TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 117/2013

Sucre: 11 de marzo 2013

Expediente: SC - 127 -12 - S

Partes: Rudy Hernán Peñaranda Montero. c/ Alcaldía Municipal de Machareti.

Proceso: Reintegro de Gastos Médicos y Resarcimiento de Daños y Perjuicios.

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y el fondo de fojas 197 a 199, interpuesto por Rudy Hernán Peñaranda Montero, contra el Auto de Vista Nº 51/ 2012 de fs. 194 y vlta., emitido el 3 de abril 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de reintegro de gastos médicos y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Rudy Hernán Peñaranda Montero contra La Alcaldía Municipal de Machareti representado por Guimer Silos Illescas; la concesión del recurso de casación de fs. 197 a 199; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Juez de Partido y de Sentencia de Camiri del Departamento de Santa Cruz, el 23 de Septiembre de 2010 pronunció Sentencia, cursante de fs. 148 a 150 vlta., de obrados, por la cual declaró improbada la demanda reintegro de gastos médicos y resarcimiento de daños y perjuicios de fs. 28 a 35 declarando no ha lugar a la misma.

Contra esa Sentencia de primera instancia el actor Rudy Hernán Peñaranda Montero interpone recurso de apelación que cursa de fs. 171 a 172 vlta., la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 3 de abril 2012, pronunció el Auto de Vista, confirmando la Sentencia impugnada, contra esa Resolución de segunda instancia recurre de casación en el fondo y en la forma el actor el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Acusó que el Ad quem no aplicó correctamente la normativa para emitir Resolución violando los art. 188 y 192 del Código de Procedimiento Civil al haber manifestado que el recurso de apelación fue presentado extemporáneamente, aspecto que habría impedido considerar el fondo de la litis por lo que no quedaba otra opción que confirmar la Sentencia apelada, sin haber tomado en cuenta que la notificación practicada en fecha 1 de octubre de 2010 se dejó sin efecto para practicarse una notificación personal a la parte actora.

2.- Que, el Auto de Vista contraviniendo el art.137 num. 4 con relación al art. 90 del Código de Procedimiento Civil y sin haber realizado una revisión exhaustiva del proceso da por bien hecha la notificación practicada al abogado del recurrente con la Sentencia.

Concluyo pidiendo que se case totalmente en el fondo y en la forma el Auto de Vista de fecha 3 de abril de 2012 además se anule con reposición la Sentencia dictada en primera instancia inclusive imponiendo multas al Juez y Vocales que cometieron semejante injusticia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación en el fondo presentado por el recurrente, se basa en la causal prevista en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, haciendo alusión que la Vocal relatora no hizo un estudio profundo del proceso ni aplicó la normativa correspondiente para emitir Resolución, violando el art. 188 y 192 del adjetivo Civil. Asimismo señala que no se realizó una revisión prolija de la prueba presentada con la que demuestra los gastos realizados en la curación, vulnerando así el derecho a contar con una Resolución justa y oportuna, debiendo haber revocado la Sentencia y dar curso a las peticiones efectuadas en su demanda.

Conforme se tiene del recurso presentado y de las pretensiones del actor; revisados de los antecedentes, se advierte que éste en base a la Constitución Política del Estado, Ley de Pensiones, Ley de Organización Judicial, solicita que como consecuencia del accidente de trabajo sufrido cuando se encontraba en comisión oficial se proceda a:

1) Reintegro de gastos médicos,

2) Resarcimiento de daños y perjuicios,

3) Cancelación total de los tratamientos médicos por concepto de indemnización por invalidez parcial.

Al respecto y conforme la pretensión del actor, se hace necesario realizar las siguientes puntualizaciones de orden legal:

El art. 1 del Código de Seguridad Social, señala que dicha normativa tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas.

Asimismo, el art. 6 de la misma norma legal señala respecto a la obligatoriedad que tienen todas las personas nacionales o extranjeras que trabajan en el territorio de la República y prestan servicios remunerados por otra persona natural o jurídica, de afiliarse a cualquier ente gestor de salud, concordante con lo previsto en el art. 9 del Reglamento del Código de Seguridad Social, referido a que toda empresa pública o privada está en la obligación de afiliarse a la institución aseguradora correspondiente e inscribir o afiliar en ella a sus trabajadores; y con el art. 6 del D.L. 13214 que obliga a los empleadores a inscribir a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de iniciación de su relación laboral, incluyendo el período de prueba.

De otro lado el art. 14 del Código de Seguridad Social, estipula que en caso de enfermedad, reconocida por los servicios médicos de la Caja, el asegurado y los beneficiarios tienen derecho a las prestaciones en especie que dichos servicios consideren indispensables para la curación, o sea la necesaria asistencia médica general y especializada, quirúrgica, hospitalaria y al suministro de medicamentos que requiera el estado del enfermo.

El art. 27 del mismo código, hace referencia a que entre los riesgos profesionales a los que está sometido todo trabajador, comprenden dos situaciones: los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, entendiendo por el primero a toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo. Y el art. 29 del D.L. 13214 indica que en caso de riesgo profesional éste se reconocerá a partir del primer día de la incapacidad calificada por el médico tratante, sobre la base de la denuncia de accidente de trabajo.

Por otra parte, El art. 8 del D.L. 14643, es claro al manifestar que: "En caso de atención médica por enfermedad o accidente a trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del seguro social y que no hubieran sido afiliados, el costo de la misma será pagada por el empleador, independientemente de las sanciones económicas que correspondan por incumplimiento de la obligación de afiliar...".

Finalmente, el habrá que señalar que para el momento en el que se interpuso la demanda (diciembre 2009) regía la Ley Nº 1455, en cuyo art. 26 y 27 se señalaba que la competencia es la facultad que tiene un tribunal o Juez para ejercer jurisdicción en un determinado asunto y que se determina por razón de territorio, naturaleza y materia. Asimismo en su art. 152 num. 5) y 7) señala que los Jueces de trabajo y Seguridad Social tienen competencia para conocer denunciar por infracción a las leyes sociales y todas aquellas atribuciones señaladas en el Código de Seguridad Social.

En el caso de Autos y conforme los hechos relatados por el actor y las pretensiones que solicita se hagan efectivas debieron ser tramitadas y procesadas en el ámbito administrativo ante el ente gestor de salud respectivo y ante su negativa acudir a los juzgados en materia del Trabajo y Seguridad Social; toda vez que lo que se denuncia en primera instancia es la falta de afiliación en su calidad de Vicepresidente del H. Concejo Municipal de Machareti, dependiente del Gobierno Municipal de Machareti, por parte de su empleador, posteriormente señala que ante un accidente ocurrido en la ciudad de La Paz en fecha 18 de octubre del año 2007, cuando él se encontraba en comisión oficial, tuvo que acudir a una clínica particular a recibir atención médica de emergencia, solicitando seguidamente que sea su empleador quien le reconozca los gastos médicos, resarcimiento de daños y perjuicios previa calificación de la invalidez sufrida, aspectos que en primera instancia debieron ser de conocimiento de las instancias competentes del ente gestor de salud y en caso de negativa de los juzgados en materia Laboral y de Seguridad Social; pero de ninguna manera en la instancia ordinaria civil; más aún cuando conforme señala fs. 18 de la documental presentada por el recurrente, él habría estado gozando de bajas médicas a partir del 24 de octubre 2007; es decir a los 6 días de haber sufrido el accidente, de lo que se infiere que para esa fecha la caja de salud a la que estaba ya afiliado tuvo conocimiento del accidente ocurrido y al emitirle dichas bajas médicas ya se le estaban reconociendo las prestaciones y subsidios correspondientes; por lo que todo cuanto el actor solicita al presente debió ser peticionado a dicho ente gestor de salud, instancia competente para calificar el accidente, la invalidez total o parcial como él solicita, así como la devolución de los gastos, si correspondía y determinar desde cuándo y a cuánto estos ascendían, ya sea que éstos se paguen por el ente gestor de salud o se repitan en contra del empleador por la negligencia de no afiliar a su empleado o finalmente ante su negativa que éstos sean negados y peticionados posteriormente ante la instancia laboral y de seguridad social; pero de ninguna manera corresponde su petición y tramitación ante la instancia ordinaria Civil por carecer la misma de la competencia para conocer aspectos referidos a la seguridad social.

Por lo antes mencionado y en virtud a lo previsto en el los artículos mencionados de la abrogada Ley de organización Judicial Nº 1455, así como del art. 122 de la Constitución Política del Estado, que dispone que son nulos los actos de aquellos que usurpen funciones, y en virtud a lo previsto en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Tribunal anular obrados hasta la admisión de la demanda; a los efectos de que el administrador de justicia, remita antecedentes ante Juez competente.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 36 (admisión de la demanda) y dispone que el Juez A quo, emita nueva Resolución conforme los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Nava Durán.