TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 532/2012

Sucre: 14 de diciembre de 2012

Expediente: T-35-12-S

Partes: Ingeniería y Construcciones Tarija S.R.L. (INCOTAR S.R.L.) c/ Prefectura del Departamento de Tarija y el Fondo de Desarrollo Campesino.

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 481 a 491, interpuesto por la Empresa Ingeniería y Construcciones Tarija S.R.L. contra el Auto de Vista No. 106/2012, de fs. 476 a 478 vlta, de fecha 27 de agosto de 2012, pronunciado por la Sala Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y de Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso de Cumplimiento de Obligación, seguido por Ingeniería y Construcciones Tarija S.R.L. contra la Prefectura del Departamento de Tarija y el Fondo de Desarrollo Campesino; el Auto de concesión de fs. 501; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, el 27 de octubre de 2011 pronunció Sentencia, cursante de fs. 431 a 434 vlta, declarando Improbada la demanda de cumplimiento de obligación y Probadas las excepciones de falta de acción y derecho y prescripción opuestas por la Prefectura del Departamento de Tarija y el Fondo de Desarrollo Campesino.

Contra dicha resolución, presenta su recurso de apelación la Empresa Demandante, el mismo que fue resuelto por el Tribunal de alzada Confirmando totalmente la Sentencia.

Contra la resolución de segunda Instancia, recurre en casación en la forma y en el fondo la parte demandante, recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Indicó que el Tribunal Ad quem emitió una resolución infra petita al considerar que los agravios acusados en apelación no fueron considerados y analizados todos los agravios acusados

Por otro lado indicó en la forma que el Auto de Vista no contiene ningún análisis sobre el puntual agravio de errada apreciación de la calidad de sujeto pasivo de la ex prefectura del departamento de Tarija en el pronunciamiento sobre la excepción de falta de acción, indicó que el Tribunal de alzada está obligado a considerar cada uno de los agravios en que basó su decisión.

Por ultimo mencionó que el Auto Supremo que anuló obrados lo realizó para integrar al Fondo de Desarrollo Campesino a la litis, no excluye de la acción ordinaria a la prefectura del departamento sino que dispone la conformación de un litis consorcio pasivo, aspectos vulnerados por los Tribunales de instancia que distorsionaron la aplicación del contenido resolutorio del Auto Supremo al excluir del proceso a la prefectura.

En el Fondo:

Extrayendo la pretensión del recurrente se tiene que acusó la errada apreciación de la calidad de sujeto pasivo de la ex Prefectura del Departamento de Tarija ahora Gobernación Autónomo en el pronunciamiento sobre la excepción de falta de acción y derecho porque a criterio del recurrente se distorsiona la apreciación jurídica contenida en el Auto Supremo Nro. 187 que anuló obrados y que los Tribunales de instancia sostiene que la Prefectura de Tarija al contar con la responsabilidad de la supervisión de la obra determinaría que se halla probada su excepción de falta de acción, criterio que el recurrente objeta como errado, al considerar a la Prefectura como la entidad encargada también de cumplir con la obligación al constituirse en un litisconsorcio.

Por otro lado acusó la errada apreciación jurídica sobre la prescripción de la obligación y la eficacia interruptiva de la acción ordinaria al indicar que su pretensión no se encuentra prescrita y que se realiza una infracción a los arts. 1503 y 1504 del Código Civil, que el Tribunal Ad quem no tomó en cuenta que el Juez A quo al ser director del proceso contaba con el deber de integrar a la litis a todas aquellas personas naturales o jurídicas así como lo estableció el Auto Supremo que anuló obrados y dejo vigente la demanda y sólo dispuso que se demandara al Fondo de Desarrollo Campesino y al estar vigente la demanda se encontraba oportunamente interpuesta cortando cualquier prescripción.

Indicó que en todo caso es la torpeza de la juez que conoció la causa al tramitar un proceso sin la integración del Fondo de Desarrollo Campesino y que su demanda se encontraba presentada antes de que opere el término de prescripción.

Terminó peticionando que en la forma se Anule el Auto de Vista recurrido por las razones expuestas y de no ser así en el fondo se Case el Auto de Vista y en su mérito se declare Probada la Demanda de Cumplimiento de Obligación y se disponga el pago de $us. 22.376,33.- mas los intereses comerciales, daños y perjuicios que hacienden a un total de $us. 52.927,16.-

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los antecedentes procesales podemos establecer lo siguiente:

1.- Por escrito de fs. 38 a 39 vlta, la Empresa Ingeniería y Construcciones Tarija S.R.L., demandaron en la vía ordinaria civil: El Cumplimiento de Obligación del Contrato de Financiamiento de Infraestructura Básica no Reembolsable para la ejecución del Proyecto Sistema de Microriego Sal Telmo, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Campesino y la Corporación de Tarija "CODETAR" (Escritura No. 134/95), documento base para la firma posterior del Contrato de Obra que otorgó la Prefectura del Departamento de Tarija a favor de la Empresa Ingeniería y Construcciones Tarija S.R.L. INCOTAR (Escritura Nro. 041/96), solicitando el cumplimiento de un saldo a favor de la empresa de Dólares Americanos Doscientos Veinticuatro Mil Setenta y nueve 68/100 ($us. 224.179,68.-), indicando que se concluyó con la obra, la misma que fue entregada en fecha 3 de noviembre de 1999.

2.- Por Auto de fecha 11 de octubre de 2004, cursante a fs. 40 vlta el Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Tarija, admitió la demanda y la corrió en traslado al ente Prefectural de aquel entonces.

3.- Luego de la citación respectiva, a la Prefectura del Departamento de Tarija, asumiendo defensa presentó excepciones perentorias, y contestó, en lo principal, argumentando que conforme a los Contratos de Obra la Prefectura se constituyó en la Entidad Ejecutora y no en la Entidad Financiadora, no pudiendo cumplir con la obligación respectiva, por ser la entidad financiadora el Fondo de Desarrollo Campesino.

4.- Sobre lo pretendido por ambas partes, el Juez de instancia por Auto de fecha 20 de noviembre de 2004, cursante a fs. 89, calificó el proceso como ordinario de hecho, sujetando la causa a un término de prueba de cincuenta días y estableció los puntos de hecho a probar para ambas partes.

5.- Desarrollado el proceso, en fecha 25 de mayo de 2005 el Juez a quo dictó Sentencia declarando sin lugar a la demanda de cumplimiento de obligación y probada la excepción de falta de legitimación opuesta por la Prefectura.

6.- Sentencia que fue apelada, que mereció el Auto de Vista N° 67/2005 de fecha 25 de julio de 2005, el cual confirma totalmente la Sentencia, la misma que fue recurrida en casación, que mereció el Auto Supremo Nro. 187 de fecha 1 de septiembre de 2008 que anuló obrados hasta fs. 40 vlta, hasta que la Juez a quo integre a la litis al Fondo de Desarrollo Campesino.

7.- Nuevamente la Empresa INCOTAR S.R.L. amplia su demanda en contra del Fondo de Desarrollo Campesino, a dicha institución se le cita mediante edictos y al no contestar se le nombra un defensor de oficio, el mismo que contestó a la demanda y planteó excepción de prescripción, de igual forma, nuevamente la Prefectura del Departamento de Tarija contesta la demanda y plantea excepción de falta de acción o derecho.

8.- Tramitada nuevamente la causa, se vuelve a dictar Sentencia en fecha 27 de octubre de 2011, declarando Improbada la demanda de cumplimiento de obligación y probada la excepción de Falta de acción y derecho y la de prescripción, opuestas por la Prefectura y por el Fondo de Desarrollo Campesino, dicha resolución fue apelada y por Auto de Vista Nro. 106/2012 se confirma totalmente la sentencia, decisión de segunda instancia que fue recurrida en casación en la forma y en el fondo por la Empresa INCOTAR S.R.L.

De lo expuesto se infiere que el presente proceso versa sobre el pago de un saldo a favor de la empresa de Dólares Americanos Doscientos Veinticuatro Mil Setenta y nueve 68/100 ($us. 224.179,68.-), de la ejecución de obra emergente de un contrato administrativo de fecha 21 de marzo de 1996 sobre trabajo de Construcción del Microriego San Telmo, suscrito entre la Empresa Ingenieros Construcciones Tarija S.R.L. representada por Félix Zubieta Mercado y La Prefectura del Departamento de Tarija representada por entonces, por Víctor Calabí Leyton y Lic. Ernesto Zambrana Salinas, así consta del contrato cursante a fs. 17 a 22 vlta de obrados, presentada en fotocopia legalizada.

Establecido lo anterior, y siendo que el presente proceso se suscita en torno a las pretensiones respecto a los contratos indicados supra, es necesario establecer la naturaleza de los mismos, por lo que, de manera general se puede señalar que el contrato es un acuerdo de partes del que nacen obligaciones de contenido patrimonial, normado por Ley y con consecuencias jurídicas; está conceptualización nos permite realizar una precisión en función a los sujetos que intervienen en la relación contractual y el tipo de legislación que le es aplicable: es así que se tiene, los contratos privados, donde los sujetos intervinientes persiguen intereses particulares, y sus obligaciones y derechos se mantienen en un plano horizontal por la prestación recíproca que emana del contrato; esta relación contractual es propia del Derecho privado, y están regulados, ordinariamente, por el Código Civil.

Por otro lado, se encuentran lo contratos administrativos, donde interviene el Estado como parte contratante, mediante las instituciones que componen la Administración Pública, la relación contractual se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público, y su regulación pertenece al Derecho Administrativo.

La distinción de estas dos formas contractuales no puede tomarse a drede, puesto que cada uno cumple objetivos específicos y distintos, asimismo, en caso de controversia, la jurisdicción a la cual están sometidos son diferentes. El contrato de carácter privado, es el medio más común del relacionamiento obligacional entre las personas, lo que no implica que éste modo contractual sea una regla constante, más aún cuando existe relaciones contractuales donde participa el Estado. Es basto el estudio que se ha realizado del contrato privado, por lo que sobraría un análisis al respecto, entonces, fijaremos nuestra mirada en los contratos de orden administrativo, por las peculiaridades y efectos que contiene, que ahora veremos.

En el presente, con la evolución del Derecho Administrativo, no se puede negar la existencia del Contrato Administrativo, como una forma de contrato que realiza la Administración Pública con particulares; su nacimiento está íntimamente ligado a las necesidades de la sociedad; el conglomerado social para satisfacer sus necesidades públicas requirió el aumento de obras y la adquisición de bienes y servicios, por lo que el contrato privado, origen del contrato, alteró sus obligaciones, características y alcances jurídicos, hasta adoptar una forma alterna y adecuada a la necesidad de la Administración, ésta es la génesis del contrato administrativo.

Precisando los elementos y características propios de éste tipo contractual, el A.S. No. 405 de 1ro de noviembre de 2012 delineó línea jurisprudencial bajo éste razonamiento: "El Autor Mariano Gómez González, define a los contratos administrativos como: "...todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

León Duguit, afirma que: "No hay diferencia en cuanto al fondo, entre un contrato civil y otro administrativo, lo que da a un contrato el carácter administrativo y fundamenta la competencia de los Tribunales administrativos, es la finalidad del servicio público en vista de la cuál se celebra".

Alfonso Nava Negrete señala que: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público".

Elizabeth Iñiguez de Salinas define al contrato administrativo como: "el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas".

En general podemos decir que hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato esta orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Al respecto el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza..".

En ese sentido el art. 32 del D.S 29190 establecía que "los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa".

El D.S. 181 de 28 de junio de 2009, al respecto en su art. 85° prevé (Naturaleza) Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa.

En ese sentido podemos destacar como elementos generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público -adquisición de bienes y servicios-. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común, a través de las cuales a la entidad pública contratante se le reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares y, que tienen como fundamento la prevalencia no solo del interés general sino de los fines estatales. Estos fines e intereses permiten a la administración guardarse prerrogativas o poderes de carácter excepcional propias solo de los órganos estatales, como son, el poder de control, de interpretación unilateral, poder de modificación unilateral del contrato cuando lo impone el interés público, poder de terminación, entre otros, a través de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los intereses públicos, que solo pueden ser ejercidos por la administración."

En el marco de lo expuesto, no debe quedar duda sobre la existencia y aplicación del contrato administrativo, donde sobresale la característica de la participación del Estado (Administración Pública) como parte contratante, participación que realiza como ente de derecho público y no privado; la Teoría de la Doble Personalidad del Estado, base para el entendimiento de que el Estado participaba en los contratos como un privado quedó superado por el impulso doctrinal moderno, bajo ese sustento, Elizabeth Iñiquez de Salinas (Contratos Administrativos- Ponencias Tribunal Constitucional de 24 de agosto de 2005) asevera: "Históricamente el Estado en ejercicio de su poder soberano imponía en toda circunstancia su voluntad y era inconcebible la igualdad entre las partes y el respeto riguroso a los pactos suscritos con particulares. Más tarde, el Estado o la Corona ante la creciente necesidad de prestación de servicios por los particulares, y no pudiendo contratar con ellos en ejercicio de su poder, creo la ficción de que lo hacía como un particular con otro particular para que se encargue de los actos de gestión, con una personalidad diversa a la del poder público"; razonamiento confirmado por el estudioso Roberto Dromi (Derecho Administrativo, 2006, pág. 472) que señala: "La personalidad del Estado es una. No tiene una doble personalidad, pública o privada, que le posibilite celebrar contratos administrativos y contratos, civiles, comerciales, sujeto a regimenes especiales. El Estado tiene una sola personalidad, que es publica, aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el Derecho Privado". De lo señalado, podemos concretar que el Estado, o las personas públicas que la componen, actúa siempre como persona de derecho público, aunque algunos de sus actos, puedan ser regidos por el derecho privado, lo que no significa que se despoje de su poder público y se le atribuya una personalidad privada.

La doctrina propia del Derecho administrativo, orienta también, que la regulación específica del contrato administrativo, esta enmarcada bajo dos parámetros:

1.- El procedimiento de contratación, regido al componente de control del gasto público y la igualdad entre particulares a contratar.

2.- Las estipulaciones nacidas de la seguridad del interés público, al momento de asegurar el cumplimiento del objeto de la contratación, regido por la posición dominante del Estado en la relación contractual. (imperium)

En el caso que nos ocupa, y dentro del argumento detallado, es pertinente determinar el tipo de contrato frente al cual nos encontramos, teniendo como punto de partida a las partes contratantes y al objeto de éste negocio jurídico, es así que de la lectura del documento, Escritura Pública No. 41/96, signado como "Contrato de Obra" de fecha 21 de marzo de 1996, se extrae que las partes contratantes son por un lado la Prefectura del Departamento de Tarija, representado por Víctor Calabi Leyton y Lic. Ernesto Zambrana Salinas, y por la otra parte INCOTAR S.R.L. representado por Ing. Félix Zubieta Mercado, lo cuál nos da la primera evidencia que nos encontramos frente a un contrato administrativo por la concurrencia de la Prefectura del Departamento de Tarija, como ente estatal departamental, en la suscripción del contrato aludido.

En relación al objeto del contrato, podemos evidenciar que éste es para ejecutar todos los trabajos necesarios para la construcción y acabado perfecto de la Obra "Sistema de Micro Riego San Telmo", ubicado en la Comunidad de San Telmo Sección Municipal Segunda de la Provincia Arce del Departamento de Tarija. De lo cual deducimos que el contrato es de Construcción de Obra, en ese entendido y conforme al mismo contrato que le da la naturaleza administrativa (cláusula Vigésima Quinta Legislación Aplicable); indicaremos que dentro la legislación administrativa aplicable al caso, se tiene que el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final especifica que "Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza". (resaltado nuestro). De manera explicita la Ley N° 1178 y la norma que regula el sistema de administración de bienes y servicios, sitúa a los contratos de Obra, como un contrato administrativo, sea cuál fuere la modalidad de servicio que se preste.

Definida esta situación, ahora se debe apreciar, bajo un principio de legalidad, la aptitud competencial del juzgador, teniendo como premisa que la jurisdicción ordinaria civil no es competente para conocer la contención derivada de contratos administrativos que corresponde a la jurisdicción contenciosa- administrativa, y para afianzar esta afirmación nos remitimos al A.S. N° 405 de 1ro de noviembre de 2012, que al realizar idéntico análisis declaró: "Al respecto diremos que la abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su art. 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.

En ese sentido el art. 117 parágrafo I de la abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de Justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del art. 118 num. 7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el art. 55 inc.10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.

De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los contratos administrativos.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que por determinación del art. 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 "Ley de Transición Para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional" ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada".

De la línea jurisprudencial desarrollada, se colige que la contención procedente de los contratos administrativos corresponde en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, como un proceso contencioso. Contexto procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del art. 179 parágrafo I que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el art. 4 inc. 3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial; esta posición legal advertida no es contraria al Derecho comparado, reglada que lo privado es regido por la jurisdicción civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

La jurisprudencia delineada por éste órgano supremo de justicia fue claro y firme al declarar que nuestra legislación constitucional y legal, abrogada y vigente, no concedió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos, por su naturaleza misma, su sustanciación en juzgados de materia civil, le otorgo un marco erróneo de legalidad sin considerar que se atribuían una competencia y lo cuál no puede ser consentida por éste Tribunal Supremo de Justicia, por la sumisión constitucional y legal en que se encuentra. Esta medida puede parecer una acción restrictiva al derecho de acceso a la justicia, que no es el caso, sino, es la predominancia del debido proceso para ambos justiciables, tanto para el Estado como para el ciudadano, y la garantía del juez natural debe ser extensible a los mismos, sólo así se puede concebir un debido proceso, bajo un principio de legalidad y que otorgue la seguridad jurídica necesaria.

En el marco de lo señalado precedentemente, se establece que la presente demanda deriva de una contención emergente del Contrato de fecha 21 de marzo de 1996 (cursante de fs. 17 a 22 vlta) suscrito entre la Prefectura del Departamento de Tarija, y la Empresa INCOTAR S.R.L., subsumiéndose los hechos a la norma expresada en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual, al tramitar los Tribunales inferiores ordinarios en materia civil y comercial el presente como un proceso ordinario civil, han administrado justicia sin tener competencia, misma que es de orden público y su límite es fijado por Ley, lo que obliga a una irremediable nulidad procesal, por mandato expreso del art. 122 de la Constitución Política del Estado que señala expresamente: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley".

Se precisa por último, que en toda la normativa Constitucional y legal, anterior y actual, no se confirió la competencia a la jurisdicción ordinaria civil y comercial de conocer procesos derivados de contratos administrativos; la asistencia repetida del ciudadano ante los juzgados de materia civil a objeto de resolver sus divergencias y conflictos de las relaciones contractuales con el Estado derivó en una práctica litigiosa frecuente ante un órgano jurisdiccional incompetente, situación consentida por la extinta Corte Suprema de Justicia, que no se percato de ésta deficiencia competencial, insertando, además, un marco jurisprudencial al respecto. Contradictoriamente, conociendo y aceptando la tramitación de los Tribunales en materia civil inferiores, la Sala Plena de la Corte Suprema conoció procesos Contenciosos donde se sustancio divergencias nacidas de contratos administrativos, teniendo así el Auto Supremo Nro. 44/2002 de 24 de abril de 2002 y Sentencia Nro. 16/2008 de 29 de enero de 2008, de lo que se entiende que no existía una posición clara de competencia para conocer este tipo de procesos.

Está acotación es importante por cuanto la presente causa fue conocida anteriormente por la extinta Corte Suprema de Justicia, en su Sala Civil, sin manifestarse en torno a la competencia de los Tribunales inferiores y la sanción procesal correspondiente. El Tribunal Supremo de Justicia, ha acogido numerosa línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, previo análisis enmarcado en la Constitución Política del Estado y las leyes que hace a la materia, sin que ello signifique aceptación de todos sus razonamientos, más aun, si no se encuadran a lo establecido en Ley.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, sin realizar consideraciones en torno al recurso planteado, en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, emite resolución en la forma determinada por el art. 271 inc. 3) del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 122 de la Constitución Política del Estado y de los arts. 252 y 271 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, debiendo la parte actora accionar su derecho ante el órgano jurisdiccional competente. Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación del art. 17 parágrafo IV de la Ley N° 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines de ley. Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.