TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

              SALA CIVIL

Auto Supremo: 97/2013

Sucre: 7 de marzo 2013

Expediente: PT-47-12-S

Partes: Ernesto Walter Velarde Tapia  c/Francisca Catalina Morales Alarcón de

            Bautista en su condición de Representante Legal de Industrias “Potosí”          

            Ltda.

Proceso: Reivindicación

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 243 a 246,  interpuesto por Francisca Catalina Morales Alarcón representante legal de Industrias Potosí Ltda., contra el Auto de Vista Nº 201/2012, pronunciado el 13 de octubre de 2012 por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario sobre reivindicación seguido por Ernesto Walter Velarde Tapia, contra la recurrente; la respuesta de fojas 251y vuelta; la concesión de fs. 252 vlta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, a los 10 días del mes de Agosto de 2012 pronunció la Sentencia Nº 0061/2012, cursante de fojas 210 a 212, por la cual declaró probada la demanda e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, en el demandante disponiendo que la parte demandada Industrias Potosí a través de su representante legal Francisca Catalina Morales Alarcón debe restituir y devolver a Ernesto Walter Velarde Tapia el inmueble de calle Bolívar Nº 740 y 748, consistente en una tienda y una trastienda en el plazo de un mes, una vez ejecutoriada la Sentencia, en tanto que Ernesto Walter Velarde Tapia  debe devolver a la parte demandada el monto de $us. 25.000.- (VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS), dejando sin efecto el contrato de anticresis número 108/2002, así mismo su cancelación en registro de Derechos Reales de hipotecas ciudad Frías Partida 186, folio 73 libro 2 de 21 de febrero de 2002, con costas, daños y perjuicios a determinarse en ejecución de Sentencia.

Contra esa Resolución de primera instancia la parte demandada interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito el 19 de octubre de 2012, la Sala Civil y Comercial Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitió el Auto de Vista Nº 201/2012, cursante de fojas 235 a 237, por el cual confirmó parcialmente la Sentencia apelada Nº0061/2012, con la modificación de que debe  ser sin costas daños ni perjuicios conforme al art. 198 del Código de Procedimiento Civil.

La parte demandada interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma contra la  Resolución de segunda instancia.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN

En la Forma:

Acusó que el Juez de primera instancia  se habría excedido otorgando más de los pedido en la demanda al haber dispuesto se paguen daños y perjuicios y que el demandante devuelva el monto de $us. 25.000(VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS), así como dejar  sin efecto el contrato de anticresis y su   cancelación en Derecho Reales, aspectos que no habrían sido demandados habiendo contravenido los art. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que habría sido objeto de apelación oportunamente y que no habrían merecido respuesta por parte del  Tribunal de Alzada en consecuencia también estaría contraviniendo el art. 236 del mismo cuerpo legal.

Habiendo solicitado  a este Tribunal  se Anule  obrados hasta la Sentencia y se disponga la emisión de una nueva  Sentencia congruente y conforme mandan los art. 190 y 192 del Código de  Procedimiento Civil.

En el Fondo:

1.-  Acusó que la Sentencia, el Auto de Vista y  Auto Complementario contienen interpretación y aplicación indebida del art. 1453 en virtud a que habrían cumplido los requisitos exigidos  por esta norma, en virtud a que  Industrias Potosí  entidad demandada habría probado no haber desposeído al actor, así mismo se incurrido en error de hecho y derecho al no haber valorado debidamente  que Industrias Potosí posee el inmueble objeto de la Litis de manera pacífica a Titulo de anticresista y el actor permitió  esa  posesión y los interdictos posesorios del actor son posteriores a la posesión de la entidad demandada.

2.- También manifestó que hubo error de hecho y derecho  a tiempo de valorar  la prueba  documental aportada por la parte demandada misma  que demostraría que el derecho propietario del actor esta objetado judicialmente, que en consecuencia el Título de propiedad de fs. 7 a 9 no puede tener fe probatoria que le asigna el art. 1289-1 del Código Civil  que en aras de evitar que una Sentencia sea  a la posterior injusta debió  darse correcta aplicación del art. 1289- II del Código Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la revisión de actuados se tiene que:

1.- Ernesto Walter Velarde Tapia, adjuntando copia legalizada de Escritura Pública  Nº 621/1994 demanda reivindicación  de la tienda y trastienda ubicada en calle Bolívar Nos. 740 y 748 de la ciudad de Potosí, acción que la dirigió en contra de Industrias Potosí, representada legalmente por Francisca Catalina Morales Alarcón, en atención  a que por diligencias  preparatorias  la demandada manifestó  poseer el inmueble  objeto de la Litis, en virtud a contrato de anticresis suscrita con  Felicidad Tapia Guereca (madre del actor), que en ningún momento el actor  autorizó y/o homologó ningún contrato de anticresis, para que Industrias Potosí, continúe en posesión del inmueble.

2.- Una vez citada la entidad demandada, contesta negativamente a la demanda, indicando que no concurrían los presupuestos para la precedencia de la acción reivindicatoria, es decir: 1º.- Que sea solicitado por  el propietario  y  2º.- Se haya perdido la posesión de la cosa, toda vez estaría en  tela de juicio el derecho del actor  y negando haber desposeído al demandante en virtud a que posee el inmueble a título de anticresista suscrito por escritura pública de Nº 108/ 2002 con la legitima propietaria  Felicidad Tapia  Guereca, registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº186, Folio 73 del Libro de hipotecas Ciudad Frías del Departamento de Potosí de fecha 21 de febrero de 2002, al mismo tiempo  interpone excepción perentoria de falta de acción y derecho, en virtud a que estaría en tela de juicio el derecho del actor y el documento adjuntado  a la demanda no puede ser oponible a terceros mientras no se haya definido judicialmente su validez.

3.- En Sentencia se declara probada la demanda, improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho en el demandante y se dispone que Industrias Potosí a través de su representante legal Francisca Catalina Morales Alarcón, debe restituir y devolver al Ernesto Walter Velarde Tapia el inmueble de calle Bolívar Nº 740 y 748 en plazo de un mes una vez ejecutoriada la demanda en tanto que actor debe devolver a la demandada el monto de $us. 25.000.- (VIENTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS) dejándose  sin efecto  la escritura pública Nº 108/2002 disponiéndose además su cancelación en Derechos Reales.

4.-La entidad demandada recurre de apelación acusando que: a) que la Sentencia   es ultra petita porque dispuso  que el actor devuelva los  $us.25.000.- y dejó sin efecto el contrato de anticresis, asimismo la cancelación en Derechos Reales; b) no se analizó ni valoró la prueba aportada por  la recurrente toda vez que no se probo que el demandado haya sido desposeído; c) No se valoró el hecho de haber demostrado que el derecho del actor se encuentra en litigio y d) que no se  estableció como  un punto a probar  de que manera se hubiera ocasionado daños y perjuicios al actor, al no haber sido  objetado por el demandante no podía haberse dispuesto en Sentencia el pago de los mismos, habiendo  en Tribunal de alzada Confirmando Parcialmente la Sentencia dejando sin efecto el pago de costas, daños y perjuicios.

Establecidos los hechos anteriores es necesario  dejar claro  que:

La reivindicación; es una acción real establecida en defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella, que está dirigida contra la persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o titulo que le faculte para la posesión.

La Anticresis; es un derecho Real concedido al acreedor por el deudor, o un tercero por él, poniéndolo en posesión de un inmueble a cambio de un  crédito o capital que en virtud a ese derecho de garantía tiene derecho de retención sobre el inmueble que le ha sido entregado en anticresis, hasta el pago integro de su crédito.

De lo anotado se concluye que la  acción de reivindicación está destinada para reclamar la restitución de la posesión  por quien tiene derecho a poseerla en contra del poseedor no propietario, en consecuencia lo que se reclama es la posesión y no el dominio,  para la cual se debe demostrar   la “justificación dominial” es decir Título de propiedad; en cambio la anticresis  es un contrato  que otorga un derecho real  de garantía,  por el cual tienen derecho de retención, o no restituir el inmueble hasta que  no se satisfaga su capital; en consecuencia ambas figuras  persiguen intereses contrapuestos por lo que no es posible demandar la reivindicación al  acreedor anticresista, en virtud a que, la reivindicación debe estar dirigida a aquel  poseedor o detentador  sin título, en cambio el anticresista  al tener título posesorio legítimo, que le otorga el derecho de retención sobre el inmueble, mientras no se haga efectivo el pago de su capital e inclusive tiene derecho de preferencia frente a varios acreedores como lo establecen los arts. 1431 y 1432, con relación al art. 1404  todos del Código Civil, de manera que el derecho del anticresista es oponible frente a la acción reivindicatoria, debido a que el propietario habría cedido su derecho a la posesión, en consecuencia procederá la  acción reivindicatoria contra aquel  poseedor ilegitimo que no tenga Título.

Sin embargo de lo manifestado este Tribunal debe circunscribirse dentro del marco del recurso de casación planteado en el presente caso, en atención al principio de congruencia, en ese sentido se debe señalar que la entidad recurrente acusó los siguientes aspectos:

En la Forma:

Manifestó que el Juez de primera instancia se habría excedido otorgando más de lo pedido en la demanda, aspecto que habría sido objeto de apelación oportunamente y que no habría merecido respuesta por parte del  Tribunal de Alzada, acusando contravención del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto se debe señalar,  que ciertamente la Sentencia apelada, obro extra petita al haber dispuesto que el actor haga  la devolución de $us. 25.000.-(DOLARES AMERICANOS) a la entidad demandada así como haber  dejado sin efecto el contrato de anticresis suscrito  mediante escritura pública  Nº 108/2002 y su cancelación en Derechos Reales, toda vez que estos aspectos no fueron demandados por las partes, no obstante  de ser evidente aquello, la recurrente no justifico de manera clara y objetiva el daño que le hubiera causado esa determinación  del A quo, ahora bien se entiende que el juzgador valoro el hecho que el actor haya aceptado tácitamente  la posesión  a titulo de anticresista de la entidad demandada al haber ofrecido  en reiteradas oportunidades la devolución de $us. 25.000.-  y al mismo tiempo que la entidad demandada actuó de buena fe al momento de suscribir el contrato de anticresis sin saber que la madre del actor ya no era propietaria del inmueble dado en calidad de anticresis.


En cuanto al reclamo que  el Tribunal de  Alzada no hubiera  dado respuesta a todos los puntos que fueron objeto de apelación acusando la infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil; es preciso manifestar que aun siendo evidente  lo acusado, no es menos cierto  que la recurrente no manifestó de que manera le ocasionó perjuicio ese hecho, siendo que la determinación que realmente le perjudicaba, es decir, el de pago de costas, daños y perjuicios, se dejó sin efecto  por  Auto de Vista  ahora recurrido, de manera que  los aspectos acusados no revisten perjuicio cierto y real para la recurrente como se vera más adelante,  consiguientemente  no amerita  anular  la Sentencia ni el Auto de Vista como lo solicitó.


En el Fondo:

Acusó que la Sentencia, el Auto de Vista y Auto Complementario contienen interpretación y aplicación indebida del art. 453, así como habría  incurrido  en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en virtud a que se habría demostrado  que:

1.- Que, el actor no habría sido desposeído

2.-  Que, el derecho del actor  esta  objetado judicialmente

Respecto al primer punto que el actor Ernesto Walter Velarde Tapia no habría sido  desposeído por la entidad recurrente, es necesario establecer que la acción de reivindicación por su naturaleza conlleva recuperar la posesión, emergente del derecho de propiedad,  no siendo necesario para el propietario demostrar el haber estado en posesión corporal del bien o haber sufrido el despojo; pues, conforme la uniforme jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia con la que el Tribunal Supremo comparte criterio, el derecho de propiedad encierra también el derecho a poseer la cosa como emergencia, precisamente de la Titularidad que se tiene.

En cuanto al segundo punto, de haberse  demostrado  que el derecho propietario del actor esta objetado  judicialmente y en consecuencia el título de propiedad de fs. 7 a 9 no  tendría  la fe probatoria que le asigna el art. 1289-1 del Código Civil; al respecto se debe señalar que mientras no se invalide la Escritura Pública Nº 621/1994 el derecho propietario del actor  surte todos sus efectos legales  entre las partes y frente a terceros, en otras palabras  se presume su legalidad mientras no se demuestre lo contrario y en todo caso  los únicos facultados para objetar la fuerza probatoria de ese documento son las partes que lo otorgaron en aplicación a  las reglas generales que establecen los art. 519 y 524 del Código Civil. Y con relación a que el  A quo debió  dar correcta aplicación del art. 1289 parágrafo II del mismo Código Civil no tiene ninguna relación con el caso.

De todo lo anotado se concluye que los dos aspectos  acusados por la recurrente   como agravios, ninguno de ellos se vinculan a la violación que se hubiera cometido a su derecho de  retención que le faculta la normativa sobre el inmueble objeto de la Litis, en virtud al contrato de anticresis que ostenta, en consecuencia de la manera como fueron acusados los supuestos agravios no inciden en un perjuicio real para la  entidad recurrente.

Este Tribunal emite el presente pronunciamiento en el marco de la congruencia, tomando en cuenta exclusivamente los agravios en la forma como fueron planteados por la parte recurrente, pues de lo contrario ingresaríamos en el caso de hacer alguna consideración ajena a los argumentos expuestos en el recurso, en manifiesta impertinencia.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I  num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de  fs. 243 a 246 de obrados, contra el  Auto de Vista de Nº 201/2012, pronunciado el 13 de octubre de 2012 por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, interpuesto por Francisca Catalina Morales Alarcón en representación de Industrias Potosí. Con costas.


Se regula honorario profesional de Bs. 1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Nava Durán.