TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  SALA  CIVIL

Auto Supremo: 36/2013

Sucre: 8 de febrero 2013

Expediente: T 41 12 - S

Partes: Armando Rueda Suarez y Otros c/ Herederos de Valentín Mercado y Otros.

Proceso: Usucapión.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 378 a 380, interpuesto por Roberto Dennis López Alvarado, en representación del Alcalde Municipal de Tarija, contra el Auto de Vista Nº 77/2012 de 14 de junio de 2012  pronunciado por la Sala Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso de usucapión seguido por Armando, Jaime Félix, Candy Susana, María Nelly y Julio Eloy Suarez Rueda contra herederos de Valentín Mercado Solano, María Cruz de Mercado y la alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija, la concesión de fs. 459, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil, dicta la Sentencia de 21 de octubre 2011, cursante de fs. 334 a 338 de obrados, declarando improbada la demanda de fs. 28 a 29 ampliada a fs. 77, interpuesta por Armando, Jaime Félix, Candy Susana y María Nelly Suarez Rueda.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 77/2012 de 14 de junio 2012, que revoca la Sentencia y declara probada la demanda de fs. 28 a 29, aclaraciones y ampliaciones de fs. 77 y 138 y declara adquirido el derecho de propiedad sobre la superficie de 8.981,48 mts2, en favor de Armando, Jaime Félix, Candy Susana y María Nelly Suarez Rueda, debiendo éstos realizar la cesión para áreas verdes y/o equipamiento conforme a reglamento, fallo que es recurrido de apelación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la forma.-

Señala que el Auto de Vista violenta  las normas de orden público y del debido proceso, refiere que se ha conformado Sala sin contemplar lo dispuesto en el art.  4 numeral 9) de la Ley Nº 1760, alude que la vocal Dra. Cristina Díaz Sosa, asumió conocimiento y competencia de la presente causa en primera instancia que actuó como Juez durante toda la etapa probatoria asistiendo y dirigiendo en primera instancia como demuestra el acta de fs. 289 y que incluso dictó resoluciones judiciales que hacen al fondo del proceso, pues el magistrado que se encuentre en una causal de excusa está en la obligación de excusarse del proceso, que resulta ser uno de los deberes de los juzgadores, conforme a lo establecido en el art. 3 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, que el proceso de desarrolle sin vicios de nulidad y la nulidad acusada en el Auto de Vista, resulta ser que la mencionada Vocal, debería de haberse excusado en la primera actuación del procedimiento de apelación y al no haberlo hecho, conlleva “una de las procedencias” del recurso de casación ya que el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, que el Auto de Vista, haya sido dictado por un Juez o Tribunal integrado contraviniendo a lo dispuesto por la ley.

En el fondo.-

Que, señala una incorrecta apreciación de la prueba, ya que consta en obrados, informe pericial que cursa a fs. 202 que determina  que los terrenos que hoy pretenden adquirir por usucapión, son terrenos ganados al rio por ende propiedad municipal, esta característica de dominio público proviene de la Ley,  y no existe transferencia alguna ni se encuentra en los casos previstos por el Código Civil, pues en la referida prueba pericial se determina mediante fotografías satelitales  (GOOGLE EARTH) del año 1997 que el borde del máximo de crecida del rio se encuentra sobre el terreno objeto de la usucapión, es decir que ahí se debe calcular los 25 mts. señalados por la Ley de Municipalidades Nº 2028.

Sostiene que le Tribunal Ad quem incurre en un pronunciamiento fuera de la Ley,  que el perito de Arq. Ingrid Calderón, no goza de credibilidad e imparcialidad, ya que el Código no prohíbe quienes pueden ser o non peritos, no puede dejarse fuera una prueba legalmente ofrecida y producida, así el informe pericial ofrecido por el Gobierno Municipal  de Tarija, determina científicamente que el terreno en el año de 1997 ya es de propiedad municipal; asimismo sostiene que resulta ser de conocimiento general que el rio Guadalquivir cambió y no es el mismo desde hace diez años , ya que en la actualidad el borde queda mucho más alejado del terreno objeto de usucapión; el informe pericial  concluye que los terrenos, son los que se han ganado al rio,  por tanto de dominio público.

El informe pericial de contrario, solo determina que el borde máxima crecida del rio, y de ahí los 25 mts. en la época actual y no hace 14 años atrás, ya que como se ha manifestado el borde el año 1997 se encuentra dentro del terreno que hoy se pretende usucapir, y señala que “no hubo una incorrecta valoración de la prueba de hecho y de derecho”.

Manifiesta que, el informe pericial del Gobierno Municipal de Tarija y de dar solo credibilidad al informe pericial de los demandantes se debe dudar de este informe pericial, pues no determina con hechos científico lo que es propiedad municipal y que las actuaciones de un funcionario municipal, gozan de la buena fe y apego a la ley.

Sostiene que la confesión  judicial, según acta de apertura, esas preguntas a ser absueltas no son conducentes al hecho que se juzga y por disposición del Art. 424 del Código de Procedimiento Civil,        que no es prueba definitiva ni forma una convicción imperativa para emitir Sentencia.

Por lo impetra que se case el Auto de Visa con la condenación en costas y deliberando en el fondo se confirme la resolución del Juez A quo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil señala: “(Nulidad de oficio).- El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.”, permite a este Tribunal de casación verificar el cumplimiento de la normativa procesal vigente, con el objeto de verificar si en la tramitación de la misma no se ha incurrido en errores in procedendo o que se cause indefensión procesal a terceros, bajo esa orientación corresponde anotar que, la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha generado lineamientos, con el afán de reforzar que los fallos emitidos por los Tribunales de origen, emitan sus resoluciones bajo el contexto de otorgar seguridad jurídica a los litigantes y a terceros, en ese sentido ha desarrollado los efectos extintivos y adquisitivos emergentes de una demanda de usucapión decenal, criterio que es compartido por este Tribunal, al efecto el Auto Supremo Nº 262 de 25 de Agosto 2011 señaló que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá validamente ese doble efecto. El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión. Por lo expuesto, se concluye que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción. No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales, tampoco es posible que el actor dirija su demanda contra personas desconocidas, pues, la usucapión, opera como un modo de adquirir la propiedad respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir, respecto de aquellos bienes sobre los que ya recae un anterior derecho de propiedad. Atendiendo el doble efecto que genera la usucapión, en ningún caso opera como un modo de adquirir bienes que no pertenecen a nadie, siendo otros los medios por los cuales se adquiere la propiedad de esos bienes; pues, la usucapión como modo de adquirir la propiedad, presupone siempre la existencia de un anterior derecho propietario sobre el bien a usucapir, derecho que se pretende extinguir a favor del usucapiente. En ese contexto, ... que quien pretenda adquirir derecho de propiedad por la usucapión, debe realizar investigación respecto a la tradición registral y así determinar con precisión quienes figuran en los registros como actuales propietarios…” solo bajo esas circunstancias se otorga seguridad jurídica, no solo a los contenientes sino a terceros, ya que al tratarse la usucapión de un modo originario de adquirir la propiedad, se entiende que para evitar un futuro reclamo por indefensión que pueda invocar el verdadero titular del derecho de propiedad a usucapirse, es que resulta imprescindible contar con la documentación del folio real de Derechos Reales y la codificación catastral que informe sobre el uso de suelo, con ambos requisitos es admisible una pretensión de usucapión decenal.

El requisito de contar con los antecedentes de dominio, en procesos de usucapión decenal, no es nuevo en nuestro sistema procesal, para ello debemos recordar que mediante circular de la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 105/1994 y 035/1995, se ha orientado la forma de tramitar las pretensiones de usucapión, así pues la primera describía que la competencia para el conocimiento de esos juicios resulta ser el Juez de partido en materia civil, y la segunda circular exige que antes de la admisión de una demanda de usucapión, se debe exigir que se adjunte el certificado de Derechos Reales que identifique al titular del predio a ser usucapido y su partida en el registro, también dicha circular exige (entre otros requisitos) adjuntar la certificación del catastro municipal, con el fin de establecer al titular del predio las características del terreno y su ubicación, con el fin de no emitir equivocaciones respecto a la titularidad de predio a ser usucapido para su efecto extintivo; como se podrá apreciar, los efectos de la usucapión decenal (extintivo para el anterior propietario y adquisitivo para el usucapiente), ya fueron desarrollados desde hacía más de tres lustros, requisitos que debieron ser exigidos y aplicados por el Tribunal Ad quem, cuando se le hubiera remitido el proceso en grado de apelación al emitirse Auto de Vista Nº 185/2009, pues dicho razonamiento resulta, completamente incongruente, el Juez de primera instancia se encuentra facultado para rechazar ab initio una demanda cuando sea plenamente improponible, no es que se coarte el derecho a la petición del que recurre ante la administración de justicia ordinaria, este sustento se lo encuentra bajo la teorización de la improponibilidad de una demanda cuando sea manifiestamente improponible, como resultaría ser el caso de una demanda de  usucapión sobre bienes de dominio público, por la prohibición que señala el Art. 91 del Código Civil, bajo esa regla es que el Juez tiene la facultad de rechazar toda demanda en contra de bienes estatales y/o de dominio público, razón por la cual el requisito de la exigencia de adjuntar el título de propiedad privada del predio que se pretende usucapir y la codificación catastral, en calidad de prueba preconstituida, antes de la admisión de la demanda, otorga seguridad jurídica no solo para el demandante, sino también para el demandado, quien se verá afectado con la pérdida de su derecho de propiedad, ello implica, que la tramitación de un proceso de usucapión, deba contener esos requisitos para los efectos de una citación al verdadero titular del predio.

Así pues se podrá denotar que los demandantes, Armando, Jaime “Feliz”, Candy Susana, María Nelly y Julio Eloy Suarez Rueda, de fs. 28 a 29 interponen demanda ordinara de usucapión decenal arguyendo que colindante al predio de su propiedad de 50.000 Mts2, se encontrarían en posesión de una fracción de 8,981,48 m².- diferente al título de propiedad y codificación catastral que adjuntan con su demanda, relativos al predio de 50.000 Mts2.,  sin embargo, dirigen su acción en contra de Valentín Mercado Solano y María Cruz de Mercado, que son los vendedores del predio de 50.000 Mts2, sin que estos fueran propietarios del predio continuo de  8,981, 48 Mts2; ahora de insistir que este predio fuera uno de propiedad privada, como para viabilizar la demanda de usucapión decenal, deberán obligarse a adjuntar antes de la admisión de la demanda, el certificado de propiedad emitido por la oficina de Derechos Reales y la certificación del código catastral, respecto del lote de terreno de 8,981,48 Mts2 que pretenden usucapir, con el objeto de verificar que el predio resulte ser el mismo y constituido como propiedad privada: de ser evidente dicho extremo, se podrá viabilizar la demanda de usucapión previa citación al verdadero titular del predio a ser usucapido; sin embargo, contrario a lo expuesto, también podrá constar documentación relativa al derecho de propiedad pública y sus antecedentes legales y/o naturales, caso para el cual la demanda formulada tendría que ser rechazada in límine.           


Consecuentemente, este Tribunal ante los errores in procedendo, conforme al art. 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente caso emite resolución anulatoria hasta que se subsane las deficiencias anotadas.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en  aplicación de los arts. 271 inc 3) y art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta el Auto de Vista de fs. 68 vlta., a 70, y se dispone que antes de admitirse la acción de usucapión deba adjuntarse el registro de propiedad emitido por la oficina de Derechos Reales y la codificación catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija que identifiquen al propietario, la calidad de propiedad privada y su ubicación, del lote de terreno de 8,981, 48 Mts2 a ser usucapido; de no contarse con dicha documentación y de constar que la misma sea una relativa a dominio público, será inadmisible la acción intentada.    

Siendo excusable el error, no se impone multa de ley.

Dese cumplimiento al art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.