TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 492/2012

Sucre: 14 de diciembre de 2012

Expediente: T-38-12-S

Partes: Haydee Segovia Borda de Velásquez y otros (herederos de Adhemar Segovia Borda); Javier Eduardo Segovia Tórrez y otra (herederos de Eduardo Segovia Borda). c/ Amalia Segovia Borda y otro.

Proceso: Nulidad de venta por afectar a la legítima, reintegro y consiguiente partición, cancelación de partidas, registros y matriculas y daños y perjuicios.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 375 a 379, interpuesto por Esther Francisca Segovia Borda Vda. de Rojas contra el Auto de Vista Nro. 110/2012, de fs. 367 a 371, de fecha 14 de septiembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y de Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso de Nulidad de ventas por afectación a la legítima, seguido por Haydee Segovia Borda de Velásquez, Esther Francisca Segovia Borda Vda. de Rojas, Clara Vilte Fernández Vda. de Segovia, Raúl Alfredo Segovia Vilte, Víctor Hugo Segovia Vilte, Daysi Margoth Segovia Vilte y Patricia Melvi Segovia Vilte (herederos de Adhemar Segovia Borda), Javier Eduardo Segovia Tórrez y Mirtha Segovia Tórrez (herederos de Eduardo Segovia Borda), contra Amalia Segovia Borda y Víctor Hugo Segovia Borda; la concesión de fs. 389; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, el 23 de marzo de 2012 pronunció Sentencia, cursante de fs. 321 a 329, declarando Improbada la demanda ordinaria de nulidad de ventas por afectación a la legitima, reintegro y consiguiente partición, Cancelación de Partidas, registros y matrículas, mas daños y perjuicios, también declaro Improbada la excepción perentoria de extinción de la acción por caducidad y falta de acción y derecho, por haber sido interpuesta en virtud de la actuación procesal de quien oportunamente desistió de la acción y derecho.

Contra dicha resolución, presenta su recurso de apelación la demandante Esther Francisca Segovia Borda Vda. de Rojas, por sí en representación de los codemandantes, el mismo que fue resuelto por el Tribunal de alzada Confirmando totalmente la Sentencia.

Contra la resolución de segunda Instancia, recurre en casación en la forma y en el fondo la demandante Esther Francisca Segovia Borda Vda. de Rojas, por sí en representación de los codemandantes recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusó la infracción del art. 254 inc 7) del Procedimiento Civil al igual que la violación de los arts. 190 y 236 del mismo cuerpo legal, para dicho cometido indicó que existe un vicio absoluto de nulidad porque se ha violado una norma procesal, no se ha valorado el documento de fs. 51 que es un instrumento concluyente, determinante y definitivo donde Víctor Hugo Segovia Borda hace constar que los montos depositados en la cuenta del Banco Mercantil a nombre suyo son de propiedad de Ayda Borda Cortez de Segovia al igual que el vehículo, punto sobre el que no existe pronunciamiento del Juez ni del Tribunal de alzada.

Por otro lado acusó la violación al art. 196 num. 2) del Adjetivo Civil, indicando que el Juez de instancia no respondió a dicha petición en forma legal o lícita, solamente dictó una resolución escueta la misma que también ha sido apelada y el Tribunal de alzada ha consolidado dicha infracción.

En el fondo:

Acusó la violación al art. 1059, 1066 parágrafo II del Código Civil y la aplicación indebida de los arts. 1327 y 1328 del mismo Código, al concluir el Tribunal de alzada que las ventas objeto del proceso son la quinta parte de liberalidad, olvidando que es igualmente nulo todo contrato, celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprima, o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos.

Por otro lado indicó que de las declaraciones testificales de cargo se tiene probado que los demandados nunca han pagado el precio a la vendedora, testifical de fs. 276 y 289, al igual que la declaración de fs. 283, donde se demostró que las ventas de los inmuebles han sido fictas y sin pago del precio y al concluir el Juez de instancia y el Tribunal de alzada que no se puede admitir prueba testifical en este proceso se esta aplicando indebidamente los art. 1327 y 1328 del Código Civil como asimismo de los arts. 1287 y 1289 del mismo cuerpo legal.

Mencionó que la causante no debería haber transferido los bienes objeto del juicio solamente a dos hijos cuando son varios los hermanos y estas transferencias están en contra del art. 1066 del Código Civil.

Transcribiendo lo resuelto en otra Sentencia donde se declara probada la demanda de nulidad por la misma causal introducida en la litis, la recurrente concluye que los Tribunales de instancia no revisaron otros fallos, los mismos que a criterio de la recurrente se los tiene como jurisprudencia vinculante y que deben ser aplicados de manera coordinada y no como en el presente caso.

Terminó peticionando que sea anulado el Auto de Vista y/o se Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se revoque la Sentencia y se declare probada la demanda, otorgando las peticiones de la acción conforme el art. 190 del adjetivo civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde a este Tribunal absolver en primer término las denuncias referidas a la forma, toda vez que de ser evidentes darían lugar a la nulidad de obrados lo que haría innecesario el pronunciamiento de fondo.

Establecido lo anterior corresponde indicar que el art. 190 establece "La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas...", esta normativa nos indica que la Sentencia es un acto, es un juicio, una operación de carácter crítico que realiza el Juez de la causa, que supone la elección por parte del Juez entre la tesis del actor y la del demandado, para dar una decisión expresa, positiva y precisa. Además como nos dice Couture al citar a Calamendrei "...la Sentencia es un documento, elemento material, indispensable en un Derecho evolucionado, para reflejar su existencia y sus efectos hacia el mundo jurídico.", disposición que refleja lo concerniente a lo establecido para la emisión de la Sentencia. En ese entendido la recurrente mal puede argumentar en la forma, una supuesta violación a dicha norma procesal que a su criterio, acusa la no valoración del documento de fs. 51, indicando que dicho instrumento es concluyente, determinante y definitivo para establecer el fondo del proceso y que al no ser valorado por el Juez A quo ha violado dicha norma procesal, criterio ciertamente errado de la recurrente; toda vez que si no existía valoración del documento de fs. 51, este hecho debió ser reclamado como violación en el fondo conforme lo estipula el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil y no así en la forma pidiendo que por dicha causal se anule la Sentencia.

Por otro lado con respecto a la violación del art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, el Juez a quo estableció que la valoración de la prueba es facultad del Juez en primera instancia y que se valoró toda la prueba presentada en la litis, explicación a lo solicitado sobre la revisión o valoración del documento de fs. 51. De la misma forma indicó que la Sentencia se encontraba debidamente motivada y fundamentada con respecto al art. 1066 - II del Adjetivo Civil; estos dos aspectos que fueron explicados por el A quo conforme al escueto memorial presentado por la recurrente a fs. 332. (memorial de explicación, complementación).

Por último, el Tribunal de alzada haciendo uso de lo dispuesto por el art. 236 del Adjetivo Civil, observó precisamente los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación y fundamentación de la actora constituida en apelante, indicándole que para la procedencia de la nulidad pretendida, ésta tenía que enmendar perjuicios efectivos, que los mismos causaren indefensión a la parte y el Ad quem estableció que con lo acusado no existía un perjuicio como para disponer la nulidad pretendida. Al fundamentar el Tribunal de Alzada lo indicado, no infringió lo estipulado por el art. 236 en relación al 227 del Procedimiento Civil, mas al contrario la resolución de segunda instancia se basó estrictamente en lo establecido por dicha norma, no siendo evidente lo acusado por la recurrente en su recurso de forma.

Por todo lo mencionado, los argumentos en la forma de la recurrente, devienen en infundado; toda vez, que este Tribunal Supremo de Justicia no encuentra ciertos y evidente todo lo indicado en la forma.

Respecto al fondo, el tema en discusión es la nulidad de dos transferencias realizadas por Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia (madre de la recurrente), materializadas en:

1.- La Nulidad de la Escritura Pública Nro. 958/2006, por la cual Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia vende a favor de Víctor Hugo Segovia Borda un lote de terreno No. 8 del manzano "A" de 350 m²,

2.- La Nulidad de la Escritura Pública Nro. 367/2006, documento de venta de tres lotes de terreno a favor de Amalia Segovia Borda, signados con los Nros. 29, 30 y 37. Estos dos documentos son nulos a criterio de la recurrente en virtud de violar lo establecido por el art. 1066 parágrafo II del Código Civil, y afectar la legítima de todos los actores en ese entendido se considera lo siguiente:

Que, el art. 105 del Código Civil establece que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar, disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Dicho derecho propietario, conlleva la facultad de disponer con plena libertad ese su derecho de propiedad, en ese entendido Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia como propietaria de los terrenos objeto de la litis ha ejercido su derecho propietario, transfiriendo los mismos, conforme lo demuestre la Escritura Pública Nro. 958/2006 de fs. 2 a 3, donde consta la transferencia del lote de terreno ubicado en la zona Morros Blancos de la ciudad de Tarija con una superficie de 350 m², signando con el Nro. 8 del manzano "A", compra y venta realizada por la suma de Cinco Mil 00/100 Bolivianos (Bs.- 5000), valor que fue recibido por la vendedora (Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia) en moneda de curso legal y corriente a su entera y plena satisfacción conforme consta en el mencionado documento; por otro lado se encuentra a fs. 7 a 8 la Escritura Publica 367/2006, donde de la misma forma al anterior, cursa la transferencia de tres lotes de terreno, ubicados en el manzano "C" del lugar denominado "Ojo de Agua" zona Morros Blancos sobre la Av. Héroes del Chaco, signados con los Nros. 29, 30 y 37; los dos primeros con una superficie cada uno de 300 m² y el tercero con una superficie de 618.75 m²; compra venta convenida por la suma de Sesenta Mil Bolivianos (Bs.- 60.000), monto de dinero recibido por la vendedora a su entera satisfacción conforme se evidencia del mencionado documento público.

Estas dos Escrituras Públicas demuestran que la titular del derecho propietario, (Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia) dispuso los lotes de terreno y le otorgó el destino que consideró conveniente, en ese entendido, diremos no puede haber persona alguna que pueda impedir su libre ejercicio, aspecto amparado en el art. 105 del Código Civil que otorga al propietario la facultad de usar, gozar y disponer, tres elementos nucleares que respaldan el derecho de propiedad, por tanto la titular del derecho de propiedad puede ejercer conforme a ley y como mejor le parezca mientras la misma no sea abusiva o contraria a los intereses de la sociedad.

Entonces, las transferencias realizadas por Ayda Borda Cortez Vda. de Segovia, de las cuales se pretende la nulidad son contratos que no afectan a la legítima de los hijos porque esencialmente no se constituyen en un acto de liberalidad sino una venta por la que la vendedora ha recibido un precio, dinero que viene a formar parte del patrimonio, por lo indicado los demandantes llegan a confundir estas dos Escrituras Públicas de transferencia de lotes de terreno, indicando que afectan la legítima de los demás actores.

En ese mismo sentido el Auto Supremo Nro. 274/2012 de 20 de agosto de 2012 ha establecido que " ...el art. 1059 del Código Civil, la legítima de los hijos, cualquiera sea su origen es de las cuatro quintas partes del patrimonio del progenitor; la quinta parte restante constituye la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, a favor de sus hijos, parientes o extraños, nótese que en el caso presente no es una liberalidad. De lo que se infiere que los progenitores pueden disponer únicamente de la quinta parte del patrimonio o masa hereditaria en liberalidades como señala la disposición normativa, más no así del resto de las cuatro quintas partes. Desglosando lo citado, diremos que la liberalidad es un acto voluntario por el cual una persona dispone de parte de su patrimonio transfiriéndolo gratuitamente en favor de un tercero; es decir transfiere en calidad de donación; y, la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona transfiere a título gratuito un bien de su propiedad o suma determinada en favor de un tercero. Y siguiendo la disposición citada del Código Civil, concluiremos indicando que la legítima sólo se lesiona cuando los actos de disposición pretenden alterar más de la quinta parte, es decir cuando exceden la misma en disposición de liberalidades; y no se afecta cuando por el total del patrimonio se recibe a cambio un determinado monto de dinero..."

En la litis, los Tribunales de instancia establecieron que, Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia, madre de los demandantes y demandados, no ha dispuesto en calidad de donación o mediante legados los lotes de terreno referidos, al contrario su disposición ha sido a través de un contrato de transferencia por compra y venta, mereciendo dicho documento oneroso la entrega de un precio convenido, el mismo que fue a formar parte del patrimonio y consiguientemente de la legítima reclamada por la recurrente.

Por su parte el art. 1066 parágrafo II del Código Civil indica: "Es igualmente nulo todo contrato, celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos", nótese de contratos, que modifiquen, supriman o impongan cargas a la legítima, en cambio, en el contrato del cual se pretende su nulidad, en ningún caso se impone cargas o condiciones, menos se suprime la legítima de los ahora recurridos, porque no es un acto de liberalidad, como lo explicamos párrafos antes sino un contrato de transferencia de compra-venta y como correctamente lo estableció el Juez A quo en Sentencia al concluir que no se daña la legítima de los coherederos en virtud de que del patrimonio de Ayda Borda Cortez Vda. De Segovia (madre de los actores), sale un bien (mueble o inmueble) y en su lugar ingresa otro bien o dinero en forma de pago, los cuales sustituyen el patrimonio original, en este caso ingresa un monto de dinero que viene a formar parte del patrimonio de la causante.

En ese entendido los Tribunales de instancia no han violado lo estipulado por los arts. 1059 y 1066 parágrafo II del Código Civil.

Con respecto a las declaraciones testificales de cargo que a criterio de la recurrente, se tiene probado que los demandados nunca han pagado el precio a la vendedora, este aspecto resulta intrascendente en virtud de que la compra y venta onerosa se perfecciona por el solo consentimiento de las partes por tratarse precisamente de un contrato consensual que se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo respecto al objeto a ser vendido y el precio a ser pagado, aun cuando la cosa no sea entregada o el precio no sea cancelado; al respecto cabe indicar que aun se hubiese demostrado la falta de pago como se acusó en todo el proceso, este aspecto de ninguna manera posibilitaba la nulidad por afectación a la legitima en todo caso habilitaría a los demandantes, a demandar la resolución del contrato por su incumplimiento (falta de pago). Hecha esa indicación solo con fines de aclaración corresponde precisar que la aplicación indebida del art. 1327 y 1328 del Código Civil, acusada por la recurrente, es necesario indicar que el inc. 2) del art. 1328 del mismo cuerpo legal (Prohibición de la prueba testifical) establece: "Tampoco se admite en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, a tiempo o después que ellos se otorgaron...", en ese entendido la prueba testifical no puede ser admisible como prueba, contra o a favor del contenido de las convenciones escritas, ni sobre lo que se alegue como dicho antes, simultánea o posteriormente a la misma, en ese mismo sentido Carlos Morales Guillen nos enseña que: "...la prueba testifical, hoy no constituye la regla, sino la excepción: los testigos no son admisibles a aprobar las convenciones pactadas entre las partes...". Aspecto que fue considerado por los Tribunales de instancia en especial por el Juez A quo quien al encontrarse con prueba testifical de cargo, que ciertamente aseveran que no existió pago alguno en las trasferencias de las dos Escritura Públicas que fueron objeto de debate, no es menos evidente que también cursa en obrados declaraciones testificales de descargo, que hacen referencia que existió dicho pago, dando a entender al Juez inferior que se encuentra frente a declaraciones testificales contrarias entre sí, en ese entendido consideró que los actores no acompañaron documentos que establezca un "principio de prueba escrita" como lo establece el inc. 1) del art. 1329 del Código Civil; por dicho motivo y al cursar dos Escrituras Públicas que dan a entender que se cumplió con el pago estipulado, concluyendo que estos dos documentos públicos cuentan con toda la fuerza probatoria que la ley otorga, conforme lo establecen los arts. 1287 y 1289 del Código Civil.

Finalmente, indicar a la parte recurrente que los Tribunales de instancia, motivaron y fundamentaron lo referido a la prueba testifical que se presentó en obrados, valoraron cada una de las declaraciones de los testigos tanto de cargo como de descargo, por dicho motivo se hizo la consideración respectiva con relación a la prueba testifical frente a la prueba documental, no siendo evidente que no admitieron la prueba testifical de cargo como erradamente acusa la parte recurrente. Además hacerle saber a la recurrente que no todos los procesos que tengan relación con la nulidad que expresa el art. 1066 parágrafo II del Código Civil, son iguales, existe una infinidad de posibilidades que se presentan en la sustanciación de los procesos, por eso cada uno de ellos es un mundo aparte y ninguno es igual al otro.

Por lo indicado y por las razones expuestas este Tribunal concluye que no son fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fondo y en la forma de fs. 375 a 379, interpuesto por Esther Francisca Segovia Borda Vda. De Rojas contra el Auto de Vista Nro. 110/2012, de fs. 367 a 371, de fecha 14 de septiembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y de Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani