TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL



Auto Supremo: 24/2013

Sucre: 6 de febrero 2013

Expediente: CH-48-12-S

Partes: María Adela Patricia Poppe López c/ Benita Eugenia Céspedes Lavayen y

María Luz Poppe López.

Proceso: Pago como comisionista de Distribución de Productos “Alfa Quim” y reembolso a pago por concepto de reactivos para laboratorio.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 3836 a 3837, interpuesto por Edwin Felipe Terrazas Rodríguez  en representación legal de Eugenia Céspedes Lavayen, contra el Auto de Vista Nro. 222/2012, de fs. 3827 a 3830, de 14 de septiembre de 2012, pronunciado  por la Sala Civil 1ra. del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de Pago de comisiones en productos, seguido por Maria Adela Patricia Poppe López contra Benita Eugenia Céspedes Lavayen y Maria Luz Poppe López; la respuesta de fs. 3844 a 3845; la concesión de fs. 3846; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Séptimo en lo Civil, el 24 de abril de 2012 pronunció la Sentencia, cursante de fs. 3799 a 3802, declarando Probada en parte la demanda principal e Improbada la demanda reconvencional, en consecuencia dispuso: 1.- Que, la empresa Alpjha Quim representada por Benita Eugenia Céspedes Lavayen cancele a favor de Maria Adela Patricia Poppe López la suma final de Bs.- 19.551,44 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 44/100 BOLIVIANOS), por concepto de comisiones impagas (Bs.- 12.060,28) y reembolso de dineros propios de la demandante principal por la venta de reactivos (Bs.- 7.491,16), disponiendo la cancelación de daños y perjuicios un interés legal anual del 6 % sobre el monto de Bs.- 19.551,44 a partir del día de la mora, computados desde la fecha de la citación con la demanda (21 de septiembre de 2010).

2.- Determinó sin responsabilidad alguna para la codemandada Maria Luz Poppe López, conforme a lo indicado en el punto 5) del Considerando II.

3.- Dispuso sin lugar al pago de Bs.- 167.182,80 demandados en la demanda reconvencional por faltantes de inventario y productos vencidos.

Contra dicha Sentencia, presentó su recurso de apelación Edwin Felipe Terrazas Rodríguez exponiendo sus agravios sufridos.

El Tribunal de Alzada en virtud a la apelación dictó Auto de Vista Nro. 222/2012, Confirmando totalmente la Sentencia.

Contra la resolución de segunda Instancia, recurre en casación en el fondo el representante de la demandada, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusó  la vulneración de los artículos 397 y 441 del Código de Procedimiento Civil, indicando que no consideró el informe del perito y los anexos 2, 3, 4 y 6, donde se evidencia las devoluciones parciales de depósitos por una suma de Bs.- 12.670, de la misma manera indicó que los Tribunales de Instancia tampoco se refirieron sobre que la demandante deba reconocer el 16% del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Transacciones, monto que asciende a Bs.- 6.583,55.-

Por otro lado menciono que los Tribunales de Instancia vulneraron el principio de igualdad establecido en el art. 3 num. 3) del Código de Procedimiento Civil al confirmar una Sentencia totalmente desigual y parcializada; toda vez que no se considero aspectos de fondo del recurso de apelación y no se valoró la prueba aportada que demuestran que la demandante y su hermana recogieron paquetes de productos de alto valor de Alpha Quim de los cuales jamás se rindió cuentas.

Por ultimo menciono que los Tribunales inferiores, vulneraron el art. 195 del Código Adjetivo Civil, al confirmar una Sentencia totalmente incongruente la misma que comete graves agravios al fijar un interés del 6% anual por daños y perjuicios, aspecto que debió establecerse en ejecución de Sentencia.

En su petitorio, solicitó que se Case el Auto Recurrido y se disponga la valoración plena del Dictamen Pericial además de la amplia prueba aportada.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, la prueba es la actividad de las partes encaminadas a convencer al Juez sobre la veracidad de los hechos que se afirman dentro de un proceso, por otro lado la valoración y apreciación de éstas pruebas, es la actividad judicial por la cual el Juez de Instancia en Sentencia llega a una conclusión positiva o negativa sobre la existencia o no, de los hechos que se diluciden en el proceso.  Al ser un deber de las partes la carga de la prueba (art. 375 C.P.C.), estas están obligadas a generarlas para demostrar cada una de sus pretensiones.  De la misma forma y con relación al deber del Juez el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, establecen que las pruebas producidas durante la sustanciación del proceso, serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que la ley le otorga, pero si no hubiera determinación legal alguna, podrá apreciarlas conforme a su sana critica y prudente criterio, entendiendo ésta como la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual garantizando el mas certero y eficaz razonamiento.

En ese entendido, el Juez a quo bien pudo aceptar o no las conclusiones del  informe pericial, máxime si este dictamen pericial de fs 3557 a 3630, no contaba con los documentos necesarios para poder concluir en un peritaje correcto y legal conforme lo identifico el Juez a quo en Sentencia al indicar que no tomó en cuenta el informe del perito conforme lo establece el art. 1333 del Código Civil al existir “…limitación del perito con la documentación completa que permita una adecuada reconstrucción de los inventarios y no constituir el informe pericial en una auditoría propiamente dicha…”, al no estar obligado el Juez a quo a seguir las conclusiones del perito designado de oficio, mal puede el recurrente  fundamentar indicando la vulneración de los art. 397 y 441 del Código de Procedimiento Civil  y pedir que en casación se otorgue valor al informe pericial, aspecto que ya fue considerado y  resuelto por los Tribunales de Instancia.

Por otro lado el art. 253 num. 3) del Código Adjetivo Civil nos indica que procederá el recurso de casación en el fondo cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o de hecho; de la revisión del proceso, los Tribunales de Instancia realizaron una correcta apreciación de la  prueba que las partes ofrecieron en obrados, las mismas que demostraron las deudas contraídas por la parte demandada a favor de la parte demandante, y entre ellas se encuentra la confesión espontánea de la demandada de fs. 54, donde reconoció a favor de la demandante la suma de Bs.- 12.060,28 como deuda por comisiones,  al igual que la suma de Bs. 7.491,16 por la venta de reactivos, montos de dinero que la recurrente olvida que fue ella quien reconoció en su memorial de apersonamiento a la demanda principal cursante de fs. 52 a 57, donde indico de manera textual que quedaba: “…a favor de la señora Patricia Poppe un monto de Bs. 7.491.16 más el saldo por comisiones devengadas en un monto de Bs. 12.060.28; siendo la sumatoria total a favor de la misma un monto de Bs. 19.551.44 y ni (sic) así los Bs. 45.094 que pide la demandante…”,  confesión espontánea a iniciativa propia de la parte demandada, que constituye plena fe contra quien la ha prestado, conforme lo establece el art. 1321 del Código Civil, que tiene relación con el art. 404 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil que dice de la confesión: “Será espontánea, la que se hiciere en la demanda, contestación o en cualquier otro acto procesal…”, prueba que ciertamente demuestra lo adeudado por la parte demandada.  Por otro lado al no basar su Sentencia el Juez A quo en el informe pericial acusado por la recurrente, mal puede acusar en el fondo la no valoración del informe del perito, toda vez que no fue parte del razonamiento del Juez de Instancia en su resolución, la misma que fundamento y justificó las razones por las cuales no valoró en Sentencia dicha prueba.

Con respecto a la vulneración del principio de igualdad establecido en el art. 3 num. 3) del Código de Procedimiento Civil acusado por la recurrente, indicar que las partes en el proceso tuvieron una posición igualitaria, ambas partes,  demandante como demandada tuvieron las mismas oportunidades, fueron juzgadas con las mismas posibilidades dentro del juicio, contaron con un debido proceso que rige en toda contienda judicial, los Tribunales de Instancia no vulneraron dicha garantía fundamental y tomaron las medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes en las actuaciones del proceso.

Por dicho motivo no existió vulneración alguna al principio de igualdad y la no valoración de la prueba aportada dentro del proceso como el informe pericial, las guías correspondientes a la Flota Copacabana y demás certificaciones que a criterio de la recurrente vulneran el principio de igualdad  resultan impertinentes, toda vez que en obrados no se pudo establecer como prueba fehaciente dichos documentos, los mismos que no fueron analizados por el Juez a quo por no ser determinantes en la litis y como mencionamos líneas arriba la Sentencia se basó en la confesión espontánea realizada por la recurrente, hecho que no puede desconocer ahora acusando vulneración al principio de igualdad incurriendo en una conducta contraria a sus actos propios que ciertamente van en contra de lo moral, la buena fe y la probidad que deben tener las partes dentro de un proceso.

Por ultimo, la actora demando el pago de daños y perjuicios, en la suma de Bs.- 25.000, monto de dinero que no fue considerado por la Juez de Instancia quien dispuso en Sentencia que al tratarse de obligaciones pecuniarias se deba pagar por concepto de daños y perjuicios, sólo un interés del 6% anual sobre el monto adeudado (Bs.- 19.551.44), interés que corre desde el día de la mora, o sea desde que se citó con la demanda a Eugenia Céspedes Lavayen, conclusión que resulta correcta en estricta aplicación de lo estipulado por el art. 347 del Código Civil, donde se establece que las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento sólo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora, normativa que tiene estrecha relación con lo dispuesto por el  art. 130 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, en ese entendido el Juez A quo califico correctamente los daños y perjuicios demandados por la actora.

Por lo dicho concluiremos indicando que los Tribunales de Instancia, realizaron una correcta interpretación y aplicación de las normas acusadas en el recurso de casación, no siendo evidente lo fundamentado por la parte recurrente en su recurso, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 2) y  273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 3836 a 3837, interpuesto por Edwin Felipe Terrazas Rodríguez  en representación legal de Benita Eugenia Céspedes Lavayen, contra el Auto de Vista Nro. 222/2012, de fs. 3827 a 3830, de 14 de septiembre 2012, pronunciado  por la Sala Civil 1ra. del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula en honorario del profesional en la suma de Bs.- 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani