TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                          SALA CIVIL


Auto Supremo: 11/2013

Sucre, 30 de enero 2013

Expediente CH 49 12 A.

Partes: Beatriz Carolina Guevara Guillen c/Sergio Roberto Rivero Zurita.

Proceso: Reconocimiento de derecho propietario.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 306 a 309 vlta., interpuesto por Germany Zurita Cabrera en representación de Sergio Roberto Rivero Zurita contra el Auto de Vista Nº SCI-228/2012 de 18 de septiembre de 2012, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso de reconocimiento de derecho propietario seguido por Beatriz Carolina Guevara Guillén contra Sergio Roberto Rivero Zurita, la concesión del recurso de fs. 320, los antecedentes del proceso, y

C0NSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.


Luego de haberse observado las resoluciones judiciales dictadas por el operador judicial de primera instancia, se dicta el Auto interlocutorio Nº 388/2007 de 12 de mayo de 2007 cursante a fs. 240 241 de obrados que declara probada la excepción de prescripción, formulado por Sergio Roberto Rivero Zurita.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por parte de Beatriz Carolina Guevara Guillén y concedida el mismo ante la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia), es resuelta por la Sala Civil Primera, que recurrida de casación es anulada mediante Auto Supremo Nº 142 de 30 de julio de 2012 cursante a fs. 287 a 289 vlta., y a consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº SCI-228/2012 de 18 de septiembre de 2012, que revoca el Auto interlocutorio Nº 388/2007 que cursa a fs. 240 a 241 y declara improbada la excepción de prescripción, disponiendo se continúe con el trámite de fondo, resolución objeto del presente recurso.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

1) Acusa que el Auto de Vista  ha violado el Art. 1538 numerales I), II) y III) del Código Civil, además de haber incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas de cargo.

Sostiene que, la demandante a fs. 2 a 3, presenta su supuesta propiedad adquirida mediante Escritura Pública Nº 302/2001 de 14 de marzo de 2001 registrado en Derechos Reales el 23 de marzo de 2001, que no señala la ubicación de su propiedad y  a fs. 4 presenta un formulario de proyecto de línea municipal sin aprobación, en cambio su mandante ha ofrecido prueba legal como consta a fs. 38 a 42 el título de propiedad establecido en la Escritura Publica Nº 185/1990 registrado en Derechos Reales el 2 de mayo de 1.990, así como la prueba de fs. 43, la enumeración del inmueble a fs. 46 de propiedad y gravámenes, el folio real de fs. 45, la línea municipal aprobada, declaración de la notaria de fe pública respecto a la compra del terreno, que no han sido valoradas por el “Tribunal recurrido”.

Señala que, pese de haberse declarado la prescripción por la Juez de primera instancia, el Tribunal “recurrido”, revoca y desconoce la prescripción violando el Art. 1538 numerales I), II) y III) del Código Civil, por interpretación errónea de la norma, por aplicación indebida del articulo y por haber incurrido en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas.

2.- Trascribiendo parte del Auto de Vista, señala que en el proceso existe prueba suficiente que evidencia que el lote de su mandante es el mismo lote de terreno de la demandante, arguye que la demandante confiesa que el lote de terreno que ocupa es de su mandante; sostiene también, que la demandante presenta el plano de línea y nivel municipal de fs. 4, que sin estar aprobado, señala con precisión el lugar y ubicación del lote de terreno que reclama es el mismo que figura en el de fs. 48 y que el informe pericial de fs. 56, señala con precisión que ambas partes reclaman el mismo lote de terreno, por lo que para efectos de la prescripción, se deduce que el lote de terreno reclamado por la demandante es el mismo que el de su mandante, por lo que se ha operado la prescripción respecto al derecho propietario que se demanda en la presente acción, pues su hijo ocupa el lote desde hacía 25 años atrás.

Por lo que, manifiesta que, el Tribunal recurrido al referirse que se trata de un mismo inmueble procede a la declaratoria de prescripción en su favor, como se trataría de dos inmuebles, o es aplicable la prescripción, por lo que siendo prueba suficiente el lote de terreno reclamado por la demandante, es el mismo lote de terreno, manifiesta que no existen dos lotes de terreno distintos, y que la demanda interpuesta en contra de su mandante que posee y detenta como propietario desde que fue adquirido pasan los veinticinco años, razón por la cual opuso la excepción de prescripción.

3.- Señala que el demandante dirige su demandan en contra del mismo inmueble, arguyendo que su mandante ocupa el inmueble de la actora, pese a ser propietario del mismo y que ocupa desde la gestión de 1985.

4.- Manifiesta que desde inicios del proceso y al oponer las excepciones, y que el lote que se demanda se trata del mismo lote que su persona a través de su padre adquirió de la familia Pereyra Oropeza, asimismo la demandante sostiene que, se trataría de dos lotes distintos, sin tomar en cuenta que su lote de terreno fue adquirido el 5 de octubre de 1985 y registrado en Derechos Reales en 2 de mayo de 1990 y la demandante inscribió su título en fecha del 22 de marzo de 2001, por lo que no presenta planos aprobados ni el formulario de línea municipal.

5.- Señala que la demandante, erróneamente demanda reconocimiento de derecho propietario y que dicha demanda no es suficiente para destruir, enervar y/o impugnar el derecho legítimo de su mandante, que fue adquirido en fecha 5 de octubre de 1985, refiere que el padre de su mandante hubiera comprado el inmueble para éste, mediante documento privado de 5 de octubre de 1987 e inscrito en Derechos Reales el 2 de mayo de 1990, donde se describe el lote 1 con una superficie de 906,92 mts2 ubicado en la zona Garcilazo, aludiendo las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del mencionado contrato de compraventa, finalizando que su superficie, número de lote, límites y colindancias, consignado en el plano aprobado el 16 de septiembre de 1985 corresponde al lote de terreno de propiedad de si mandante.

6.- Señala que la titulación de la actora, María Beatriz Guillén de Guevara, compra para su hija y actual demandante, supuestamente  mediante documento privado de 27 de septiembre de 1.981, que previo reconocimiento de firmas y rúbricas fuera inscrito en la oficina de Derechos Reales bajo el folio real Nº 1011990017331 en fecha 23 de marzo de 2.001, sin embargo en la fecha de la firma del documento privado reconocido en fecha del 27 de septiembre de 1981, interviene falsamente como transferente la señora Blanca Pereira Oropeza, quien había fallecido cinco años antes, como evidencia las pruebas documentales que cursan en fs. 66 a 67, de manera que la titulación se funda en una adquisición fraudulenta y falsa.

Señala también que en la cláusula primera del documento señalado, señalaría que las vendedoras  fueran propietarias de 24 hectáreas en la zona Garcilazo, que arranca del Título Ejecutorial inscrito en Derechos Reales de Chuquisaca fs. 198 partida Nº 1 del Libro de Propiedades Capital  de 19 de febrero de 1.973, esto quiere decir que la actora tiene para su titulación otros antecedentes de registro distintos al origen  de lote de su mandante, razón por la que existen dos matriculas sobre el mismo inmueble; además que en la cláusula segunda del mencionado documento señalaría que se otorga en calidad de venta un lote de terreno de una superficie de 950 mts.2 en la zona Garcilazo, Barrio Petrolero, por lo que no existiría identificación  y ubicación exacta del lote de terreno.

7.- Refiere que desde la adquisición del lote de terreno, su mandante ha estado en posesión pacífica como propietario habiendo introducido mejoras, desde el 5 de octubre de 1985, recién aparece la demandante para interferir en la quieta y pacífica posesión del lote de terreno de su mandante.

Por lo que, solicito se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se mantenga firme y subsistente  el Auto Interlocutorio de fs. 240 a 241.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso de casación, tiene su fundamento en la vulneración de las disposiciones relativas al régimen de la prescripción y la aplicación de las mismas al presente juicio, expuesto amplia tautología, en la que se alega que la propiedad demandada y el que corresponde al demandado, tendrían títulos con orígenes diversos, empero de ello, se trataría de un mismo inmueble.

Al respecto, también corresponde señalar que, el fallo inicialmente impugnado, es el Auto Interlocutorio definitivo de fs. 240 a 241 de obrados que declara probada la excepción de prescripción, interpuesto por el demandado Sergio Roberto Rivero Zurita conforme al memorial de fs. 57 a 58, escrito en el que se alegó la relación de fechas de inscripción de los títulos tanto de la demandante como del demandado y conforme a la cronología de su inscripción señaló que el derecho invocado por la demandante hubiera prescrito, en base a dicho argumento es que interpuso la excepción de prescripción.

En cumplimiento al Auto Supremo Nº 142 de 30 de julio de 2012 cursante a fs. 287 a 289 vlta. y a consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº SCI-228/2012 de fecha 18 de septiembre 2012, que revoca la resolución interlocutoria de primera instancia.

Ahora, como el debate se centra en vulneración del régimen de la prescripción al presente caso, corresponde anotar que el instituto de la prescripción anteriormente comprendía a una prescripción adquisitiva y a una prescripción liberatoria o extintiva, clasificación que el derecho contemporáneo, ha sistematizado en dos institutos que se encuentran en nuestra legislación civil, el primero “prescripción adquisitiva”, se encuentra en el instituto de la usucapión (decenal y quinquenal), en el Código Civil dentro del libro Segundo DE LOS BIENES, DE LA PROPIEDAD Y DE LOS DERECHOS REALES SOBRE LA COSA AJENA, y la segunda “prescripción liberatoria o extintiva”, se encuentra, también en el Código Civil en el Libro Quinto DEL EJERCICIO, PROTECCION Y EXTINCION DE LOS DERECHOS, ahora la regla de la prescripción en lo particular está inmersa en el Art. 1492 del Código Civil que señala: “(Efecto extintivo de la prescripción) I. Los Derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. II. Se exceptúan los Derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares…”, esta regla es aplicada en la generalidad de los casos a la universalidad de las relaciones jurídicas.

Ahora también corresponde señalar que de acuerdo al concepto de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., se entiende por relación jurídica “a la relación entre dos o más sujetos regulada por el derecho objetivo. Este atribuye a uno de los sujetos un poder y al otro, como contrapartida, un deber, que está en la necesidad de cumplir para satisfacer el interés que el sujeto titular del poder está llamado a realizar con el ejercicio del mismo”. También corresponde señalar que las relaciones jurídicas tienen una clasificación, reconocidas por la doctrina como: 1) por la índole del contenido de la relación jurídica (patrimonial o extrapatrimonial) y 2) por la identidad del sujeto pasivo (el derecho resulta absoluto si se lo puede oponer a todo integrante de la comunidad y relativo si solo compete a una o varias personas determinadas), sobre esta última clasificación, Atilio Anibal Alterini en su obra Curso de las Obligaciones Tomo I, señala que son relaciones absolutas los Derechos de la personalidad y los Derechos Reales y son relativos los Derechos de familia y los creditorios.

Consecuentemente, conforme a la exposición explanada corresponde anotar  que para invocar la prescripción, en nuestro caso extintiva o liberatoria, debe existir una relación jurídica, en la que uno de los sujetos tenga la facultad de exigir y el otro sujeto tenga el deber de cumplir con cierta obligación, ya que el derecho de una de las partes se traduce en la obligación de la otra, caso para el cual sea generada por alguna de las fuentes de las  obligaciones como el contrato, las obligaciones por promesa unilateral, el enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios o de los hechos ilícitos.

En el caso presente, el tenor de la demanda radica en que Beatriz Carolina Guevara Guillen demanda reconocimiento judicial de derecho propietario sobre el lote de terreno ubicado en la Av. Emilio Mendizabal, casi esq. Costa Rica y que no se basa en una acción de mejor de derecho de propiedad, tan solo acciona en base al art. 105 parágrafo I inciso II) del Código Civil, en lo relativo a las acciones que sean necesarias en defensa de su propiedad, por lo que tan solo es una acción cuasi-declarativa de su derecho propietario que conforme a la exposición de su demanda ya lo tiene registrado en Derechos Reales, pues no debate una reivindicación ni un mejor derecho de propiedad, para este caso no existía obligación pendiente de ser cumplida por el demandado, Sergio Roberto Rivero Zurita, esto tomando en cuenta que el sustento legal por el que ha apoyado la excepción de prescripción, conforme al memorial de fs. 57 a 58  de obrados y lo expuesto en el recurso de casación, en el que arguye la vulneración de los art. 1538 numerales  I), II) y III) del Código Civil, que se refieren a la publicidad de los Derechos Reales, el efecto erga omnes, la publicidad mediante la inscripción y la salvedad de los actos inter partes cuando no han sido llenados los requisitos para su inscripción, que confunde el régimen de la prescripción pues con la misma se extinguen los Derechos cuando el titular no los ejerce dentro del término que la ley establece, correspondiendo señalar que el ejercicio del derecho de propiedad, no está sujeto a término, por lo que el demandado no podía alegar prescripción liberatoria de la pretensión demandada, salvo el caso de la prescripción adquisitiva que no es atinente al presente caso tomando en cuenta la naturaleza de la excepción planteada; más aún si dicha prescripción adquisitiva (usucapión) se encuentra formulada vía demanda reconvencional que será resuelta conforme a derecho.

Por otra parte, al margen de resultar innecesario referirse a los medios de prueba adjuntados al proceso y descritos por la recurrente, como se ha explanado en el parágrafo que antecede, no resulta ser necesario pronunciarse sobre la misma pues deviene ser impertinente, conforme a la pretensión de la demanda, en vista que es una acción no sujeta al régimen de la prescripción, siendo que la demanda tan solo persigue una declaración judicial de su derecho propietario.       

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en los arts. 271 inc. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 inc. 2) y 273 declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Germany Zurita Cabrera en representación de Sergio Roberto Rivero Zurita contra el Auto de Vista Nº SCI-228/2012 de 18 de septiembre de 2012.Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.