TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       SALA CIVIL

Auto Supremo: 35/2013

Sucre: 8 de febrero 2013        

Expediente: SC-113-12-S

Partes: Esther Luisa Viscarra Pérez.  c/ Elizardo Chávez Quevedo.

Proceso: Divorcio

Distrito:   Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en  el fondo de fs. 78 a 81 de obrados interpuesto por  Alfredo Serrano Viscarra apoderado de Esther Luisa Viscarra Pérez contra el Auto de Vista Nº 246/2012 de 9 de agosto 2012, cursante de fs. 75 a 75 vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, de Santa Cruz dentro el proceso divorcio que sigue Esther Luisa Viscarra Pérez contra el recurrente, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, en fecha 02 de agosto de 2011, Esther Luisa Viscarra Pérez,  interpone demanda de divorcio en contra de Elizardo Pérez Chávez, bajo la causal establecida en el artículo 131 del Código de Familia, bajo el argumento de que desde hacen más de dos años, se encuentra separada de su esposo por voluntad de ambos contrayentes y que desde entonces hasta la fecha no sabe nada de él, que desconoce su domicilio  y pide su citación con la demanda por edictos. Asimismo pide la guarda de los 2 hijos que se encuentran viviendo con ella y una asistencia familiar de Bs.3.500 para ambos hijos. Pide asimismo, la partición de los bienes gananciales, entre ellos, dos lotes de terreno, uno de 402.62 mts.2, ubicado en  la Zona Mapaiso y otro, sito en  Villa Jardines del Sur, de 288.34 mts.2.Citado  el demandado, contesta, afirmativamente  la demanda en cuanto a la causal de divorcio y el tiempo de separación, pero indicando que no son dos, sino tres los bienes  inmuebles gananciales,  además de una línea telefónica y un depósito bancario por $us 5.000, ofreciendo asistencia familiar en la suma de Bs. 1.000 para ambos hijos.

Sustanciado el proceso, el Juez Cuarto de Partido de Familia dicta la Sentencia Nº 46/2012, de fs. 46 a 47 de obrados, que declara PROBADA la demanda de fs.9 y 10 vlta., de obrados.

La demandante, interpone recurso de apelación, en contra de la Sentencia Nº 46/2012, que mereció el Auto de Vista  Nº 246/2012 dictado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz, que CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia apelada, con costas.

Contra el referido Auto, la demandante mediante memorial de fs.78 a 81, interpone recurso de casación en el fondo, mismo que pasamos a considerar.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Manifiesta la recurrente que el Tribunal de alzada al confirmar totalmente la Sentencia dictada por el Juez Cuarto de Partido de Familia, ha emitido un fallo  injusto, con  total falta de fundamentación jurídica y desatino  legal porque no especifica  qué normas jurídicas vigentes lo respaldan, vulnerando los derechos y garantías del debido proceso y la igualdad jurídica entre las partes por lo que interpone recurso de casación en el fondo.

Señala asimismo que el demandante si bien contestó a la demanda, no reconvino, adquiriendo sólo la calidad de demandado, por lo tanto, la valoración que hace el Juez Aquo de las pruebas,  vulnera los arts. 1283 y 1284 del Código Civil, puesto que al no existir prueba de cargo la demanda debió ser improbada, siendo obligación del  Juez, la valoración correcta de la prueba, misma que no podía invertirse por disposición del art., del Código Civil  1284 ya que por su parte, no ofreció ni produjo ninguna prueba dentro del período probatorio, precisamente con la intención de que la demanda sea declarada  improbada, sin embargo, el Juez A Quo, haciendo una valoración conjunta de la prueba de acuerdo a los artículos 1296, 1286 y 1330 del Código Civil, con relación al 397 y 476 del Adjetivo Civil, emite Sentencia declarando probada la demanda, olvidando que la carga de la prueba incumbe al actor, no al demandado y su inversión está prohibida por Ley. Resolución  que es confirmada por el Tribunal Ad Quem en todas sus partes.

Que, cuando el Tribunal de alzada señala que no existe agravio alguno porque la Sentencia  ha sido dictada con la debida motivación y en base a normas legales, sin especificar a qué normas se refiere, también estaría vulnerando los arts. 1283 y 1284 del Código Civil.

Por las razones expuestas solicitó se emita la resolución que case el Auto de Vista recurrido, con la debida imposición de costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Señalaremos inicialmente que, el matrimonio es el acto jurídico por el cual un hombre y una mujer establecen entre sí una unión que se encuentra protegida y garantizada por los arts. 62 al 64 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y regulado por el Código de Familia en sus arts. 41 al 129, vínculo que no puede ser disuelto por la sola  voluntad de los cónyuges, toda vez que conforme a nuestra legislación, para su disolución, debe mediar  cualquiera de las circunstancias establecidas en los arts. 129, 130 y 131 del Código de Familia, vale decir, por la muerte de uno de los cónyuges, por la declaración de fallecimiento presunto de cualquiera de los esposos o por Sentencia ejecutoriada de divorcio, fundado en cualquiera de las causales establecidas en los arts. 130 y 131 del Código de Familia.

Por otro lado, procesalmente la prueba es el medio de verificación de las proposiciones que realizan las partes durante la tramitación del proceso con la finalidad de crear la convicción del juzgador, es así que la pretensión  del Juez, al momento de valorar la prueba, no es sino la búsqueda de la verdad  y el convencimiento  y certidumbre, a cerca de la veracidad de los hechos que le permitan justificar y legitimar la Sentencia. Nuestra legislación, admite distintas clases de pruebas, entre ellas tenemos las llamadas pruebas legales o tasadas, cuyo valor probatorio está determinado por la propia ley, las pruebas de libre convicción que son aquellas que están sujeta a la calificación que hace el Juez de las pruebas, siguiendo su propio razonamiento.. Y el sistema de la sana crítica, al respecto, el procesalista Cotoure señala que: “… La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida”.  En este sistema, se exige al Juez, un previo análisis razonado, según las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia y este razonamiento debe estar manifestado en la Sentencia por cuanto es una proyección intelectual integrante de cuya omisión está conminada con sanción de nulidad, por la necesidad de  motivación. 

De la misma manera, el Auto Supremo Nº 136 de 16 de abril de 2002, dictado por la Sala Civil II señala: “De acuerdo con el art. 397 parágrafos I y II del Código  Procedimiento Civil, es deber de todo Juez o Tribunal apreciar y valorar la prueba en su conjunto, tomando en cuenta las que sean esenciales y decisivas, otorgando el valor que les asigna la ley, o en caso contrario, valorando según las reglas de la sana crítica. En ese mismo sentido discurre el art. 1286 del Código Sustantivo…”

Claria  Olmedo, citado por  Gonzalo Castellanos Trigo en su obra (ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Tomo III), respecto a la prueba y su valoración señala:

“Los elementos de convicción adquiridos para el proceso deben ser precisamente clasificados en función de su calidad, de su jerarquía y por el grado de convencimiento que producen; se los ordenará con criterio sistemático, confrontándolos entre ellos, balanceándolos para integrarlos unos con otros, con el propósito de obtener una conclusión, afirmativa o negativa, sobre la materialidad del objeto procesal o cuestiones a resolver”.


De  la doctrina y jurisprudencia relacionada precedentemente se tiene que las pruebas, no se constituyen en elementos aislados que deben ser apreciados de manera independiente por el Juez, sino más bien, todos los elementos probatorios aportados al proceso por las partes e incluso por el mismo Juez, forman parte de un todo, que amerita ser apreciado y valorado en forma conjunta con la finalidad de que éste, tome no solo  conocimiento sino certeza de los hechos dilucidados en el curso de la tramitación de la causa,


En el caso de Autos, la demandante y ahora recurrente, acusa la vulneración de   los arts. 1283 y 1284 del Código Civil e indebida aplicación de los arts., al declarar probada la demanda de divorcio interpuesta por la misma recurrente, por la  causal establecida en  el  art. 131 del Código de Familia, bajo el argumento de que no aportó deliberadamente  la prueba de cargo que le correspondía con la intención de que la demanda resulte improbada por lo que no habría  sido demostrada la causal de divorcio invocada porque el demandado. Si bien contestó afirmativamente la demandada, no reconvino, adquiriendo sólo la calidad de demandado; sin tomar en cuenta que el demandado, a tiempo de contestar a la demanda, confirmó sus aseveraciones  en lo principal del litigio, es decir,  admitiendo y corroborando lo expresado por la demandante, en cuanto a la   separación y  el tiempo de duración de la misma;  la existencia de los dos hijos del matrimonio;  su conformidad  para  que  éstos continúen bajo la protección  y guarda de su madre,  contradiciendo solamente en lo que concierne  al monto de la asistencia familiar  e indicando que al margen de los dos inmuebles mencionados por la actora, existe otro  lote de terreno y una cuenta de $us 5000 en el Banco, estos dos últimos a nombre de su esposa y de los que  también pide su división conforme a Ley.

Ahora bien, en el período de prueba dispuesto por Auto de relación procesal de fs. 17 vlta., el demandado ofrece prueba literal y  testifical que se produce y cuyas actas de declaración de sus testigos cursan de fs, 31 a 35, quienes expresan  de manera uniforme y conteste en tiempos y espacios, que conocen a los cónyuges y que éstos se encuentran separados por el lapso de tres años.  La actora por su parte, si bien ofrece  prueba testifical y defiere a  confesión judicial al demandado, no produce la misma bajo el erróneo convencimiento de que así la demanda  resultaría improbada por incumplimiento de la prueba de cargo que le correspondía.

De los hechos relacionados, se infiere que  se  tiene en obrados,  dos tipos de pruebas, la confesión judicial espontánea, hecha  tanto por la demandante en los memoriales de demanda y contestación, entre las que no existe contradicción alguna en lo principal del proceso y  las atestaciones de los testigos de descargo que corroboran  lo expresado por la demandante y el demandado en lo que hace a la separación de los cónyuges y el tiempo de duración de la misma, prueba que  valorada en conjunto ha otorgado al Juez de instancia  el convencimiento y certeza de que los cónyuges se encontraban separados desde hace más de dos años, quedando debidamente probada la causal de divorcio invocada por la demandante, ahora recurrente. Al respecto nos  remitiremos  a las consideraciones que el tratadista Carlos Morales Guillén, en el Código Civil, Comentado y Concordado, pág. 1342, dice: “… El objeto de la prueba: qué se prueba, se reduce a una fórmula: sólo los hechos  contradictorios son objeto de la prueba: siempre que hubieren hechos por probar, pero sin conformidad entre las partes…” y continúa diciendo: “Entre los hechos, no se prueban: a) Los que son admitidos, que quedan fuera del contradictorio: frustra probatum non revelat (en  vano se prueba lo que probado no aprovecha).” Y continúa diciendo: “…Naturalmente pertenece la pruebas al demandador cuando la otra parte negare la demanda, o la cosa, o el fecho sobre la pregunta que le fase (Partida 3ª, tít. 14, ley 1).

Señalando el mismo autor, respecto a la confesión en  la Pág. 324 de su mismo libro,  cuando manifiesta: “La importancia de la confesión espontánea, radica en que el Juez con  arreglo a lo previsto por el art. 347 de este código, sin más trámite y sin  necesidad de otra prueba pronunciará Sentencia”.


Determinando este Tribunal que los juzgadores de instancia al establecer que han transcurrido más de dos años de separación continuada entre los contendientes, han obrado conforme a ley pues, valoraron la prueba en base a las reglas de la sana crítica que operan en el criterio de los juzgadores de instancia y a las que sólo cabe considerar como infringidas cuando la ponderación de los elementos probatorios resulta manifiestamente injusta, de lo que se concluye que  no ha existido vulneración o aplicación indebida en la valoración de la prueba que dé lugar a la casación del Auto de Vista impugnado, toda vez que el fallo dictado por la A quo, no emerge solamente de la valoración de la prueba testifical  de descargo o, de las confesiones realizadas por las partes, sino de la apreciación conjunta de toda la prueba existente en obrados, no siendo evidente la infracción que se acusa respecto de la indebida aplicación de los arts. 1283 y 1284 del Código de Procedimiento Civil ni la incorrecta aplicación del art. 131 del Código de Familia.

A modo de exhortación a las partes, corresponde  señalar que conforme se tiene de las propias declaraciones de la recurrente, se advierte que las partes no han actuado con la debida lealtad y ética con la administración de justicia, de manera particular la demandante  que pretende utilizar al sistema judicial con la finalidad de obtener un beneficio propio intentando burlar la buena fe de los operadores de justicia,  sumiendo acciones en el intento de revertir o desvirtuar sus propias afirmaciones y peticiones,  al advertir que las pretensiones, acordadas verbalmente con el demandado para favorecerse con la mayor parte de los bienes de la comunidad de gananciales, se han desvanecido al incumplir éste con su  palabra, pidiendo su división en proceso conforme a ley, ocasionando perjuicio y gasto  innecesario de tiempo, recursos humanos y materiales al sistema judicial y por ende al estado boliviano, en desmedro de aquellos otros litigantes que afligidos por los conflictos que se encuentran sopesando, buscan el auxilio judicial y  muchas veces deben posponer sus pretensiones en espera de turno para ser atendidos,  por la excesiva carga procesal que deben atender los Jueces de instancia, aspecto que no se puede permitir.


Siendo el único agravio manifestado por la recurrente y encontrándose que no ha existido conculcación alguna de los arts. 1283 y 1284 del Código Civil, imputables al Juez A quo como al Tribunal de apelación, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia fallar en conformidad con lo dispuesto por los arts. 271  num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 78 a 81 de obrados,  interpuesto por Esther Luisa Viscarra contra el Auto de Vista Nº 246/2012. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 .-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.