TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

          S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 91/ 2013

Sucre: 7 de marzo  2013         

Expediente:         LP-151-12-S.

Partes: Yolanda Auzza Macias. c/  Rose Mary Inchauste Auzza

Proceso: Rescisión de contrato de compra venta de inmueble por Lesión

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Yolanda Auzza Macias, cursante de fs. 376 a 377 y vlta., contra del Auto de Vista Nº 370/2012 de 14 de septiembre 2012 cursante de fs. 371 a 372 emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de rescisión de contrato de compra venta de inmueble por lesión, incoada por la recurrente contra Rose Mary Inchauste Auzza; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, mediante Sentencia Nº 317/2011 de 30 de noviembre 2011, cursante de fs. 343 a348, el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la capital, declaró improbada la demanda de rescisión de contrato por lesión de fs. 9 a 10 interpuesta por Yolanda Auzza Macias e improbada la demanda reconvencional de fs. 25 a 27 y 30 a 31 incoada por Rose Mary Inchauste Auzza de entrega total del inmueble, nulidad de cláusula de usufructo y pago de daños y perjuicios, en cuyo mérito dejó firme y subsistente en todo el contenido la Escritura Pública Nº 2210/2008 de 9 de septiembre 2008 suscrito por acuerdo de partes.

Deducida la apelación por Yolanda Auzza Macias, ésta fue remitida ante Tribunal de Segunda instancia y por Auto de Vista Nº 370/2012 de 14 de septiembre 2012, de fs. 371 a 372, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental del distrito de La Paz, confirmó la Sentencia apelada. 

En conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem, la demandante interpuso recurso de casación en la forma, mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Señala que el Ad quem ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil; es decir por faltar un trámite declarado esencial en la tramitación del proceso.  Al efecto, afirma que conforme consta a fs. 128 de obrados, formuló objeción a la prueba de inspección ocular del inmueble ubicado en Bella Vista, zona de Obrajes, calle Pio XII, Nº 322 de propiedad de Ramiro Eduardo y Marcelo Javier Coronado Auzza, ya que esta prueba solicitada por la demandad no se encontraba de acuerdo a los hechos fijados por el Juez A quo.  Formulada la objeción, con los fundamentos del art. 382 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil y razones legales, el A quo corrió en traslado a la parte demandad, quien luego de ser notificada en fecha 12 de enero 2011, conforme consta en la diligencias de notificación de fs. 129, no respondió a ese traslado; no obstante, en fecha 31 de enero 2012, por memorial de fs. 252 la demandante reiteró al Juez de primera instancia que se tramite dicha objeción conforme el art. 381-II del Código de Procedimiento Civil y se emita la correspondiente Resolución; sin embargo, el A quo pasando por alto ese dispositivo legal y el trámite correspondiente, en franco retardo de justicia, dispuso correr en traslado esa solicitud, cuando correspondía emitir la Resolución motivada y fundada, omitiendo el Juez de primera instancia pronunciarse sobre la objeción planteada, aspecto que también fue omitido por el Tribunal de segunda instancia.

Manifiesta que la ley 025 en su art. 17 es clara al señalar que la nulidad solo procede ante irregularidades reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos y en el caso presente existe a fs. 128 la prueba de haber objetado prueba presentada por la demandada, en apego al art. 382-II del procedimiento Civil, lo que implica la oportunidad del reclamo formulado y la negligencia del Juez a quo de omitir resolver y tramitar dicha objeción probatoria conforme el tramite señalado en el parágrafo II del citado art. 382 procedimental.

Por lo anterior, solicita se resuelva conforme lo dispuesto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme se tiene expuesto en el recurso de nulidad planteado, en el que se acusa que el Juez A quo y el Tribunal Ad quem habrían incurrido en la causal prevista en el art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil, se evidenciará si la omisión acusada merece la nulidad invocada; a tal efecto diremos:

Que, es evidente que la demandante mediante memorial de fs. 128, formuló objeción de la prueba de inspección ocular al inmueble ubicado en Bella Vista, zona de Obrajes, Calle Pio XII Nº 322 de propiedad de Ramiro Eduardo y Marcelo Javier Coronado Auzza, indicando que conforme determina el art. 382 parágrafo I num. 1) del Código de Procedimiento Civil objeta dicha prueba, toda vez que la misma no es objeto del proceso de Autos por lo que señala resultaría impertinente al no encontrarse de acuerdo con los hechos fijados por el A quo en el Auto de calificación del proceso y apertura de término probatorio.  Asimismo, señala que constituye un óbice legal, porque el inmueble antes descrito así como el de propiedad de la demandante ubicado en el Edificio Ingavi, Bloque Pichincha, piso Nº 13, Departamento D no son materia de la litis.

A la objeción de la prueba invocada por la demandante y conforme se tenía propuesta, el A quo si bien corrió en traslado y respondido como fue éste, mediante providencia de 15 de enero 2011 de fs. 133 vlta. la Juez A quo señaló que en la objeción cursante a fs. 128 se argumentó que la misma constituía un óbice legal, por lo que remitió a lo previsto en el art. 382 parágrafo III y art. 383 del Código de Procedimiento Civil. Es decir que al haber argumentado la existencia de óbices legales en los medios probatorios ofrecidos (inspecciones oculares), la demandante tenía que sujetarse a lo previsto en el parágrafo III del art. 382 del adjetivo Civil, que menciona:  “En el segundo caso, el notificado hará protesta de probar conjuntamente con la causa principal los óbices legales que opondrá a las pruebas contrarias, pero deberá señalar en forma precisa y explícita esos óbices, los cuales serán resueltos en Sentencia”; a tal efecto,  el Juez de primera instancia  a tiempo de emitir Sentencia, conforme consta de fs. 343 a 348, en el Considerando I-Hechos Probados -1) Prueba literal, deja presente que con referencia a las objeciones a la prueba presentadas, solo tomó en cuenta las pertinentes al caso y no se valoraron las que tienen ninguna relación y aclara en el numeral 4)-4c) prueba de Inspección Judicial efectuada, que: “En cuanto a la inspección judicial al inmueble de la calle Pio XII de la zona de Bella Vista, al cual no se pudo ingresar, no se considera prueba porque de acuerdo al certificado de DDRR, de fs. 109, el derecho propietario está inscrito a nombre de otras personas (hijos de la demandante) que no son parte del proceso”.  De lo que se concluye que, tanto el Juez A quo como el Tribunal de segunda instancia si dieron respuesta a la objeción de la prueba planteada, dando respuesta a la pretensión de la demandante en apego a lo dispuesto en el art. 382 num. III del adjetivo Civil, no siendo evidente la acusación efectuada por la recurrente.

De otro lado y respondiendo siempre al recurso planteado por la actora, respecto a que los de instancia no han dado cumplimiento al trámite previsto en el art. 382 parágrafo I, num. 1 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la prueba objetada de su parte, manifestando en su memorial de 6 de enero 2011 (fs.128) que el Juez debe pronunciar Resolución interlocutoria conforme lo determinado en el art. 382 parágrafo I, num. 1 del Código de Procedimiento Civil, de igual manera y como se mencionó anteriormente, refiere la misma normativa cuando acusa en el recurso de nulidad al A quo y al Tribunal de segunda instancia de omitir Resolución y pronunciamiento; señalar que la normativa antes mencionada no contempla en su nomenclatura el parágrafo II.

Por lo antes mencionado y al no evidenciarse omisión alguna en la que hubieran incurrido el Juez de primera instancia y el Ad quem, corresponde a este Tribunal, resolver de la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma presentado por Yolanda Auzza Macias, cursante de fs. 376 a 377 y vlta. en contra del Auto de Vista Nº 370/2012 de 14 de septiembre 2012 cursante de fs. 371 a 372 emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.