TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 513/2012

Sucre: 14 de diciembre 012

Expediente: CB-96-12-A.

Demandante Alcaldía Municipal de Cochabamba

c/

Waldo Monje Verastegui

Proceso: Acción oblicua.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 60 á 63 interpuesto por Waldo Monje Verastegui contra el Auto de Vista Nº 174/2012 de Fs. 52 a 53, emitido el 03 de agosto 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro el proceso de Acción Oblicua seguido por la Municipalidad de Cochabamba contra el recurrente; el Auto de concesión de fojas 68, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil de Cochabamba el 20 de abril 2.011 pronunció el Auto de fs. 31 y 32 de obrados, por la cual declaró la improcedencia de la acción oblicua y las excepciones opuestas contra la misma, y en vía preliminar dispone que por la oficina de Derechos Reales se proceda a la sub-inscripción del Cambio de Razón Social de Sociedad Hotelera Turística Portales S.R.L. por Sociedad Hotelera Turística Portales S.A.

Contra esa resolución de primera instancia el demandado interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista Nº 174/2.012, confirmando el auto apelado con costas, fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación en el fondo por el demandado Waldo Monje Verastegui en representación de la Sociedad Hotelera Turística Portales S.A.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN

El recurrente formula su recurso de casación en el fondo, manifestando que el Tribunal de Alzada violó y aplicó indebidamente las normas procesales y del código Civil, además de no haber apreciado adecuadamente las pruebas con lo que hubiera ocasionado un serio agravio a la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso a la empresa que representa, manifiesta que el juez A quo analizando los antecedentes de la demanda y memorial de aclaración debió haber rechazado la causa para que la Alcaldía Municipal adecúe su demanda a las normas que rigen en materia Civil y no convertir una acción oblicua en un trámite preliminar, ignorando que la competencia del Juez se halla limitado a la petición de las partes, en el presente caso la petición fue ignorado completamente y se ha restringido la posibilidad de ejercer una defensa plena y correcta vulnerando la seguridad jurídica -textual- al haberse realizado un trámite procesal distinto a las pretensiones del demandante y al haber emitido una resolución distinta violando el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

En el numeral 3.3 del memorial de casación señala como agravio la "violación y aplicación equivocada del art. 1.445 del Código Civil- error de hecho apreciación de pruebas"- fundamenta que: Para la procedencia de la acción oblicua el demandante no ha demostrado que la Resolución Determinativa girada contra la empresa no fue acreditada si ese acto se halla ejecutoriado, si existen procedimientos de impugnación establecidas por los arts. 143 y siguientes del Código Tributario .Que el supuesto acreedor no ha mostrado la exigibilidad de la obligación perseguida. Asimismo indica que no se ha demostrado que la empresa actuó con negligencia en el cumplimiento del crédito reclamado, al contrario la empresa impugnó una resolución preliminar ante la Superintendencia Tributaria y posteriormente solicitó nulidades de obrados, pruebas que no han sido aparejadas al presente trámite por el demandante demostrando una actuación maliciosa. Asimismo argumenta que la empresa al que representa es totalmente solvente y de reconocida trayectoria comercial por lo que resulta vejatorio la actitud del demandante contra la empresa.

En el numeral 3.4 del memorial de casación el recurrente señala que se ha violado el art. 5 de la Ley 2495 haciendo ver que el presente trámite debió haberse sustanciado conforme a dicha ley por tratarse de una norma especial que regula el cobro de los créditos tributarios en cuya jurisdicción debería ser dilucidada toda la acción de cobro, por todo lo expuesto en aplicación del art. 253 incisos 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil pide emitir resolución anulando el irregular proceso o casando el auto de Vista recurrido declarando improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Antes se ingresar al análisis de los puntos expuestos en apelación corresponde, señalar que la competencia de este Tribunal casacional, se encuentra demarcada por el contenido de las resoluciones impugnables, descritas en el art. 255 del Código de Procedimiento Civil, las mismas son: "1) Autos de vista que resolvieren en apelación las sentencias definitivas en los procesos ordinarios, ejecutivos, sumarios, concursales y de árbitros de derecho. 2) Autos de vista que resolvieren una declinatoria de jurisdicción, decidieren una excepción de incompetencia o anularen el proceso. 3) Autos de vista referentes, autos interlocutorios que pusieren término al litigio. 4) Autos de vista que declararen haber lugar o no a oír a un litigante condenado en rebeldía. 5) Sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por las Cortes Superiores del Distrito", consecuentemente evaluado el auto interlocutorio de fs. 31 a 32, se tiene que la misma ha sido generada bajo una petición mixta de medida preliminar (sub inscripción) y acción oblicua, consecuentemente dada la naturaleza de la resolución, que no es emitida en proceso ordinario, ni resulta ser una que ponga fin a un litigio (proceso de contención), se evidencia que la misma no se encuentra contenida dentro del catálogo de resoluciones recurribles de casación, conforme a la norma del Art. 255 del Código de Procedimiento Civil, antes descrito, por lo que llama la atención, primero, que el A quo haya concedido el recurso de apelación en el efecto suspensivo (fs. 42) debiendo efectuarse solo en el efecto devolutivo, y segundo, que el Tribunal Ad quem, haya concedido el recurso de casación, al no estar comprendido el fallo inicialmente impugnado, bajo una de las previsiones hipotéticas contenidas en el art. 255 del Adjetivo Civil, por lo que cualquier reclamo o impugnación en contra del Auto de Vista de fs. 52 a 53, que revisa la resolución interlocutoria de fs. 31 a 32, resulta ser improcedente, en vista de que este Tribunal tiene delimitada la competencia para conocer las resoluciones recurribles en casación.

