TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CIVIL


Auto Supremo: 88/2013

Sucre: 04 de marzo 2013                

Expediente: CB-2-13-S

Partes: Prisca Beatriz Zurita Rojas c/ Francisco Flores Velarde y otros

Proceso: Usucapión

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Prisca Beatriz Zurita Rojas de fs. 642 a 645 vlta, impugnando el Auto de Vista de fecha 30 de julio de 2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Usucapión seguido por Prisca Beatriz Zurita Rojas  contra Francisco Flores Velarde, Ascencia Rojas de Flores, Emilio Montaño Melgares, Bertha Rodríguez de Montaño, Carlos Jiménez Nogales, Florinda Andia Beltrán, Vitaliano Vallejos, Albina Rojas de Vallejos, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 12vo. de Partido en lo Civil de Cochabamba, emitió la Sentencia Nro. 0-031/2011 de fecha 6 de septiembre de 2011, cursante de fs. 587 a 597, 1.- declarando improbada la demanda de fs. 29 a 30, 2.- probada la excepción perentoria de ilegalidad, opuesta a la demanda principal por los codemandados y defensor de oficio designado, 3.- probada en parte la mutua petición respecto del reconocimiento de vigencia de derecho propietario y reivindicación, no así de la nulidad de minuta y pago de daños y perjuicios, 4.- improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuestas a la mutua petición. 5.- en consecuencia se reconoce la vigencia del derecho propietario de los señores Emilio Montaño Melgares y Bertha Rodríguez de Montaño, sobre el lote de terreno Nro. 144-A, de las características que se señalan, 6.- ordena a Prisca Beatriz Zurita restituir el lote de terreno Nro. 144-A a favor de Emilio Montaño Melgares y Bertha Rodríguez de Montaño.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Prisca Beatriz Zurita Rojas de fs. 601 a 605, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de fecha 30 de julio de 2012, cursante a fojas 636-638, confirma la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesta por parte de la demandante Prisca Beatriz Zurita Rojas, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo

_Como interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, señala que el Auto de Vista como la Sentencia referirían que la recurrente se encontraría ocupando el lote signado como el Nro. 144-A, que sin embargo luego de una definición contenida en el art. 87 del Código Civil ensayaría discriminación perjudicial al dar a entender que fuera simple detentadora precaria, aspecto que no fuera evidente por las pruebas producidas en el proceso, incluso tomando en cuenta únicamente la fecha del documento de transferencia que le otorgaría calidad de poseedora y no simple detentadora. Se nombra a los arts. 87 parágrafo I, 88 y 89 del Código Civil, refiriendo que estas disposiciones ampararían sus derechos, como poseedora desde antes del fallecimiento de su tía.

Que, conforme a lo explicado, en la especie habría demostrado ampliamente el tiempo de su posesión con las pruebas y las mejoras.

Con relación a la segunda parte de las disposiciones de la Sentencia confirmada, la acción reconvencional no fuera lo mismo que restitución, y se habría incurrido en errónea y aplicación indebida de la norma sustantiva, toda vez que al tenor del art. 1453 del Código Civil los reconvinientes esposos Montaño-Rodríguez jamás habrían entrado en posesión del inmueble, haciendo referencia que la reivindicación tendría por  objeto recuperar un inmueble poseído por otro, indicando  además que la acción de restitución que debiera haberse planteado, no fuera efectivizado por los demandados.

_ Que, habría consideraciones y disposiciones contradictorias en el Auto de Vista recurrido, pues señalaría que la demandante estaría ocupando o en posesión del lote Nro. 144-A y pertenece a Emilio Montaño Melgares y Bertha Rodríguez de Montaño, reconociendo implícitamente que la recurrente estuviera en posesión, y contradictoriamente señalar que al haber perdido la posesión estaría siendo detentado por Prisca Beatriz Zurita Rojas.

Que, al no haber declarado la nulidad de la minuta o documento privado de fecha 2 de febrero de 1989 la misma subsistiría y surtiría efectos entre partes y haría plena fe y con valor probatorio asignado por el art. 1297 del Código Civil.

­_ Error de hecho en la apreciación de las pruebas en la consideración que hubiera demostrado ampliamente el tiempo de su posesión con la minuta, comprobantes de pago y otras actividades desde el año 1987, además de la introducción de mejoras y construcciones, que no habrían sido compulsadas por los Jueces de instancia.

En la forma

Que, el Auto de Vista habría considerado y no se habría pronunciado en lo absoluto  sobre las pretensiones y puntos objeto de apelación, no existiendo pronunciamiento con relación al lote Nro. 144-B que estaría comprendido también en la demanda, siendo obligación conforme prevería el art. 190 del Código Procesal de la materia. Este aspecto habría sido reclamado en el recurso de apelación.

Concluye su petitorio solicitando al Tribunal Supremo se pronuncie casando el Auto de Vista y deliberando en el fondo declarar probada la demanda principal de usucapión.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado tanto recurso de casación en el fondo y forma, este Tribunal se pronunciará primero con respecto al planteado en la forma, en razón a que si fueran evidentes las infracciones denunciadas, el fallo fuera por anular obrados imposibilitando la consideración del recurso de casación en el fondo, en ese sentido tenemos que:

En la forma

El reclamo versa en el presunto no pronunciamiento de los Tribunales de instancia con relación al Lote signado como 144-B que habría sido comprendido también en la demanda, sin embargo esto resulta alejado de la realidad, pues de la revisión del contenido del memorial de demanda, no se hizo referencia alguna al mismo. Al margen de lo anterior corresponde señalar que la recurrente no cumple con lo preceptuado en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil en el planteamiento del recurso de casación en la forma, pues señala referencialmente el art. 190, sin especificar cómo se la hubiera vulnerado, o aplicado falsa o erróneamente, ni detalla en que consistiría la violación falsedad o error, concluyendo además que no tiene petitorio o pretensión concreta el recurso, por lo que este Tribunal no puede considerarlo por no aperturarse  su competencia.

Por lo expuesto corresponderá emitir fallo en sujeción a lo determinado por los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

En el caso en cuestión, no puede razonarse como errónea o indebida aplicación de la Ley cuando las Resoluciones de instancia hacen análisis jurídico con referencia a lo que representa la usucapión, pues en ese estudio tanto el A quo como del Ad quem, no se alejan de la normativa legal que rige la materia y concluyen que a la fecha el lote signado como Nro. 144-A está siendo detentado por la hoy recurrente ante la demostración por medio de las pruebas que se produjeron en el transcurso del proceso.

La sola mención de la fecha de la literal de fs. 19 no puede tomarse en cuenta que transcurrió los diez años para operar la prescripción adquisitiva en su favor, pues los Tribunales de instancia establecieron que en vida la Sra. Ascencia Rojas de Flores (anterior propietaria) fallecida el año 2006- ejercitó su derecho propietario incluso cediendo todos los ambientes en contrato de anticresis, no existiendo la posibilidad de concluir que al mismo tiempo la demandante estuviera en posesión de los predios del bien inmueble objeto de usucapión, en el análisis que hace la recurrente en sentido que incluso en vida de la que fuera la anterior propietaria hubiera entrado en posesión, no tiene justificación válida ni coherente.

Por otro lado la observación realizada por la recurrente respecto de haberse presuntamente aplicado errónea e indebidamente lo relacionado a la demanda de reconvención de reivindicación y que no fuera lo mismo que restitución, en aplicación del art. 1453 del Código Civil, corresponde señalar que la misma no es correcta, ya que está establecido conforme a doctrina y la jurisprudencia sentada por este Tribunal en concordancia con lo fundamentado por la extinta Corte Suprema, que la acción de reivindicación se origina en el derecho propietario cuando la cosa se encuentra en poder de un tercero sin fundamento legal y tratándose de un derecho real, faculta la persecución de la cosa, reconocida por el art. 1453 parágrafo I del Código Civil, sin que sea necesaria la posesión efectiva, siendo suficiente la posesión adquirida a través de un título traslativo de dominio, debidamente inscrito en la oficina registradora de Derechos Reales, en sujeción a lo determinado por los arts. 548 y 1538 del Código Civil. Consecuentemente, la reivindicación de un bien inmueble importa la restitución en favor del demandante que comprueba su calidad de propietario y haber perdido su posesión, debido a que otra persona lo posee o detenta arbitrariamente.

Que, la norma contenida en el art. 1453 del Código Civil al establecer entre las acciones de defensa de la propiedad, a la acción reivindicatoria, señala que ésta se halla reservada al “propietario que ha perdido la posesión de una cosa”, es decir, que el primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, es la existencia del derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquel que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posee o detente. Derecho propietario que por su naturaleza conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la “posesión civil” que está integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”, aspecto que debe considerarse y ser comprendido en ese contexto.

En el caso de Autos los esposos Montaño-Rodríguez efectivamente han demostrado tener la titularidad del derecho propietario del bien inmueble cuya usucapión se pretendió por la hoy recurrente, en ese sentido respaldado plenamente por ese su derecho estaban facultados a ejercer su acción de reivindicarla frente a un tercero la demandante- aunque no la hayan poseído materialmente, por estar en posesión civil conforme evidenciaron los Tribunales de instancia, no existe por lo mismo ninguna contradicción en la conclusión a la que se arribó.

Con referencia que al no haberse declarado la nulidad de la minuta, ésta subsistiría y surtiría sus efectos  entre partes y haría plena fe con valor probatorio en sujeción  a la norma que señala, no existe claridad en su pretensión, y tampoco como ya se ha manifestado tiene eficacia para sostener y determinar el tiempo de usucapión, y así lo han entendido los Tribunales de instancia, por lo que la conclusión a la que arriba resulta impertinente.

No existe demostración que los Tribunales de instancia hayan cometido error de hecho en la apreciación de las pruebas cual denuncia la recurrente de manera genérica, correspondiendo anotar que de acuerdo al art. 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, el Juez tiene la obligación de valorar la prueba esencial y decisiva, al respecto esa valoración en cuando a su aspecto fundamental y decisoria debe encontrarse estrictamente relacionada con el tenor de la demanda y los puntos fijados a probar, y conforme dijimos, la fecha del proyecto de minuta que pretende como inicio de la posesión no es coherente, mas si consideramos que precisamente las pruebas que se produjeron y fueron analizados de manera completa por los Tribunales de instancia son demostrativos que la anterior propietaria realizó actos de posesión del bien inmueble en cuestión, y que el ingreso de la ahora demandante a ese inmueble dataría recién después de la muerte de su tía. En relación a las mejoras y construcciones, no existe prueba alguna que respalde su afirmación, y estos aspectos fueron correctamente compulsados por los Jueces que conocieron la causa en primera instancia como en apelación, no existiendo por lo mismo fundamento para verificar que fueran evidentes las infracciones denunciadas.

Por lo anterior con relación al recurso de casación en el fondo corresponde emitir fallo en sujeción a lo determinado por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 numerales 1) y 2) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo contenido en el memorial de fs. 642 a 645 vlta., presentado por Prisca Beatriz Zurita Rojas. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani