TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 488/2012

Sucre: 14 de diciembre 2012

Expediente: SC -89 - 12 - S

Partes: José Antonio Roa Rocha c/ Justina García de García

Proceso: Nulidad de actuaciones por fraude procesal.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 509 a 510 interpuesto dentro del término de ley por José Antonio Roa Rocha, contra el Auto anulatorio de fecha 17 de abril de 2012 de fs. 469 y vlta. que lleva el registro Nº 23/12, emitido por el Juez 5to. de Partido en Materia Civil y Comercial (en suplencia legal), de la ciudad de Santa Cruz y contra el Auto de Vista Nº 253 de fecha 16 de agosto de 2012 de fs. 506 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de nulidad de proceso de usucapión decenal por fraudes procesales, seguido por José Antonio Roa Rocha contra Justina García de García; la respuesta al recurso de fs. 512 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 513; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

José Antonio Roa Rocha, de fs. 236 a 238 en su condición de poseedor de un inmueble, interpone demanda de nulidad de actuaciones por fraudes procesales pretendiendo anular un proceso de usucapión decenal seguido por Justina García de García en contra de René Montero Vaca y presuntos propietarios, indicando que en dicho proceso se cometió una serie de vicios procesales y de nulidad atribuibles al Juez de la causa, proceso que cuenta con Sentencia ejecutoriada.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 4º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Auto Nº 1125/05 de fecha 11 de octubre de 2005 saliente de fs. 287 a 289 declaró PROBADAS las excepciones previas de impersonería del demandante, obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y falta de acción y derecho interpuestas por la demandada; resolución que luego de la interposición de los recursos de apelación y el recurso extraordinario de casación, ha quedado ejecutoria; posterior a ello se continuó con la tramitación del proceso principal y a la conclusión del término probatorio el Juez 5to. de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz en suplencia legal, mediante Auto de fecha 17 de abril de 2012 de fs. 469 anula obrados hasta fs. 347, bajo el argumento de que al haberse declarado probadas las excepciones previas y estar ejecutoriada dicha resolución, ya no corresponde continuar con la tramitación de la casusa.

En apelación el referido Auto anulatorio de fecha 17 de abril de 2012 interpuesto por el demandante José Antonio Roa Rocha, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 253 de fecha 16 de agosto de 2012 cursante de fs. 506 y vlta., confirma el Auto recurrido; en contra de estas dos resoluciones, es decir contra el Auto anulatorio de fecha 17 de abril de 2012 de fs. 469 y vlta. que lleva como registro Nº 23/12 y el Auto de Vista Nº 253 de fecha 16 de agosto de 2012, el demandante José Antonio Roa Rocha por memorial de fs. 509 a 510 recurre en casación en el fondo pidiendo se revoque el Auto apelado ordenando la prosecución del proceso.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- El recurrente indica como agravio que ha sido lesionado el derecho fundamental a la vivienda y a la propiedad por el fraudulento proceso de usucapión tramitado anteriormente por la demandada.

2.- Que se violaron todos los principios y preceptos jurídicos respecto a la usucapión decenal, siendo su persona quien usa y estuvo en posesión del inmueble por más de 40 años, sin embargo es otra persona que jamás estuvo en posesión de dicho inmueble la que se hace dueñA.

3.- Indica que en el contrato de compra venta de posesión, Del vendedor (René Montero Vaca) estipula como condición que la compradora Justina García se obliga a llegar a un acuerdo con su persona como ocupante del inmueble y es esa condición la que le confiere capacidad y personería para demandar.

4.- Que respecto a la fundamentación del juzgador en el sentido de afirmar que se hubiera puesto fin al litigio con la excepción de falta de acción y derecho, es violatoria al debido proceso y a la seguridad jurídica.

5.- Indica que es atentatorio a sus derechos el pretender afirmar que al haber sido declarada probada la excepción de impersonería hubiera desaparecido una de las partes impidiendo continuar el proceso cuando su capacidad para accionar se encuentra prevista y protegida por el referido documento de compra y venta de posesión que realizó la usucapionista.

6.- Indica que la demanda reconvencional no es dependiente de la demanda principal ya que ésta versa sobre nulidad de documentos por fraude procesal y la demanda reconvencional es por reivindicación; son pretensiones distintas y contradictorias entre sí por requerir presupuestos diferentes para su probanza, siendo absolutamente errónea la interpretación por parte del juzgador.

7.- Indica también que su persona demanda el fraude procesal y la demandada reconviene por acción reivindicatoria lo cual demuestra que esta última no tiene la posesión del inmueble, este error de hecho hizo que haga incurrir a los juzgadores en error de derecho al considerar que su persona no tiene "personería" para demandar el fraude procesal.

Con tales antecedentes termina interponiendo recurso de casación simplemente en el fondo contra el Auto Nº 23/12 de fecha 17 de abril de 2012 saliente a fs. 469 y vlta. y contra el Auto de Vista Nº 253/12 de fecha 16 de agosto de 2012, pidiendo se revoque el Auto apelado, ordenando la prosecución del proceso.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de Casación revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de Casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en la forma y en el fondo o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma "error in procedendo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo "CASE" la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza, el recurrente interpone recurso de casación en el fondo contra dos resoluciones de diferentes instancias; 1) Contra el Auto anulatorio de fecha 17 de abril de 2012 con registro Nº 23/12 de fs. 464 y vlta., dictado por el Juez de primera instancia y, 2) Contra el Auto de Vista Nº 253 de fecha 16 de agosto de 2012 de fs. 506 y vlta. emitido por el Tribunal de alzada, cuya petición final del recurso es por la revocatoria del Auto apelado ordenando la prosecución del proceso; al respecto debe tenerse presente que a través del Auto interlocutorio definitivo de fecha 11 de octubre de 2005 que corre de fs. 287 a 289 se resolvieron las excepciones previas declarando probadas las mismas, resolución que quedó plenamente ejecutoriada después de haberse agotado todos los recursos legales, culminando con la emisión del Auto de Supremo Nº 75 de fecha 07 de septiembre de 2006 de fs. 333 a 335; ante esta situación lo único que correspondía al Juez de originen era hacer cumplir dicha resolución.

Cuando se declara probada las excepciones previas, genera efectos con respecto al proceso o la acción y la demanda no puede continuar su curso mientras no exista un cambio o modificación con respecto a la determinado en las excepciones; en el caso de Autos, la demandada y reconvencionista Justina García a través de la interposición de las excepciones previas de falta de acción y derecho e impersonería del demandante, ha logrado destruir la legitimidad procesal del accionante, la misma que se vincula directamente con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda, impidiendo de esta manera que prospere la misma, decisión que se encuentra ejecutoriada debido al agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios y que posterior a la ejecutoria de dicha resolución, el demandante principal no realizó ninguna modificación a su demanda ni mucho menos ha cambiado su situación jurídica respecto a lo determinado en las excepciones que fueron motivo de cuestionamiento a la demanda; al no haberlo hecho, se entiende que tácitamente ha consentido en la determinación de las excepciones.

El Auto de fecha 17 de abril de 2012 de fs. 469 y vlta., por el cual el Juez A quo toma la decisión de anular obrados hasta fs. 347, esta resolución anulatoria de obrados fue dictada en ejecución del Auto Supremo Nº 75 de fecha 07 de septiembre de 2006 que corre de fs. 333 a 335, aunque el A quo lo hizo de manera tardía, sin embargo en el fondo resulta una decisión correcta, ya que la causa principal no podía haber continuado su tramitación habida cuenta que el demandante no realizó ninguna modificación en su demanda respecto a lo decidido en las excepciones previas. Al ser una resolución emitida en ejecución de Sentencia, según el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, no procede el recurso de casación y por consiguiente el Tribunal Ad quem con la facultad que le confiere el art. 262 num. 3) del Código de Procedimiento Civil debió haber denegado la concesión del recurso.

Por otra parte, es de advertir que el recurrente al margen de interponer recurso de casación contra el Auto de Vista (en ejecución de sentencia), también lo realiza de manera directa contra el propio Auto anulatorio de fecha 17 de abril de 2012 dictado por el Juez A quo saliente a fs. 469 y vlta., ya que gran parte de los fundamentos expresados como agravios en el recurso de casación se encuentran dirigidos precisamente a cuestionar la resolución anulatoria, actuando en total contraposición a lo dispuesto en el art. 255 del Código de Procedimiento Civil; según esta norma legal, el recurso de casación únicamente procede contra Autos de Vista dictados por Tribunal de segunda instancia y de ninguna manera contra Autos interlocutorios dictados por Jueces de primera instancia, ni mucho menos contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia y consiguientemente al haber incurrido en este tipo de desaciertos, el recurso de casación interpuesto contra ambas resoluciones no corresponde ser analizado al no encontrarse dentro de las causales de procedencia previstas en el art. 255 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el mismo deviene en manifiestamente improcedente.

Sin embargo de la manifestado y simplemente a manera de aclaración, corresponde dejar establecidoque, ante la existencia de un proceso ordinario de usucapión decenal con Sentencia ejecutoriada, seguido por la actual demandada Justicia García en contra de René Montero Vaca y presuntos interesados, no es posible que mediante el presente proceso ordinario, se pretenda revisar, ni mucho menos modificar, alterar o dejar sin efecto la Sentencia ejecutoriada dictada en ese proceso anterior, cuya característica es la inmutabilidad que impide a los jueces ordinarios el pronunciamiento de una segunda Sentencia a través de la cual se pretenda alterar los términos o dejar sin efecto una sentencia ejecutoriada dictada en otro proceso ordinario, no siendo ésta la vía idónea para impugnar la nulidad de dicho proceso de usucapión como pretende equivocadamente el recurrente, salvo el recurso de revisión extraordinaria de Sentencia previsto en el art. 297 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, cuya competencia está reconocida de manera exclusiva a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en ese sentido ya quedó establecido en el Auto Supremo Nº 75 de fecha 07 de septiembre de 2009 que corre de fs. 333 a 335, el mismo que orientó de manera clara indicando que el fraude procesal sirve de base para una Revisión Extraordinaria de Sentencia ejecutoriada pasada en Autoridad de cosa juzgada, donde además se dijo que el proceso judicial de comprobación del fraude procesal solo puede ser intentado por la parte perdidosa en ese proceso que se pretende rever y no por una persona ajena al mismo.

Por lo anteriorm

çente señalado, corresponde resolver el recurso de casación conforme a lo previsto por los arts. 271 inc. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los arts. 271 inc. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil declara, IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por José Antonio Roa Rocha contra el Auto anulatorio de fecha 17 de abril de 2012 de fs. 469 y vlta. dictado por el Juez 5to. de Partido en lo Civil y contra el Auto de Vista Nº 253 de fecha 16 de agosto de 2012 de fs. 506 y vlta.dictado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.