TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A     C I V I L

Auto Supremo: 84/2013

Sucre, 04 de marzo 2013        

Expediente: SC-02-13-S

Partes: José Francisco Lazo Fernández   c/ Marilda Costa de Salazar.

Proceso: Venta Forzosa de inmueble división y partición del producto de la subasta.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 223 a 224 y vlta. de obrados interpuesto por Soraya Salazar Costa en representación de Marilda Costa de Salazar contra el Auto de Vista Nº 125/2012 de fecha 31 de agosto 2012, cursante de fs. 216 a 217 pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de venta forzosa de inmueble y división y partición del producto de la subasta seguido por Adhemar Alpire Pérez en representación de José Francisco Lazo Fernández en contra de Marilda Costa de Salazar, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia Nº 18/2012 de 15 de enero 2012 cursante de fs. 193 a 194 de obrados, el Juez doceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, declaró probada la demanda de venta del inmueble ubicado en la Zona Sud Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Unidad Vecinal Nº 52, Manzana Nro. 1, Lote Nº 18, del que fuera propietario del 50% el Sr. José Francisco Lazo Fernández y el otro 50% la demandada Marilda Costa de Salazar, disponiendo además que en ejecución de Sentencia se proceda al avalúo del inmueble objeto del litigo para proceder a subasta pública y con el producto del remate se entregue el monto de dinero a ambos propietarios en partes iguales.

Deducida la apelación por la demandada a través de su apoderada Soraya Salazar Costa, ésta fue remitida ante el Tribunal de Segunda instancia, oportunidad en la que mediante Auto de Vista Nº 125/2012 de 31 de agosto 2012 cursante de fs. 216 a 217, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, confirmó la Sentencia apelada en todas sus partes.

En conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem, la demandante a través de su apoderada interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:


HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Señala que se ha violado el art. 56 de la Constitución Política del Estado, como es el derecho a la propiedad, en razón a que se pretende subastar y rematar el inmueble y partirse el producto de la subasta en partes iguales, sin considerar el derecho propietario de su mandante, mas aún sin haber considerado que la demandante no es deudora del Sr. José Francisco Lazo Fernández y la venta forzosa sólo procede en caso de deuda conforme establece el art. 1470 del Código Civil y en este caso al no existir ninguna deuda que pagar al demandante no puede procederse con la subasta y remate del inmueble de su mandante.

Por otra parte, señala que el Ad quem no ha analizado el fondo y la forma del problema suscitado, mucho menos se ha valorado la prueba de descargo ofrecida, como ser la confesión provocada, testificales y documentales, inspección ocular del inmueble a través de los que se ha demostrado las mejoras introducidas en el bien motivo de la litis, por lo que no podría distribuir en partes iguales el producto cuando al demandante sólo le corresponde la suma de $US.19.402,20, monto que canceló una vez que se adjudicó el 50% del inmueble.

Finalmente, solicita que el Tribunal Supremo que deliberando en el fondo y en la forma dicte nueva Resolución casando el Auto de Vista o anulando obrados en razón de que su poderdante no puede perder su patrimonio con la partición del dinero en partes iguales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Sobre la acusación de haberse violado el art. 56 de la Constitución Política del Estado, si bien esta norma señala que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual, también señala que éste derecho puede ser no solamente individual sino también colectivo.  En el caso que nos ocupa y de acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados José Francisco Lazo Fernández inició demanda de laboral en contra de Oscar Salazar Álvarez (esposo de la demandada); en dicho proceso se adjudicó el 50% en lo pro-indiviso del bien inmueble ubicado en la Zona Sud-Oeste, U.V. 52, Manzana Nº 01, Lote Nº 18, vivienda Nº 10-B del Condominio “Turubó”, ubicado en el Tercer anillo externo o Av. Mario Gutiérrez entre Radial Castilla y Calle Barcelona, Barrio residencial “Las Palmas”, cuya superficie cuenta con 345,84 m², habiéndose inscrito dicha adjudicación bajo la Mat. Nº 7.01.1.99.0040124 de 28 de octubre 2006.  De lo que se infiere que dicho inmueble es de propiedad en un 50% de José Francisco Lazo Fernández y el otro 50% corresponde a la demandada Marilda Costa de Salazar, conforme consta en Testimonio Nº 1453/2006 de 25 de octubre 2006 por el que el Juzgado Primero de Trabajo y Seguridad Social adjudica el 50% del inmueble antes descrito a favor de José Francisco Lazo Fernández, cursante de fs. 5 a 19 y el Testimonio Nº 1455/2006 de 26 de octubre 2006, en la que se realiza aclarativa de adjudicación respecto a los datos técnicos de numeración del inmueble adjudicado, cursante de fs. 20 a 22 de obrados.

Que, el art. 167 del Código Civil, prevé que nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada copropietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, al respecto; el Dr. Carlos Morales Guillen en su Libro Código Civil Concordado y Anota, señala que: “Sería una tiranía legal declarar sujeto permanente al copropietario a la férrea subordinación de la comunidad.  La regla del artículo, por eso, no podía faltar para dar al comunero la posibilidad de salir de ella siempre que lo estime conveniente, mediante la división de la cosa común”. Es así que el actor a través de la presente, demanda la venta forzosa del inmueble a efectos de que el producto sea dividido y se entregue a cada uno de los copropietarios el 50% de dicha venta, toda vez que el inmueble físicamente no puede ser dividido, así se tiene de la certificación que cursa a fs. 141 de obrados en la que de manera clara el Jefe de la Sección de uso de suelo del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, certifica que:  “…de acuerdo al art. 231 del Código de Urbanismo y Obras en vigencia, se permite la sub-división de los lotes siempre y cuando queden con un frente mínimo de 6.00 m y una superficie de 150 m², en caso de encontrarse en esquina el frente mínimo será de 10 m y la superficie mínima de 250 m², en consecuencia el lote de terreno ubicado en la zona Sud Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Unidad Vecinal Nº 52, Manzana Nº 1, Lote Nº 18, no puede ser sub-dividido en dos lotes, ya que no cumpliría con la normativa antes descrita(El subrayado es nuestro).

Por lo anterior y al manifestar el mismo art. 56 de la Constitución Política del Estado que toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva como es el caso presente, en momento alguno ni el A quo ni el Ad quem han violado dicha normativa en contra de la demandada, habiéndose ambas instancias sujetado a lo que señala el art. 167 del Código Civil.

Ahora, respecto a que dicha venta forzosa del inmueble no corresponde porque la demandada no adeuda nada al actor y que conforme el art. 1470 del Código Civil, solo podría procederse a la venta forzosa de bienes pertenecientes al deudor; ésta figura legal no corresponde en el sub lite, toda vez que es evidente que Marilda Costa de Salazar no adeuda nada al actor; sino que su esposo Oscar Salazar Álvarez al ser vencido en proceso laboral por José Francisco Lazo Fernández, éste último se adjudicó el 50% del bien inmueble motivo de la litis, de lo que una vez más se concluye que dicho inmueble ahora pertenece a dos copropietarios como son tanto el actor como la demandada y que sencillamente por la extensión superficial técnica y físicamente no puede ser dividido, por lo  que los de instancia al ordenar la subasta pública y posterior entrega del producto en partes iguales, en apego a lo previsto en el art. 170 del Código Civil, no han infringido normativa alguna, al contrario han valorado y apreciado conforme a ley la prueba presentada para determinar  lo que por ley corresponde respecto de la pretensión del demandante.

Finalmente, con relación a la posible causa de nulidad prevista en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, cuando la recurrente señala que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, no consideró su petición de respetar su derecho de propiedad y que se había omitido valorar su prueba de descargo, diremos que los de instancia consideraron no solamente la prueba de cargo del actor, sino también el de la demandante quien equivoca al manifestar que no se ha considerado la misma, al contrario lo que la recurrente pretende es hacer ver que se está intentando afectar su patrimonio al disponer la venta del inmueble motivo de la litis en subasta pública y dividir el producto en un 50% a cada uno, cuando en dicho inmueble desde la adquisición que efectuó José Francisco Lazo se hicieron mejoras, aspectos que son manifestados en sus descargos y que al demandante solo le correspondería la suma de $us.19.402,20, monto que canceló cuando se adjudicó el 50% del inmueble dentro la fenecida demanda laboral.  Asimismo, habrá que manifestar y dejar claramente establecido que si bien el demandante canceló dicha suma por la adquisición del 50% del inmueble en lo pro-indiviso el año 2006, al presente él tiene derecho propietario sobre dicho 50% del inmueble, siendo el art. 170 del Código Civil lo bastante preciso al señalar que ante la imposibilidad de la división de la cosa común o cuando su fraccionamiento se encuentra prohibido por ley o disposiciones administrativas, como es el caso según la literal de fs. 139 y 140, se dispone su venta y distribución del precio en partes iguales entre los co propietarios, por lo que en momento alguno se afectará el patrimonio de la demandante a quien corresponde conforme se acredita de fs. 1 sólo el 50% del producto de la venta.  En todo caso si la recurrente alega haber realizado mejoras en el inmueble cuyo importe fue cubierto en forma exclusiva por ella, le correspondía demostrar en el proceso lo aseverado en ese sentido, es decir que, a partir de la fecha en la que José Francisco Lazo F. se adjudicó el 50% del inmueble, la demandada realizó a su cargo mejoras en el inmueble y el importe de éstas a efectos de que el valor de estas le sea reconocido; sin embargo en antecedentes no cursa prueba que acrediten esos aspectos, habiéndose la demandada limitado a producir prueba testifical y presentar un muestrario fotográfico del inmueble que de ninguna manera prueba lo aseverado.

Por lo anteriormente expuesto y al no existir causales que motiven la casación   ni la nulidad como solicita la recurrente, corresponde a este Tribunal resolver de la forma prevista en el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Soraya Salazar Costa en representación de Marilda Costa de Salazar contra el Auto de Vista Nº 125/2012 de fecha 31 de agosto 2012, cursante de fs. 216 a 217 pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán