TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL

Auto Supremo: 56/ 2013

Sucre: 22 de febrero 2013

Expediente: LP- 141-12-S

Partes: Federico Fernando Molina Terrazas. c/ Ximena Fátima Guzmán

             Ferrufino. 

Proceso: Divorcio

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en  el fondo y en la forma de fs. 257 a 259,  interpuesto por Ximena Fátima Guzmán Ferrufino  contra el Auto de Vista Nº 309/2012 de fecha 30 de agosto de 2012 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Divorcio, seguido por Federico Fernando Molina Terrazas contra Ximena Fátima Guzmán Ferrufino, la concesión de fs. 263, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Séptimo de Partido de Familia dicta la Sentencia de  fs. 168 a 169  declarando probada la demanda principal de fs. 4 a 6 vlta., subsanado de fs. 10 de obrados  en consecuencia disuelto el vinculo matrimonial que une a los esposos Federico Fernando Molina Terrazas  y Ximena Fátima Guzmán Ferrufino.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación por la parte demandada y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 309/2012 de fecha 30 de agosto de 2012, cursante de fs. 253 que confirma la Sentencia apelada; Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por Ximena Fátima Guzmán Ferrufino, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.


Del recurso opuesto por Ximena Fátima Guzmán Ferrufino de fs. 257 a 259, se extrae las siguientes consideraciones:

En el fondo:

Expresa, que en el inciso A) del memorial de fs. 159 a 160 hizo presente que no se cumplieron los actos procesales de notificación con la demanda a SEDEGES y al Ministerio Público, motivo por el que en el más Otrosí  de ése memorial incidentó nulidad de obrados, que la Juez A quo no resolvió.

Indica que en su apelación expuso los argumentos, que ratifica en casación,  sin embargo el Auto de Vista carece de fundamentación  y motivación violando el principio de la seguridad jurídica y debido proceso consagrado en el art. 115 parágrafo II de la Constitución política del Estado.

Acusa, que la declaración de Nancy  Silva Barco  se encontraba en prohibición legal por el art. 446 num. 2) del adjetivo Civil, por cuanto ésta trabaja para la hermana del actor Edith Molina Terrazas; y la declaración de  Emilio Tapia Garbero es nula por ser amigo intimo de actor, por lo que el Juez aplicó indebida y erróneamente la ley sin haber valorado la prueba, dice, conforme los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil.

En la forma:

Señala que en su recurso de apelación hizo presente que el Juez ha incumplido  la Resolución 294/2012 (fs.57-58) que establecía que el SEDEGES elabora informe Bio-Psico-Social, lo cual fue omitido en Sentencia  y Auto de Vista.

Indica que en instancia se ha reclamado la notificación al Ministerio público y SEDEGES con la demanda, omitiendo pronunciarse sobre el incidente no resuelto de nulidad de obrados. Señala además que la no practica de notificación al Ministerio Público esta penada con nulidad por el art. 367 del Código de Familia.

Acusa que los juzgadores de instancia no han observado el art. 3 y 90 del procedimiento Civil; concluyendo que han incumplido, interpretado  erróneamente y aplicado indebidamente la ley. Y el A quo ha incurrido en error de derecho al aplicar indebidamente la ley al valorar incorrectamente las pruebas testifícales violando el art. 1330 del Código Civil y  art. 397 del Código de Procedimiento Civil lo que ha llevado a dictar las resoluciones  sin que el actor demuestre con medios idóneos la separación por más de dos años.

Finalmente solicita se case totalmente la Resolución impugnada anulando obrados hasta el vicio más antiguo.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Del recurso de casación en el fondo:

En relación a la no Resolución del incidente de nulidad por la falta de notificación a SEDEGES y Ministerio Público, es de manifestar que esta supuesta infracción corresponde a cuestiones de procedimiento, y de ninguna manera trata sobre violación o interpretación errónea de norma sustantiva, no siendo la casación en el fondo el recurso idóneo para compulsar la supuesta infracción reclamada, más aún cuando ésta no ha sido reclamada en la instancia de apelación ordinaria correspondiente.

Respecto a la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista, no obstante tratarse ese aparente defecto de una cuestión de forma y no de fondo,  éste reclamo carece de sustento, por cuanto no se especifica cuál punto de agravio  no mereció la fundamentación correspondiente, además, de la lectura del auto de Vista se advierte la suficiente motivación y fundamentación a los puntos de agravio expresados en la apelación, sin existir vulneración al debido proceso como arguye la recurrente.

De la declaración de los testigos de cargo, se deber indicar que  la economía procesal Civil, diseñó como mecanismo de defensa a la tacha, que como acto procesal esta destinado a que se invalide o reste eficacia al medio probatorio por vicio o impedimento, siendo éste el medio idóneo para contrarrestar el efecto de una declaración testifical por impedimento absoluto o relativo, conforme dicta los arts. 445 y 446 del Código de Procedimiento Civil; en ese entendido, al conocerse el impedimento legal del testigo se debe tachar a éste dentro el plazo previsto por el art. 472 del mismo compilado normativo, plazo sometido a régimen de caducidad, operando el principio preclusorio en esta fase de debate en caso de no hacerlo. En el caso, conforme se advierte de antecedentes, la parte recurrente no opuso tacha a los testigos Nancy Silva Barco y Lino Emilio Tapia Garbero, por lo cual sus declaraciones fueron compulsadas de manera correcta por el Juez A quo en Sentencia en el marco de lo establecido por el art. 1330 del Código Civil, sin manifestarse violación o vulneración, como erradamente indica la recurrente, del art. 1286 del Código Civil y art. 397 de su procedimiento.  Por lo expuesto, el recurso de casación en el fondo deviene en infundado.

Del recurso de casación en la forma:

En relación al informe Bio-Psico- Social  y la falta de notificación al SEDEGES y al Ministerio Público, es de señalar que el art. 258 num. 3) del Código Procedimiento Civil señala que no será permitido presentar nuevos documentos  ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales inferiores; razón a ésta exigencia legal, no es posible compulsar estos reclamos en el presente recurso extraordinario, si la recurrente, por negligencia propia, no lo hizo en la apelación ordinaria.

Respecto de la notificación con la demanda al Ministerio Público, que señala el 367 del Código de Familia, cuestionando la nulidad de todo los actuado por aplicación de esa norma; es de puntualizar que el art. 367 del Código de Familia quedó derogada tácitamente por la implementación de Ley N° 2175 de 13 de febrero de 2001, Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su vigencia, que es cuando se tramitó la presente causa no era necesario la intervención del Ministerio Público, a este entender la Sentencia Constitucional Nº 0885/2005-R de 29 de julio de 2005 señaló: “…cabe aclarar que desde la vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), el 20 de febrero de 2001, fecha de su publicación, la intervención y dictamen fiscal en los asuntos Familiares prevista en el Código de Familia, quedó derogada tácitamente, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público sólo le permite intervenir al Ministerio Público en las causas penales, salvo el caso dispuesto por la Disposición Final Quinta, parágrafo II de la Ley Orgánica del Ministerio Público. A través de la Circular de Sala Plena 25/04, de 21 de junio de 2004, tal extremo fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, para que sea tomado en cuenta por los operadores de justicia. Por consiguiente, el Juzgador recurrido al no haber ordenado vista fiscal en el caso presente, obró conforme a derecho y no cometió una omisión indebida como erradamente afirma el Juez de amparo, menos vulneró el art.367 del Código de Familia; que como se tiene explicado quedó tácitamente derogado por la Ley Orgánica del Ministerio Público”; lo que nos permite manifestar que el proceso, sin la presencia del Ministerio Público, se llevó conforme las reglas normativas procesales que emanan del Código de procedimiento Civil.

Por lo expuesto no se encuentra agravio en la forma cometido durante la tramitación del proceso, por lo que el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Por lo expuesto corresponde fallar a éste Tribunal de casación  de la forma establecida por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código adjetivo Civil, para ambos recursos. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO ambos recursos,  interpuesto por Ximena Fátima Guzmán Ferrufino cursante a fs. 257 a 259 contra el Auto de Vista Nº 309/2012 de fecha 30 de agosto de 2012 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.