TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL

Auto Supremo: 32/2013

Sucre: 7 de febrero de 2013

Expediente: CB 110 12 - S

Partes: Banco Bisa S.A. c/ Julio Fredy Claros Camacho y otros.

Proceso: Fraude procesal y nulidad de actos procesales dictados en proceso ejecutivo.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Julio Fredy Claros Camacho de fs. 652 a 655, contra el Auto de Vista signado con el código REG/S.CII/ZC/ASEN 145/17.08.2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de fraude procesal y nulidad de actos procesales dictados en proceso ejecutivo, seguido a instancias del Banco Bisa S.A. en contra de Julio Freddy Claros Camacho, Erasmo Benito Pérez Orosco, Germán Gómez y Justina Choque de Mamani, la concesión de fs. 266, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Noveno en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba, dicta la Sentencia de fs. 589 a 607 de obrados, declarando probada en todas sus partes la demanda de fs. 288 a 297 con costas, daños y perjuicios a ser determinados en ejecución de Sentencia, improbadas las excepciones de falta de  derecho del demandante, falsedad e improcedencia de la demanda y falta de acción y derecho, opuesta por la defensora de oficio de los demandados Julio Freddy Claros Camacho y Erasmo Benito Pérez Orozco, y declara la nulidad de actos procesales emitidos en proceso de ejecutivo seguido por Julio Freddy Claros Camacho en contra de Flora Zelada vda. de Gómez, así como los actos emergentes de la misma como la nulidad de la minuta de transferencia al adjudicatario Erasmo Benito Pérez Orozco, la Escritura Pública, la reposición anterior en el registro de derechos reales, a nombre de Cruz “Roana” y Gróver Gómez Zelada y la nulidad de la escritura de transferencia de efectuada por Erasmo Benito Pérez Orozco en favor de Germán Gómez y Justina Choque de Mamani y su consiguiente registro en Derechos Reales.

La resolución de fondo emitida en primera instancia es recurrida de apelación por Julio Freddy Claros Camacho, y previos los trámites de remisión se dicta Auto de Vista signado con código REG/S.CII/ZC/ASEN 145/17.08.2012, cursante a fs. 645 a 648 vlta., que anula el Auto de concesión del recurso de apelación respecto a las impugnaciones efectuadas en el vía del efecto diferido y confirma la apelación efectuada en contra de la Sentencia de primera instancia, fallo que a su vez es recurrido de casación por Julio Freddy Claros Camacho.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El recurrente interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, aduciendo lo siguiente:

1.- Que, el Auto de Vista hubiera efectuado una incorrecta aplicación e  interpretación del art.490 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que el juez de la causa menciona que no es procedente que la caducidad prevista  en el Art.490 del Código de Procedimiento Civil, bajo la premisa de que el Banco BISA, no fuera parte del proceso ejecutivo, seguido por el recurrente en contra de Flora Zelada vda. de Gómez y que la entidad demandante no tuviera conocimiento del acto del remate, sobre la misma el recurrente señala que se hubiera aplicado e interpretado en forma incorrecta el art.490 del Código de Procedimiento Civil, pues al haber transcurrido el plazo de seis meses de haber adquirido la Sentencia de subasta y remate, se ha operado la caducidad de la acción y trascribe parte del Auto Supremo Nº 30 de 22 de febrero de 1999, refiere al efecto que ese fallo y lo dispuesto por el art.490 del Código de Procedimiento Civil, no han sido tomados en cuenta por parte del Juez A quo ni el Tribunal de Alzada, pues fuera del plazo de los seis meses no corresponde los actos ejecutivos adquieren la calidad de cosa juzgada.

Sostiene que el Banco BISA, hubiera tenido pleno conocimiento de  la existencia del proceso ejecutivo seguido por el recurrente, que se encuentra acreditado por la prueba de fs. 40 y 42,  que no ha sido tomado en cuenta por el Tribunal de primera instancia para establecer su competencia e ignorados por el Tribunal de segunda instancia; asimismo señala que el Banco BISA, actuó con total negligencia al no haber interpuesto el proceso ordinario en el plazo de seis meses de haber tomado conocimiento la supuesta existencia de actos procesales que hubiera vulnerado sus derechos, y que ambos Tribunales no hubieran tomado en cuenta la prueba de fs. 127 que data del 26 de marzo 2000, consistente en memorial planteado por el mismo banco al interior del proceso ejecutivo.

2.- Incorrecta aplicación del art.1479 del Código Civil, que los avisos de remate no constituyen notificación del Banco BISA para el ejercicio de sus derechos emergentes de las restricciones que pesaban sobre el bien rematado,  empero los dos Tribunales consideran el hecho de que le banco Bisa tenía  conocimiento de las emergencias del proceso ejecutivo, conforme a la prueba de fs. 40 en el que Erasmo Benito Pérez, interpone tercería de derecho excluyente dentro del proceso ejecutivo seguido por Banco BISA, contra Roxana Gómez Zelada, refiriendo la existencia del proceso ejecutivo seguido por el recurrente en contra de Flora Zelada de Gómez ante el Juzgado de Partido 6to. en lo Civil, por lo que desde el momento de haberse interpuesto al tercería de dominio excluyente, el Banco ya hubiera tomado conocimiento del proceso ejecutivo tramitado por el recurrente, este hecho radica en el que Banco no puede alegar una nulidad en su propio error, este antecedente hace que el hecho material  y jurídico de la efectividad del aviso de remate y el cumplimiento del art.1479 del Código Civil, en cuanto al conocimiento que tuviera el Banco BISA, por lo que hace la improcedencia de la demanda para obtener la modificación de los actos ejecutivos.

3.- Acusa falta de aplicación del art.44 de la Ley Nº 1760, señalando que la nulidad de remate debe plantearse en el plazo de “tres” días, aspecto que no ocurrió en el fondo del proceso que hubiera seguido el recurrente, pues si el acto de remate aunque irregular ha logrado el fin al que estaba destinado, el acto no es anulable ya que la venta judicial es perfecta, debiendo considerarse la buena fe del adjudicatario y tercer adquiriente.

4.- Violación del art.90 del Código de Procedimiento Civil, al no aplicar las normas de cumplimiento obligatorio en beneficio del Banco demandante y en perjuicio del recurrente, pues se desconoce que el mismo haya sido notificado, no obstante ello, éste no hace uso de los recursos que la ley le concede de manera oportuna, cuyas resoluciones resultan ser extra petita al anular actos procesales que además de ser cosa juzgada, no han tenido antecedentes que justifiquen esa nulidad, habiéndose violado el 190 del Procedimiento Civil, señala que el razonamiento del Juez de A quo, es contrario al petitorio del demandante del Banco BISA.

5.- Violación de los arts. 476 del Código de Procedimiento Civil y art.1386 del Código Civil, al no valorarse correctamente la prueba que por cierto es adjuntada por la propia entidad demandante y no se le da importancia que merece en cuanto a la supuesta indefensión del Banco, pues de dicha prueba se puede advertir que el proceso ordinario se inicia fuera del plazo previsto en el Art.490 del Código de Procedimiento Civil, caso para el cual hubiera operado la caducidad, alegando incluso fraude procesal, cuando en los hechos  el fraude procesal, estuviera dirigido a lograr la revisión extraordinario del proceso ordinario, así lo  dispone el art.297 del Código de Procedimiento Civil.

Añade que la falta de valoración de la prueba, también derivo en la aplicación indebida de las causas de nulidad  y anulabilidad previstas en el Art.549 y 554 del Código Civil, puesto que al dictarse Sentencia se deja sin efecto una venta judicial perfecta.

Por lo que impetra, se case el Auto de Vista.       

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, el art.252 del Código de Procedimiento Civil, señala textualmente: “El juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”, norma que permite a los operadores judiciales que toman conocimiento del proceso en sus distintas instancias verificar el cumplimiento de normas que interesan al orden público, como es la formulación de pretensiones contradictorias, consecuentemente se tiene los puntos siguientes:

1) La demanda formulada por los representantes del Banco BISA S.A. que cursan de fs. 288 a 297 de obrados, se encuentran en tres parágrafos, el primero de ellos con una amplia división de las relación de antecedentes cronológicos expuestos en dicha demanda, el punto segundo, se refiere a la fundamentación legal de la demanda, en la que expone el concepto de “fraude procesal”, y señala que antes de describir actos procesales que lo cataloga como un “fruto de fraudes procesales”, en el parágrafo III) del tenor de la demanda, con el subtítulo de “demanda.-”, señalan los apoderados: “deducimos demanda acusando fraude procesal dictados y producidos dentro del proceso ejecutivo seguido por Julio Claros Camacho contra Flora Zelada vda. de Gómez, en el Juzgado de Partido Sexto en lo Civil  y Comercial de esta ciudad…”, posteriormente luego de exponer la petición de actos del punto 7.1 al 7.10, refieren que: “se dicte Sentencia declarando probada la demanda y en consecuencia se declaren los fraudes procesales en los que se ha incurrido  y la correspondiente nulidad de las resoluciones judiciales y escrituras públicas reponiendo íntegramente la hipoteca primera y privilegiada a favor del Banco BISA S.A…”

2) Que, corresponde recordar que la acción de declaración de "fraude procesal" prevista en el art. 297 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, consiste en poner, mediante proceso ordinario, en evidencia una "conducta fraudulenta", "un engaño o mala fe" con que se ha actuado en un determinado proceso para conseguir una Sentencia favorable, con la finalidad de lograr se revise ésta mediante un expreso recurso extraordinario a cargo de Tribunal competente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio señala que: "Hay lugar al recurso de revisión extraordinaria de Sentencia en proceso ordinario, si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en Sentencia ejecutoriada". En este sentido, para que prospere la acción de declaratoria de "fraude procesal", el demandante debe cumplir con la carga procesal que le impone el art.1283 del Código Civil, concordante con el art.375 de su procedimiento y demostrar en proceso ordinario una "conducta fraudulenta" o "un engaño o mala fe" o que "la Sentencia es producto de maquinaciones fraudulentas", señalando cuál el fraude procesal en el que hubieran incurrido los Tribunales de instancia en el conocimiento del proceso ordinario precitado", esta cita ha sido desarrollada mediante el Auto Supremo Nº 14 de 13 de enero de 2.003, reiterada por este Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Auto Supremo Nº 26 de 28 de mayo de 2012. Sobre  dicha base corresponde señalar que la declaratoria de fraude procesal es exclusivo  para verificar que en un proceso de conocimiento se ha producido una conducta fraudulenta, engaño o mala fe de los litigantes que han inducido en error al operador judicial y de haber conseguido una “Sentencia” favorable, en la especie se impugna los actos procesales generados en un proceso “ejecutivo”  diferente de un proceso de “conocimiento”, es más dichas acusaciones contenidas en el tenor de la demanda refieren que las mismas se ha producido en ejecución de Sentencia, aspecto que denota la observación en cuanto a la pretensión y contenido de la demanda de fs. 288 a 297, cuando solicita la declaratoria judicial de fraude procesal y consiguiente nulidad de resoluciones judiciales generadas en  proceso ejecutivo, por lo que siendo la declaratoria de fraude procesal, exclusivo para impugnar un proceso de conocimiento que haya logrado Sentencia, difiere de la presente pretensión y contenido de los antecedentes de la demanda, cuando impugna actos procesales generados en ejecución de Sentencia en proceso ejecutivo, pretensión que resulta ser contradictoria y que por razones de orden público, deben ser corregidas, máxime si a ello se suma la responsabilidad de este Tribunal casacional tiene la atribución de sentar y uniformar jurisprudencia, conforme al numeral 3) parágrafo I del art.42 de la Ley del  Órgano Judicial.

3) Otro de los errores in procedendo, es el tema del litis consorcio, que se encuentra contenido en el art.67 del Código de Procedimiento Civil que señala: “…(Litisconsorcio).- Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez….”, sobre el artículo en estudio diremos que el Auto Supremo Nº 299 de 19 de junio de 2007 evacuado por la Sala Civil  de la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que: “…En el litisconsorcio nos encontramos en presencia de una relación procesal única, con pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados, pero en forma autónoma, es decir independientemente los unos de los otros, lo que en esencia constituyen las características fundamentales de litisconsorcio: unidad de relación jurídica y Autonomía de los sujetos procesales, de tal manera que los actos de unos ni aprovechan ni perjudican a los otros. En otros términos, el litisconsorcio, sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual o mejor derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos en la acción que se intenta, se trata de un litisconsorcio pasivo…”, criterio que este Tribunal Supremo de Justicia comparte.

Ahora, corresponde señalar que de acuerdo al contenido de la demanda, resulta que la pretensión es la declaratoria de fraude procesal y nulidad de las resoluciones judiciales generadas en el proceso ejecutivo seguido por Julio Claros Camacho contra “Flora Zelada vda. de Gómez”, sustanciada ante el Juzgado de Partido Sexto en lo Civil  y Comercial de la ciudad de Cochabamba, deduciendo que, “Flora Zelada vda. de Gómez” no  ha sido demandada en la presente causa, aspecto que obligaba a la entidad demandante a ampliar la demanda en contra de la nombrada, pues si la pretensión de Banco BISA S.A.  busca la “declaratoria de fraude procesal” y/o “nulidad de actos judiciales”, puede afectarse los derechos de Flora Zelada vda. de Gómez, ya que la pretensión aunque contradictoria, busca anular las resoluciones judiciales sustanciadas en el juicio ejecutivo seguido por Julio Claros Camacho, en contra de Flora Zelada vda. de Gómez, Sentencia que al ser dictada en la presente causa, en caso de ser favorable para la entidad demandante, pudiera modificar las resoluciones judiciales generadas en ejecución de Sentencia del mencionado juicio ejecutivo, donde la misma Flora Zelada vda. de Gómez- es la ejecutada, y de ser así, dicho juicio ejecutivo tendría que reactivarse o en su defecto viendo desde otra perspectiva al no integrársela al proceso, se le estaría coartando el derecho de asumir defensa en la presente causa, en la que podría defender el remate efectuado en el mencionado proceso de ejecución, por lo que se deduce que  de una u otra manera se está causando indefensión a Flora Zelada vda. de Gómez, debiendo corregir este error in procedendo.

Que, en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, ante las observaciones procesales que se encuentran revestidas por orden público corresponde emitir fallo anulatorio.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia,  con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos  252, 271 num. 3) y art.275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de la demanda de fs. 298, debiendo la entidad demandante adecuar su pretensión, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido por los Tribunales de ambas instancias.

En atención a lo previsto en el art.17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.