TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 522/2012

Sucre: 14 de diciembre de 2012

Expediente: P-8-12-S

Partes: Napoleón Juan Ferreira Castedo c/ Regis Aymardo Rosales Jordán

Proceso: Cumplimiento de Obligación de Pago

Distrito: Pando

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 143a 145vlta.de obrados Interpuesto por Regis Aymardo Rosales Jordán, contra el Auto de Vista de fs. 139 a 140 vlta, de fecha 16 de Agosto de 2012, pronunciada por la Sala Civil, Familiar, Social del Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso Ordinario de Cumplimiento de obligación de Pago, seguido por Napoleón Juan Ferreira Castedo, contra Regis Aymardo Rosales Jordan, el Auto de concesión de fs. 147, los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad Cobija- Pando, el 2 de Mayo de 2010, pronunció Sentencia Nº 012/2012, cursante de fojas a 120 a 123 vlta. de obrados, por la cual declaró PROBADA la demanda de Fs. 17 a 19 e IMPROBADA la reconvención, ordenando al demandado Regis Aymardo Rosales Jordán, una vez ejecutoriada la sentencia pagar la suma de $us. 33.153,64 en favor de Napoleón Juan Ferreira en el plazo de tres días, más los intereses legales.

Contra esa Sentencia de primera instancia, Regis Aymardo Rosales Jordán, interpuso recurso de apelación, el mismo que fue resuelto por Auto de Vista de fecha 16 de Agosto de 2012, la misma que confirma Parcialmente la sentencia Nº 012/2012 de fecha 2 de Mayo del 2012, modificando el monto que debe cancelar el demandado a $us. 32.623,34 de (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES/34 DOLARES AMERICANOS) $us. al tercer día de ejecutoriada la resolución.

Contra esa resolución de segunda instancia Regis Aymardo Rosales Jordán, recurre de casación en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de casación en el fondo:

1.- El recurrente reclama indicando que el ad quem, habría pronunciado auto de vista confirmando parcialmente la sentencia de primera instancia y modificando el monto a cancelarse a $us. 32.623,34 y por consiguiente no solo le era desfavorable y contrario a sus intereses, que al mismo tiempo el Tribunal de alzada no habría aplicado la norma vigente.

2.- Acusa que el a quem, no compulso debidamente, la prueba aportada en proceso, que al tratarse la demanda del cumplimiento de un de un contrato verbal, por especie se aplicaría el Art. 568 num. I del Código Civil que señala "el que ha cumplido el contrato puede pedir el cumplimiento de la prestación del contrario" indicando textualmente que ese Tribunal "no se ha referido ni por asomo a esta facultad reconocida por ley, que el actor pretende el cumplimiento de una obligación, habiendo incumplido la suya, acusando error de derecho en el que habría incurrido el Tribunal de alzada, que al contrario, éste si habría cumplido su contraprestación de financiar el tumbado, rodeo y transporte de madera.

3.- Así mismo pide al Ad quem analizar la misma prueba que sirvió para establecer un monto menor a ser pagado, en el auto de vista de fs. 139 a 140 y Vlta., y verificar cuanta madera debió haber recibido como contraprestación de la inversión efectuada, prueba que cursa en obrados a fs. 96 y Vlta. demuestra que éste invirtió $us. 34.233,81y no así $us.33.703,51.

4.- Que el trato de caballeros acordado con Napoleón Juan Ferreira Castedo, no fue cumplido, toda vez que éste último, no le hizo la entrega efectiva de toda la madera aserrada, que simplemente habría recibido 87.784 pies de tablares, a la fecha tendría un saldo de 57. 67,31 pies de tablares que deben ser entregados por el demandante, que según este se verifican a fs. 96 y 97 Vlta. Sumando la columna de Volumen (PIE T). así mismo insiste que tiene todo el derecho de reclama por la madera no se le hubiera entregado, que deslealmente el actor habría dispuesto a otras personas, concluye acusando que el auto de vista recurrido no cumpliría con lo establecido por el Art. 233 parágrafo II.

Culminó su recurso de casación en el fondo peticionando que se Case el Auto de Vista de 16 de Agosto de 2012 de fs. 139 a 140 Vlta. pronunciado por la Sala de Civil, Familiar, Social, del Niño Niña y Adolescente, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y se revoque totalmente la sentencia Nº 12/2012 de 2 de Mayo de 2012 pronunciado por el Juez primero de partido en Materia Civil, se declare IMPROBADA la acción principal y PROBADA la reconvención.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso de casación en el fondo fs. 143 a 145 vlta, planteado por Regis Aymardo Rosales Jordán, se establece que:

Como se evidencia de fs.1 a 8, de obrados, Napoleón Juan Ferreira Castedo (demandante), mediante testimonio Nº 536/2007 adquirió el aprovechamiento forestal de un área de 720 hectáreas ubicadas en el municipio del Bolpebra, provincia Nicolás Suárez del Departamento de Pando, de las tierras comunitarias de origen Yaminagua/Machineri. Para el aprovechamiento de la madera, acordó verbalmente, con el ahora recurrente Regis Aymardo Rosales Jordán, venderle toda la madera transformada (aserrada) del Plan Operativo Forestal 2007 AAA-2007, por un precio convenido de acuerdo a la especie y tipo de madera, y este a cambió de la venta se obligaba a financiar el procesamiento de la madera que comprendía la extracción, rodeo y transporte.

Por memorial fs. 17 a 19 Napoleón Juan Ferreira Castedo, inicia demanda de cumplimiento de obligación persiguiendo el pago de $us. 33.153,64.- más intereses legales contra Regis Aymardo Rosales Jordán, una vez citado éste contesta y reconviene por memorial de fs. 22 a 24 el pago por la suma de $us. 23.169.-

Tramitada la causa el juez de primera instancia declara probada la demanda principal e improbada la reconvencional, ordenando pagar a Regis Aymardo Rosales Jordán la suma de $us. 33.153,64.- a favor del demandante, más intereses legales, sentencia que es apelada por este último, habiendo el auto de vista confirmado parcialmente la misma y modificado el monto a cancelar a $us. 32.623,34, la que es recurrida de casación en el fondo incoada por Regis Aymardo Rosales Jordán reclamando:

A) Que el Ad quem, no compulsó debidamente la prueba aportada en el proceso, sin embargo, contradictoriamente a esta afirmación. De la revisión de obrados se observa que en toda la tramitación de la causa, el recurrente no presentó prueba alguna para contrarrestar las pretensiones del actor, menos para instaurar su demanda reconvencional de cumplimiento de pago de $us.23.169.- Si éste último tenía una pretensión reconvencional, de una suma que señala que el actor no habría cumplido, le correspondía demostrar esa aseveración por todos los medios legales que las normas le facultan, que al tratarse de una contrademanda, éste debió haberla respaldado con todos los medios probatorios fehacientes que sustente su petición. Consiguientemente de la compulsa de obrados, se infiere que el recurrente no cumplió el mandato del Art. 1283 I del Código Civil que señala: "Quien pretende en juicio un derecho debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión" así también lo estableció el A quo al haber declarado probada de demanda principal e improbada la reconvencional.

Así mismo el Art. 375 de la norma adjetiva civil señala: "que la carga de la prueba le incumbe:1) al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho 2) Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor.; consecuentemente el recurrente tenía la carga de la probar la acreencia de $us 23.169.- que demandó a su favor, de lo que se desprende que, no puede reclamar por las acciones que este dejo de realizar, suponiendo que la carga de la prueba es un imperativo propio de cada litigante, siendo una consecuencia de riesgo que consiste, en que quien no prueba los hechos que alega, pierde la controversia.

También reclamó reiterativamente en su recurso de apelación y de casación que el Ad quem, no habría compulsado prueba indicando textualmente a fs.143 vlta. y 144 que: "la prueba que ustedes dicen que no está ofrecida, está pues en el mismo expediente donde se demuestra que yo invertí $us. 34.233,81 comprobable a fs. 96 Vuelta."; contradiciéndose al mismo tiempo, al señalar que: "del análisis de la prueba aportada por el demandante se confirma mi exposición y ustedes la ignoran y dicen que no fue ofrecido". Ahora bien de lo anotado, cabe señalar que la prueba a la que hace alusión el recurrente de fs. 69 y Vlta. nos remite a un memorial de ratificación de prueba presentado por el actor, supuesta "prueba" que en criterio del recurrente tendría que haber sido compulsada por el Ad quem para establecer, la cantidad de madera que este último no habría recibido por el demandante, como parte de su contraprestación, pretendiendo que éste Tribunal analice la supuesta "prueba", facultad que es privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación, deficiencia que no puede ser suplida por este Tribunal, toda vez que era obligación del recurrente aportar prueba para que la misma haya podido ser valorada por los jueces de instancia.

Sin embargo la referida documental de fs. 96 y Vlta. (memorial )contiene cuadros en los que el demandante, expresa a través de ellos, la valoración de montos que justifican su pretensión y no la del demandado.

Por lo que el recurrente no comprendió que la carga de la prueba le correspondía a él. A propósito de la carga de la prueba, De Santo nos dice que: "es la relación jurídico procesal que impone a las partes determinadas conductas, en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias desde las más intrascendentes hasta las más graves, que pueden llegar inclusive hasta la pérdida del pleito. La actividad de las partes, entonces adquiere fundamental importancia, para la suerte de sus pretensiones o defensa, especialmente cuando el proceso está regido por el principio dispositivo, en que toda la iniciativa probatoria se asienta en ellas. Si quieren obtener buen éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso, deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello en las oportunidades y con los requisitos que la ley procesal señale"

B) Reclamó también, que el Ad quem, habría pronunciado auto de vista modificatorio desfavorable y contrario a sus intereses, que no habría aplicado la norma vigente, haciendo referencia al Art.568 del Código Civil, que en especie aplicaría al contrato verbal efectuado entre, el demandante y este último Regis Aymardo Rosales Jordán, acusando error de derecho en la que habría incurrido dicho Tribunal.

Al respecto este Tribunal debe precisar que el error de derecho en la apreciación de la prueba como motivo de casación se da cuando el Juez o Tribunal de instancia a tiempo de pronunciar su resolución, infringe una norma legal que reconoce a determinada prueba cierto valor, por ejemplo, se incurre en error de derecho cuando en los fallos de instancia no se da a la confesión el valor que le reconoce el art. 1321 del Código Civil. A su vez, el error de hecho en la apreciación de la prueba como motivo de casación se produce cuando el juzgador de instancia valora pruebas abandonadas a las reglas de la sana crítica -como la pericial, testifical y otras y de manera evidente se constata la contradicción entre el hecho que el juzgador admite con relación al medio probatorio.

Consecuentemente, se puede inferir, lo que en realidad motivó su impugnación es el aparente error de derecho en la apreciación de la prueba, sin embargo el recurrente atribuye erróneamente como error de derecho a la supuesta "prueba" de fs. 96 vlta. que no se habría valorado; como ya se manifestó, resulta ser un memorial de su adversario, olvidando este último que en todo el proceso éste no produjo prueba alguna para desvirtuar la pretensión del actor y sustentar la suya, sin embargo, corresponde reiterar que la única prueba que cursa en obrados, fue producida por el demandante, la misma que fue apreciada y valorada por el Juez A quo conforme lo dispuesto por los arts. 1286 y 397 del Código sustantivo y Adjetivo de la materia, respectivamente.

C) El recurso que se analiza es confuso y deficiente, más bien parecería una ampliación de los fundamentos de la apelación queriendo atribuir su negligencia al Ad quem, sosteniendo contradictoriamente que éste no hubiera compulsado la prueba debidamente, así mismo sostiene que el Auto de Vista recurrido no cumpliría con el art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, que señala; "cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no se hubieran recibió por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. En este caso el plazo probatorio se circunscribirá a recibirlas o que dentro de él se cumplan los requisitos que faltaren para su perfeccionamiento"; insistiendo en falta de apreciación de la prueba en segunda instancia, al respecto se debe señalar que, es cierto, que en segunda instancia es facultad de las partes pedir la valoración de prueba que no pudo ser valorada por causas no atribuibles a ellas, en el caso que se analiza simple y sencillamente el Tribunal de alzada no podía establecer periodo probatorio por no concurrir las condiciones exigidas por esta norma. No siendo evidente tal afirmación.

Ahora bien, con relación a los fundamentos del recurso de casación corresponde resaltar que si bien en el memorial de recurso refiere una presunta no valoración de la prueba y que con ello se habría incurrido en quebrantamiento de las reglas de criterio legal, no tiene fundamento para la consideración del recurso, es más, no existe lógica en su reclamo toda vez que, del examen de los actuados producidos, el recurrente no ha cumplido con la carga de la prueba, para sostener que no se la valoró debidamente, pues la única prueba aportada la realizo el actor, no siendo evidentes las infracciones acusadas al Ad quem.

Asimismo, se establece que el recurrente no efectivizó todos los mecanismos de defensa facultados por las normas adjetivas más que el memorial de fs. 106 donde pretendió la nulidad de obrados, con el fundamento de que su nombre no figuraba en ninguno de los documentos presentados como prueba por el actor, siendo que, para ese estado del proceso, éste ya había contestado y reconvenido, tampoco ofreció prueba pericial para establecer con exactitud cuanta madera éste último había recibido y cuanta le faltaba por recibir, por supuesto incumplimiento del actor,de tal manera que este Tribunal no encuentra infracción alguna que amerite casar el fallo venido en recurso cuando no existen fundamentos para ello.

En consecuencia corresponde fallar en aplicación de los artículos 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial Nro. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo contenido en el memorial de fojas 143 a 145, interpuesto por Regis Aymardo Rosales Jordán contra el Auto de Vista de fecha 16 de agosto de 2012 cursante a fs. 139 a 140 vlta. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán