TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA CIVIL

Auto Supremo: 111/ 2013

Sucre: 11 de marzo  2013

Expediente: SC 122 12 - S

Partes: Esteban Romelio Gálvez Barja.  c/ Empresa Unipersonal “PROYECTAR”

            De Propiedad de Misael David Serrano Arroyo.                                       

Proceso: Resolución de contrato por incumplimiento. 

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 362 a 364 interpuesto por Misael David Serrano Arroyo, contra el Auto de Vista de fecha 01 de octubre de 2012 cursante de fs. 369 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Resolución de contrato por incumplimiento seguido por Esteban Romelio Gálvez Barja contra el recurrente; la contestación al recurso de fs. 367 a 369; el Auto de concesión de fs. 371; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Esteban Romelio Gálvez Barja, interpone demanda ordinaria de Resolución de contrato por incumplimiento contra el recurrente, de fs. 38 a 39  indicando que en fecha 13 de julio de 2008 contrató mediante documento privado reconocido los servicios de la Empresa Unipersonal “PROYECTAR” de propiedad de Misael David Serrano Arroyo para la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas ubicada en el Barrio Santa Rosita, Uv. 30 manzano. 3 Zona oeste de la ciudad,  bajo la modalidad de obra vendida por el plazo de ejecución de seis meses y seis días y por el costo total de $US. 37.926, de los cuales canceló la suma de $us. 27.200 en diferentes cuotas conforme a contrato suscrito, sin embargo el contratado incumplió con las estipulaciones del contrato, haciendo abandono de la obra causándole muchos perjuicios económicos; ante esa situación comunicó mediante carta notariada exigiendo el cumplimiento del contrato sin obtener ninguna respuesta, lo que le obligó a contratar otro profesional arquitecto para el avaluó del avance de obra, costo y calidad de materiales y mano de obra, el mismo que fue estimado en el monto de $us. 13.545,58, existiendo un sobreprecio de $us. 13.654,42, motivo por el cual demandan la Resolución del contrato y la devolución de esta última suma de dinero. El demandando en su defensa niega los extremos de la demanda, indicando que el incumplimiento fue de parte del demandante y por esa situación de manera confusa reconviene sin especificar su pretensión.   


Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Partido 10º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia de fecha 01 de junio de 2012 cursante de fs. 342 a 344 y vlta., declaró probada la demandan e improbada la demanda reconvencional, disponiendo la Resolución de contrato de obra y ordenando al demandando el pago de la suma de $us. 13.654,42 en el plazo de 10 días de ejecutoriada la misma;

En apelación la Sentencia de fecha 01 de junio de 2012, interpuesto por el demandando, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 01 de octubre de 2012 cursante de fs. 359  y vlta., confirma la Sentencia recurrida; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el demandando recurre en casación en la forma y en fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente interpone recurso de casación en la forma y en el fondo por las causales prevista en los numerales 4 y 7) del art. 254 y numerales 1 y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

En la forma acusa la vulneración de los principios Constitucionales del derecho a la defensa, al debido y justo proceso, a la igualdad y seguridad jurídica y a una tutela jurídica efectiva, citando para el efecto los arts. 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado.

En cuanto a la violación del derecho a la defensa indica que únicamente se consideró lo aseverado por el demandante y en ningún momento se manifestaron sobre los argumentos de la defensa indicando que fue el demandante desde un inicio quien habría incumplido el pago acordado bajo el argumento de que el Banco no hizo los desembolsos oportunamente, haciendo recaer en su persona toda la responsabilidad del retraso y ejecución de la obra; sobre esas bases se dictó la Sentencia en su contra basándose únicamente en la prueba de cargo y en versiones de demandante.

Que, se ha omitido el uso de pruebas como ser la designación de perito, señalamiento de audiencia de inspección ocular, dejándole en indefensión. 

Hace referencia al derecho de defensa, violación al debido proceso y seguridad jurídica, argumentando sus alcances de esos derechos.

En el fondo acusa simplemente la transgresión del art. 253 num. 3) y 397 del Código de Procedimiento Civil respecto a la valoración de la prueba.

Bajo esos argumentos interpone recurso de casación en la forma y en el fondo pidiendo a este Tribunal Supremo casar el Auto de Vista recurrido y en forma alternativa pide se anule obrados identificando como vico más antiguo, hasta el Auto de relación procesal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, a continuación se pasa a analizar los mismos.

Recurso en la forma:

El recurrente acusa la vulneración de los principios Constitucionales del derecho a la defensa, al debido y justo proceso, a la igualdad y seguridad jurídica y a una tutela jurídica efectiva, citando para el efecto los arts. 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado; en todo caso, la protección de esos principios corresponde ser reclamada ante un Tribunal de Garantías, sin embargo al haber vinculado el recurrente directamente con aspectos que hacen a la forma de la tramitación del proceso invocando el art. 254 del Código de Procedimiento Civil es que se entra a considerar dichos argumentos para ver si son evidentes o no los mismos.

Con respecto al recurso de casación en la forma, la referida norma adjetiva Civil en su primera parte establece como regla general que procede este tipo de recurso cuando en la tramitación del proceso se hubiera violado las formas esenciales del proceso; en el caso presente el recurrente al margen de hacer referencia a los artículos de la Constitución Política del Estado, también invoca los numerales 4 y 7) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil señalando como causas para la procedencia de su recurso en la forma, en cuyo contenido hace referencia que únicamente se habría tomado en cuenta lo aseverado por el demandante y no así lo manifestado sobre los argumentos de su defensa en el sentido de que fue el demandante desde un inicio quien habría incumplido el pago acordado bajo el argumento de que el Banco no hizo los desembolsos oportunos; al respecto, del contenido del Auto de Vista se evidencia que el Tribunal de Alzada se pronuncia indicando que ese aspecto no es evidente, ya que de la actividad probatoria desplegada por el actor se llega a concluir que el incumplimiento del contrato es atribuible al recurrente, aunque lo realiza de manera breve.

En cuanto a la vulneración del debido proceso que se acusa; de la revisión de los antecedentes del proceso se evidencia que el recurrente fue legalmente citado con la demanda y mediante memorial de fs. 48 a 49 vlta., contesta y reconviene la misma y no obstante de ser confusa, esa pretensión fue admitida por el Juez de la casusa, sometiendo a los puntos de hecho a probar en el Auto de relación procesal de fs. 60 y a la vez el recurrente fue notificado con dicha Resolución, sin que en ningún momento haya reclamado de esas actuaciones procesales; sin embargo durante la tramitación del proceso en primera instancia, no ofreció prueba de descargo para demostrar sus pretensiones, salvo el documento contractual de fs. 44 a 47 y el recibo de fs. 123 (este último en fotocopia simple); si bien de fs. 130 solicitó la designación de perito de oficio, esa solicitud fue realizada fuera del término probatorio.         

Según el art. 1283 Código Civil con relación al art. 375 de su Procedimiento, incumbe a las partes correr con la carga procesal de demostrar sus pretensiones; al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor; en la especie queda totalmente claro que el demandando y reconvencionista no ha cumplido con el mandato que imponen las referidas normas legales al no haber ofrecido ni mucho menos producido prueba de su parte para demostrar sus pretensiones durante el término probatorio, salvo las documentales señaladas anteriormente, las cuales ya fueron presentadas de manera anticipada por el demandante principal, entonces mal puede reclamar de esa situación que no es atribuible al juzgador sino al propio recurrente quien incurrió en dejadez y no supo realizar una defensa efectiva como corresponde y por esa situación no puede acusar estado de indefensión.

Según el art. 432 del Código de Procedimiento Civil cada una de las partes tiene todo el derecho  de proponer peritos cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera el conocimiento especializado y si los informes periciales propuestos por las partes, el Juez no encuentra la claridad suficiente, puede designar uno o más peritos de oficio, siendo ésta una atribución privativa del Juez de la causa, no siendo la misma considerada una diligencia esencial con falta expresamente penada con nulidad por ley como lo establece el art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil y por consiguiente la no designación del perito de oficio no constituye causa para la anulación del proceso, ni mucho menos violación a la legítima defensa como sostiene el recurrente; similar situación ocurre con el tratamiento de la inspección judicial.

Recurso en el fondo:

En el fondo, el único argumento que refiere el recurrente es la transgresión del art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil respecto a la valoración de prueba, sin embargo no especifica si se trata de error de hecho o de derecho, ni mucho menos se identifica cuál de las pruebas hubiera sido objeto de mala valoración; simplemente se transcribe parte del art. 397 de la Ley adjetiva Civil y refiriéndose de manera muy breve a la equidad, sana crítica y prudente criterio, afirmando que los administradores de justicia no están obligados a aplicar la ley hecha por el hombre que es falible y que puede cometer errores y por ello la ley abre la posibilidad de aplicar la sana crítica; argumento que al margen de ser confuso, no contiene una adecuada fundamentación jurídica que requiere este tipo de recursos extraordinarios.

Sin embargo, no obstante la deficiencia señalada, se debe indicar que las únicas pruebas sujetas a la valoración de la sana crítica que fueron tomadas en cuenta por el Juez de la causa, son la confesión judicial provocada de fs. 116 a 117  y las declaraciones testificales de fs. 112 a 114, estas últimas son uniformes y concluyentes al establecer el incumplimiento y abandono en la ejecución de la obra de parte del contratista (recurrente), pruebas que en ningún momento fueron objeto de observación por parte del demandado.    

El contrato de obra base de la demanda que cursa de fs. 4 a 7 y 44 a 47 suscrito en fecha 13 de junio de 2008 entre el demandante y demandado, al encontrarse debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas, constituye una prueba tasada que tiene un valor preestablecido y determinado por el art. 1297 del Código Civil y por tanto su valoración no está salvado al prudente criterio o sana crítica del juzgador; dicho contrato tiene por objeto la construcción de una vivienda unifamiliar por un monto total de $us. 37.926 y que en su Cláusula Quinta establece la forma de pago determinando como monto inicial de $us. 19.000 equivalente al 50% que se otorga en calidad de anticipo al momento de la suscripción del contrato, el cual fue recibido por el contratista conforme indica el recibo de fecha 16 de junio de 2008 y el saldo del precio fue acordado a ser pagados en montos menores de acuerdo al avance de la obra, cuyo financiamiento según indica el demandante dependía de una entidad bancaria y es precisamente en estos últimos pagos donde surge el problema, respecto al cual es el Juez A quo haciendo referencia a la confesión judicial de fs. 116 a 117 llega a la conclusión de que tanto el demandante como el demandado recovencionista, conocían de la existencia del préstamo bancario para el financiamiento de la construcción de la vivienda, cuyos desembolsos de parte del Banco se encontraba condicionado a la presentación del plano de construcción debidamente aprobado y del avance de la ejecución de la obra, situación que además se encuentra respaldado por la documental de fs. 193 a 197 y de fs. 294 a 302 que cursa en copias simples sin haber sido las mismas observadas por ninguna de las partes.

De acuerdo a los datos del proceso, el profesional proyectista y responsable de la elaboración de los planos de construcción de la vivienda unifamiliar fue el propio contratista (recurrente), tal como se puede evidenciar de fs. 64 a 68, aunque esta situación no se encuentra establecida en el contrato, sin embargo no deja de ser un elemento que puede ser determinante para el cumplimiento del mismo, ya que al haber intervenido en calidad de profesional responsable de la elaboración de los planos, en gran medida dependía del propio recurrente en agilizar ese trabajo técnico para que no se tenga inconvenientes en el financiamiento de parte de la Entidad Bancaria y posterior pago a su persona, siendo en ese sentido que se encuentra el razonamiento realizado por el Juez A quo en la Sentencia de fs. 342 a 344 y vlta., la misma que fue emitida en base a las demás pruebas aportadas en el proceso; sin embargo es de hacer notar que los planos de construcción fueron presentados para su aprobación al Plan Regulador, después de transcurrido más de cinco meses de la firma del contrato de obra, tal como se evidencia por la certificación de fs. 182.

De lo manifestado se concluye que no se advierte que los Jueces de instancia hubieran incurrido en mala valoración de la prueba o en irregularidades procesales que se encuentren sancionadas expresamente con nulidad por la ley, ni mucho menos en vulneración del principio constitucional al debido proceso y otros que refiere el recurrente; en todo caso, la protección de esos principios corresponde ser reclamada ante un Tribunal de Garantías y no ante este Tribunal Supremo de Justicia.     

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver los recursos conforme a lo previsto en los arts., 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en el  fondo interpuestos por Misael David Serrano Arroyo, contra el Auto de Vista de fecha 01 de octubre de 2012 cursante de fs. 369 y vlta. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.- 


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.