TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 69/2013

Sucre: 4 de Marzo 2013                

Expediente: O-34-12-S

Partes: Cirila Chánez Vásquez de Moya. c/ Emilio Moya Paco y Otros.

Proceso: Declaratoria de Ganancialidad de Bien Inmueble, Anulación de                    Protocolo de Escritura Pública y Cancelación de Asiento.

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Cirila Chánez Vásquez de Moya de fs. 228 a 231 impugnando el Auto de Vista Nro. 136/2012 de fecha 06 de noviembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Declaratoria de Ganancialidad de Bien Inmueble, Anulación de Protocolo de Escritura Pública y Cancelación de Asiento seguido por Cirila Chánez Vásquez de Moya contra Emilio Moya Paco, Paola Moya Flores, Cristhian Moya Flores, Luís Fernando Moya Flores, José Alberto Moya Flores, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Tercero de Partido de Familia de Oruro, emitió la Sentencia No. 36/2012 de fecha 22 de marzo de 2012, cursante de fs. 190 a 193, declarando sin lugar e Improbada la demanda principal de fs.11 a 12 complementada a fs. 17, de: Declaratoria de ganancialidad de bien inmueble en cuando al derecho de Cirila Chánez Vásquez a pedir el 50% del bien inmueble transferido a favor de Cristhian Moya Flores, Luís Fernando Moya Flores y José Alberto Moya Flores, Probada en cuanto a las mejoras realizadas en dicho inmueble, salvándose a ejecución de Sentencia la restitución de la inversión realizada por la demandante en las mejoras realizadas.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Cirila Chánez Vásquez de Moya por intermedio de su apoderada Irma Moya Chánez de Huarachi de fs. 202 a 203 la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista Nro. 136, cursante de fs. 220 a 225 .Revoca en parte la Sentencia de fecha 22 de marzo y Auto aclaratorio de fecha 03 de abril ambos del año 2012, revocándose en cuanto al reconocimiento de las mejoras realizadas por la actora en el inmueble objeto de la acción, así como a la restitución de las mismas. Y confirma en lo atinente a la declaración de Improbada la demanda principal de fs. 11 a 12  complementación de fs. 17 del proceso.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesta por parte de la demandante Cirila Chánez Vásquez de Moya por intermedio de su apoderada Irma Moya Chánez de Huarachi, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Que, el Auto de Vista contendría violación de los arts. 227 y 236 del C.P.C., acusando violación e interpretación errónea de la ley procesal por ser ultra petita, refiriendo en un punto Primero A.- que al petitorio expreso de que se declare la ganancialidad del inmueble en litigio se hubiera declarado improbada y sin que la actora tuviera derecho a reclamar el 50% del mismo, empero se habría declarado probada con relación a las mejoras introducidas, que con relación a esto en ningún momento la parte demanda habría opuesto apelación, limitándose a solicitar se confirme la Sentencia. En un punto B.- que siendo expresas las peticiones, el Tribunal de alzada revocaría la Sentencia en cuanto al reconocimiento  de las mejoras y confirmaría la Sentencia en cuanto a la declaración de improbar la demanda principal, considera que en ello habría violación e interpretación errónea del art. 227 y 236 del CPC, pues en sujeción a los mismos correspondería al Tribunal de Alzada solo los puntos de apelación, que en ningún momento se habría cuestionado sobre la restitución de inversiones, por lo que el Tribunal A quo debiera fallar de forma  congruente, considera también haber violación del art. 90 del CPC así como el art. 17p. II de la Ley del Órgano Judicial, además de los principios de seguridad jurídica, legalidad de reformatio in peius, encuentra también como violado el art. 30 num. 6 de la Ley 025, pues disponer que no correspondía la devolución de las inversiones de la actora consistiría en reforma en perjuicio de la apelante.

Segundo, que el Auto de Vista resultaría siendo ultra petita e incongruente, refiriendo en el punto A.- Que, en la apelación sólo se habría pedido la declaratoria de ganancialidad y en ningún momento la revocatoria de la restitución de inversiones, que la parte demanda no habría apelado la Sentencia, que al haber revocado en parte la Sentencia sin petición expresa el Auto de Vista resultaría ultra petita e incongruente, y esto fuera en transgresión de las normas básicas de procedimiento atentatorio contra el  debido proceso previsto por el art. 115-II de la C.P.E. y el principio de congruencia estipulado por el art. 190 del CPC, que conllevaría a la vez atentado  del art. 90 de la misma norma. B.- Que, toda Resolución que concediera más de lo pedido fuera ultra petita e incongruente, transcribiendo jurisprudencia constitucional.

En el fondo

Sin embargo que señala fuera una apelación de fondo, refiere que se habría cometido en el Auto de Vista violación e interpretación errónea del art. 112-3, 123 del Código de Familia y 1287, 1318-III del Código Civil  en el punto A.- refiera a la conclusión arribada por el Auto de Vista de que si bien hubiera llegado al codemandado Emilio Moya Paco el bien inmueble objeto del litigio  cuando el matrimonio se encontraba en vigencia en calidad de anticipo de legítima, obviaría considerar que sólo habría llegado como lote y no con construcciones, que se habría interpretado erróneamente el art. 112-3 del Código de Familia considerando que existen mejoras introducidas en el mismo; que al señalamiento de los puntos de hecho a probar la parte demandada no habría cuestionado.

En el punto B.- refiere la existencia de violación e interpretación errónea del art. 123 del Código de Familia, pues en ningún momento se habría expresado que la comunidad de gananciales hubiera terminado, pedido la nulidad de la transferencia o que solo se pidió la declaratoria de ganancialidad, y habría interpretación errónea del art. 1287 del CC, pues la prueba fuera demostrativa que hubo las mejoras y correspondería la restitución  de esas inversiones, y esto hubiera sido consentido por la parte demandada a la emisión de la Sentencia.

Como punto C.- refiere la existencia de violación e interpretación errónea del art. 1318-III del CC, ya que habría contradicción del Auto de Vista que presumiría la ganancialidad de los bienes y que por otro lado no existiría prueba que acredite que las mejoras fueran ganancialicias, cita jurisprudencia sin vincular al caso en particular.

Solita en definitiva al Tribunal de casación, anular el Auto de Vista a fin de que dicte uno nuevo congruente y sin apartarse de los fundamentos de la única apelación. Alternativamente se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo la declaratoria de nulidad de la Escritura Pública que menciona.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En consideración al planteamiento del recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal resolverá en primera instancia los cuestionamientos realizados en la forma, en razón a que si ellos fueran evidentes, el fallo fuera por la anulación de actuados imposibilitando considerar aspectos de fondo. En ese antecedente tenemos que:

En la forma

De la revisión de antecedentes, verificamos que la pretensión de la demandante está centrada como objeto la “Declaratoria de Ganancialidad del inmueble registrado en la Oficina de Derechos Reales de Oruro, Bajo la Matrícula computarizada No. 4.01.1.01.0018017”

En el segundo punto de la exposición de hechos del memorial de demanda, se hace referencia que desde el año 1995 la demandante hubiera posibilitado la construcción de habitaciones que se describe y actividades de mejora; si  bien es cierto que no se demandó de manera expresa la restitución de la inversión en las mejoras que se hubieran realizado en el referido bien inmueble, verificamos que el Auto de relación procesal de fs. 74, de 13 de septiembre de 2011 en su inc. e) inserta como uno de los puntos de hecho a probar “que desde el año 1995 la demandante hizo que se  pudiera construir en el inmueble referido haciendo mejoras en el mismo”, aspecto no impugnado por la parte demandada, convirtiéndose en un punto más a debatir en el transcurso del proceso y concedido en la Sentencia que luego de ser apelada por la propia demandante es revocado en Auto de Vista en cuanto al reconocimiento de las mejoras realizadas por ésta.

En esa secuencia, pretende la recurrente la violación de los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil al haberse revocado en parte la Sentencia dictada dejando sin efecto lo referido al reconocimiento de las mejoras por la actora en el inmueble objeto de la acción, teniendo sustento este reclamo en el hecho de que el A quo así sea de manera errada declaró probada un aspecto no demandado, sometido sin embargo a probanza, sin que exista objeción alguna por la parte demandada, empero el Tribunal de apelación, con razonamiento enfocado en que la comunidad de gananciales terminaría por las causas previstas por el art. 123 del Código de Familia, además de la no posibilidad de presunción que esas mejoras pertenecerían a uno solo de los cónyuges ante la evidencia que la unión conyugal aun persistiría, y que la restitución de inversiones en las mejoras no fuera peticionado de manera expresa por lo que revoca en parte la Sentencia, en lo referido precisamente a ese reconocimiento de restitución por la mejoras que se pudieran haber hecho.

En ese antecedente corresponde señalar que al haberse dictado la Sentencia y notificado legalmente con este actuado de fs. 194  y el Auto de complementación de fs. 199 la parte demandada no reclamó ni cuestionó el fallo del Ad quo, dando su acuerdo con la procedencia de lo declarado como probado, corroborando esta afirmación encontramos la respuesta dada al recurso de apelación en el que solicita se confirme la Sentencia aun de considerar que contenía el punto referido de dar por probado el derecho de restitución sobre las mejoras a favor de la demandante, aspecto que pudiera considerarse como desfavorable a ellos.

Bajo esa perspectiva al haber el Tribunal de apelación revocado la Resolución de primera instancia, sin que ésta haya sido cuestionada por la parte aparentemente afectada con la determinación de primera instancia, ha salido fuera de los alcances de lo previsto por los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, quebrantándolos al no ceñirse a los puntos expresados como agravios en el recurso de apelación, resultando ciertamente un fallo extra petita, además agravando la situación de la demandante yendo contra el principio del “non reformatio in peius”, en consideración a que este principio aplicable al derecho procesal, nos orienta que los juzgadores de segunda instancia, en el desarrollo de la doble instancia se ven limitados en su facultad funcional de decisión de segundo grado y en aras del debido proceso a tiempo de resolver lo que es materia del recurso, agravar la situación del apelante cuando es único, agravando su situación; destacando que deben concurrir sin embargo los siguientes requisitos: 1. Que, se trate de una Sentencia condenatoria, 2. Que, quien apele sea una de las partes del proceso afectada por la Sentencia y 3. Que, la parte que apele sea “único apelante”, estableciendo lo ya dicho de que este principio implica, que el Juez o Tribunal que conoce en segunda instancia de un recurso de apelación de una Sentencia condenatoria, frente al único apelante, no puede resolver el recurso haciendo mas grave la situación jurídica de éste y solo podrá analizar y revisar aspectos que fueron expuestos por la parte que apela.

En este caso evidentemente la única que apeló de la Sentencia fue la demandante que ya tenia un fallo parcialmente desfavorable, en cambio como se tiene establecido la parte demandante no cuestionó el fallo de primera instancia, solicitando mas bién que sea confirmada la Sentencia (memorial de fs. 206) esa fue la voluntad expresada por los demandados, aspecto que debió ser considerado por el Tribunal de apelación.

Si en criterio del Ad quem bajo la perspectiva del art. 190 del Código de Procedimiento Civil existía incongruencia entre lo demandado, lo probado y lo resuelto en Sentencia, en sujeción a la facultad de revisar de oficio aspectos que interesan al Orden Público, la vía correcta era la de anular la Sentencia de primera instancia, de ninguna manera revocarla ingresando de oficio a considerar aspectos de fondo que no fueron reclamados por las partes, afectando ciertamente al debido proceso.  Nulidad que conforme dispone el art. 17 parágrafo III de la Ley del Órgano Judicial, solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos, situación que en el caso de Autos tampoco se dio, toda vez que, conforme lo manifestado anteriormente, la parte aparentemente perjudicada con la disposición de la Sentencia considerada incongruente, no formalizó ante esta aparente irregularidad procesal, ningún reclamo en sentido de invalidar la Sentencia.

Por lo expuesto y en razón a que es evidente la vulneración denunciada por la recurrente, corresponderá emitir fallo en la forma prevista por el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 254 num. 4) de la misma norma.

En consideración a lo resuelto, no corresponde pronunciarse con relación al recurso de casación en el fondo planteado alternativamente, aspecto que se debe tener presente.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I  numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fs. 220 a 225 disponiendo que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo dicte nuevo fallo en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber al Tribunal Ad quem, a ser descontables de su haber mensual, a tal efecto notifíquese con la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.



Relator: Mgdo.  Dr. Rómulo Calle Mamani.