No obstante la anotación precedente y tomando en cuenta el derecho a la petición del recurrente, cuando la norma contenida en el art. 1445 del Código Civil, señala lo siguiente: "I. El acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general, por la vía de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de la ley, sólo puede ejercer el titular. II. El acreedor, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho ejerce contra un tercero. III. La acción oblicua favorece a todos los acreedores"; la norma no expresa con precisión la forma del tramite de la acción oblicua, que ciertamente el legislador no ha desarrollado de manera precisa dicho instituto, lo que obliga interpretar la misma a los órganos ordinarios de la administración de justicia, por lo que de acuerdo a la naturaleza de la pretensión del acreedor, el mismo no está obligado a proseguir un proceso de conocimiento, para que a nombre de su deudor (considerado también como un acreedor inactivo o negligente en cuanto a su acreencia) pueda realizar algunos actos de conservación patrimonial, como ocurre en el sub lite que el acreedor pueda solicitar la sub-inscripción de un título de propiedad de su deudor en el registro de Derechos Reales, este extremo no amerita la prosecución de una demanda ordinaria, sino que conforme a la anotación de doctrinarios en el derecho civil como Carlos Morales Guillen, en su obra "Código Civil Anotado y Concordado" ( anotación al art. 1445) señala lo siguiente: "La exigibilidad del crédito, no supone necesariamente un título ejecutivo. En la acción oblicua, el acreedor, hablando propiamente, no emplea una vía de ejecución; sólo demanda que se haga constar judicialmente el estado exacto del patrimonio de su deudor y de los derechos que le pertenecen. Posteriormente podrá aplicar a ese patrimonio, las vías de ejecución propiamente dichas, (Planiol y Ripert). Se explica esta conclusión, por el hecho de que la acción oblicua tiene una función asegurativa, o sea cautelar y no persigue necesariamente la satisfacción inmediata del crédito para el acreedor que la ejercite (Messineo). Indudablemente la acción oblicua se aproxima a las medidas ejecutivas, porque aunque tenga la finalidad inmediata de hacer reingresar un bien el patrimonio del deudor, prepara la ejecución al crear la posibilidad de un embargo (Mazeaud)", de lo extraído se tiene que la acción oblicua puede ser interpuesta de acuerdo a la naturaleza de la pretensión como medida cautelar (medida precautoria en nuestro sistema procesal) o como proceso de conocimiento, con la aclaración efectuada conviene precisar que la resolución interlocutoria impugnada de inicio, considerada por los de instancia como un trámite de sub-inscripción, no resulta ser revisada en esta instancia casacional, sin embargo, de acuerdo a la revisión del folio real de Fs. 5 a 6, se evidencia que el mismo conlleva gravámenes que al ser arrastrados con una sub-inscripción, el Juez en ejecución de su resolución, vera la forma de comunicar al titular de los mismos la sub-inscripción dispuesta.

Por lo expuesto y no siendo la resolución recurrida una que sea revisable en casación, corresponde emitir fallo en la forma dispuesta por el art. 271 Inc. 1) y 272 Inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num.1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 Inc. 1) y 272 Inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo planteado por Waldo Monje Verastegui titular de la "Sociedad Hotelera Turística Portales S.A. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.