TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA CIVIL

Auto Supremo: 41/2013

Sucre: 8 de Febrero 2013

Expediente: B-30-12-S

Partes: Beatriz Gloria Reinaldo Suárez. c/ Manuel Reinaldo Llapiz y otros.

Proceso:        Petición de Herencia, Restitución de frutos;  Determinación y Pago de Daño Emergente y del Lucro Cesante y Exclusión que corresponda por Ocultación y Sustracción de Bienes Hereditarios.

Distrito:        Beni

VISTOS: El recurso de casación  en la forma y en el fondo de fs. 1013 a 1015  vta., interpuesto por  Roberto Reinaldo Suárez y otros; el recurso de casación  en la forma y en el fondo interpuesto por  Manuel Reinaldo Llapiz de fs. 1018 a 1020 vta., el recurso de casación  en el fondo interpuesto por Ingrid Reinaldo Suárez contra el  Auto de Vista Nº 080/2012 de fecha 09 de mayo de 2012, cursante de fs. 989 a 991 pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Departamental del Beni,  en el proceso de Petición de Herencia, Restitución de frutos;  Determinación y Pago de daño emergente y del  Lucro cesante y exclusión que corresponda por ocultación y sustracción de bienes hereditarios,  seguido por Gloria Beatriz Reinaldo Suárez  contra Manuel Reinaldo Llapiz y otros, el Auto de concesión de fs. 1055 los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL  PROCESO.-

Que, en fecha  06 de abril de 2006, Gloria Beatriz Reinaldo Suárez, interpone demanda de división de herencia y entrega de bienes hereditarios, restitución de frutos, determinación y pago de daño emergente y lucro cesante, exclusión por ocultación  y sustracción de bienes hereditarios, en contra de Manuel Reinaldo Llapiz y otros, por la parte que le corresponde al fallecimiento de su señora madre Elvy María Suárez de Reinaldo, identificando la masa hereditaria que le correspondía a su madre al momento de su fallecimiento acaecido en fecha 10 de noviembre de 2005, bajo el argumento de que su padre y hermanos tramitaron la declaratoria de herederos  por cuerda separada, excluyéndola  de la misma, con la intención de  desconocer los derechos que le corresponden, entrando  en directa posesión de los bienes, acciones y derechos hereditarios, negándole y obstaculizando su participación en la administración, uso y goce de los mismos. Señala además que su madre nunca había realizado donaciones y que manejaba sus bienes en base a marcas y señales  que constituía a favor de los demandados. Argumenta asimismo que su padre y hermanos han ingresado en la administración  de los bienes dejados por su madre, de manera discrecional y al extremo de que han vendido en la ciudad de San Borja aproximadamente 400 cabezas, procediéndose asimismo a la ocultación de bienes, negándose a la entrega de la parte que le corresponde. Los demandados contestan negativamente  e interponen demanda reconvencional, por rendición de cuentas  de dineros manejados  por la demandante que hubieran sido de propiedad de la de cujus, por concepto de venta de inmuebles, presuntamente efectuada a nombre de ella y de su cónyuge, venta de 300 torillos a su cuñado, venta de 400 torillos a su esposo, pidiendo se declare improbada la demanda interpuesta y probada la reconvención. Tramitada la causa,  el Juez  Tercero de Partido Civil y Comercial de Trinidad,  dicta la Sentencia  Nº 002/2010 de 12 de enero de 2010 cursante de fs. 904 a 907, que declara PROBADA EN PARTE la demanda  de fs.  10 a 14   e IMPROBADA la demanda reconvencional, sin costas por tratarse de proceso doble.

En contra de la referida resolución, se interponen los  recursos de apelación cursantes de fs.914 a 916  de obrados  interpuesto por Manuel Reinaldo Llapiz e Ingrid Reinaldo Suárez, de fs. 920 a 922 el recurso de apelación incoado por Beatriz Gloria Reinaldo Suárez; y a fs. 925 a 929 recurso de apelación interpuesto por Roberto Reinaldo Suárez  contra de  Sentencia  002/2010 y del Auto Complementario de fs 911.  Recursos que merecieron el Auto de Vista Nº 80/2012  que CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia apelada, misma que es recurrida de casación por parte Roberto, Fermino, Víctor Hugo, Carmelo, José e Ingrid Reinaldo Suárez y Manuel Reinaldo Llapiz que pasamos a considerar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Recurso de casación interpuesto por Rodolfo Guzmán Hurtado a nombre y en representación de Fermino, Víctor Hugo, Carmelo, José Manuel y Roberto  todos Reinaldo Suárez en la forma y en el fondo, refiriendo que el Auto de Vista recurrido,  al confirmar en todas sus partes la Sentencia, se constituye en una   expresión no razonada, por lo que interpone el presente recurso en las formas señalada supra.

EN LA FORMA.-

Acusa  el recurrente, la falta de motivación, exhaustividad y congruencia del Auto  080/2012 entre lo que alega el recurso y lo que resuelve el Auto, en relación a la extemporaneidad del fallo, toda vez que el Tribunal de Alzada sale por la tangente y soslaya ingresar al fondo del asunto, al manifestar que el plazo corre para el Juez, no para las partes “cayendo el fallo en la causal del art. 254-4 Código de Procedimiento Civil. por no haberse pronunciado conforme  a lo apelado…”, pidiendo que se anule obrados.

EN EL FONDO.-

1.-Acusa que el Auto 080/2012 incurre en la causal del numeral 3 del art.l 253 del Código de Procedimiento Civil porque los jueces de instancia han incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, al disponer la división del acervo hereditario entre 9 cuando en realidad son diez los coherederos, incluida la demandante, de tener derechos. Error en que ha incurrido también el Tribunal de instancia, punto que había sido objeto del recurso de apelación.

2.- Que,  el Auto 080/2012, al apreciar las pruebas en relación al patrimonio o acervo sucesorio, ratifica el error de la Sentencia Nº002/2010, asumiendo que los bienes semovientes en número de 3.842, son todos de la causante, confirmando asimismo,  respecto a que dichos bienes se dividan entre 9 personas o alícuotas, siendo que los sucesores son diez.

3.- Que, el Auto de Vista 080/2012 y la Sentencia 002/2010,  han incurrido en error de hecho en la apreciación de prueba cuando no toman en cuenta  el informe emitido por un perito, de fs. 642 a 647 en el que se funda el fallo, informe que determina que los certificados del SENASAG no pueden ser tomados  en cuenta como base para la determinación del hato debiendo  casarse el Auto de Vista recurrido.

Por lo señalado pide que, en la nulidad o  recurso de casación en la forma, se anule obrados hasta el vicio más antiguo al configurarse el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, es decir, hasta que se dicte nueva Sentencia por otro Juez al haber el titular perdido competencia; en la casación en el fondo,  pide que se case el Auto de Vista y se falle en lo principal, aplicando las leyes conculcadas y valorándola prueba conforme a Ley.

II.- De fs. 1018 a 1020, cursa recurso de casación  en el fondo y en la forma, interpuesto por Manuel Reinaldo Llápiz en contra del Auto de Vista Nº 080/2012, que pasamos a considerar:

Señala el recurrente que   el Auto de Vista con el que ha sido notificado, no tiene la debida motivación a tiempo de confirmar la Sentencia recurrida por lo que en vista de que se trata de una expresión no razonada, interpone el presente recurso de casación.

1.- RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA. -

1.- Acusa el recurrente, la falta de motivación , exhaustividad y congruencia entre lo que ha alegado en el  recurso de apelación y lo resuelto en el Auto de Vista en relación al análisis de los vicios de nulidad acusados y que,  “por dar un ejemplo”, al referirse a la obligatoriedad de la conciliación, soslaya ingresar a analizar los fundamentos  del recurso en relación al mandato del art., 182 del Código de Procedimiento Civil, así como el deber de cuidar el debido diligenciamiento de dicha convocatoria que en este caso, fue notificada en tablero  de notificaciones a los sujetos procesal es por lo que pide la anulación de obrados hasta que se convoque  legalmente a todos los demandados  a conciliación porque las notificaciones en el tablero no llenan el voto necesario de la ley


2.- RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.-

1.- Acusa que el A quo y el Ad quem, han incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, cuando sostiene en la Sentencia que concurren 8 herederos incluido el padre,  más la actora,  serían nueve las partes en las que hay que dividir el acervo hereditario. Refiere el recurrente que se da este error de hecho en la valoración dela prueba porque ni siquiera  se han tomado la molestia de contar que son diez los llamados por vocación sucesoria a su esposa  Elvi María Suárez. Punto que ha  sido apelado y sobre el que el Tribunal de Alzada no se ha manifestado.

2.- Asimismo cuando se refiere a  los bienes semovientes, asumiendo que todos son de la causante y“…quitando de un plumazo, su derecho al 50 % que le correspondía como esposo…”, en conformidad con el art. 101 del Código de Familia ,  debiendo asumirse  la presunción del art.  113 también del Código de Familia.

En la casación en el fondo, pide que se case el Auto de Vista recurrido y se falle en lo principal aplicando las leyes conculcadas y valorando la prueba  conforme a Ley.

III.-A fs.1038 a 1039, cursa  Recurso de Casación en el fondo  interpuesto por  Ingrid Reinaldo Suárez,  que señala que el Auto de Vista Nº 080/2012 con el que ha sido notificada, le resulta lesivo  a sus derechos sucesorios, por lo que acusa los siguientes agravios:

1.- Que, en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en “error de derecho o de hecho”, al indicar que se debe  dividir el acervo hereditario entre nueve coherederos, cuando en realidad son diez las  personas llamadas a la sucesión, determinación que se funda en error de hecho en la apreciación de la prueba  cuando señala que “ se ha demostrado de las declaratorias de herederos que concurren 8 herederos incluido el padre, más la actora nueve serían las partes en las que hay que dividir el acervo hereditario” error que los  Vocales han ratificado en el Auto d Vista  porque no se han no se han tomado la molestia de verificar y contar a los  co demandados que son diez, por lo que corresponde al Supremo Tribunal, casar el Auto de Vista.

2.- Asimismo acusa de errónea apreciación en la prueba porque asume que los bienes semovientes, en número de 3842 cabezas,  corresponderían todas a la testamentaria, resultando que su padre, no sería  beneficiario de los derechos que le asigna el art. 101 del Código de Familia, pidiendo que se case el Auto de Vista  y valorando la prueba, se disponga la prorrata entre diez herederos.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En reiteradas oportunidades tanto la extinta Corte Suprema de Justicia, como éste Tribunal Supremo de Justicia, han dejado establecido que el recurso de casación en el fondo y el de forma, son dos medios de impugnación distintos, procedentes en casos y motivos diferentes y cuyas resoluciones persiguen efectos igualmente distintos.

La uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia , con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser en el fondo o  en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por  errores en la resolución de fondo, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del Adjetivo Civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio, unificando la jurisprudencia en la interpretación de las normas jurídicas; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el art. 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando en su tramitación se hubieren violado las normas del debido proceso.

En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

I.- De la lectura del  recurso de casación  en la forma interpuesto por Rodolfo Guzmán Hurtado a nombre y en representación de Fermino, Víctor Hugo, Carmelo, José Manuel y Roberto  Reinaldo Suárez, se advierte que el mismo carece de la técnica recursiva que debe guardar todo recurso de casación, en cumplimiento de la exigencia prevista en el  art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que resulta obscuro e incomprensible, de manera particular por las citas que hace tanto del Auto de Vista como de otras piezas del proceso, acompañando comentarios las más de las veces incoherentes con lo expresado en  la cita a la  que corresponden.

Con referencia al único  agravio en la forma referido por el recurrente, que versa sobre la falta de motivación, exhaustividad e incongruencia, acusadas al Auto de Vista 080/2012, con relación a la pérdida de competencia por parte del Juez A quo por haber dictado la Sentencia Nº 002/2010 fuera del plazo establecido por ley,  debemos señalar que si bien la impugnación de este aspecto corresponde al recurso de casación en la forma, por el tenor de la fundamentación que se tiene en el recurso, en realidad no es la extemporaneidad en que hubiera sido dictado el fallo, sino que lo que se reclama, es la falta de motivación y de congruencia al fundamentar la inexistencia de este agravio, por parte del Tribunal de Alzada, resultando improcedente el recurso de casación en la forma interpuesto por los recurrentes, debiendo fallar este Tribunal conforme a los arts. 271 num.1) y 272 num. 2) de Código de Procedimiento Civil.

Respecto al recurso de casación en el fondo, se acusa a los jueces de instancia al  de incurrir en error de hecho en la apreciación de la prueba, cuando dispone que el acervo hereditario sea dividido entre nueve sucesores, incluida la demandante, cuando en realidad son diez los legítimamente llamados a suceder.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 

La prueba, según se tiene de la función procesal que cumple y la definición realizada por el Código de Procedimiento Civil,  es el medio  de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear  convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, lo que en doctrina se conoce como el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o también, lo que se conoce como el sistema de la  sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo  que las reglas de la sana crítica son, como manifiesta el procesalista Cotoure,  ante todo, “…las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica y la  experiencia del Juez…” .  En consecuencia,  si bien es  el Juez quien  debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente, sino que debe hacerlo con arreglo a las reglas dispuestas para ello.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el art. 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

Revisados los antecedentes del proceso, de manera particular las declaratorias de herederos cursantes de  fs. 2 a fs. 6 de obrados,  además de la demanda interpuesta por la actora,  se advierte que los llamados a la sucesión de  Elvi María Suárez, son, por un lado,  Manuel Reinaldo Llapiz, cónyuge,  Fermino, Ingrid, Gleydi, José Manuel,  Víctor Hugo,  Carmelo, Roberto,  y María Elvi, todos de apellidos Reinaldo Suárez, ( hijos) los mismos que  suman nueve,  incluida la demandante Beatriz Gloria Reinaldo Suárez, resultan diez  los llamados a suceder,  al margen de  que los mismos en su integridad, han sido partícipes en el presente proceso como se tiene de los antecedentes que cursan en obrados, una como demandante y nueve como demandados reconvencionistas, habiendo incurrido el Juez Aquo en error de hecho en la apreciación de la prueba, cuando en la parte dispositiva de la  Sentencia Nº 002/2010,manifiesta: “…Falla declarando PROBADA EN PARTE la demanda, referida al derecho de la actora de participar en la herencia de la de cujus en una novena parte del total del acervo que le corresponde,…”(El subrayado es nuestro) cuando en los antecedentes de obrados, se tiene debidamente individualizados a todos los herederos, error de hecho en el que ha incurrido también  Tribunal de Alzada que no ha considerado este agravio al confirmar totalmente la Sentencia apelada, obviando la revisión de los antecedentes que cursan en obrados.

Respecto a la  supuesta  apreciación errónea de las pruebas, en relación al patrimonio de la de cujus ,de que se acusa a los jueces de instancia,  cuando señalan  que la causante era  propietaria de 3842 bienes semovientes, disponiendo su división entre los llamados  a la sucesión,  que según refiere la Sentencia N° 002/2010 son nueve, cuando en realidad son diez los legítimos herederos, queda subsumido este aspecto al agravio manifestado precedentemente por tratarse de un mismo tema.

Con relación  al agravio referido al error de hecho que se  acusa en la valoración de la prueba cursante a fs. 642 a 647 de obrados, por haber tomado en cuenta los Certificados del SENASAG para la determinación del hato, cuando   por el informe pericial, se recomienda no considerar los mismos. Al respecto debemos señalar que las pruebas, no son elementos aislados que deben ser apreciados de manera independiente por el Juez, sino más bien, todos los elementos probatorios aportados al proceso por las partes e incluso por el mismo Juez, forman parte de un todo, que amerita ser apreciado y valorado en forma conjunta con la finalidad de que éste, tome no solo  conocimiento sino certeza de los hechos dilucidados en el curso de la tramitación de la causa, siendo en última instancia decisión privativa del Juez la selección de las pruebas que le conduzcan al convencimiento de la verdad, valoradas éstas, como dijimos, en su conjunto, no existiendo agravio alguno al  respecto tomando en cuenta que un infirme pericial no puede determinar la pertinencia o no de valorar determinados medios probatorios , atribución que privativamente le compete al Juez.

DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR MANUEL REINALDO LLAPIZ.-

De la lectura del memorial de apelación se advierte que el mismo carece de la debida técnica recursiva que hace a este extraordinario recurso, cuyos requisitos están contemplados en el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, de manera particular, el recurso de casación en la forma que no resulta sino,  mera exposición confusa y contradictoria de algunos hechos del proceso y citas textuales de algunas partes de las piezas procesales que no permiten un claro entendimiento de lo que pretende el recurrente, es más,  si bien plantea recurso de casación en el fondo y en la forma,  a tiempo de realizar la exposición de agravios, confunde los de fondo con los de forma y viceversa, como se tiene señalado, especialmente en el recurso de casación en la forma, advirtiéndose que  el recurrente no tiene la debida convicción de las características de cada uno de estos medios de impugnación. Al margen no cita de manera concreta las normas que considera han sido vulneradas por los jueces de instancia y tampoco identifica con precisión el o los agravios sufridos, señalando: … “Puesto que por dar un ejemplo…”o cuando dice: “… cayendo el fallo en la causal del art. 254 num.4 Código de Procedimiento Civil por no haberse pronunciado conforme lo apelado…”, debiendo este Tribunal fallar conforme a lo dispuesto por los art. 271 num.1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

En su recurso de casación en el fondo se tiene que el mismo  adolece también de la adecuada técnica recursiva, incurriendo en  evidentes imprecisiones respecto a las características que hacen a los recursos de casación en el fondo y en la forma, que afectan a su cabal comprensión y entendimiento en cuanto a las pretensiones del recurrente, sin embargo haciendo abstracción de lo señalado, pasaremos a considerar el mismo señalando que de su lectura se tiene que se acusa al Tribunal Ad Quem de incurrir en error de hecho en la apreciación de la prueba de fs. 2 a fs.6 de obrados, por la que se demuestra que no son nueve sino diez los llamados a suceder ala cujus Elvi María Suárez. Al respecto y remitiéndonos a la fundamentación y consideraciones realizadas precedentemente con relación a la valoración de la prueba,  referidas al mismo agravio,  y de la de la revisión de obrados,  de manera particular de las pruebas que cursan de fs. 2 a fs. 6, así como de la demanda y los antecedentes del proceso, se evidencia que efectivamente, la Sentencia Nº 002/2010 en su parte dispositiva dispone que  a la demandante le corresponde la novena parte del acervo hereditario, error que no ha sido reparado por el Tribunal de Alzada, correspondiendo a este Tribunal reparar el mismo, toda vez que como se tiene fundamentado líneas arriba, al realizar la tramitación de declaratoria de herederos, todos los coherederos han aceptado la herencia de maneras expresa, razón suficiente por la que no corresponde la exclusión de ninguno de ellos, peor aún cuando la actora ha dirigido la demanda de manera expresa  en contra de su padre y de sus ocho hermanos, mismos que han asumido defensa, conforme a ley. Correspondiendo a este Tribunal fallar conforme a lo dispuesto por el art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto al supuesto agravio referido al hecho de que al disponer que los bienes semovientes, reconocidos como de propiedad de la testamentaria en un número de 3842, se estaría  “…eliminando de un plumazo mi derecho al 50% ganancialicio, conforme al art.101 del Código de Familia…”, como expresa de manera textual el recurrente, cabe al respecto señalar, que conforme se tiene de los antecedentes dilucidados en el presente proceso, se acredita que los mismos se constituyen en bienes propios de la causante, heredados de su señora madre Beatriz Suárez Bazán, en ese entendido, y al no ser los mismos, bienes que pertenezcan a la comunidad de gananciales, como argumenta el recurrente en previsión del art. 101  del Código de Familia, el cónyuge entra a la sucesión en la misma calidad y proporción que dispone la Sentencia Nº 002/2010. Determinación asumida por el Juez como consecuencia de la valoración de la prueba misma que no fue observada por el recurrente precisando con claridad los medios de prueba que en su criterio acreditarían su posición.

Con relación al recurso de casación en el fondo, interpuesto por Ingrid Reinaldo Suárez,  en contra del Auto de Vista  Nª 080/2012 se tiene:

Que, revisado el mismo, la recurrente plantea recurso de casación en el fondo, acusando error  iniudicando en la apreciación de la prueba, toda vez que el A quo, dispone la división del acervo hereditario entre nueve herederos siendo en realidad  diez los llamados a suceder, error que no ha sido corregido por el Tribunal de Alzada, remitiéndose a la prueba cursante de fs. 2 a fs. 6 de obrados, así como al memorial de demanda que cursa de fs. 10 a 14 de obrados, que dan cuenta de la existencia de 10 herederos, pidiendo que el Tribunal Supremo, case el Auto de Vista recurrido.

Respecto a este agravio, con las consideraciones generales realizadas precedentemente sobre la prueba y a los fundamentos ya expuestos, ampliando el mismo, con referencia a la aceptación de la herencia dice el   art.  1025 del Código Civil: “Formas de aceptación). I. La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.

II. La aceptación es expresa cuando se  hace mediante declaración escrita presentada al Juez, o bien  cuando el sucesor ha asumido el título de heredero.

III. La aceptación es tácita cuando el heredero realiza uno  o más actos que no tendría el  derecho de realizar sino en su calidad de heredero, lo cual hace presumir necesariamente su voluntad de  aceptar”.

En ese entendido, por las pruebas que cursan en obrados de fs. 2 a fs.4., 5 a fs.6 .de obrados, consistentes en Testimonio de declaratoria de herederos, tramitada por  Manuel Reinaldo Llapiz y otros  el primero,  y por Beatriz Gloria Reinaldo Suárez, así como por el memorial de demanda de fs. 10 a 14 de obrados, se tiene la existencia de 10 herederos, incluido el padre y  la demandante Beatriz Gloria Reinaldo Suárez, quienes a tiempo de tramitar la declaratoria de herederos, con relación a la de cujus, han aceptado de manera expresa la parte que a cada uno corresponde en la masa  hereditaria dejada por su causante, toda vez que ese acto se constituye en un acto jurídico y material que demuestra su intención de convertirse en herederos puros y simples  de su causante, así se tiene entendido, del comentario que hace  el Tratadista Carlos Morales Guillén en su obra Código Civil- Concordado y Anotado, cuando en la Pág. 1103, señala: “La presentación simple y llana de la declaratoria de herederos o de la declaración de bienes ante la Administración  de la Renta, hace presumir la voluntad de aceptar pura y simplemente la sucesión”, no existiendo justificativo alguno   para excluir de la sucesión a ninguno de los co- herederos al disponer que la masa hereditaria dejada  por su causante, sea dividida entre nueve, cuando como se tiene de obrados, con certeza que son diez los llamados a suceder.

Siendo evidente la infracción acusada a los jueces de instancia,  corresponde a este Tribunal,  fallar en conformidad a los arts 271 num. 4) y 274 parágrafos I  y II del Código de Procedimiento Civil, conforme a  los fundamentos de hecho y de derecho expresados supra ya los antecedentes del proceso, se tiene que  los herederos de María Elvi Suárez de Reinaldo son : 1)Manuel Reinaldo Llapiz(esposo de la cujus), 2) Fermino, 3) Ingrid, 4) Gleydy, 5) José Manuel,6) Víctor Hugo, 7) Carmelo, 8) Roberto, 9) María Elvi y 10) Beatriz Gloria, todos Reinaldo Suárez, mismos que son reconocidos en tal calidad por la propia demandante a tiempo de interponer la demanda de fs. 10 a 14, así como se tiene también de las declaratorias  de herederos cursantes en obrados a fs. 2 a 4 de obrados y el Testimonio de  fs. 5 a 6  error que no ha sido reparado por el Tribunal de Alzada al confirmar totalmente la Sentencia 002/2010, correspondiéndole a la demandante la décima parte del acervo hereditario.

Con relación al supuesto agravio inferido cuando los jueces de instancia asumen la propiedad por parte de la testamentaria, de 3.842 cabezas de bienes semovientes; decisión que determinaría por “efecto expansivo”, que su padre Manuel Reinaldo Llapiz no sería beneficiario de los derechos que le asigna el art. 101 del Código de Familia, cabe al respecto señalar que de los antecedentes del proceso, se tiene que  los bienes semovientes referidos por la recurrente, se constituyen en bienes propios de la causante, heredados de su señora madre Beatriz Suárez Bazán, tema que ha sido dilucidado a  lo largo del proceso, por lo tanto,  al no pertenecer los mismos a la comunidad de gananciales, como argumenta el recurrente, corresponde a Manuel Reinaldo Llapiz ingresar a la sucesión como se tiene dispuesto en la Sentencia Nº 002/2010. Al margen, debemos señalar que si bien la recurrente hace mención a este supuesto agravio, no existe fundamentación de hecho ni de derecho que determine la supuesta vulneración que se acusa, no existiendo el mismo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, falla:

1.- Respecto al recurso de casación en la forma  interpuesto por Rodolfo Guzmán Hurtado, en representación de: Fermino, José Manuel, Víctor Hugo, Carmelo y Roberto, todos   Reinaldo Suárez, en la forma, IMPROCEDENTE conforme a los arts 271 num.1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Con relación al recurso de casación  interpuesto por Manuel Reinaldo Llápiz, en la forma, declara IMPROCEDENTE el referido recurso, conforme a lo dispuesto por los arts 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Respecto a los recursos  de casación en el fondo, interpuestos por Rodolfo Guzmán Hurtado, en representación de: Fermino, José Manuel, Víctor Hugo, Carmelo y Roberto;  Ingrid todos  Reinaldo Suárez; y por Manuel Reinaldo Llapiz,  con la previsión establecida en los arts 271 num. 4) y 274 parágrafos I  y II del Código de Procedimiento Civil,  CASA parcialmente el  Auto de Vista Nº 80/2012 recurrido, concretamente en el punto referido al número de  llamados a suceder, que en este caso son diez, no nueve como se tiene de la Sentencia  002/2010 confirmada por el Auto de Vista recurrido;  disponiendo la división del acervo hereditario en diez alícuotas o partes,  manteniéndose en todo lo demás firme y subsistente tanto la Sentencia como el Auto de Vista. NO siendo excusable el error, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del Art. 274-I del Código de Procedimiento Civil, se impone multa tanto al Juez de primera instancia como a los señores Vocales del Tribunal de Alzada en el equivalente de un día de su haber mensual. Debiendo a tal efecto notificarse con la presente resolución a la Dirección General Administrativa Financiera del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Susana Rita Nava Durán