TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 107/2013

Sucre: 11 de marzo 2013

Expediente: PT 42 12 - A

Partes: Pedro Roberto Gómez Miranda y otros. c/ Aurora Miranda Gómez y 

             otros.                       

Proceso: División y Partición de Inmueble.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 90  a 91 vlta., interpuesto por Aurora Miranda Gómez contra el Auto de Vista Nº 178/2012 de fecha 11 de septiembre de 2012 que cursa de fs. 85 a 86 vlta., emitido por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Potosí, en el proceso de División y Partición de inmueble, seguido por Pedro Roberto Gómez Miranda y otros contra Aurora Miranda Gómez, Juvenal Miranda Gómez y Eufemia Miranda Gómez; la concesión de fs. 96 vlta.; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido de la ciudad de Tupiza del Departamento de Potosí, en fecha 14 de mayo de 2012 pronunció el Auto Definitivo Nº 120/2012, cursante de fs. 70 y vlta., por la cual declaró probada la excepción previa de incompetencia e impersonería, formulados por Eufenia Miranda Gómez Vda. de Delgado. Contra esa Resolución de primera instancia el actor interpuso recurso de apelación, en base al cual la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Potosí, pronunció el Auto de Vista Nº 178/2012 de 11 de septiembre de 2012, anulando obrados hasta fs. 48 del cuaderno procesal, y disponiendo que el Juez de Partido Mixto, Liquidador y Sentencia de Tupiza, conceda a los demandantes un plazo correspondiente para que los mismos den cumplimiento estricto a todos los incisos de art. 327 del Código de Procedimiento Civil y señale con documentación legal el derecho propietario del inmueble motivo de la litis, bajo apercibimiento de darse aplicación al art. 333 del Código de Procedimiento Civil, fallo de segunda instancia que es recurrida de casación por Aurora Miranda Gómez.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Formula su recurso de casación sin especificar si fuera en el fondo o en la forma, en la que explana lo siguiente:

1) Refiere al art. 17I y IV de la Ley del Órgano Judicial, que la nulidad no es una decisión discrecional del Tribunal y trascribe parte de la cita doctrinaria de Pablo Ruiz Durán, jurisprudencia contenida en la G.J. Nº 1358 pág. 9 y trascribe el art. 251 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil.

2) Trascribe parte del Auto Supremo Nº 35 de 18 de febrero de 1983, el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y cita la jurisprudencia del Auto Constitucional Nº 287/99-R de 28 de octubre y la Sentencia Constitucional Nº 0731/2010-R de  fecha 26 de julio y 0242/2011-R de fecha 16 de marzo, también trascribe el Auto Supremo Nº 68 de 16 de abril de 1998.

Posteriormente hace referencia a la actividad procesal del actor, aludiendo que ante cualquier defecto correspondía al actor utilizar los recursos y ante el silencio expreso su consentimiento. Asimismo refiere que el Tribunal Ad quem  pretendió preservar el derecho del actor, además de señalar que el art. 17 I y IV de la Ley del Órgano Judicial, no importa una atribución discriminatoria y discrecional sobre la participación de las partes, y al pretender el saneamiento procesal, transgredió los principios de legalidad, razonabilidad, certeza y seguridad jurídica y viola la garantía  del debido proceso previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, señalando como cita de la Sentencia Constitucional Nº 34/06 RDI que: “el principio de legalidad, se constituye en el pilar básico del Estado de Derecho y soporte del principio de seguridad  jurídica. Viene a sustituir el gobierno de la ley. Es por tanto un principio informador de todo ordenamiento jurídico de la nación”.

Asimismo considera el principio de razonabilidad de acuerdo al entendimiento establecido en la Sentencia Constitucional Nº 342/05-R, y trascribe el art. 115 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.   

Finalmente peticionó a  este Tribunal Supremo de Justicia que de conformidad  a lo previsto en el art. 271 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, casar el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, el recurso de casación se considera como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal  revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

El recurso de casación en nuestra legislación tiene dos componentes uno  en la forma, conocida como recurso de nulidad, y otro en el fondo conocido como recurso de casación propiamente dicho, cada una de ellas tiene hipotéticos para formularlos sea en la forma conforme al art. 254 del Código de Procedimiento Civil y en el fondo de acuerdo a las causales establecidas en el art. 253 del mismo cuerpo legal.

Como los recursos de casación en la forma y en el fondo son distintos, las finalidades que persiguen cada uno de los recursos también son distintos, pues el recurso de casación en la forma siempre busca una anulación de obrados, dicho de otra forma busca retrotraer la secuencia procesal, para corregir ese defecto de procedimiento por cualesquiera de sus  hipotéticos o aspectos que causen indefensión; en cambio en recurso de casación propiamente dicho siempre, siempre impugna tratando de analizar si la deliberación en el fondo es, o no, la correcta y que de esta manera directamente mediante la emisión Resolución de última instancia, se pueda verificar y evaluar si lo otorgado o negado en el fondo de la polémica se ha enmarcado de acuerdo a la normativa legal vigente, sin necesidad de buscar retrotraer el procedimiento.

Consecuentemente, se podrá decir que si la Resolución de Vista, impugnada es anulatoria, no corresponderá plantear un recurso de casación en el fondo, sino en la forma en la que se tenga que evaluar si dicha anulación, se enmarca dentro de los principios que rigen a las nulidades procesales y analizar si el Auto de Vista impugnado, no se encuentra orientado bajo el principio de convalidación porque el presunto damnificado no lo haya reclamado o lo haya convalidado, o si la misma no se halla sujeta al principio de trascendencia, pues no corresponde anular obrados ante situaciones procesales sin trascendencia pues no puede operar la nulidad por simples formalismos, sino que se debe acreditar que el damnificado haya reclamado la nulidad y que en el proceso el acto procesal denunciado le haya causado perjuicio y que solo pueda subsanarse con la nulidad procesal, también deberá de evaluarse si la nulidad procesal se ha enmarcado dentro del principio de la finalidad del acto, en la que debe evaluarse el aspecto objetivo, no el subjetivo, al efecto se deberá apreciar si el acto procesal impugnado, pese del defecto logrado la finalidad para la que ha sido evacuada,  y finalmente verificar si la anulación se enmarca dentro del principio de legalidad, estos son los principios con los cuales deben evaluarse si la anulación procesal dispuesta en la Resolución de Vista impugnada, se encuentra a derecho o sustentada por alguno de los mencionados principios que rigen laS nulidades procesales, y de verificar que el Tribunal de Alzada hubiera excedido al disponer la nulidad procesal, por lo que en base a ella la petición del recurso de casación en la forma será la de pedir la anulación del Auto de Vista (que dispuso la anulación de obrados), para que el Tribunal de Alzada pronuncie nuevo fallo en sujeción al art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Consecuentemente, se podrá advertir que la demandada, no  ha dado cabal cumplimiento a lo previsto en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”, la jurisprudencia y doctrina sobre el recurso de casación ha considerado al mismo una demanda de puro derecho, en la que necesariamente se debe diferenciar si el recurso interpuesto es en la forma o en el fondo, o ambos, obviamente cada petición en cada caso será diferente, en la que se mencione la  norma vulnerada y cual la forma correcta de su aplicación.

En la presente causa, la recurrente alude cierta jurisprudencia y textos relativos a nulidades procesales y sus principios, sin explicar en forma concreta si el auto de Vista recurrido hubiera alejado su criterio respecto a los principios que regentan las nulidades procesales, empero esta observación no es decisiva para evaluar el Auto de Vista impugnado, sino la falta de identificación precisa del recurso de casación, pues de acuerdo a la petición contenida en el recurso de fs.  90 a 91 vlta., se evidencia que la recurrente peticiona a este Tribunal que: “a lo previsto  por el art. 271 num. 4 del ritual Civil casando el Auto de Vista Nº /2012…” de cuyo texto se podría presumir que el recurso fuera en el fondo, aspecto sobre el cual ya se ha explicado precedentemente.

Solo con la finalidad de aclaración, corresponde señalar que el Auto de Vista recurrido, cuando anula obrados hasta fs. 48, incurre en error numérico, el mismo que puede ser corregido en cualquier etapa del proceso, pues por lógica razón si la anulación es hasta fs. 48 en la que otorga a los demandantes un plazo


para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, se entiende que la demanda no hubiera sido admitida, en tal sentido la anulación que el Auto de Vista ha tratado de sostener, es hasta fs. 46 (decreto de admisión de la demanda), pues la misma se encuentra  bajo prevención de dar aplicación del art. 333 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto se evidencia que al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el art.  258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, el mismo deviene en su improcedencia.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 1), con relación al art. 272 num. 2) ambos del Código de Procedimiento Civil declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación interpuesto por Aurora Miranda Gómez, en contra del Auto de Vista Nº  178/2012  de 11 de septiembre de 2012 que cursa a fs. 85 a 86 vlta., emitido por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Potosí, con costas

Se regula honorario del abogado en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.