TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 533/2012

Sucre: 14 de diciembre2012

Expediente: CB-100-12-S

Partes: Silvia del Carmen Fabric Venegas c/ Gastón Gonzalo Rocha Cruz.

Proceso: Nulidad de Contratos y Resarcimiento de Daños y Perjuicios

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 226 de obrados, interpuesto por Gastón Gonzalo Rocha Cruz, contra el Auto de Vista de fecha 06 de Julio de 2012 cursante de fs. 216 a 217 y Vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Nulidad de Contrato y Resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Silvia de Carmen Fabric Venegas contra Gastón Gonzalo Rocha Cruz, el Auto de concesión de fs. 229, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la demandante Silvia del Carmen Fabric Venegas, el 08 de septiembre del año 2005, interpone demanda de nulidad de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios contra Gonzalo Gastón Rocha Cruz, por la compra de un lote de terreno con una superficie de 31.918 Mts2 en la provincia de Quillacollo, cantón Tiquipaya, zona Chilimarca, por la suma de $us 38.000 en fecha 19 de diciembre del año 2000 cursante de fs 3 a 4, mediante su apoderado para la venta Héctor Herrera Torrejón, por Testimonio de Poder Nº 392/2000 de fs.2 Vlta., la certificación cursante a fojas 1 evidencia que el señor Gastón Gonzalo Rocha Cruz no tenía registrado en Derechos Reales de Quillacollo su derecho propietario que el mismo fue vendido en el año 1993 a Ana Carmen Ledezma de Campero, hecho que motivó la demanda. Contestada la demanda en forma negativa en todas sus partes, por ser falsa y temeraria, planteando acción reconvencional y al mismo tiempo oponiendo excepciones perentorias.

Que, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 0-003/07 declara probada la demanda principal, improbada la demanda reconvencional, probadas las excepciones opuestas a la mutua petición, declarando nulo y sin valor el documento privado

de venta de lote de terreno con poder de fecha 19 de diciembre del año 2000, reconocido en fecha 22 de agosto de 2005 ante Notaria de Fe Publica Nº 25 de la ciudad de Cochabamba, por lo que se dispone, como efecto de la nulidad del contrato que Gastón Gonzalo Rocha Cruz devuelva a favor de la Sra. Silvia del Carmen Fabric Venegas la suma de treinta y ocho mil Dólares Americanos 00/100 ($us 38.000) pagados por la compra, dentro del tercero día de ejecutoriada la sentencia, reservándose la averiguación de daños y perjuicios ocasionados en ejecución de sentencia.

En apelación el Tribunal Ad quem, por Auto de Vista de fecha 06 de julio del año 2012 de fs. 216 a 217 vlta, confirmó la Sentencia de fecha 03 de octubre del año 2007 cursante de fs. 188 a 196, y el Auto de 13 de enero de 2006, contra esa resolución del Tribunal Ad quem, Gastón Gonzalo Rocha Cruz recurrió en casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Resumiendo los argumentos expresados en el confuso memorial del recurrente, se establece lo siguiente:

1.- Reclamó indicando que el Ad quem habría validado una Sentencia que incumple los más mínimos requisitos en cuanto a su contenido conforme al art. 192 del Código de Procedimiento Civil.

2.-Acusó que el Ad quem habría validado una Sentencia que no ha valorado las pruebas producidas en el proceso, siendo este un claro incumplimiento los Art. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento.

3.- Así mismo reclamó que el Auto de Vista, al haber afirmado "que en la transferencia no existía Objeto y que el bien ya no era de propiedad del demandado", por lo que el Ad quem habría emitido una resolución carente de objetividad por que no se valoró la prueba de fs. 58 a 60 con la que se habría demostrado que el bien inmueble volvió a propiedad del recurrente y consiguientemente incurría en infracción del art. 253 inc 3) Código de Procedimiento Civil.

4.-Reclamó también que el mandato en el que se ampara la compra no hace fe probatoria del derecho real o personal del mandante, sino simplemente de la

representación que otorga, que correspondía a los Tribunales de instancia el análisis e interpretación del art. 804 del Código Civil.

5.-El Tribunal de alzada habría confirmado la Sentencia, respaldándose solo con la Minuta de Transferencia y el Testimonio de Poder, sin considerar otros elementos probatorios como la certificación de fs. 1 y de fs. 54 a 60 concerniente a la tradición del inmueble donde no coincidiría el registro de la propiedad con la minuta.

6.- Que el Auto de Vista recurrido, no habría analizado que el mandato que al consignar datos inexistentes sería nulo por no tener el objeto del contrato, que tampoco se habría establecido responsabilidad del apoderado frente a terceros cuando se excede de los límites del mandato, consecuentemente se habría infringido el art. 810-II del Código Civil.

7.- Que no se puede entender causa ilícita en la compradora cuando ésta ha demostrado en forma reiterada la inexistencia del bien, en la forma descrita en la minuta y en el testimonio de poder.

8.- Que los documentos presentados por la actora de fs. 64- 65 validados por el A quo, de acuerdo al informe pericial no fueron declarados auténticos y consiguientemente se estaría violando el art. 399 del Código Civil.

9.-Asimismo indica que, ni la Sentencia ni el Auto de Vista hacen mención de la prueba aportada de fs. 54 a 60. Acusando falta de valoración de la prueba aportada y consiguiente violación de los arts. 1286 y 1297 del Código Civil y 397 de su procedimiento, en relación a los arts. 330, 331, 374, 377, 379, 380, 381, 390 y 399.

10.- Finalmente reclamó que la Sentencia ni el Auto de Vista analizaron que se trata de un fraude procesal en el que estarían implicados la demandante el apoderado y otros, y que fuera denunciado en su momento.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.-El recurrente básicamente reclama que el Auto de Vista habría confirmado la Sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad del documento de transferencia de un lote de terreno con una superficie de 31.918 Mts2 en la provincia de Quillacollo, cantón Tiquipaya, zona Chilimarca, por la suma de $us 38.000.- de fecha 19 de diciembre del año 2000, que fue adquirido por la actora, Silvia del Carmen Fabric Venegas, mediante apoderado del recurrente Héctor Herrera Torrejón, Sentencia que le obliga a devolver al recurrente en favor de la actora la suma de $us. 38.000.- pagada por esta última a su apoderado. Toda vez que el recurrente no había logrado desvirtuar la nulidad del Testimonio de Poder Nº 392/2000 alegado en su demanda reconvencional.

2.- Asimismo reclamó que el Ad quem habría validado una Sentencia que incumple los más mínimos requisitos en cuanto a su contenido, conforme al art. 192 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se habría realizado la valoración de la prueba conforme los art. 1286 y 397 del mismo cuerpo legal.

Respecto a la aparente infracción del art.192 del Código de Procedimiento Civil en sentido de que la Sentencia no hubiese cumplido los requisitos mínimos previstos en esa norma y consiguientemente el Tribunal hubiese convalidado ese aspecto, corresponde señalar que, la aparente violación de la forma de la Sentencia debió ser cuestionada con motivo de la impugnación en la forma y no en el fondo.

3.- Asimismo reclamó, que el Auto de Vista, confirmó la Sentencia, que había declarado nula la transferencia de fecha 19 de diciembre del año 2000, al haberse comprobado la falta de objeto cierto en la transferencia y que el bien no era de propiedad del recurrente, consecuentemente el A quo habría incurrido en violación e interpretación errónea y contradictoria, que no habría tomado en cuenta la prueba de fs. 54 a 60, Sentencia que fue validada por el Ad quem. Sin embargo de la documental de fs. 1 consistente en una certificación emitida por la Sub Registradora de Derechos Reales de Quillacollo se evidencia que a fojas 2476 y Partida 2476 del Libro Primero de Propiedades de la provincia Quillacollo, registrada el 2 de julio de 1993, se extrae el título de propiedad del terreno ubicado en la zona Chilimarca a nombre de Ana Carmen Ledezma de Campero por la compra realizada a Gastón Gonzalo Rocha Cruz, en la que no existe ningún sello de transferencia de la que se hubiere tomado razón, consiguientemente respecto al registro en Derechos Reales y la oponibilidad del aludido acuerdo transaccional de fs. 54 a 60 al que hace referencia el recurrente, el sello de registro en la fotocopia simple que cursa a fs. 60 y Vlta. no puede tener valor probatorio frente a la certificación de fs. 1 misma que fue otorgada en fecha 12 de Septiembre de 2003 de manera posterior al acuerdo transaccional.

4.- Ahora bien el recurrente también reclamó, que el A quo habría validado la documental cursante a fs. 64 y 65 de obrados sin que la mismas hayan sido declaradas documentos auténticos, habiendo sido objetadas por el recurrente por memorial de fs. 72, las mismas que resultan ser dos Minutas de Transferencia de inmuebles que contienen los mismos datos de registro del inmueble transferido a la actora mediante su apoderado, suscrito por el recurrente a favor de Miguel Ortega Vargas y Walter Vega Meneses, que están debidamente firmadas por el recurrente, documentales que según manifestación de la actora, demuestran el modus operandi del recurrente. Ahora bien habiéndose rechazado la objeción presentada por el recurrente a las referidas documentales de fs. 64 y 65 mediante Auto que cursa a fs. 75 de fecha 13 de enero de 2006, resolución a la que éste último apela, misma que fue diferida para la eventual apelación de la Sentencia, conforme dispone el art. 25 de la ley 1760 Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar que señala " La apelación en el efecto diferido se limitara a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservará la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la Sentencia definitiva." En el caso que nos ocupa el recurrente a tiempo de apelar de la Sentencia debió fundamentar o en su caso reiterar la fundamentación ya realizada del recurso de apelación diferida para que ésta sea corrida en traslado junto a la apelación de la Sentencia para su posterior concesión, empero contradictoriamente el recurrente no cumplió con esa obligación de fundamentación, en ese entendido, se entiende, que renunció del mismo, que en ese sentido también de manera reiterada y uniforme se precisó por parte de la entonces Corte Suprema y ahora por éste Tribunal Supremo de Justicia que en caso de que el recurrente no reitere o ratifique la apelación diferida a tiempo de fundamentar la apelación de la Sentencia se tendrá por renunciado o desistido el recurso de apelación diferido. En consecuencia el recurrente no puede alegar infracción, si éste no estableció en su oportunidad sobre los perjuicios o agravios que le causaba el Auto de fecha 13 de enero de 2006, a tiempo de apelar de la Sentencia.

5.-Así también reclamó que ni la Sentencia ni el Auto De Vista analizaron que se trataría de un fraude procesal en el que estarían implicados la demandante el apoderado y otros y que fuera denunciado en su momento. Al respecto cabe señalar que el recurrente no probó que el Testimonio de Poder Nº 392/2000 del que pretendió su nulidad, fue fraguado, toda vez que en obrados de fs. 116 consta certificación de la Notario María del Carmen Montaño del Granado, en la que certifica que el poder fue otorgado con todas las formalidades de rigor y que el recurrente se hizo presente y estampó su firma en señal de conformidad, como así también se tiene de la afirmación de la testigo de cargo de fs. 161 y 162 y el propio apoderado de éste último, situación que demuestra que el A quo valoró debidamente toda la prueba aportada en proceso. Sin perjuicio de que el supuesto fraude denunciado pueda ser establecido en proceso penal correspondiente.

6.- En cuanto al supuesto agravio de no haberse establecido responsabilidad del apoderado, se debe señalar que, en atención al Art. 467 del Código Civil el contrato realizado por el representante a nombre del representado, en los límites otorgados por este, produce sus efectos sobre el representado; de donde se infiere que los efectos del contrato de compra venta cuya nulidad se demanda, le alcanzan al demandado, ahora recurrente; así también se entiende de lo previsto en el art. 821 Parágrafo I del Código Civil que dispone que el mandante está obligado a cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario de acuerdo al poder otorgado, concluyendo por ello que al respecto no existe sustento legal que justifique el agravio expuesto por el recurrente, sin perjuicio de que éste pudiere hacer valer el derecho que le corresponda frente a su representante.

Por las razones expuestas se establece que los Tribunales de instancia al haber declarado probada la demanda y confirmado la misma en alzada ajustaron su proceder a las normas y si bien no han realizado un análisis detallado de la prueba producida en el proceso, empero ese aspecto es justificable, toda vez que su consideración resulta intrascendente tomando en cuenta que ninguno de los hechos argumentados en la demanda reconvencional fueron probados.

Por las razones expuestas este Tribunal concluye que no son fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 226 de obrados, interpuesto por Gastón Gonzalo Rocha Cruz. Sin costas.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán