TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

       

           S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 92/2013

Sucre: 07 de marzo 2013         

Expediente:         SC-128-12-S

Partes: José Alberto Claros Zambrana        c/ Pedro Vacaflor Hernández

Proceso: Mejor derecho propietario, cancelación de inscripción en Derechos Reales

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Luís Fernando Rodríguez Sainz, en representación de José Alberto Claros Zambrana, cursante de fs. 442 a 445 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 154/2012 de fecha 22 de octubre 2012 de fs. 436 a 438 y vlta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dentro el proceso de mejor derecho propietario y cancelación de inscripción en Derechos Reales interpuesto por el recurrente en contra de Pedro Vacaflor Hernández; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, mediante Sentencia de 20 de junio 2011, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la capital, cursante de fs. 327 a 328 y vlta, declaró improbada en todas sus partes la demanda principal y declaró probada la reconvencional incoada por el demandado en lo que corresponde al mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción negatoria y cancelación en las oficinas de Derechos Reales de la inscripción efectuada por el actor e improbada en lo que corresponde al retiro de las mejoras introducidas al inmueble.

Deducida la apelación por José Alberto Claros Zambrana, esta fue remitida ante Tribunal competente, es así que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 27/2011 de fecha 23 de noviembre 2011 cursante de fs. 358 a 361, recovó en parte la Sentencia y declaró probada en parte la demanda de fs. 6 en lo que corresponde al mejor derecho propietario y declaró improbada en lo referente a la cancelación de la Mat. 7011060083942 registrada en Derechos Reales de 21 de enero 2009; asimismo declaró probada en parte la Sentencia en cuanto al retiro de las mejoras introducidas en el inmueble e improbada la demanda reconvencional de fs. 46 a 49 en cuanto a la reivindicación, acción negatoria, mejor derecho de propiedad, desocupación y entrega de inmueble, cancelación de inscripción en Derechos Reales de la Mat. Nº 7011050016813. 

En conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem el demandado Pedro Vacaflor Hernández interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que fue considerado y resuelto a través del Auto Supremo Nº 89/2012 de 25 de abril 2012 por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinándose anular obrados hasta el decreto de autos de fs. 356 inclusive y dispuso que con la facultad conferida por el art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Alzada solicita la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la litis se trata del mismo y con el resultado, previo sorteo y sin necesidad de turno se pronuncie nuevo Auto de Vista; toda vez que el Tribunal de Alzada consideró que no existía prueba suficiente e idónea para determinar la ubicación exacta del inmueble en litigio y así establecer que se trata del mismo inmueble respecto al cual el actor y el demandado reclaman el derecho propietario.

Devueltos los antecedentes, mediante Auto de Vista Nº 154/2012 de 22 de octubre 2012 de fs. 436 a 438 y vlta, confirman la Sentencia de 20 de junio 2011 de fs. 327 a 328.  Por lo que Luís Fernando Rodríguez Sainz en representación del demandante Alberto Claros Zambrana, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En la forma:

Señala que el Auto Supremo Nº 89/2012 que anula obrados hasta fs. 356 inclusive, dispone que con la facultad conferida en el art. 233-II del Código procesal civil, el Tribunal de Alzada solicite la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la litis se trata del mismo, normativa que forma parte del Capitulo IVTítulo V del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, señalando en el mismo que:  “El Juez o Tribunal podrá abrir, un plazo probatorio no mayor de veinte días en los casos siguientes: (…) 2) Cuando decretadas las pruebas en primera instancia, no se hubieren recibido por causas no imputables a las partes que las ofrecieron.  En este caso el plazo probatorio se circunscribirá a recibirlas o que dentro de él se cumplan los requisitos que faltaren para su perfeccionamiento”; siendo clara dicha normativa, por lo que se debió aperturar un plazo probatorio; sin embargo el Tribunal de segunda instancia de manera sorprendente decretaron a fs. 413 “notifíquese y cúmplase” sin determinar nada y peor aún se decepciona el ambiguo memorial de la parte demandada de fs. 417 en la que solicita designación de perito, impetrando que se ordene al plan regulador para que realice la pericia indicada y determinar la ubicación real, la superficie, límites y colindancias del inmueble objeto de litis, siendo la Vocal semana quien dispone que en cumplimiento al Auto Supremo Nº 89/2012 el Plan regulador de la Alcaldía Municipal de la capital, determine los datos exactos del bien inmueble en litigio, sin abrir un periodo de prueba, por lo que se actuó ultra petita, dejando de lado el debido proceso y la equidad para las partes, correspondiendo la nulidad de obrados al haberse violentado lo dispuesto en el art. 115, 119 y 122 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil.

En el Fondo:

Afirma que se ha violado el art. 1545 del Código Civil, porque dicha normativa es clara al manifestar que por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título; sin embargo de ello el Ad quem llega a la conclusión de que ante la falta de información relativa a la nomenclatura de la planimetría, los terrenos del actor no existen físicamente y que no se ha podido detectar su ubicación no obstante de haber extremado actuaciones para lograr dicho cometido, cuando en rigor de la verdad ni siquiera abrieron un periodo de prueba y el documento en el que apoya su decisión es una prueba propuesta solo por una de las partes y que tampoco determina con precisión la ubicación exacta de los lotes Nº 10 y Nº 11; tampoco consideran que el recurrente tiene registrado en Derechos Reales hace más de diez años atrás su derecho propietario, siendo desde esa fecha oponible el mismo, ingresando en contradicción cuando señala que se presume la validez legal de los títulos de derecho propietario presentadas por ambas partes y termina confirmando la Sentencia.  Ahora si el Tribunal de Alzada, presumió que ambos títulos son válidos, en virtud al art. 1545 del Código Civil, correspondería el mejor derecho propietario al adquiriente que haya inscrito primero su título, en este caso al recurrente.

Por lo que solicita que el Tribunal Supremo case el referido Auto de Vista y disponga que el mejor derecho propietario corresponde a José Alberto Claros Zambrana.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiéndose interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, con carácter previo nos avocaremos a considerar el de forma, toda vez que de evidenciar las causales de nulidad que se acusan, ya no ingresaríamos a considerar el recurso en el fondo.

Del recurso de casación en la forma:

El art. 233 del Código de Procedimiento Civil cuenta con dos parágrafos, el primero referido a que el Juez o Tribunal podrá abrir un plazo probatorio no mayor a veinte días en caso de los cuatro numerales siguientes que se detallan y el parágrafo segundo, por el que el Juez o Tribunal, antes del decreto de Autos, podrá disponer se produzcan las pruebas que estimare convenientes, facultad como señala el Dr. Gonzalo Castellanos Trigo:  “Con el fin de esclarecer la verdad jurídica objetiva de los hechos controvertidos, se permite a los Jueces complementar, por propia iniciativa, el material probatorio para adoptar las medidas para mejor proveer o resolver, para aclarar las dudas que puede tener el juzgador en el momento de resolver el auto de Vista…”; es decir si bien en uno y otro caso los de instancia tienen facultad potestativa para abrir un plazo probatorio y producir prueba; es también evidente que dicho Juez o Tribunal encuentra en la normativa dos opciones de poder contar con prueba que le ayude a mejor resolver.

En el sub lite, el Auto Supremo Nº 89/2012 es lo bastante claro cuando señala que en virtud al art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Ad quem debe solicitar la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la litis se trata del mismo y con su resultado resolver; en momento alguno refiere que conforme señala el parágrafo I de la norma antes citada deba el Tribunal de Alzada abrir un plazo probatorio no mayor de veinte días, sino que antes de resolver produzca prueba que estime conveniente y saque de dudas respecto a que si los dos inmuebles de los que se impetra la declaratoria de mejor derecho propietario tienen la misma ubicación geográfica, aspecto que se dejó muy en claro en el Auto Supremo antes citado a tiempo de anular, en virtud al Principio de Verdad Material por el que los Jueces de instancia tienen un rol más activo en la tramitación de los procesos a los fines de resolver de la manera más justa, por lo que interesaba en el sub lite contar con mayores elementos de probanza que hagan mejor el resolver, habiendo el Tribunal de segunda instancia cumplido con la solicitud a la instancia administrativa competente, como es la Unidad de Regulación de Barrios, dependiente del Departamento de Ordenamiento Urbano del Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Santa Cruz.

Por lo que al presente, el recurrente equivoca el mandato del Auto Supremo Nº 89/2012 y de lo previsto en el art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, no siendo causal de nulidad la omisión de apertura de plazo probatorio del de alzada, correspondiendo que el recurso de casación en la forma se resuelva como infundado.

Del recurso de casación en el fondo:

El recurrente acusa la violación del art. 1545 del Código Civil, que señala:  “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”, y que él al haber procedido hace más de diez años atrás con la inscripción en Derechos Reales del inmueble de 720 m², el Ad quem no tomó en cuenta dicho aspecto, al contrario señalan que de acuerdo al informe solicitado al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, advierten que dicho inmueble no existiría de acuerdo a la  nomenclatura de la planimetría demostrada.

Al respecto y como bien se transcribió en la normativa antes señalada, a los fines de determinar el mejor derecho propietario entre dos contendientes, necesariamente se debe contar con los siguientes presupuestos: el primero, referido a que exista más de un propietario que alegue dominio sobre un mismo bien, demostrándose a tal efecto que el inmueble adquirido proviene de un mismo dueño o que el antecedente dominial corresponda a uno común; el segundo, que el inmueble tenga la misma ubicación geográfica disputada entre contendientes; finalmente el tercero referido a que el peticionante hubiera registrado primero su derecho propietario en las oficinas de Derechos Reales, publicitando el mismo a los efectos de hacer oponible frente a terceros; presupuestos con los que se podrá determinar el derecho preferente de uno o de otro.

En el caso de Autos, se ha evidenciado que no se han cumplido dos de los requisitos o presupuestos; es decir el actor no ha demostrado que su inmueble provenga de un mismo vendedor, no existiendo correspondencia entre la titularidad que presenta de fs. 1 a 2 y la de fs. 13, en las que de manera clara se muestra que José Alberto Claros Zambrana adquirió 720 m² de Iber Marchetty Álvarez  y Pedro Vacaflor Hernández demandado, de Ronald Alpire Ulloa una superficie de 8.236,88 m².  y de la revisión de obrados a los fines de evidenciar la línea traslativa de ambos lotes de terreno y corroborar la existencia de un causante común, se tiene:

1.- Conforme consta a fs. 55 Celia Andrea y Rosario Elsa Alpire Ascarrunz señalan que su padre Juan Francisco Alpire López  fue propietario de 795 hectáreas de terreno ubicado en la zona Sud, propiedad denominada “Palmar Arteaga” e inscrito en Derechos Reales a fs. 50, Partida Nº 67 el año 1937, aspecto que se corrobora del Certificado de Tradición de fs. 201 a 203 de obrados, en la que consta que dicho registro fue efectuado el 13 de marzo de 1937.

2.- A su fallecimiento y una vez declarados herederos forzosos mediante Auto Definitivo de 24 de agosto de 1971, procedieron a través Escritura Pública Nº 35/80 de 19 de enero de 1980 a dividirse el lote de terreno entre todos los hermanos (Federico Hugo, Guillermo, Dalia, Celia, Elsa, Elda y Oscar todos Alpire Ascarrunz), correspondiendo a cada uno a 92 hectáreas, registrándose dicha división en Derechos Reales bajo la Partida y fs. Nº 260 el 26 de febrero de 1980. (fs. 55 y 201 a 203).  Y bajo la Matrícula Computarizada Nº 7011060001679, se tiene el registro de declaratoria de herederos de los hermanos Alpire Ascarrunz sobre una superficie de 880000.00 m²

3.- Posterior a ello, siempre en la misma documental de fs. 201 a 203, se tiene que Ronald Alpire Ulloa registra bajo la Matrícula Computarizada  7011060072803 compra de 840759.00 m², del Cantón el Palmar Oratorio, con antecedente dominial de la Matrícula Computarizada 7011060001679; adquisición efectuada a Celia Andrea, Rosario Elsa, y Federico Hugo todos Alpire Ascarrunz en fecha 20 de septiembre 2004.  (fs. 13)

4.- Finalmente, con Matrícula Computarizada 7011060083942 se tiene el registro de la venta realizada a favor de Pedro Hernández Vacaflor de una extensión de terreno de 8.236,99 m² de Escritura Pública de fecha 22 de julio 2008 y cuyo antecedente dominial deviene de la Matrícula Computarizada 7011060072803. (fs. 13)

De lo que se infiere que el antecedente traslativo con el que cuenta el demandado, proviene de la familia Alpire Ascarrunz Ulloa.

Y respecto al antecedente dominial de José Alberto Claros Zambrana se tiene que:

1.- De fs. 154 a 155 consta certificado de tradición en el que se evidencia que bajo la Partida Nº 1382, fs. 1382 de 24 de junio de 1985 se inscribe testimonio agrario sobre dotación de tierras a favor de: Roberto Melgar Medina, Eligio Arias Escalante, José Rodríguez Montero, Iver Ayala Salas y Marcelo Barba Justiniano.

2.- Luego se tiene el registro bajo la Partida Nº 1685 de 22 de julio de 1985 la transferencia que realiza Marcela Saravia Subieta a Iver Marchetty Álvarez, por Escritura Pública Nº 136 de 19 de julio de 1985.

3.- De lo anterior conforme la Matrícula Computarizada 7011050005129 (Matricula no vigente en la actualidad conforme señala la tradición), se tiene superficie 0 m², ubicados en el Palmar a nombre de Iver Marchety Álvarez.

4.- Finalmente, se tiene a fs. 1 vlta., la afirmación que realiza Iver Marchetty Álvarez, a tiempo de realizar transferencia de un lote de terreno a favor de José Alberto Claros Zambrana, cuando señala que bajo la partida computarizada Nº 010176352 de 22 de julio de 1985 tiene registrado en Derechos Reales la propiedad denominada “La Envidia” en el cantón el Palmar, transfiriendo a favor del demandante un terreno de 720 m² (Lotes Nº 10 y 11) en fecha 27 de diciembre de 1997 y registrando posteriormente el adquiriente en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 7011050016813.

De lo anterior se tiene evidencia que el antecedente traslativo que tiene el demandante no es el mismo del demandado reconventor, más aun si se tiene en antecedentes de fs. 70 a 85 que Juan Manuel Veizaga, Roberto Melgar Medina, Eligio Arias Escalante, José Rodríguez Montero, Iver Ayala Salas, Tomas Ernesto Portales, Marcelo Barba Justiniano y otros inician ante la Inspectoria Regional Agraria y Justicia Campesina, denuncia de abandono injustificado de tierras e intervención de los terrenos denominados “El Palmar Arteaga”, ubicados en el Cantón Palmar Oratorio de la Provincia Andrés Ibáñez de la ciudad de Santa Cruz y que luego de la tramitación efectuada por Resolución Ministerial Nº 0086/83 fueron revertidas dichas tierras, logrando de manera posterior los antes nombrados la dotación de dichos terrenos conforme consta de fs. 224 a 230, cuando en fecha 26 de agosto de 1986 el ex Presidente Dr. Víctor Paz Estensoro les otorgó Títulos Ejecutoriales. Y que ante tal circunstancia Delia Alpire Ascarrunz interpuso recurso directo de nulidad de la Resolución Ministerial Nº 0086/83, habiendo a tal efecto la Sala Plena de la Ex Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido el Auto Supremo de 1 de agosto de 1986 por el que anuló todo lo obrado dentro del trámite de intervención y reversión de tierras iniciado por Roberto Melgar Medina y otros, dejando por tanto sin efecto las dotaciones con las que se beneficiaron el año 1986.

Por lo antes mencionado, se concluye que al presente el demandante no ha podido demostrar que el bien inmueble del que solicita se declare el mejor derecho propietario, tiene un común vendedor, tampoco ha demostrado que el inmueble motivo de la litis se trate del mismo del que ha reconvenido también por mejor derecho propietario el demandado, aspecto que se tiene corroborado por la última certificación emitida por la Unidad de Regulación de barrios dependiente del Departamento de Ordenamiento Urbano del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, cuando certifica la ubicación exacta de los 8.236,85 m², con especificación de coordenadas y colindancias y no así respecto de los Lotes Nº 10 y 11 de extensión de 720 m², que corresponden al actor y de los que conforme a la tradición antes mencionada quien los transfirió (Iver Marchetty Álvarez)  tiene  un registro en Derechos Reales que no se encuentra vigente, contando con 0 m²,  aspectos estos como otros antecedentes, prueba y la última certificación cursante de fs. 422 a 426 que han sido considerados por el Ad quem, instancia que no ha incurrido en causal alguna de casación, como la que se acusa respecto del art. 253 num. 1) del adjetivo civil; correspondiendo que este Tribunal resuelva de la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Luís Fernando Rodríguez Sainz, en representación de José Alberto Claros Zambrana, cursante de fs. 442 a 445 de obrados, contra el Auto e Vista Nº 154/2012 de 22 de octubre 2012 de fs. 436 a 438 y vlta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz.  Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran