TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 

S A L A     C I V I L


Auto Supremo: 86/2013

Sucre, 04 de marzo 2013        

Expediente: CB-120-12-S

Partes: José Wilfredo Castro y  Marina Castro  c/ Mario Castro Grágeda

Proceso: Nulidad de documentos

Acción Negatoria y de conservar la posesión del inmueble    

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 390 a 393 y vlta. de obrados, interpuesto por Daniel Orozco Ortega, Sandra Karina Arenas Camacho en representación de Marina Castro y José Wilfredo Castro, contra el Auto de Vista Nº 127/2012 de 3 de septiembre 2012, cursante de fs. 381 a 384 pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de nulidad de documento, acción negatoria y de conservación de posesión de inmueble incoado por los recurrentes en contra de Mario Castro Grágeda, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia Nº 157/2008 de 21 de abril 2008, cursante de fs. 332 a 336 el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, declaró probada en parte la demanda principal así como las excepciones perentorias opuestas a la reconvención e improbadas la acción reconvencional planteada por Mario Castro Grágeda.  Consecuentemente declaró únicamente la conservación de la propiedad parcial y posesión de las acciones y derechos inmobiliarios de los actores José Wilfredo Castro y Marina Castro en el inmueble ubicado en la zona de Valle Hermoso, esquina Plaza Gualberto Villarroel Nº 61, con extensión superficial de 477,40m² registrado a nombre de sus causantes Serafín Fernández Terrazas y Simona Castro Grágeda de Fernández a fs. 324, Ptda. Nº 369 del Libro “B” de Propiedad en fecha 20 de febrero de 1989 sobre el que los actores mantienen registrado su derecho propietario sucesorio a fs. y Ptda. 1888 de 15 de mayo de 1998.

Deducida la apelación tanto por el demandado como por los demandantes, éstas fueron remitidas ante instancia competente, habiendo la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 127/2012 de 3 de septiembre 2012 confirmado la Sentencia apelada por ambas partes.


En conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que al presente se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:


HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma:

En virtud a lo previsto en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, acusa que la Sentencia dictada por el A quo así como el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Segunda Instancia, otorgaron más de lo pedido al persistir el ilegal reconocimiento de la condición de hijo al demandado y la consiguiente declaración de copropietario en acciones y derechos sobre el bien inmueble motivo de la litis; toda vez que ni en la demanda ni en la reconvención se demandó la declaración o el reconocimiento de la calidad de copropietario del demandado Mario Castro Grágeda, vulnerando de esta manera lo previsto en el art. 190 del adjetivo civil en la que claramente se señala que la Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia y recaerá sobre las cosas litigadas en la manera que hubieren sido demandados; sin embargo en el caso de Autos, si bien la Sentencia dejó sin efectos los documentos privados suscritos el 19 de diciembre de 1990, lo cual era uno de los objetivos de la demanda, empero en ninguna parte de ella ni de la reconvencional y menos en el Auto de relación procesal se determinó declarar y/o reconocer la calidad de hijo del demandado y menos cuando en obrados consta que es hermano de la extinta Simona Castro Grágeda, según se tiene demostrado de la documental de fs. 346 a 350, fs. 353 y fs. 112-113.

Por lo anterior, solicita al Tribunal Supremo que declare la nulidad parcial de la Resolución de alzada, en lo que refiere al reconocimiento de la condición de hijo y la consiguiente declaración de copropiedad en acciones y derechos respecto del inmueble en litigio.

En el Fondo:

Acusa que el Ad quem ha incurrido en la causal de casación prevista en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, porque no ha realizado una prolija valoración de la prueba documental cursante de fs. 346 a 350, 353, 355, 112 a 113 centrándose en sustentar la decisión de que Mario Castro Grágeda fuera hijo de la madre de los recurrentes, en base al certificado de defunción como si fuera la única prueba adjuntada al proceso y no tomar en cuenta la saliente a fs. 112 a 113 (confesión provocada) donde en la séptima pregunta el propio demandado responde que es tío de los demandantes; en virtud a ello el Tribunal de Alzada señaló que no es posible desconocer la calidad de hijo del demandado, al no haber sido demandado dicho aspecto y menos existe Sentencia ejecutoriada acorde a lo dispuesto por el art. 546 del Código Civil, extralimitándose el de Alzada con la decisión de ratificar y confirmar la condición de copropietario en acciones y derechos al demandado Mario Castro Grágeda.

Por otra parte, señalan que al confirmar la Sentencia, han vulnerado lo dispuesto por el art. 1094 parágrafo I del Código Civil, toda vez que al reconocer la calidad de heredero del demandado que es tío de los demandantes, obliga a que se convierta en copropietario del inmueble que por sucesión les corresponde únicamente a los dos.

Por lo que solicita al Tribunal Supremo case en forma parcial el Auto de Vista impugnado en lo atinente al reconocimiento de la condición de hijo al demandado y la declaración de copropietario en acciones y derecho sobre el inmueble de Valle Hermoso.


CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Habiéndose planteado el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, con carácter previo nos referiremos al recurso de casación en la forma, porque de ser evidente la acusación señalada, ya no se ingresaría a considerar el fondo del recurso.

Del recurso de casación en la forma:

Habiéndose impetrado la nulidad parcial de la Resolución de alzada, con carácter previo debemos referirnos a los principios que rigen las nulidades procesales a los efectos evidenciar si lo acusado merece la nulidad impetrada.  En ese sentido, diremos que:

Por el principio de especificidad, un acto procesal es declarado nulo, siempre que se haya practicado dentro del proceso contraviniendo la normatividad que regula dicho acto, en la misma que se establece la nulidad para el caso en que se produzca un alejamiento de la norma prevista para tal efecto; por lo que no existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca.

A través del principio de trascendencia, conocemos que todos los actos procesales tienen una finalidad u orientación, constituyendo en el desarrollo del proceso una secuencia ordenada, sucesiva y sistematizada  de actos procesales conducente a un objetivo y cuya formalidad y secuencia no se establecen por simple tradición jurídica, sino a los efectos de otorgar a las partes en litigio la debida garantía de sus derechos, especialmente en lo que respecta al debido proceso. Ahora bien, tanto la doctrina y la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación con la que se comparte criterio, han señalado que no hay nulidad sin perjuicio, en tal razón, carece de sentido si no tiene por objeto lograr una determinada finalidad; es decir que se restablezca el orden público; debiendo tomar en cuenta en función de este principio que no todo vicio que se acusa reviste de relevancia jurídica, consiguientemente si no es verdaderamente importante, carece de sentido la nulidad.  A ello Enrique Véscovi nos ilustra indicando que la violación formal debe trascender a la violación de los derechos de las partes (o de una parte) y Couture nos enseña que sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, aun aquellos que no provocan perjuicio alguno.

Finalmente, acudiendo al principio de convalidación, diremos que si la parte perjudicada o la que es afectada por el acto jurídico defectuoso o viciado de nulidad, no observa o impugna dicha determinación jurisdiccional, éste se convalida no existiendo posibilidad de reclamo posterior en apego a otro de los principios de la nulidad como es el de preclusión.

En el caso que se analiza, y de la revisión de antecedentes, se puede advertir que:

1.- Marina Castro y José Wilfredo Castro mediante memorial de fs. 23 a 25 vlta., demandan la nulidad de los documentos privados suscritos en fecha 19 de diciembre de 1990, el primero por el que la madre de los demandantes Simona Castro Grágeda transfirió el inmueble de 477,40 m² ubicado en la zona de Valle Hermoso a favor de Mario Castro Grágeda, por la suma de Bs.500.- (fs.43) y el segundo documento de la misma fecha en el que tanto Simona Castro Grágeda Vda. De Fernández y Mario Castro Grágeda señalando que el precio de la venta del inmueble en Bs.500.- es ficto, afirmando ambos que se reajusta el mismo a $us.9.500.- suma de dinero que se habría cancelado a la vendedora (fs.44).  Petición de nulidad de dichos documentos en base a que en los mismos existe alteración en la identidad de la persona transfiriente, por estar falsificadas las firmas y rúbricas de la transfiriente y porque dichos documentos en su conjunto no reúnen las condiciones de instrumento público legal.  Asimismo impetran la conservación definitiva del derecho posesorio sobre el inmueble de Valle Hermoso que es de su propiedad por sucesión, así como la acción negatoria por la que se declarará de manera expresa la negación de derechos reales y/o patrimoniales en favor de Mario Castro Grágeda, también pidieron el cese de perturbaciones y molestias y el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.

2.- Una vez citado el demandado, mediante memorial de fs. 60 a 62 contesta en forma negativa la demanda y reconviene por mejor derecho propietario, reivindicación, pago de daños y perjuicios y nulidad del derecho propietario de los demandantes. 

3.- Por Auto de fs. 74 vlta. El Juez de la causa dicta Auto de relación procesal, calificando el proceso como ordinario de hecho, abriendo plazo probatorio de 50 días y fijando los puntos de hecho a probar, tanto por los demandantes como por el demandado, no figurando en ninguno de ellos que se acredite la calidad de hermano que tiene Mario Castro Grágeda respecto a los demandantes y que se le reconozca la calidad de heredero forzoso de Simona Castro Grágeda a los efectos de constituirse el mismo en copropietario del inmueble motivo de la litis.

Por lo numerales antes detallados se advierte que tanto el A quo como el Ad quem han introducido en el desarrollo de sus Resoluciones y en el decisorio  aspectos que no fueron demandados ni reconvenidos; es decir no fue introducido como pretensión de las partes, de tal manera que resulta ajeno a la relación procesal.

Asimismo, diremos que, si bien es cierto que del certificado de defunción que cursa a fs. 5 de obrados se advierte que Mario Castro Grágeda fue la persona que pidió la inscripción de la defunción como hijo de la fallecida Simona Castro Grágeda, aspecto que se corrobora en la siguiente casilla en la que se detallan a los nombres de los hijos indicando:  “Mario 36 años, Marina 25 años, José Wilfredo 21 años”; no es menos evidente que en obrados cursa la confesión provocada de fs. 112.113 en la que afirma la demandante que Mario Castro Grágeda es su tío, aspecto que coincide con el apellido paterno y materno que éste último lleva con relación a la difunta Simona Castro Grágeda Vda. De Fernández.  Por otra parte, si bien en las declaraciones testificales de descargo en el numeral tres de manera uniforme y conteste los testigos aseveran que el inmueble en litigio fue adquirido por Mario Castro Grágeda de su madre Simona Castro, manifestaciones testificales que hacen ver que el demandado fuera hermano de los demandantes; es también evidente que una vez interpuesta la demanda ni los actores ni el demandado a tiempo de reconvenir hicieron alusión a su grado de parentesco, tampoco fue motivo de litis el hecho de que al fallecimiento de Simona Castro Grágeda le correspondería la sucesión hereditaria; al respecto habrá que tomar en cuenta que conforme señala el art. 1019 parágrafo II del Código Civil, la aceptación y renuncia de la herencia es un derecho individual y en consecuencia cada uno de los herederos ejerce su derecho separadamente y por su parte; por lo que los Tribunales de instancia por más de haber advertido que el demandado es hijo de la fallecida Simona Castro Grágeda no podían atribuirle la aceptación de la herencia que él en su momento no tomó decisión individual conforme a su conveniencia de aceptar o rechazar la misma, obligándolo a que acepte a través de la Sentencia emitida, por lo que los de instancia al margen de fallar sobre algo no pedido se atribuyeron la aceptación de la herencia por parte de Mario Castro Grágeda y los efectos que ello genera; por lo que tanto el A quo como el Tribunal de Segunda instancia actuaron fuera del marco normativo descrito por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y otorgando más de lo pedido (ultra petita), correspondiendo se anule obrados hasta fs. 332 inclusive.

Por lo anterior, corresponde a este Tribunal resolver de la forma prevista en el art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados con reposición hasta fs. 332 inclusive, correspondiendo que se emita nueva Sentencia dentro el marco de lo previsto en el art. 190 del adjetivo civil.

Sin multa por ser excusable.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán