Ley 025.

Que al anular obrado, no se ha tomado en cuenta el principio de especificidad, que dispone la existencia de una ley expresa que disponga  la nulidad.

Tampoco el principio de oportunidad, por que esa supuesta causal de nulidad no ha sido reclamada oportunamente.

Asimismo señala que ha habido convalidación tácita porque  no se ha reclamado en el recuso de apelación.

2.- Que en el fundamento  de la nulidad acusada, el Tribunal de Alzada en el análisis que hace de los requisitos de la usucapión,  se refiere a los elementos subjetivo y objetivo de la posesión,  indicando que para la procedencia de la usucapión, debe  determinarse en qué calidad los accionantes tomaron posesión del inmueble y que todos los asociados no tienen la calidad de detentadores, argumento  que el Tribunal de Alzada ha observado oficiosamente y no está dentro de las facultades del art. 17 de la Ley 025.

Que conforme dispone el art. 88 del Código Civil, el accionante  no tiene que demostrar el título bajo el cual ingresó porque se presume la posesión y es el demandado el que está obligado a probar la calidad de detentador y en el caso presente el demandado no ha probado este aspecto por lo que se aplica  el art. 88 parágrafo I del Código Civil, sin embargo oficiosamente realiza la inversión de la carga de la prueba, lesionando el principio de especificidad porque por ley la posesión se presume, pues si se alega actos de tolerancia  para desvirtuar la posesión, éstos también deben estar probados.

Que, en este caso han demostrado la posesión actual  según la inspección de fs. 1283 a 1290 y la fecha de inicio de la posesión  por los actos de dominio  realizados como el cobro de alquileres por los  parqueos, etc. por lo tanto le beneficia la posesión prevista en el art. 88 del Código Civil.

3º Que, también oficiosamente, como otra supuesta causal de nulidad,  los vocales ingresan a  analizar  la valoración de las pruebas realizada por la Juez A quo, citando los arts. 1492, 1493, 1503 del Código Civil, cuestiones sustantivas y que no están sujetas al control de oficio, señalan los recurrentes,  forzando la aplicación de estos artículos  que son aplicables a  la prescripción extintiva o liberatoria y no así a la prescripción adquisitiva o usucapión, que son distintas, la una extingue el derecho que lo es adquirido por un tercero, en la adquisitiva  el derecho es adquirido por  el usucapiente.

Que,  los vocales señalan que no se ha  determinado desde cuando se ha iniciado el cómputo de la prescripción y desde cuando la Cooperativa ha dejado de ejercer sus derechos, con estas afirmaciones, señalan los recurrentes que solo están demostrando su desconocimiento del instituto de la usucapión  y están violando flagrantemente el art. 138 del Código Civil porque  en los argumentos expuestos por la a quo, se señala de manera expresa que  se ha considerado el tiempo para la prescripción a partir de la conclusión del interdicto el año 1994, plazo que no  ha sido ininterrumpido, tomando en cuenta que el fallo de ese proceso  ha sido favorable a la asociación y por mandato del art.  1054 num. 3) del Código Civil, no surte efecto.

Que, cuando los vocales  dicen que no se ha demostrado desde cuando la Cooperativa hubiera dejado de ejercer sus derechos, al respecto, la Juez A quo, ha señalado claramente que es desde 1994, después del interdicto, observación de Alzada que también es irrelevante porque  el cómputo de la prescripción adquisitiva  o usucapión  se da desde que se inicia la posesión, no desde el abandono del bien por el propietario porque no se trata de prescripción  extintiva sino la adquisitiva.

Que, asimismo, los vocales señalan que la citación con la demanda  constituye un acto de interrupción de la prescripción  y no un acto de  inicio de la prescripción, donde también han cometido un error, señalan lo recurrentes, porque  si bien una notificación interrumpe la prescripción,  desde el día siguiente, se inicia uno nuevo, conforme establece el art. 1053 del Código Civil, norma legal que establece que no  existe lesión alguna  a cuestiones de fondo que han sido expuestos malintencionadamente por los vocales para fundar un Auto de vista anulatorio, ultrapetita.

4º Que, como otra causal de nulidad, los vocales  alegan que se debe  analizar la ley de propiedad horizontal, cuestión que es de fondo y no de forma y que no se podía dar en usucapión áreas comunes como la portería, argumento que no puede ser tratado de oficio porque ya está decidido en la Sentencia  y que no ha tomado en cuenta quienes están demandando, que es la asociación de propietarios, por lo tanto se justifica la usucapión de la portería porque sobre ese ambiente no existe matrícula de titularidad y la titularidad le va a corresponder a la asociación de propietarios y no a una persona en particular, cuestión de fondo sobre la que no puede pronunciarse el Tribunal de Alzada.

Piden que  el Tribunal Supremo anule el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el Juez o Tribunal de casación,  anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren  infracciones que interesan al orden público; en ese sentido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

La usucapión se constituye en una de las formas de adquirir la propiedad, en virtud de la posesión, ejercida por el tiempo dispuesto en el art. 138 del Código Civil, además de que la misma sea en cumplimiento de las condiciones específicamente dispuestas para su procedencia, que una vez declarada, surte efecto adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido.

En ese entendido y considerando el efecto extintivo de la usucapión, el usucapido, resulta ser siempre la persona cuyo título esté inscrito en Derecho Reales, como titular del inmueble, es decir, la persona cuyo derecho va a extinguirse por efecto de la usucapión, precisamente ahí radica la importancia  de que la demanda de usucapión decenal, como es el caso de Autos, esté dirigida contra quien figure como propietario en Derechos Reales, o contra terceros que pudieran alegar otro derecho, toda vez que siendo la usucapión, un modo extraordinario de adquirir la propiedad y , como dijimos, ante su procedencia, afecta el derecho propietario del usucapido, resulta de vital importancia que el propietario u  otro tercer interesado que tenga interés cierto, tenga conocimiento de la acción intentada por el usucapiente, a efectos de velar porque tanto el titular como terceros interesados, estén a derecho y no se vea afectado su derecho a la defensa en observancia a los principios constitucionales del debido proceso  y el derecho a la defensa, que no pueden ser conculcados, tratándose de normas de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Asimismo, cuando ha de demandarse la usucapión, resulta imperativo también, el cumplimiento de otros requisitos que tiene que ver precisamente con el inmueble que se pretende usucapir, es decir que el mismo debe estar debidamente individualizado en su ubicación, su superficie, sus colindancias y todos los datos que tengan que ver con la identificación del inmueble o fracción de inmueble que se  pretende usucapir.

Cuando el inmueble que se pretende usucapir pertenece a más de un titular, el actor deberá determinar de forma precisa ese aspecto identificando a los titulares de los inmuebles que se verían afectados y si dicha afectación corresponde a todo el inmueble o únicamente a una fracción del mismo, en éste último caso deberá además de precisar la fracción que pretende usucapir y  sobre la que alega haber ejercido posesión, asimismo debe demostrar documentadamente que la persona o personas a quienes demanda tienen la titularidad del inmueble y que su derecho propietario está debidamente inscrito en Derechos Reales, esto, a efectos de preservar la seguridad jurídica del usucapido y también de terceros interesados.

En el caso de Autos, corresponde señalar que si bien la fracción que se pretende usucapir,  está parcialmente individualizada, no es menos cierto que al tratarse de una propiedad que estaría bajo el régimen de propiedad horizontal, está sometida  a un régimen especial  que se encuentra regulado en el Código Civil en la Sección III, artículos 184  al 200,  con  características peculiares, toda vez que en la misma se conjuncionan  el derecho de propiedad  individual y el derecho de propiedad  común, que se ejercen inseparablemente uno con el otro, así lo tiene establecido el art. 190 del Código Civil que dice, que son de indivisión forzosa las partes comunes del edificio. A decir del Dr. Gonzalo Castellanos Trigo, “En la propiedad horizontal rige el principio  de “inseparabilidad” que consiste en que el propietario no puede enajenar las partes comunes en forma independiente con relación a la  unidad, piso o departamento que le pertenece exclusivamente; es decir,  no puede por ejemplo, vender las cosas comunes del edificio en forma separada al departamento  del cual es propietario a título exclusivo; por lo tanto, los derechos de cada propietario en las partes comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo piso o compartimiento”.

Sobre este  aspecto, no puede haber convención  en contrario, porque  se estaría desvirtuando la naturaleza del derecho de propiedad horizontal; por lo tanto, todo acuerdo en ese sentido es nulo de pleno derecho; por la sencilla razón que las partes comunes  son inseparables  del dominio.  En ese entendido, se tienen como bienes de uso común en el régimen de propiedad horizontal, los dispuestos en el art. 187 del Código Civil que a continuación se refieren y dentro de los cuales precisamente se encuentran parte de los que la Asociación de co propietarios pretende usucapir.

Art. 187-.. (PARTES COMUNES).

Son objeto de propiedad común de los propietarios si no resulta lo contrario del título:

1)        El suelo sobre el cual se levanta el edificio, y los cimientos, muros exteriores y soportales, techos, patios, escaleras, puertas de entrada, vestíbulos, pasillos, y en general todas las partes de uso común.

2)        Los locales para la portería y vivienda del portero, lavandería, calefacción central, para otros servicios comunes similares.

3)        Las obras e instalaciones que sirvan para el uso y goce común, como ascensores, acueductos, plantas para aguas, gas, calefacción, energía eléctrica, y otras similares, hasta el punto de separación de las plantas respecto a  los  espacios que correspondan exclusivamente a los propietarios singulares.

A decir del profesor Musto, citado por Gonzalo Castellanos Trigo en su obra  “Derechos Reales en el Código Civil Boliviano”, señala que: “…para la inscripción de la propiedad horizontal,  en la oficina de Derechos Reales a cuyo efecto deben acompañarse a tiempo de su inscripción: Título del derecho de propiedad sobre el inmueble donde se construirá el edificio; la ubicación y colindancias del edificio  construido bajo el régimen de pre horizontalidad y posterior propiedad horizontal; Plano del terreno donde se construirá o construyó la propiedad horizontal; Plano del proyecto de obra de propiedad horizontal debidamente aprobado por la Autoridad municipal; El reglamento que regirá el destino de la propiedad.

Asimismo cuando cada propietario  pretenda inscribir su derecho  sobre su departamento,  debe acompañar el plano individual, número de departamento, ubicación que le corresponda en el plano y el piso; la escritura pública o documento  que acredite su derecho propietario sobre su departamento o piso; el pago de impuestos de transferencia y el pago de impuestos municipales”.

En el caso de Autos, la Asociación de Copropietarios del Edificio San José, interpone demanda de usucapión de la Planta Zócalo que según refieren está conformada por  la OFICINA DE PORTERÍA  Nº P01, depósito Nº D01, 26 parqueos; asimismo, la Planta Baja del mismo edificio conformada por el local Nº 3, Salón de Reuniones, Áreas Comunes ubicadas en la planta baja, todo en una superficie de 1000 ms.2, dirigiendo su demanda en contra de la Cooperativa “El Carmen”,  alegando que hace más de treinta años habrían tomado posesión del inmueble en su totalidad, toda vez que el terreno habría sido adquirido con dineros propios de los socios y que por problemas con la Directiva de la Cooperativa y de malos manejos no se les habría sido transferida la propiedad de los ambientes que hoy pretenden usucapir. Que además se encuentran en posesión pacífica del mismo desde el año 1994, habiendo transcurrido desde entonces más de 10 años, interponiendo demanda de usucapión decenal o extraordinaria en contra de la cooperativa.

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte  la ausencia de uno de los documentos más importantes que determinan el régimen de propiedad al cual está sujeto el Edificio “San José”.  Si bien por las fotocopias de los planos aparejadas en calidad de prueba,  se puede llegar a suponer que se tratara de propiedad  horizontal, no existe constancia del registro en Derechos Reales, del documento de constitución de propiedad horizontal  y su consiguiente Inscripción en Derechos Reales, pues si bien de fs. 5 a 19 vlta.  se ha adjuntado como prueba el estatuto y reglamentos de fundación de la Asociación de Copropietarios del Edificio, que por si sólo no demuestra que el edificio esté bajo el régimen de propiedad horizontal que  permita determinar la calidad y condición de los espacios y ambientes que se pretenden usucapir, prueba que debía ser aportada por los actores al tenor del art. 375 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, si bien por la documentación que  cursa en obrados como prueba de cargo se advierte que la Asociación de Co propietarios del Edificio San José, está en posesión de las partes que pretenden usucapir, del informe de de Derechos Reales de fs. 885,  mismo que por la matrícula N° 2010990054772,  cotejada con el  Folio Real de fs. 932, se constata que figura como propietaria de un terreno la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen”, no indica en ninguna parte que se trata de un inmueble sometido a propiedad horizontal, es más, la inscripción data de 1968 no existiendo ninguna sub inscripción que corresponda a la pre horizontalidad o propiedad horizontal del inmueble. Sin embargo cabe señalar que en  el referido informe de fs. 885, se tienen dos gravámenes sobre el inmueble, el Asiento Nº 1 por $us 13.000 a nombre de Jorge Raúl Saavedra Campos, inscrito mediante escritura Pública Nº 628 de 18 de mayo de 1990 y el segundo asiento por $us 15.000, a nombre de Andrea Tórrez, con fecha de inscripción de 22 de noviembre de 1994, estando vigentes las mismas, pues no consta en obrados ninguna prueba que acredite su cancelación, situación que era de responsabilidad de los demandantes acreditar, pues  los mismos se constituyen en terceros interesados que al no haber sido llamados e integrados a la Litis, se estaría vulnerando su derecho a la defensa y  por lo tanto al debido proceso, siendo imprescindible en este caso la incorporación del consorcio pasivo a la Litis, pues de lo contrario se los estaría dejando en estado de indefensión vulnerando normas de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, aspecto que tampoco fue advertido por la Juez A quo.

Como se señaló anteriormente, cuando se demanda la usucapión de un bien inmueble, es deber del actor acreditar el antecedente dominial del inmueble que se pretende usucapir y que sobre el mismo no exista afectación alguna que impida la misma, lo que evidencia que los actores no cumplieron el requisito de admisión referido a la identificación y determinación precisa de la legitimación pasiva

De lo anteriormente referido, se tiene que el  Auto de Vista N° 312/2012, de fs. 1497 a 1500, que anuló la Sentencia N° 104/2011 disponiendo que el A quo dicte nueva resolución conforme a los datos del proceso, resolución pertinente en sus argumentos, sin embargo no ha advertido que en la tramitación del proceso, se han obviado aspectos que no pueden por ningún motivo soslayarse y no ser tomados en cuenta para la procedencia de la acción intentada por los demandantes, como es la presentación de los documentos de constitución de propiedad horizontal, sin los cuales no puede proceder la usucapión que se pretende toda vez que los espacios que se pretenden usucapir forman parte del Edificio cuya situación se desconoce, aspecto observado con pertinencia por el Tribunal de Alzada y la incorporación a la litis del consorcio pasivo, respecto a los titulares de los gravámenes que figuran en el folio real de fs. 885,  afectando el debido proceso.

Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal,  emitir resolución en la forma prevista en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I, inc. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación del  art. 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta el Auto de admisión de la demanda de  fs. 954 y dispone que el Juez A quo, antes de admitir la demanda de usucapión, disponga que los actores adjunten a la demanda toda la documentación pertinente que demuestre que el Edificio San José se halla debidamente registrado en Derechos Reales bajo el régimen de propiedad horizontal y toda la documentación pertinente que permita delimitar la condición de los ambientes que se pretenden usucapir.  Asimismo, disponga la integración a la litis de las personas que tienen gravamen a su favor.

En previsión al  art. 17 parágrafo IV de la ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido por el Tribunal Ad Quem.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán