TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

            SALA CIVIL

Auto Supremo: 82/2013

Sucre: 04 de marzo 2013

Expediente: LP 148 12 S

Partes: Lauriano Hilari Chiri y Celia Apaza Mamani  c/ Tomasa Arratia Siñani y Antonio Mamani Ticona.

Proceso: Acción Negatoria y Acción Reivindicatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fondo y de forma de fs. 198 a 200 vlta de obrados, interpuesto por Tomasa Arratia Siñani, contra el Auto de Vista Nro. 281/2012 de fs. 195 a 196 vlta, de  fecha 03 de agosto de 2.012, pronunciada por la Sala Civil Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia  de La Paz, en el proceso ordinario de Acción Negatoria y Reivindicatoria,  seguido por Laureano Hilari Chiri y Celia Apaza Mamani contra Tomasa Arratia Siñani y Antonio Mamani Ticona, el Auto de concesión de fs. 220, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, el 20 de septiembre de 2011, pronunció Sentencia,  Resolución Nº 313/2011, cursante de fs. 159 a 161 vlta, donde se declaró Probada la demanda de fs. 18 a 20 de obrados, subsanada a fs. 22 vlta; Improbada la demanda reconvencional, en consecuencia se declaró inexistente cualquier derecho de propiedad que pueda pretender el demandado sobre el bien inmueble signado con el Nro. 11, Manzano 1, ubicado en la Urbanización “San Antonio”, con una superficie de 237,50 mts2, donde reconoce como legítimos propietarios a Lauriano Hilari Chiri y Celia Apaza Mamani, por dicho motivo concedió a los demandados 10 días para restituir dicho bien inmueble.

Contra esa Resolución de primera instancia la demandada, interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia  de La Paz, el 03 de agosto de 2012 pronunció Auto de Vista, el cual Confirmó la Sentencia.

Contra esa Resolución de Alzada la demandada Tomasa Arratia Siñani, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso  de Casación de Fondo:

Acusó interpretación errónea del art. 87 del Código Civil, indicando que la posesión de la cuidadora lo realiza no por cuenta propia sino por cuenta ajena y que la recurrente cuenta con una posesión de 15 años efectuándose un defectuoso computo del tiempo para la procedencia de la usucapión.

Indicó también que existe contradicción en la Sentencia del A quo en virtud de que en el considerando III se señala que las actas de declaraciones testificales se evidencia que desde 1992 cuenta con la titularidad de la posesión, hecho que contradictoriamente en la parte Resolutiva se determina que solo cuenta con 3 años de posesión, consideración que no fue objeto de análisis por el Tribunal de Alzada.

Por otro lado, acusó como error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, en dicho sentido indicó que el punto 8 del considerando III el Juez A quo describe incorrectamente a la Escritura Pública Nro. 2417/1998 como documento publico de transferencia a favor de la Junta de Vecinos de la zona, documento que expresa la transferencia a favor de la recurrente por intermedio del Sr. Teófilo Lucana Chambi representante vecinal de la zona.

Continuó indicando que en el punto 9 del Considerando III se describe de manera superficial e imprecisa el pago de los impuestos municipales y que incuestionablemente dicho elemento probatorio refleja que desde la gestión 1998 hasta la del año 2009 fueron cancelados por la recurrente, demostrándose el ánimus possidendi.

De la misma forma indicó que en el punto 12 del Considerando III el Juez A quo no toma en cuenta la prueba de fs. 47, donde cursa una certificación emitida por la junta de vecinos que reconocen a la recurrente como propietaria y vecina del inmueble desde la gestión 1992 hasta el año 2007, aspecto no valorado en ambas instancias al igual que la factura de luz de fs. 48.

Indicó que el Juez A quo en los puntos 14, 15,  y 16 del Considerando III describe incorrectamente pruebas presentadas por la parte demandante, como la tarjeta de Registro de Propiedad de fs. 74, la Escritura Pública de fs. 75 y 76, documentos que pertenecen a otro inmueble y a nombre de otras personas ajenas al proceso.

Por otro lado indicó que el Juez A quo incurre en error al indicar que la propiedad no cuenta con muralla perimetral, aspecto desmentido por la misma descripción que realiza el abogado patrocinante de los actores a la nueva construcción, respaldado también por las fotografías de fs. 108 donde se demuestra el muro de adobe. Acusó también que los testigos de la parte contraria realizaron declaraciones que no corresponde a la verdad aspecto desvirtuado por la declaración de sus testigos. 

Por ultimo indicó que el Juez de instancia reconoció que los testigos propuestos por su parte confirmaron que conocen a la recurrente y que ella ocupa y vive en el inmueble desde el año 1992, y este hecho fue simplemente ignorado por el Juez.

Recurso de casación en la forma:

Acusó de no existir pronunciamiento respecto a pretensión deducida y reclamada oportunamente, indicando que la prueba presentada de fs. 74 a 82 fueron admitidas y tomadas en cuenta por el Juez A quo vulnerándose lo dispuesto por los arts. 330 y 331 del Código de Procedimiento Civil, prueba que no fue presentado previo juramento de ley, procedimiento no cumplido al igual de no haberse corrido en traslado dicha prueba presentada.

En su petición solicitó que el Tribunal Supremo dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y se declare probada la demanda reconvencional de Usucapión e improbada la demanda de reivindicación y acción negatoria y se proceda a la inscripción de la Sentencia en Derechos Reales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde a este Tribunal absolver en primer término las denuncias referidas a la forma, toda vez que de ser evidentes darían lugar a la nulidad de obrados lo que haría innecesario el pronunciamiento de fondo.

Establecido lo anterior y conforme a lo acusado en la forma en la vulneración a los arts. 330 y 331 del Código de Procedimiento Civil, corresponde precisar que las irregularidades en la tramitación del proceso deben ser oportunamente reclamadas por las partes en litigio y de no ser reclamadas en el momento oportuno éstas precluyen, principio del derecho procesal, en virtud de la cual, para que los actos procesales sean eficaces, han de realizarse en el momento procesal oportuno, careciendo de validez en otro caso; así lo establece el parágrafo II del art. 16 de la Ley del Órgano Judicial.

Por lo dicho lo reclamado con respecto a la admisión de las pruebas presentadas de fs. 74 a 82 que no fueron admitidas conforme a derecho como lo acusa la recurrente, ya fueron parte del proceso sin que en ese momento se  acuse de vicio u error por parte de la demandada y al no ser oportunamente reclamadas ha precluido su derecho de hacerlo ahora en casación por dicho motivo lo acusado en la forma deviene en infundado.  

Entrando al fondo de la litis y en estricto análisis de lo acusado por la recurrente, se tiene que resultan positivas las declaraciones testificales acusadas de fs. 116 a 123, donde reconocen que la demandada cuenta con una posesión de mas de diez años; de la misma forma se encuentra las certificaciones de la junta de vecinos de la zona, donde certifican que conocen a la demandada y que vive desde la gestión 1992, documentos acusados por la recurrente en virtud de considerar que éstos demuestran que ella cumple con todos los requisitos para adquirir la propiedad mediante usucapión, si bien estas pruebas respaldan la pretensión de la recurrente, en obrados también cursan otras que desvirtúan y más de apoyar su pretensión hace evidente que la recurrente nunca tuvo una posesión pacifica, consideración llegada en virtud a que la misma demandada es quien indica en varios de sus memoriales que ella compro dos lotes de terreno el lote Nº 11 que es objeto de la litis  y el lote  Nº 18, ambos adquiridos de Sixto Tarqui Aliaga y Maria Quenta de Tarqui en la gestión 1992, desde dicha fecha reconoce la misma demandada que los señores que le vendieron por problemas de terrenos y con el pretexto de viabilizar los trámites de saneamiento y registro de la División y Partición, en diciembre del año 1997, deciden transferir formalmente a sus dos hijos Heriberto Tarqui Quenta y Genara  Tarqui Kenta, varias hectáreas de terrenos, transferencia donde se encontraban los dos lotes de terreno mencionados; indica también que luego de reclamar a los nuevos propietarios, éstos se comprometieron a formalizar la transferencia a favor de la recurrente, luego de culminados los tramites de saneamiento, división y partición entre los nuevos propietarios, continuó indicando la recurrente que la obligaron a pagar nuevamente el precio de la venta a cambio de suscribir un nuevo contrato de transferencia y es así que en fecha 6 de julio de 1998 suscribieron un nuevo contrato de venta definitiva el cual se plasma en la Escritura Pública Nro. 2417/1998 que hace evidente que la recurrente adquirió dichos lotes de terreno y al ser así lo ocurrido cronológicamente desde el año 1992 hasta el año 1998 la parte recurrente, nunca poseyó el lote de terreno a titulo de dueño sino como simple detentadora que sabe quien es el dueño y procura obtener la titularidad mediante la compra y venta, siendo así su calidad la misma no era hábil para usucapir.

Por otro lado, se encuentra el acta de audiencia de confesión provocada de fs. 107, donde se corrobora lo indicado en el párrafo anterior, en virtud de tener que pagar el precio por la transferencia definitiva y como ella indica de manera textual “aumentar” $us. 100 por cada lote de terreno y que en su situación ella tenía que cancelar $us. 200 para regularizar los papeles de sus terrenos y aún así no se saneó los mismos en virtud de que la propietaria la señora Genara Tarqui Kenta siguió pidiendo que se le incremente el precio de los referidos lotes; en la misma declaración también confiesa la recurrente que no vive en el lote Nro. 11 y que mas bien vive en Villa Tunari, sector muy distinto de donde se encuentra el lote objeto de la litis.

Continuando con los actos que demuestran que ella nunca actuó como dueña del mencionado lote de terreno signado con el Nro. 11 mucho menos tuvo una pacifica posesión,  se encuentran las literales de fs. 131 a 138, donde cursa como prueba presentada por la recurrente una querella y acusación particular que inicia Ramiro Ladislao Quispe Quispe en representación de Renato Ramos Rojas y Victoria Carrillo de Ramos, acusando a la recurrente de despojo y perturbación de posesión del mismo lote de terreno que ahora es objeto de la litis, querella de 30 de agosto de 2007; si bien es evidente que estos retiraron la querella y acusación lo hicieron como la misma recurrente indica por que le devolvieron vía transferencia simulada el derecho propietario a Genara Tarqui Kenta, quien nuevamente hubiese transferido el mismo terreno a los actuales demandantes.  Todos estos antecedentes más de probar la usucapión pretendida hacen suponer que la recurrente nunca contó con una pacífica posesión, nunca actuó como dueña del lote de terreno signado con el Nro. 11, requisitos sin los cuales no puede proceder la usucapión.

Otro aspecto que también fue analizado por el Juez A quo es lo que justamente acusa en el recurso de casación la parte recurrente con respecto a la no valoración de los impuestos que ha criterio de la parte demuestran que contaban con la posesión desde el año 1998 hasta el año 2009, aspecto totalmente falso en virtud de que si revisamos los impuestos acusados se evidencia que los mismos fueron cancelados recién a partir de la gestión 2006 y no así desde el año 1998 como pretenden hacer creer con dicha prueba, aspecto como indicamos fue correctamente analizado por el Juez inferior.

Por otro lado se cuentan como pruebas de cargo como la Escritura Pública Nro. 821/2009 donde se evidencia que los actores adquirieron su derecho propietario por compra y venta de  Genara Tarqui Kenta, los impuestos anuales de la gestión 2008 y 2009, cancelados el primero el 25 de enero de 2010 y el segundo el 15 de octubre de 2010, las declaraciones testificales de fs. 96, 99 y 102 que corroboran lo indicado en su demanda por los actores, pruebas que conforme lo establece el art. 397 del Código de Procedimiento Civil fueron objeto de valoración por el Juez de instancia y apreciadas conforme lo establece el art. 1286 del Código Civil.

En ese entendido concluiremos indicando que del análisis global de todas las pruebas aportadas en obrados no puede existir usucapión y los Tribunales de instancia interpretaron y aplicaron correctamente las normas venidas al caso, valoraron y analizaron correctamente las pruebas cursantes en obrados y no infringieron o vulneraron normal legal alguna.

Por lo indicado y por las razones expuestas este Tribunal concluye que no son fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 198 a 200 vlta de obrados, interpuesto por Tomasa Arratia Siñani, contra el Auto de Vista Nro. 281/2012 de fs. 195 a 196 vlta, de  fecha 03 de agosto de 2.012. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese

, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani