TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 471 /2012

Sucre: 3 de Diciembre de 2012

Expediente: PT-36-12-S

Partes: Sonia Rosales Rojas

c/

Delfín Cruz Mamani

Julia Bobarín Rojas de Colqué

Humberto Castro Valda

Proceso: Nulidad de Contrato de Arrendamiento

Distrito: Potosí

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Humberto Castro Valda de fs. 186 a 188, impugnando el Auto de Vista Nro. 168/2012 de fecha 7 de septiembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de Nulidad de Contrato y Devolución de Garantía, seguido por Sonia Rosales Rojas contra Delfín Cruz Mamani, Julia Bobarín Rojas de Colque y Humberto Castro Valda, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 3ro. de Partido en lo Civil comercial de Potosí, emitió la Sentencia de fecha 12 de junio de 2012 cursante de fojas 148 a 157 declarando Probada la demanda de fs. 4 a 5, subsanada de fs. 24 a 24 vlta., fs.39 y vlta., y fs. 42 de obrados; asimismo declaran Improbadas la demanda reconvencional y las excepciones interpuesto por Humberto Castro Valda a fs. 55 al 57 vta., subsanada a fs. 60, contra Sonia Rosales Rojas. Declarando nulo y sin valor legal alguna el contrato de arrendamiento de yacimiento, suscrito en Potosí en fecha 23 de mayo de 2006, por Delfín Cruz Mamani y Julia Bobarín Rojas de Colque como Apoderado de Humberto Castro Valda, con Sonia Rosales Rojas sobre la Concesión Minera Epifania, ubicada en el Cantón Tacaquira, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, ordenando que el demandado Humberto Castro Valda en el plazo de 30 días a partir de la ejecutoria de la sentencia, devolver a favor de la actora Sonia Rosales Rojas la suma de $us. 4.000.oo.

Recurrida la sentencia mediante apelación por Humberto Castro Valda por memorial de fs. 161 a 163, la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nro. 168/2012 de fecha 7 de septiembre de 2012, cursante a fojas 179 a 181Vlta., Confirma la Sentencia N° 003/2012, (siendo el número correcto de la sentencia 0032/2012) pronunciada en fecha 12 de junio de 2012, cursante en obrados a fs. 148 a 157, con al corrección de que la orden de devolución de la suma de $us 4.000.oo a favor de la actora sea efectuada por parte de los demandados en su totalidad.

Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesta por parte del codemandado Humberto Castro Valda, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Comienza por señalar que recurre de casación en el fondo en apoyo a los arts. 255 1), 252 1) Y 3) del Código de Procedimiento Civil, en el término señalado por el art. 257 de la misma norma.

Que solicita la tutela efectiva, en razón a que debiera existir congruencia en las resoluciones con relación a las pruebas ofrecidas por las partes como normarían los arts. 374 y 397 del Código de .Procedimiento Civil y art. 1286 del Código Civil.

Que le art. 190 del Código adjetivo de la materia establecería la forma de resolución de la Sentencia y el Auto de Vista además de los puntos resueltos por el A quo y que hubiesen sido objeto de apelación en acuerdo al art. 236 del C.P.C.

Que en ese antecedente destaca que habría el cumplimiento del art. 404 Paragrafo II del Procedimiento, en una respuesta que hubieran dado los codemandados Delfín Cruz Mamani y Julia Bobarín Rojas de Colque, asimismo el documento privado suscrito a fs. 118 el reconocimiento de una declaración de hacerse cargo de todas las obligaciones de manera exclusiva los codemandados. Así como la aceptación voluntaria de la revocatoria de poder que se hubiera adjuntado a obrados, y que estas pruebas en su concepto debieron tener la fuerza probatoria señalada por los art. 1297, 1312, 1321 y 1320 del Código Civil y arts. 347, 401, 404-II de su procedimiento y que no obstante haber el juez de primera instancia haber identificado el punto reclamado como obligación de los otros codemandados, de manera incongruente disponer que él fuera quien deba hacer la devolución del dinero a favor de la actora.

Que el Auto de Vista de acuerdo al art. 236 del C.P.C. como deber inexcusable debería resolver el fundamento de la apelación, en consecuencia revocar la Sentencia solamente en esa parte y que la devolución debieran hacerlos otros

co demandados exclusivamente y declarar probada la reconvención el pago de daños y perjuicios. Que debiera incluirse lo referido al Poder y sus consecuencias, en el entendimiento de que el mandato fuera insuficiente, que no contaría con facultades para recibir dineros en calidad de garantía por concepto de explotación de yacimientos u otros, menos la responsabilidad de hacerse cargo de la restitución de dineros, que nunca habrían llegado a su poder, que ante esa ausencia su actuar fuera en su propio nombre y esto no habría sido referido en los fallos de instancia, que por eso se habría transgredido los arts. 804, 811, 816 y 826-I del Código Civil.

Pide en consecuencia casar parcialmente el auto de vista y declare haber lugar a que los 4.000 $us. Dados en calidad de garantía por la actora, liberándosele de la obligación y declare probada su demanda reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Se comienza el recurso de casación con incongruencia en la cita de disposiciones legales en las que apoyaría el recurso de casación, cuando por ejemplo pretende su procedencia en el art. 252 e insertando numerales que no contiene, ese hecho generaría rechazo del recurso por la improcedencia, sin embargo ante la consideración que con la vigencia del nuevo orden constitucional y el derecho de acceso a la justicia y sobre todo el principio de impugnación en los procesos judiciales consideraremos que se trata de un lapus cuando en la petición se pide la casación parcial del Auto de Vista.

Con esa necesaria aclaración ingresamos al análisis del recurso y verificamos que la cita realizada a los art. 374 y 397 del C.P.C. con relación al art. 1286 del Código Civil, referidas a la enumeración de los medios legales de prueba en la primera norma y la valoración de la prueba por parte del Juez y las facultades que las referidas normas otorgan al juzgador la tarea intelectual de analizarlos para obtener los elementos de convicción necesarios para adquirir la certeza de los hechos, pretendidos como incongruentes en la dictación de la resolución, no tienen aportación de mayores elementos de cual el destino de su pretendida incongruencia, pues si de la lectura de la Sentencia en primer término, los fundamentos están respaldados con un razonamiento juicioso en el análisis que se hace de los actuados y las pruebas aportadas en el proceso; sin embargo ante la apelación el Tribunal Ad quem ha encontrado necesario que en base a los agravios expuestos, en sujeción a lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en función a que los fundamentos de la Sentencia son los correctos mas no la parte dispositiva, modificó la disposición que la devolución a la demandante del dinero entregado por ésta en calidad de garantía deben realizarlo las tres personas que aparecen como demandadas, de manera que no existe incongruencia en ello sino simplemente una modificación complementaria que no amerita la revocatoria de la Sentencia, pues la esencia de la demanda radica en la nulidad del documento de arrendamiento y la consecuencia la devolución del dinero que se hubiera entregado a los demandados en calidad de garantía.

Con relación al presunto incumplimiento del art. 404 Parágrafo II del Código de Procedimiento civil con relación a que los codemandados hubieran dado respuesta positiva que implicaría confesión, debe quedar aclarado que las fotocopias simples acompañadas de fs. 44 a 45, se trata de un memorial dirigido a otro juzgado y en un otro proceso del que no existe evidencia que se la hubiera admitido o rechazado por carecer de un cargo de presentación, no cuenta con sello del juzgado al que se la dirige, que pudiera orientar de su veracidad, de manera que no puede alegarse como válido; ahora bien, en referencia a la literal que cursa a fs. 118 se la ofertó y admitió en previsión del art. 331 del Código de Procedimiento Civil, así se lee del memorial de fs. 119 como de su proveído de su vuelta, no obstante de la objeción presentada por la demandante por memorial de fs. 125y Vlta., el co demandado hoy recurrente no dio cumplimiento a lo preceptuado por el art. 331 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no cumplió con el juramento que exige esta norma legal. No obstante lo anterior ante esa eventualidad, estaba facultado por el art. 232 del C.P.C. a presentarlo ante Tribunal de segunda instancia, empero ello nunca sucedió, de tal manera que la referida literal de fs. 118 jamás fue judicial izado y por lo mismo no podía ni puede ser valorado como prueba a favor o en contra del ahora recurrente por ninguno de los Tribunales de instancia. Consecuentemente, no tiene sustento la pretensión de que se debiera dar aplicación a los arts. 1297, 1312, 1321 y 1320 del C.C., así como el Art. 347, 401 y 404-II y que esa no aplicación represente vulneratorio de algún derecho.

El cuestionamiento que se hace de que el Ad quem debió resolver en sujeción a lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, tampoco tiene sustento en razón a que esta consideración se la efectúa en la presunta no constancia en el Poder que hubiera otorgado en el mismo facultades específicas pretendiendo sea insuficiente, de ser así, no existe evidencia que hubiera hecho algún reclamo a sus apoderados por algún medio el que actuaran de esa manera y contra presuntamente lo mandado, de la lectura del Poder cuya copia se verifica a fs. 48 de obrados, se tiene que los apoderados estaban facultados entre otras cosas a alquilar, incluso transferir vender, además de recibir dineros en efectivo, de manera que al haber dado en arriendo el yacimiento de la forma anómala que lo

hicieron, simplemente estaban cumpliendo lo mandado por el poder conferente al estar en plena vigencia y válido, de lo que se colige que en ningún momento se hubiera transgredido los art. 804, 811, 816 ó 826-I, pues estas normas hacen referencia a los actos que los mandatarios en el ejercicio de su mandato, la extensión que comprende actos que son necesarios para su cumplimiento, en el caso de los dos primeros artículos, y los dos últimos la responsabilidad a asumir ante la eventualidad de haberse excedido los límites de su mandato o el haber contraído personalmente obligaciones, fuera de lo que le estaba permitido por el mandato conferido a su favor. Este no es el caso de autos, pues el contrato de arriendo lo suscriben en calidad de apoderados del ahora recurrente en uso del poder notarial que facultaba a celebrar contratos de arriendo y la percepción de dineros, de manera que no es evidente que estas normas legales hubieran sido transgredidas.

Con relación a que debiera dictarse probada a su favor la demanda reconvencional en la parte de su petición, no existe sustento alguno que pueda viabilizar su petición, en consideración a que en el recurso de casación no se ha mencionado ni en un solo acápite referido a éste de manera que no corresponde considerarlo sino desestimarlo simple y llanamente.

Por todo lo expuesto y no siendo evidentes las transgresiones y vulneraciones denunciadas, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en sujeción a lo determinado por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación contenido en el memorial de fojas 186-188, presentado por Humberto Castro Valda. Con Costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATOR: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.