TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                  SALA CIVIL


Auto Supremo: 25/ 2013

Sucre: 6 de Febrero 2013

Expediente: B 29 - 12 - S

Partes: José Hernán Dorado Natuchs.   c/   Carlos Ormachea  Zalles.

Proceso: Usucapión decenal y quinquenal.

Distrito: Beni.


VISTOS.- El recurso de casación de fs. 279 a 290 vlta., interpuesto por José Hernán Dorado Natusch contra el Auto de Vista Nº 126/2012 de 28 de agosto de 2012 cursante a fs. 275 a 276 vlta., emitido por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro el proceso de usucapión decenal y quinquenal, seguido por el recurrente contra Carlos Ormachea Zalles, concesión del recurso de fs. 294 los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO  I

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez de Partido primero en lo Civil y Comercial, pronunció la Sentencia Nº 275/2006 de 11 de diciembre de 2006 que cursan de fs. 210 a 213 de obrados, declarando probada la demanda de fs. 15 a 17 e improbada la demanda reconvencional de fs. 51 a 53 declarando al demandante José Hernán Dorado Natusch, propietario de los lotes de terreno Nº 13 y 14 del manzano Nº 22 de la urbanización Bertha II zona Norte Barrio San José, contra dicha resolución el demandado interpone recurso ordinario de apelación, resuelta mediante Auto de Vista que cursa a fs. 234 a 235, que a su vez fue anulada por disposición del Auto Supremo Nº 26 de 11 de abril de 2012 evacuado por la Sala Civil Liquidadora  del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual se dicta nuevo Auto de Vista que cursa a fs. 275 a 276 vlta., que revoca totalmente la Sentencia apelada y declara improbada la demanda y probada la reconvención, resolución que es recurrida de casación en la forma como en el fondo, objeto de estudio.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

La recurrente manifiesta en su recurso los puntos siguientes:

En la forma.-

Señala que, revisado el memorial de fs. 216 a 218, podrá evidenciar que el apelante, en la parte inicial de su memorial, acusa la violación de los arts. 397, 399, 400 y 401 del Código de Procedimiento Civil y arts. 1543, 1545, 1283 y 1286 del Código Civil, no fundamenta el agravio sufrido, que no abren la competencia del Tribunal de alzada, conforme a los art. 227 y 236 ambos del Código de Procedimiento Civil, asimismo sostiene que si se revisa el escrito de apelación de fs. 216 a 218 no pasa de ser un simple memorial al no contener una fundamentación de agravios, trascribiendo los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que el Tribunal de apelación actuó sin competencia, ante la inexistencia de expresión de agravios que debían de ser fundamentados en el recurso de apelación.

En el fondo.-

Señala que el Auto de Vista tuviera los siguientes fundamentos:

De la documentación de fs. 25 a 36 de obrados, consistentes en una fotocopia legalizada de un proceso de desalojo e interdicto de recobrar la posesión seguido en contra de Gladis Pedriel Ribera, Dora Barroso Vda. de Rivero que fue ampliado  a Hernán dorado Natusch, que ordena la restitución del inmueble.

Señala, que de acuerdo al testimonio de fs. 37 a 49, en su última parte  señalaría que Carlos Ormachea Zalles, en diciembre de 2004 se encontraría en ejercicio de la posesión del terreno o sea del manzano 22 de la urbanización “chetequije”, copias legalizadas que tendrían el valor probatorio, que le asigna el art. 1311 del Código Civil, que de manera clara demostrarían la interrupción de la posesión.

Trascribiendo el art. 138 del Código Civil, señala que del análisis filosófico jurídico, solo se debe demostrar la posesión continuada por diez años.

Sobre lo anotado, corresponde señalar que Antonio Velasco Ávila, mediante documento privado de 22 de marzo de 1968 de (fs. 7 a 8) trasfiere al esposo de su vendedora Dora Barroso Vda. de Rivero (Daniel Rivero Egüez), 30 Has., de su propiedad rústica, inscrita en la oficina de Derechos Reales Nº 68 del Libro de Propiedades Capital de 1968, asimismo que, el mismo propietario Rivero, hubiera tramitado la dotación de las 30 Has. ante el Consejo Nacional de  Reforma Agraria que fue consolidado mediante Titulo Ejecutorial Nº 453241, inscrita en Derechos Reales bajo la Partida Nº 292 del Libro de Propiedades Capital de 1971 (fs. 9 a 10); asimismo consta que a fs. 11 a 13 cursa la declaratoria de herederos, por el que Dora Barroso Vda. de Rivero sucede en las acciones y derechos al difunto Daniel Rivero Egüez, también señala que de fs. 67 a 83 cursan las pruebas literales que acreditan que su persona desde el año 1991 ha estado en posesión pública, pacífica e ininterrumpida de los lotes de terreno Nº 13 a 14; arguye asimismo que con las literales de fs. 1 a 13 y de fs. 55 a 102 ha probado su posesión por más de 13 años, cuando la Sra. Dora Vda. de Barroso le hubiera transferido los citados lotes de terreno, por lo que el Auto de Vista recurrido hubiera infringido el art. 1286 del Código Civil  y 397 de su procedimiento y art. 138 del mismo cuerpo legal, violación que consiste en no reconocimiento de la propiedad de un bien inmueble por usucapión decenal.

Además señala que, de acuerdo a la certificación de fs. 84 nunca fue citado con la demanda de y actuaciones del proceso interdicto interpuesto por Carlos Ormachea Zalles; manifiesta que de acuerdo a los documentos de fs. 55 a 83 probarían su posesión desde 1991; asimismo refiere que de fs. 55 a 57 cursa la inspección y avalúo de 23 de septiembre de 1992, practicado por la Arq. Blanca Balcázar Gutiérrez, documento con la que demuestra que desde 1991 ya se encontraría en la posesión de los objeto de la litis; señala también que de fs. 58 a 66 cursa el testimonio de la Escritura Publica Nº 297/92 de 14 de octubre de 1992 con la que acredita que el Banco Industrial, le hubiera otorgado una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre los lotes  Nº 13 y 14; añade que de fs. 67 a 82 cursa el testimonio  de la E. P. Nº 1.619/97 de 8 de octubre de 1997, que el Banco BIDESA le hubiera otorgado una línea de crédito; a fs. 83, cursa el certificado expedido por Derechos Reales,  que acredita haber ejercido su derecho propietario sobre los lotes de terreno Nº 13 y 14, y al no haber reconocido ese extremo por los vocales, han violado e infringido el Art. 138 del Código Civil; continúa señalando que,  con las literales de fs. 1 a 13 y de fs. 55 a 102 tiene demostrado que está en posesión de los mencionados lotes de terreno.

Por otra parte al hacer referencia a la prueba testifical de cargo de (fs. 149 a 150 y 162) con las que se acredita la posesión por más de diez años sobre los lotes Nº 13 y 14 del manzano 22, cuyas declaraciones al ser uniformes, contestes y concluyentes, y al no reconocerlo así ha violado el art. 138 del Código Civil,  pues dicha prueba tuviera la eficacia probatoria que le asigna en art. 1330 del C. Civil, habiendo introducido construcciones y mejoras, como se ha verificado por el acta de inspección judicial de fs. 162 a 164 y muy al margen de tener el corpus y el animus, se ha hipotecado el mismo ante los Bancos Bidesa e Industrial y Ganadero, finalmente sobre el punto señala que la usucapión tiene un efecto de la retroactividad real que considera al usucapiente desde el momento de su posesión.

Como otro punto recurrido señala que su posesión nunca fuera interrumpida, alude que la interrupción de la prescripción conforme al art. 1503 del Código Civil, alude que el Auto de Vista explana su posición en base a las pruebas de fs. 25 a 36, relativos a un proceso de interdicto de interpuesto por Carlos Ormachea Zalles en contra de Dora Barroso Vda. de Rivero, proceso en el que no fuera citado como acredita del certificado de fs. 84, respaldado con las fotocopias legalizadas de fs. 85 a 102, por lo que se ha aplicado indebidamente el art. 1503 del Código Civil.

También arguye error de hecho en la apreciación de las pruebas de fs. 1 a 13, 55 a 102 y 162 a 164, testificales de cargo de fs. 149, 150 y 162, señalando que de fs. 162 a 164 cursa acta de inspección judicial, por el que prueba que desde la gestión de 1991 se encuentra en posesión de los lotes Nº 13 y 14, también que Antonio Velasco Ávila, mediante documento privado de 22 de marzo de 1968, transfiere a Daniel Rivero Egüez 30 has., de su propiedad rústica “Chetequije” registrado en Derechos Reales (fs. 7 a 8), que tramitó ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, mediante Título Ejecutorial Nº 453241 (fs. 9 a 10), sobre el cual hubiera sucedido mediante declaratoria de  herederos, Dora Barroso vda. de Rivero,  (fs. 11 a 13).

Sostiene que de fs. 1 a 13,  y de fs. 55 a 102, cursan las pruebas literales que acreditaría su posesión desde la gestión de 1991 sobre los lotes de terrenos Nº 13 y 14, error de hecho en la apreciación de las pruebas literales de cargo; sostiene también que de fs. 58 a 66 cursa testimonio de la E.P. Nº 297/92 por el que el Banco Industrial y Ganadero del Beni le hubiera otorgado una línea de crédito, así como las literales de fs. 67 a 82 relativos a la E.P. Nº 1619, que acredita que el Banco BIDESA le hubiera otorgado también una línea de crédito.

A fs. 83 cursaría certificado negativo de Derechos Reales, que acreditaría haber ejercido su derecho de propiedad desde la gestión de 1991.

Asimismo en otro de los fundamentos de su recurso manifiesta que, la prueba testifical acreditaría su posesión  sobre los lotes Nº 13 y 14, que cursan a fs. 149, 150 y 162, por lo que al no reconocerlos de esa forma se ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba testifical, que tiene toda la eficacia probatoria que le asigna el art. 1330 del Código Civil, reitera que desde la gestión de 1991 a la fecha se encontraría en posesión de los lotes Nº 13 y 14, en las que hubiera realizado mejoras y construcciones de los cuartos de material como demuestra el acta de fs. 162 a 164, sin que su posesión hubiera sido interrumpida, menos por Carlos Ormachea Zalles.

Continúa manifestando que la usucapión quinquenal nunca fue negada ni cuestionada por el demandado y se encuentran plenamente probada, pues a fs. 51 a 53 señala que el demandado, no niega nada respecto a la demanda de usucapión ordinaria, arguye  que por el documento de fs. 1 a 2 evidencia que la venta de los lotes Nº 13 y 14, se realizó  el 13 de marzo de 1991 y registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 528 de 25 de septiembre de 1992, desde la cual se efectúa el cómputo de la prescripción conforme al art. 134 del Código Civil, añade que el demandado mencionaría que hubiera “interrumpido su prescripción”, desde el 29 de noviembre de 1998, fecha hasta la cual ya se hubiera operado la prescripción, por lo que el Auto de Vista hubiera violado el art. 134 del Código Civil, que consisten en no reconocer la transferencia de los lotes de terreno Nº 13 y 14 y su posesión sobre las mismas.

Respecto a las presunciones, señala que sobre los mencionados lotes, tendría la presunción establecida en el art. 88 del Código Civil, norma que presume la posesión sobre el inmueble,  que lo tiene demostrado con las literales de fs. 1 a 13 y de fs. 55 a  102, posesión que data desde el año 1991, y trascribe el parágrafo III del art. 88 del Código Civil, señalando que de acuerdo a la prueba de referencia tendría la posesión de los lotes desde 1991, presunción legal  que no admite prueba en contrario.

Por lo que solicita que sobre el recurso en el fondo se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declaren probada la demanda o sobre el recurso en la forma se anule el auto de vista y se confirme la Sentencia.

CONSIDERANDO  III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, establece la permisibilidad de revisar todo el proceso a fin de establecer que en el mismo no se desarrollen infracciones que interesan al orden público; revisión del proceso, que resulta ser obligatoria para todo Tribunal de casación, de verificar que el mismo ha cumplido con las formas procesales, como ocurre en la especie de no haberse planteado pretensiones simultaneas que resultan ser contradictorias, no obstante que la presente causa ya ha sido de conocimiento de la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, que no ha advertido el error en cuanto a la pretensión simultanea demandada, corresponde sanear dicho error in procedendo.

El Código Civil en los arts. 134 y siguientes describe como una de las formas de adquirir el derecho de propiedad inmueble a la usucapión quinquenal u ordinaria y el Art. 138 del mismo cuerpo legal describe también a otra de las formas de adquisición del derecho de propiedad inmueble, como resulta ser la usucapión decenal o extraordinaria.

El texto del art. 134 del Código Civil, señala: “(Usucapión quinquenal u ordinaria) Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito”, esta forma de adquirir el derecho de propiedad requiere de un título idóneo por el que se transfiera el derecho de propiedad, la buena fe del adquiriente y la posesión pacifica e ininterrumpida por cinco años; en cambio el art. 138 del mismo Código tiene la siguiente redacción: “(Usucapión decenal o extraordinaria) La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”, para el mismo no se requiere justo título, sino la posesión que debe ser pacifica e ininterrumpida.

La diferencia entre ambas formas de adquirir el derecho de propiedad radica en que para la usucapión quinquenal es indispensable el título idóneo para adquirir el derecho de propiedad y que el mismo sea inscrito en el registro pertinente, para la decenal no se requiere título, en ambos tanto en la ordinaria como en la extraordinaria se requiere contar con la posesión para la primera de cinco años y para la segunda de diez años.

Se ha desarrollado jurisprudencia, en el sentido de que cuando una persona tiene un título de propiedad o un acto traslativo de dominio pendiente de ser inscrito, no puede optar la adquisición de su derecho de propiedad por vía de usucapión decenal o extraordinaria, a no ser que opte accionar por usucapión decenal tan solo alegando posesión continua e ininterrumpida por el lapso de diez años, y dicha acción debe ser dirigida en contra de titular de dicho predio a ser usucapido, debiéndose adjuntar el certificado de propiedad en el registro de Derechos Reales y la certificación catastral de propiedad, con ello lo que se busca es que a raíz de la posesión pacifica e ininterrumpida el poseedor pueda impetrar la declaratoria del derecho propietario, generando el doble efecto de la usucapión extintivo para el actual propietario (usucapido) y adquisitivo para el usucapiente; contrario a ello si uno cuenta con un título de propiedad debidamente inscrito o con un título de transferencia pendiente de ser inscrito, no es atendible la acción de usucapión decenal o extraordinaria, razón por la cual la pretensión se traduciría en una demanda improponible, que debiera ser rechazada in límine, al momento de considerar la admisión de la demanda.

En cambio en la usucapión ordinaria, se debe tomar en cuenta que el título por el cual se ha adquirido el derecho de propiedad, sea uno idóneo y que la demanda deba ser interpuesta con el argumento de que el transfiriente no haya sido el dueño y avalando el título debidamente inscrito, corresponderá otorgar la usucapión ordinaria.

En el sub lite, conforme al tenor de la demanda de fs. 15 a 17 se evidencia que el demandante José Hernán Dorado Natusch, refiere que mediante documento de 13 de marzo de 1991 inscrito en la oficina de Derechos Reales bajo la partida Nº 528 de 25 de septiembre de 1992 hubiera adquirido los lotes de terreno Nº 13 y 14, de su anterior propietaria, Dora Barroso vda. de Rivero, sobre la cual demanda la usucapión quinquenal y usucapión decenal, petitorio contradictorio, pues para la usucapión quinquenal, en forma resumida diremos que tan solo es necesario el titulo idóneo y la posesión por cinco años, en cambio para la usucapión decenal, es necesario la posesión por diez años, sobre la propiedad de un tercero (ajeno), no sobre su misma propiedad, para que se opere los efectos adquisitivos y extintivos tanto para el usucapiente como para el usucapido, en forma respectiva, peticiones contrarias que no han sido advertidas por el operador de primera instancia, los vocales que hubieran emitido el Auto de Vista impugnado, ni por la Sala Civil Liquidadora que hubiera conocido el proceso al disponer la anulación tan solo del Auto de Vista recurrido, cuando debía verificar vicios de procedimiento mucho más antiguos conforme a la cronología del proceso, como resulta ser la pretensión contradictoria inserta en el tenor de la demanda principal.  

Por lo expuesto, en base a los argumentos explanados, corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, debiendo subsanarse los extremos observados.

POR TANTO. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 18, debiendo el  Juez A quo, intimar al demandante aclare si la pretensión es por alguno de los modos de adquirir el derecho de propiedad (usucapión quinquenal o usucapión decenal), en su defecto en caso de insistirse pretender ambas usucapiones dicha pretensión sería rechazada in límine.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.