TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          

S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 76/2013

Sucre, 04 de marzo 2013   

Expediente: T-44-12-S

Partes: Eduardo Cuevas Pérez c/ Elina Cuevas Alvarado y otros

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria

Distrito:   Tarija


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 632 a 634 de obrados, interpuesto por Renán Andrade Salinas en representación de Jorge Cuevas Alvarado y Aida Candelaria Cuevas Alvarado, contra el Auto de Vista Nº 161/2012 de 16 de octubre 2012 cursante de fs. 622 a 628 de obrados, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguida por Eduardo Cuevas Pérez contra los recurrentes, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia Nº 90/2011 de 1 de septiembre 2011, cursante de fs. 520 a 523 vlta., el Juez Quinto de Partido en lo Civil de la Capital declaró probada la demanda incoada por Eduardo Cuevas Pérez, declarándolo propietario del inmueble de 9.689,07 mts.², ubicado en la zona de San Luís de la ciudad de Tarija, señalando que en ejecución de Sentencia se dispondrá la inscripción de este derecho propietario en Derechos Reales.  Así mismo, declaró improbada la demanda reconvencional de división y partición del bien inmueble sujeto a litigio y consiguiente reivindicación formulada por Aida Candelaria Cuevas Alvarado de Reyes. 

Deducida la apelación por los demandados Jorge y Aida Candelaria ambos Cuevas Alvarado, fue remitido dicho recurso ante instancia competente y conforme consta de fs. 622 a 628, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 161/2012 de 16 de octubre 2012, confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada.

En conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, los demandados, a través de su apoderado Renán Andrade Salinas interpusieron recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:


DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la forma:

1.- Acusa que el trámite de usucapión se desarrolló ante Tribunal incompetente, aspecto avalado por el Auto de Vista, ya que de acuerdo al informe presentado por la Dirección de Desarrollo Urbano, ahora Ordenamiento Territorial, que cursa de fs. 19 a 24, indica que el inmueble a usucapir no es área verde ni de equipamiento, informe que es incompleto, pues no indica si dicho terreno está dentro o fuera de la mancha urbana de la ciudad de Tarija, tampoco señala que es propiedad rural; sin embargo de los recibos de luz y agua presentados de fs. 1 y 2, especifica que el inmueble está ubicado en área rural, por consiguiente la forma de adquirir la propiedad de ese terreno rural se debió realizar conforme señala la Ley Nº 1715 modificada por ley 3545, vía saneamiento.  Frente a este escenario correspondía que el Tribunal de Alzada, previa revisión debió anular obrados hasta fs. 19 conforme dispone el art. 237 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil; sin embargo de contrario el Ad quem, afirma que el Juez de la causa tomó en cuenta los formularios de pago de impuestos anuales del bien donde se indica que el lote de terreno está emplazado en la zona 8, lo cual denota claramente que el bien es urbano; presunción que no puede avalar un vicio procedimental que afecta el fondo de la causa, por lo que solicita que en virtud del art. 252 del adjetivo civil se declare la nulidad de lo obrado, al ser lo denunciado de orden público.

2.- Afirma que la prueba testifical, pericial y de inspección han sido propuesta antes de la vigencia del término probatorio, vale decir fuera del plazo establecido por el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, como consta a fs. 410 en fecha 30 de diciembre 2009 se calificó el proceso, al tratarse de un plazo común a las partes, este comenzó a correr a partir del día hábil siguiente a la última notificación (art. 140 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil) y en el caso presente el demandante principal ofreció la prueba indicada el 3 de febrero 2010, cuando el término probatorio no estaba abierto y una vez que entró en vigencia el mismo tampoco fue ratificado, siendo inaceptable lo manifestado por el Tribunal de Alzada cuando señala que el plazo de 5 días es individual, haciendo cita del A.S. Nº 75 de 7 de abril 2005, afirmación que tiene consecuencias funestas en la administración de justicia, toda vez que va en contra del mandato del art. 140 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil; reiterando el recurrente que el término probatorio como el ofrecimiento de la prueba dentro de los 5 días establecido en el art. 370, 377 del Código de Procedimiento Civil, es común para las partes en litigio y no individual.

En el fondo:

1.- Señala que la propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efectos de los contratos, por sucesión mortis causa, por posesión de buena fe, y por otros modos establecidos en la ley; sin embargo al presente el demandante mediante prueba testifical producida, no probó la pretendida posesión de buena fe, pacífica, por el contrario de su parte, sus poder conferentes, probaron que el demandante de manera hostil no permitían ni permiten el ingreso de ellos al inmueble como copropietarios a titulo sucesorial; tampoco probó el actor estar en posesión por más de 10 años y al no haberlo hecho no se opera la usucapión.

Por lo antes mencionado, al existir en el proceso en su totalidad borrones, con foliaturas repetidas, hecho que dio lugar a confusión, pide que:  1) Se anule obrados hasta la demanda inclusive y 2) Se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda en todas sus partes.


CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Habiéndose presentado el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, con carácter previo nos avocaremos a analizar y resolver el recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidentes los agravios expuestos, ya no se ingresaría a considerar el recurso de casación en el fondo.

Del recurso de casación en la Forma:

1.- Con relación a la observación de la competencia del Juez, al haber sido tramitado el proceso ante Juez de Partido en lo Civil cuando se tenía certeza de que el inmueble en litigio se encontrara en área rural y que debió tramitarse por la vía del saneamiento, conforme la ley Nº 1715, al encontrarse el predio en área rural, debemos referir que:

Antes de señalar a lo acusado por los recurrentes a través de su apoderados, debemos puntualizar que para proceder a la nulidad de obrados, necesariamente se debe dar cumplimiento a los principios que rige la materia de nulidades, entre ellos al referido a la de especificidad, por el que en ningún caso podrá declararse la nulidad si ésta no estuviere prevista expresamente por ley; el de trascendencia, por el que no existe nulidad sin perjuicio, es decir que todo acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado y no ha causado perjuicio a las partes, especialmente en cuanto se refiere al debido proceso en su componente al derecho a la defensa; el de convalidación, referida a que todas las nulidades son convalidables por el consentimiento, ya sea en forma expresa o tácita, provocando la misma la preclusión de la facultad de pedir la anulación de algún acto procesal si éste no fue advertido por la parte en su momento.

Mencionado lo anterior y conforme la acusación efectuada por la parte demandada, señalaremos que el Juez A quo antes de admitir la demanda de usucapión intentada por el actor, mediante providencia de 18 de agosto 2007 solicita en primer término que el demandante acredite a través de certificación emitida por Derechos Reales, que los demandados son propietarios del inmueble que pretende usucapir; asimismo por providencia de 7 de septiembre 2007 de fs. 19 el A quo señala que conforme lo previsto en la Ley de Municipalidades, se notifique a la Dirección de Desarrollo urbano para que en base al plano que apareja el actor, informe si el inmueble afecta área de propiedad municipal; es así que mediante certificación de fs. 24 emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, es claro al manifestar que el predio en litigio no se encuentra sobre área verde ni de equipamiento, no constituyendo propiedad municipal y el hecho de que no señaló de manera específica si el mismo se encuentra en área urbana o rural, ha sido porque en su momento no fue solicitado por el Juez de la causa, pero no por omisión involuntaria o negligencia, sino porque hasta ese momento, el Juez de la causa advirtió por la documental presentada y la certificación de instancia edil emitida que el predio en litigio se encontraba ubicado en área urbana y no rural.

Al respecto una vez notificados con la demanda, era obligación de los demandados pronunciarse sobre la prueba documental con la que acompaño la demanda, en la que demostraban la condición de un predio urbano (comprobantes de pago de impuestos municipales) a efectos de contradecir lo que acreditaban en sentido de señalar que se trataba de un predio rural como recién manifiestan en su recurso de apelación y ahora en casación.  Por lo que la condición del inmueble no está en discusión y no puede alegarse la incompetencia del Juez.

Finalmente se aclara que la documental de fs. 1 a 2 en la que los recurrentes basan su reclamo, no constituye prueba idónea para acreditar la de condición rural que tiene el inmueble en litigio, toda vez que dicha literal únicamente se refiere a una factura de instalación del servicio eléctrico, cuyo contenido no es determinante para acreditar tal condición.


2.- Respecto a que la prueba testifical, pericial y de inspección hubieran sido propuestas antes de la vigencia del término probatorio, vale decir fuera del plazo previsto por el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, se deja establecido que la normativa que regula la oportunidad de probar, la facultad del Juez para producir prueba y el plazo para proponer las pruebas, por contar con naturaleza similar no pueden interpretarse o tomarse en cuenta de forma aislada, sino de manera conjunta.  Ahora bien disgregando la normativa se tiene a la prevista en el art. 370 del Código de Procedimiento Civil referida a la apertura del período probatorio y que indica que si hubieren hechos a probar, el Juez abrirá un período de prueba no menor a diez días ni mayor de cincuenta.  De otro lado el art. 377 del mismo procedimiento, alude a la oportunidad de probar indicando que las partes producirán sus pruebas dentro del período fijado por el Juez; fuera de ese período serán rechazadas de oficio. Asimismo, se tiene el art. 379 del Código de Procedimiento Civil que refiere a la proposición de la prueba señalan que las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el Auto que fijare los hechos a demostrar y el art. 381 que señala sobre la admisión y pertinencia de la proposición de la prueba que debe hacerse dentro de las veinticuatro horas de recibida la misma, admitiéndose con noticia contraria.  Mencionado lo anterior, podemos advertir que existe diferencia entre la oportunidad de proponer la prueba y la oportunidad de probar, así como del inicio del cómputo de los plazos que se efectúan para ambos actos según señala el art. 140 del adjetivo civil, que si bien son comunes a las partes; sin embargo en lo que corresponde a la oportunidad de proponer la prueba el plazo de los cinco días corre a partir de la notificación con el Auto que fija los hechos a probar a las partes; al respecto y para aclarar lo antes vertido, acudimos a  la jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio y que a través del Auto Supremo Nº 285/05 de agosto 2005, señaló que:  “…la norma prevista por el art. 379 del CPC, establece: "Las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el Auto que fijare los hechos a demostrarse". Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal estableció que éste es un término común a las partes, cuyo cómputo debe iniciarse con la última notificación efectuada. Empero, cabe hacer la siguiente digresión: debemos entender que el término común para las partes es el establecido para el término probatorio; es decir el previsto por el art. 370 del CPC; en el caso de Autos cincuenta días, cuyo cómputo se inició a partir de la última notificación con el Auto de relación procesal; empero, el término para la proposición de pruebas establecido por el art. 379 del referido procedimiento civil -cinco días- es individual para cada una de las partes, y debe computarse desde su notificación con el Auto de relación procesal.

Lo contrario a este razonamiento, implica que si una de las partes se notifica con el Auto de relación procesal, necesariamente debería estar pendiente y esperar la notificación de la otra parte a efectos de presentar su prueba, puesto que si lo hace antes de que ésta se efectivice sería rechazada por no haberse iniciado el cómputo del plazo para la proposición de la misma, situación ilógica que, como en el caso de Autos acarrea irregularidades, que han derivado en el rechazo de la prueba del demandado, vulnerando así el derecho al debido proceso y generando indefensión e incertidumbre en ambas partes respecto de sus actuaciones…”.  Asimismo, el Auto Supremo 141/06 de julio 2006, refiere que:  “En virtud a las atribuciones descritas y efectuada la revisión de antecedentes corresponde señalar que el Tribunal Supremo a través del AS No. 75 de 7 de abril de 2005, estableció la siguiente jurisprudencia: "...de acuerdo a la norma prevista por el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, las partes deben proponer sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el Auto que fije los hechos a demostrarse, entendiéndose de la ratio legis de la referida norma, que el término ahí consignado, no es un término común a las partes, sino que es individual, puesto que corre, para cada una de ellas, desde el momento en que han sido notificadas con el Auto de relación procesal, por el contrario, debe entenderse que los plazos comunes a las partes, corren a partir del día siguiente hábil de la última notificación efectuada, esto, con la finalidad de uniformar el plazo asignado por ejemplo en el periodo probatorio que se fija en la relación procesal a efectos de la producción de la prueba propuesta, así está establecido en la norma prevista por el art. 140.II del código adjetivo civil ".

Consiguientemente, el Tribunal Supremo haciendo una interpretación sistematizada y armónica de las normas anteriormente citadas, ha establecido que el término para la proposición de la prueba, debe computarse de manera individual para cada una de las partes desde el momento de su notificación con el Auto de relación procesal (5 días), en tanto que el término o plazo establecido por el art. 370 del CPC, en relación a lo dispuesto por el art. 140.II del mismo cuerpo legal, referido al periodo de prueba (no mayor de 10 ni menor de 50 días), debe ser entendido como un plazo común a las partes cuyo cómputo se inicia, precisamente, desde la última notificación con el Auto de relación procesal.”

En el caso que nos ocupa, cursa a fs. 410 vlta. diligencia de notificación efectuada en fecha 31 de diciembre 2009 a Eduardo Cuevas con “Resolución Judicial de Fs. 408 Auto”, si bien señala la foja 408 en la que consta memorial con suma “Contesta demanda en forma negativa y pide”, se entiende que la notificación ha sido con el Auto de relación procesal 30 de diciembre 2009 en el que fija los puntos de hecho a probar, entendiéndose de la diligencia que en la mencionada fecha Eduardo Cuevas fue notificado con el mencionado Auto; entonces realizando el cómputo de los cinco días que prevé la norma para la proposición de la prueba éste al presentarla el 3 de febrero 2010 luego de la vacación judicial se encontraría dentro del plazo previsto, por una parte.  Por otra, luego de que el Juez mediante providencia de 4 de febrero 2010 tiene por ofrecida la prueba del actor, ésta no es objetada, observada ni mereció recurso de impugnación alguno, al contrario los demandados de manera posterior a este acto procesal ofrecieron prueba siendo admitida la misma por providencia de 2 de marzo 2010, no cursando en el resto del desarrollo del proceso que lo acusado al presente haya sido motivo de objeción u observación alguna; por lo que habiendo en su momento los recurrentes convalidado dicha actuación, al presente su derecho a impugnar por la supuesta irregularidad (que conforme se tiene no es evidente) habría precluido.

Conforme a lo antes mencionado, considerando los principios que rigen las nulidades procesales y no siendo evidentes las causales de nulidad que señalan los recurrentes, corresponderá resolver el recurso de casación en la forma como infundado.

Del recurso de casación en el Fondo:

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una Sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o dicho de otro modo, propicia el juzgamiento de las Resoluciones emitidas por las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia, a los fines de verificar si en ellos se aplicó correctamente o no las normas positivas civiles y en su caso realizar las correcciones pertinentes; lleva consigo un elemento importante cual es el formal; es decir que a tiempo de plantearse el mismo, conforme prevé el art. 250 y 258 del adjetivo civil establecen con detalle los requisitos de admisibilidad y procedencia que deben invocarse por el recurrente, de modo que de lo analizado se determine la existencia de error in iudicando o bien in procedendo respectivamente.

Por otra parte, señalar que a tiempo de interponer el recurso de casación en el fondo, este es incoado para proteger la defensa del derecho objetivo, es decir pretende lograr la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales.  En el presente caso, como se advierte a fs. 633 vlta, el recurrente no señala en términos claros, precisos y concretos de que manera el Ad quem hubiera incurrido en alguna de las causales de casación previstas en el art. 253 del adjetivo civil; es decir no señala que ley fue violada o aplicada falsa o erróneamente durante la tramitación del proceso; simplemente se limita a señalar que el actor no ha demostrado la posesión de buena fe y que ésta fuera por más de 10 años, sin especificar si existió error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba ni demostrar la equivocación manifiesta del juzgador; por lo que al no haber dado cumplimiento, el recurrente, a la previsión contenida en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, corresponde que el recurso de casación en el fondo se declare improcedente.

De lo antes descrito este Tribunal resuelve conforme prevé el art. 271 num. 1), 2) y 272 num. 2) y 273 del adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 42 num.1) parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en virtud de los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) de la norma antes citada, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo planteado por Renán Andrade Salinas en representación de Jorge Cuevas Alvarado y Aida Candelaria Cuevas Alvarado, contra el Auto de Vista Nº  161/2012 de 16 de octubre 2012 cursante de fs. 622 a 628 de obrados, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán