TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

      SALA CIVIL

Auto Supremo: 85/2013

Sucre: 4 de Marzo 2013

Expediente: O 33 12 - S

Partes: Fermín Colque Choque  y Otra. c/ Bernardina Quiroz Saavedra.  

                                                     

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 112 a 113 y vlta. interpuesto por Fermín Colque Choque y Francisca Cena Ajhacho de Colque, contra el Auto de Vista-Resolución Nº 122/2012 de fecha 28 de septiembre de 2012 cursante de fs. 98 a 101 y vlta. pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de usucapión decenal u extraordinaria seguido por los recurrentes contra Bernardina Quiroz Saavedra; sin contestación; el Auto de concesión Nº 102/12 de fs. 127, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Fermín Colque Choque y Francisca Cena Ajhuacho de Colque, de fs. 19 a 20 interponen demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria contra Bernardina Quiroz Saavedra con respecto al inmueble de 120.98 m2., ubicado en Av. Arce zona Jalaquery de la localidad de Huanuni Prov. Pantaleón Dalence del Dpto. de Oruro, indicando que son legítimos propietarios de dicho inmueble y que lo adquirieron a título de compra venta de Bernardina Quiroz Saavedra en fecha 22 de marzo de 1991 (documento protocolizado por orden judicial y sin registro en Derechos Reales) y que en dicho inmueble, construyeron una vivienda familiar y realizaron mejoras, cancelando servicios básicos y pago de impuestos, poseyendo el mismo a título de dueños de forma pacífica y continuada por más de 19 años; pidiendo la citación de la demanda por edictos y con conocimiento del Gobierno Municipal de Huanuni.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Mixto de la localidad de Huanuni, mediante Sentencia - Resolución Nº 05/2012 de fecha 12 de enero de 2012 cursante a fs. 68 y vlta., declaró probada la demanda, reconociendo como únicos propietarios a los demandantes respecto al referido inmueble, disponiendo en ejecución de Sentencia la subscripción de la minuta correspondiente en favor de los mismos para su posterior Registro en Derechos Reales.

El Gobierno Municipal de Huanuni apersonándose al proceso interpone recurso de apelación contra la Sentencia Nº 05/2012 de fecha 12 de enero, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista Resolución Nº 122/2012 de 28 de septiembre, cursante de fs. 98 a 101 y vlta., el Tribunal de Alzada revoca la Sentencia recurrida, sin costas; en contra de esta Resolución de segunda instancia los demandantes interponen recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes interponen recurso de casación en el fondo sin especificar de manera precisa las causales previstas en el art. 253 del Código de  Procedimiento Civil de cuyo contenido se puede resumir como argumentos lo siguiente:

Indican que el Tribunal de Alzada ha interpretado en forma incorrecta los arts. 138 con relación al art. 110 ambos del Código Civil, ya que sus personas son poseedores del inmueble por más de 19 años de buena fe y con justo título.

Refieren que han probado de manera fehaciente como el Testimonio de propiedad Nº 386/91 de fecha 03 de diciembre de 1991, la posesión del inmueble por más de 19 años en forma continua, pacífica y pública, afirmando que el inmueble no tiene antecedente dominial.

Que, han cumplido con el art. 87 del Código Civil en toda su magnitud, es decir con el corpus y el ánimus porque poseen el inmueble en forma corporal con ánimo de conservarlo para sí.

Que, han demostrado y comprobado su demanda de usucapión en toda su integridad con las pruebas que cursan en el proceso, citando para el efecto jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia.   

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Máximo Tribunal de Justicia revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, el mismo que puede ser planteado en la forma,   en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado también error “in procedendo”, su finalidad es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas expresamente con nulidad por la ley; en tanto que el recurso de casación en el fondo o “error in judicando”, procede por errores en la Resolución del fondo del litigio y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba.

En cada caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del adjetivo Civil respectivamente y cumplir de manera inexcusable el mandato del artículo 258 num. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente. 

En el caso que se analiza, los recurrentes refieren que el Tribunal de Alzada ha interpretado de manera incorrecta los arts. 138 con relación al art. 110 ambos del Código Civil, ya que sus personas serían los poseedores del inmueble por más de 19 años en forma continua, pública, pacífica de buena fe, con justo título y haber demostrado de manera fehaciente la posesión; el referido art. 138 de la Ley sustantiva de la materia establece que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años; en el caso de Autos, los recurrentes si bien presentaron el Testimonio Nº 386 de fecha 03 de diciembre de 1991 protocolizado por orden judicial que cursa de fs. 2 a 4, del cual consta que los recurrentes adquirieron de Bernardina Quiroz Saavedra a título de compra un inmueble de 80 mts2. ubicado en la zona Jalaquery, Avenida Arce de la localidad de Huanuni del Departamento de Oruro; sin embargo, es preciso aclarar que la pretensión deducida por los actores, no está orientada en el marco de la aprehensión del art. 26 del D.S. 27957 respecto a la posibilidad de legitimar el derecho y adquirir la propiedad por usucapión, entratándose de inmuebles que no cuenten con antecedente dominial de registro; en consecuencia lo demandado por los actores se circunscribe de manera expresa a la previsión del art. 138 del Código Civil; es decir, a la posibilidad de adquirir el derecho propietario del inmueble en litigio por usucapión, prescindiendo del título traslativo que alegan tener.  Siendo así, los demandantes se encontraban en la obligación de acreditar los requisitos que hacen a la procedencia de esa forma de adquirir la propiedad.

La posesión como tal es el poder de hecho ejercido sobre la cosa, y según la doctrina y la uniforme jurisprudencia se exige que esa posesión sea real, continuada, pública, pacífica y sobre todo con el ánimo de ser verdadero dueño del bien inmueble durante el tiempo que exige la ley, lo que equivale demostrar de manera indiscutible no solo las mejoras introducidas en el mismo, sino también los demás elementos que se señalan; en el caso de Autos no se acredita de manera fehaciente que los demandantes hubieran estado en posesión en la forma señalada y por el tiempo que exige la ley sobre el inmueble que pretenden usucapir, ya que no se ha demostrado a plenitud que las mejoras que se indican, como ser la construcción de viviendas hubieran sido realmente efectuadas por los demandantes o si las mismas ya se encontraban construidas de manera anterior a su posesión que indican, habida cuenta que el documento de compra-venta de fs. 2 a 4 simplemente hace referencia a un “bien inmueble” y no especifica si se trataba de terreno o tenía construcciones y los testigos no indican en concreto que mejoras hubieran introducido los demandantes; en todo caso si realizaron construcciones se debió acreditar esa situación en particular con alguna prueba específica.

Si bien de fs. 7 a 10 cursan pago de impuestos, estos corresponden desde la gestión del 2004 al 2007; el hecho de que se haya cancelado los impuestos por las gestiones desde el 2004 al 2007, de ninguna manera demuestra que los demandantes hubieren estado en posesión del inmueble por el plazo de 10 años previsto por ley; en ese mismo sentido los pagos por servicios básicos de energía eléctrica y agua potable que cursan de fs. 11 a 16 corresponden desde la gestión 2009, pruebas que en todo caso hacen ver que los demandantes no estuvieron en posesión del inmueble por el término previsto en el art. 138 del Código Civil.

Con respecto, al argumento de la prescripción del pago de impuestos del inmueble por las gestiones anteriores al 2004 que refieren los recurrentes; este aspecto no se trata de que se haga efectivo o no dicho pago, tampoco es la instancia para exigir el cumplimiento de esa obligación; empero tratándose de inmuebles urbanos, a través del pago de impuestos también se puede demostrar la posesión sobre los mismos, habida cuenta que se trata de una obligación legal; el no hacerlo significa que su titular y/o poseedor la abandona y consecuentemente no se encuentra acreditada la posesión alegada por el término de 10 años que exige el art. 138 del Código Civil.  En ese sentido, siendo que la carga de la prueba incumbe al actor, bien pudo adjuntar los comprobantes de pago de impuestos de gestiones anteriores al 2004, a efectos precisamente, de demostrar el tiempo de posesión que alega en su demanda.

Al margen de lo indicado, en la usucapión intentada por los recurrentes se debió haber cumplido con otros requisitos como es el de acreditar a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble en Derechos Reales y dirigir la demanda contra ese propietario registral para efectos de establecer la calidad de sujeto pasivo de la acción; al respecto la uniforme jurisprudencia tanto de la ex Corte Suprema como por el actual Tribunal Supremo de Justicia han establecido que la usucapión al ser una de las formas de adquirir la propiedad, una vez declarada judicialmente, produce un doble efecto, adquisitivo para el que logra la usucapión y extintivo para la persona que pierde el derecho de propiedad del inmueble, razón por la cual es indispensable que el actor dirija la demanda contra la persona a nombre de quien se encuentra registrado en Derechos Reales como titular del bien inmueble que se pretende usucapir, sin que esto sea limitante para hacer conocer la demanda a terceras personas que puedan tener algún derecho que reclamar, debiendo en todo caso el demandante adjuntar a la demanda como requisito indispensable la certificación de Derechos Reales que acredite quien es el último titular registral del inmueble y de esta manera el propietario pueda tener la calidad de SUJETO PASIVO frente al sujeto activo, solo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto; en el caso presente la Sentencia de fs. 68 y vlta.,  no establece contra quien se produce el efecto extintivo del derecho respecto al inmueble objeto de usucapión; motivo por el cual el Tribunal de Alzada, ha razonado correctamente en cuyo mérito entre otros fundamente asumió la decisión de revocar la Sentencia de primera instancia, sin que ello suponga que los actores se vean imposibilitados de regularizar el derecho de propiedad que alegan por las vías que el derecho les reconoce.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los  arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Fermín Colque Choque y Francisca Cena Ajhuacho de Colque contra el Auto de Vista Nº 122/2012 de fecha 28 de septiembre 2012 cursante de fs. 98 a 101 y vlta. Sin costas al no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.