TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 468/2012

Sucre: 3 de diciembre 2012

Expediente: SC -100 - 12 - S

Partes: Ciro Castro Lino y Petrona Seas de Castro c/ Ruth Mirian Ferrufino de Camacho.

Proceso: Ordinario, nulidad de documento de transferencia de inmueble.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 458 a 460 y vlta. interpuesto dentro del término de ley por Petrona Seas de Castro y Ciro Castro Lino, contra el Auto de Vista Nº 106/2012 de fecha 01 de agosto de 2012 de fs. 449 a 450 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de nulidad de documento de transferencia de inmueble, seguido por Ciro Castro Lino y Petrona Seas de Castro contra María Ruth Mirian Ferrufino de Camacho; la respuesta al recurso de fs. 467 a 468; el Auto de concesión de fs. 469; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Ciro Castro Lino y Petrona Seas de Castro, a fs. 23 a 26 interponen demanda de nulidad de documento de transferencia de inmueble de fecha 19 de marzo de 1999 con reconocimiento de firmas y rúbricas en fecha 22 de marzo del mismo año, aparentemente suscrito por los demandantes como vendedores y la Sra. Ruth Mirian Ferrufino de Camacho como compradora, respecto al inmueble de una extensión de 525 mts2. ubicado en el Palmar del Oratorio, Zona Sur, Barrio 12 de Octubre, Lote Nº 13 Manzano Nº 09 en la Provincia Andrés Ibáñez del Dpto. de Santa Cruz; indicando que firmaron un documento de préstamo de dinero por la suma de SUS 3.500 en calidad de garantes del Sr. Percy Sea Galvis, para lo cual concurrieron a las oficinas del intermediario Sr. Jorge Vargas, sin embargo después de cinco años, la Sra. Ruth Mirian Ferrufino de Camacho apareció de forma sorpresiva con una demanda de desocupación de su casa indicando que tendría una Minuta de trasferencia a su favor.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido 8º en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia de fecha 12 de septiembre 2011 cursante de fs. 411 a 413, declaró IMPROBADA la demanda.

En apelación la referida Sentencia de fecha 22 de marzo de 2011 interpuesta por los demandantes Petrona Seas de Castro y Ciro Castro Lino, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 106/2012 de fecha 01 de agosto de 2012 cursante de fs. 449 a 450 y vlta., confirma la Sentencia apelada con costas; en contra de esta resolución de segunda instancia, los demandantes Petrona Seas de Castro y Ciro Castro Lino, por memorial de fs. 458 a 460 y vlta. recurren en casación en la forma y en el fondo pidiendo se CASE el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda ordenando al Tribunal inferior tome la declaración del testigo Percy Sea Galvis y ordene se realice el peritaje dirimidor.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes indican que presentaron en calidad de prueba documental, fotocopias legalizadas de las piezas más importantes emitidas por la FELC-C del Caso: Nº 0701457/07, las mismas que corren de fs. 253 a 300, donde se encuentran las declaraciones del testigo Percy Seas Galvis, certificaciones, exámenes grafotécnico y dactiloscópico, cumpliendo de esta manera con el memorial de ofrecimiento de prueba de fs. 160 a 161 y con el art. 331 y 377 del Código de Procedimiento Civil, pruebas que no fueron valoradas por el Juez de la causa ni por el Tribunal de alzada.

Que, en el referido memorial de fs. 160 a 161 ofrecieron prueba testifical y dentro de la nómina de testigos se encuentra propuesto el Sr. Percy Sea Galvis como testigo de cargo; de la misma forma la parte demandada en su memorial de fs. 157 a 158 también ofreció como testigo de descargo a la misma persona antes indicada y de manera curiosa el Juez de primera instancia no quiso recibir o recepcionar la declaración a este testigo que considera primordial para el esclarecimiento de los hechos.

Indican que sus personas en el memorial de fs. 301 a 302 (otrosí 1) solicitaron al Juez de primera instancia ordenar la declaración testifical del Sr. Percy Sea Galvis mediante comparendo, solicitud que fue rechazada en forma prepotente y sospechosa mediante proveído de fs. 302 vlta., sin considerar que esta prueba testifical es determinante para llegar a la verdad de los hechos, vulnerando el art. 370 de Código de Procedimiento Civil, como también en segunda instancia solicitaron nuevamente mediante memoriales de fs. 441, 445, 451 y 454 la apertura de plazo probatorio conforme al art. 233 del Código de Procedimiento Civil para la declaración de prueba testifical y pericial, como también de fs. 432 a 440, solicitudes que no fueron denegadas.

Indican que nunca transfirieron el derecho propietario del inmueble objeto de la demanda y que simplemente por una maniobra del intermediario de una oficina de préstamo del Sr. Jorge Vargas, aparece como vendido su inmueble y en ese afán de engañar, realizaron mal el reconocimiento de firmas y rúbricas falsificando firmas del Notario y de los dueños, sin realizar la protocolización del documento como es debido.

Con tales antecedentes interponen recurso de casación en el fondo y en la forma indicando que el Tribunal Supremo casará el Auto de Vista recurrido declarando probada la demanda, ordenando al Tribunal inferior tome la declaración del testigo Percy Sea Galvis y ordenando la realización del peritaje dirimidor.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso que se analiza, los recurrentes interponen recurso de casación en la forma y en el fondo sin diferenciar los argumentos que sustentan cada uno de dichos recursos cuya petición es confusa lo que denota la impericia del profesional patrocinante; sin embargo, no obstante la deficiencia del recurso, de la revisión del mismo se evidencia que a lo largo de todo su contenido reclaman de manera reiterada de la negativa de la recepción de prueba testifical y pericial realizada por el Juez de la casusa como por el Tribunal de Alzada, siendo este el argumento central en que sustentan su recurso.

Revisados los antecedentes del proceso, se evidencia que los demandantes ahora recurrentes de fs. 160 a 161 dentro de término hábil previsto por el art. 379 del Código de Procedimiento Civil ofrecieron prueba testifical, pericial, inspección judicial, confesión provocada y solicitaron orden judicial para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELC-C, Derechos Reales, Notaría y para la propia demandada para que remitan y presenten documentación ante el Juzgado de la causa, en dicho memorial de ofrecimiento de prueba solicitaron de manera expresa señalar día y hora de audiencia para la declaración de los testigos dentro de los cuales aparece propuesto como testigo el Sr. Percy Sea Galvis;sin embargo el Juez que intervino en el conocimiento de la causa en suplencia legal, omite señalar audiencia para la declaración de los testigos, tal como se puede verificar en la providencia de fecha 12 de junio de 2010 de fs. 162, solicitudes de audiencia que posteriormente fueron reiteradas, tal como se puede evidenciar a fs. 233 y 251, sin embargo ninguna se llevó a cabo para la declaración de los testigos de cargo.

De la misma manera, los demandantes en segunda instancia solicitaron de manera reiterada ante el Tribunal de alzada para que se aperture término probatorio para la declaración testifical y producción de prueba pericial que quedó pendiente en la primera instancia, indicando que el testigo Percy Sea Galvis, es un testigo principal para el esclarecimiento de los hechos, el mismo que no solo fue propuesto como testigo de cargo por los demandantes, sino también fue propuesto como testigo de descargo por la parte demandada.

También se evidencia que no solo la parte demandante ha solicitado audiencias para la producción de prueba ante el Juez de primera instancia, sino también lo hizo la parte demandada tal como consta en los memoriales de fs. 229, 234 y 252; en este último se indica que debido a la actividad recargada del Juez que intervino en suplencia legal en el conocimiento de la causa y al no haberse llevado a cabo las audiencias programadas con normalidad, no se pudo producir toda la prueba dentro del término probatorio, aspecto que no es causa atribuible a las partes; en el referido memorial, también solicitó al Juez de manera expresa usar de la facultad prevista en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil para la producción de la prueba testifical, pericial y otras, petición que fue denegada al igual que la solicitud formulada por los demandantes, bajo el argumento de haber vencido el término probatorio.

Al existir prueba pendiente y solicitudes de ambas partes litigantes para la producción de la misma, el Juez que se encontraba a cargo de la tramitación de la causa en suplencia legal, debió haber dado curso a dichas solicitudes flexibilizando su posición y no limitarse a dar aplicación a la letra muerta de los arts. 377 y 394 del Código de Procedimiento Civil o en su caso, debió haber hecho uso de la facultad prevista por el art. 378 del Cód. Pdto. Civ. y ordenar de oficio la declaración de los testigos que se encontraban pendientes, dictámenes de peritos y toda la prueba que vea por conveniente, máxime si los demandantes afirman que el Sr. Percy Sea Galvis es testigo principal para el esclarecimiento de los hechos, quien también fue propuesto como testigo de descargo por la parte demandada.

De la misma manera, ante la falta de producción de prueba en primera instancia, el Tribunal de alzada debió haber dado aplicación al art. 233 del Cód. Pdto. Civ., ya que el caso en análisis se encontraría dentro de la previsión del numeral 2) de la citada norma legal y existiendo además solicitudes reiteradas de apertura de plazo probatorio de parte de los demandantes.

De los antecedentes indicados, se evidencia que las partes litigantes no tuvieron la oportunidad de producir todas sus pruebas durante el plazo probatorio aperturado, para el efecto debido a la ausencia prolongada del Juez titular, habiéndose tramitado dicho proceso durante toda la etapa probatoria con un Juez en suplencia legal el cual no pudo llevar a cabo con toda normalidad las audiencias programadas debido a la carga procesal de atender dos juzgados, ni mucho menos existe constancia de la suspensión de dichas audiencias; situación que no es atribuible a las partes, a tal extremo de que los demandantes no lograron hacer declarar ni un solo testigo y las pruebas documentales (informes periciales) que presentaron, no fueron valoradas por el Juez de la causa, bajo el argumento de ser producidas extra proceso, haciendo prevalecer de esta manera rigurosamente el formalismo procesal frente al principio de verdad material consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, decisión confirmada por el Tribunal de alzada, aspecto que vulnera el debido proceso establecido por la propia norma fundamental del Estado.

Respecto al debido proceso, el Tribunal Constitucional en la SC. 0183/2010-R de 24 de mayo de 2010 señaló lo siguiente: "...La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; protege las facultades de la persona o individuo para participar en los procedimientos y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas".

Por otra parte, en la SC. 1196/2010-R de 6 de septiembre de 2010 ha establecido que la importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, no significa solo poner en orden mecánico las reglas del procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales y los derechos fundamentales como el derecho a la defensa a la igualdad, etc., los cuales por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni olvidados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, tienen entre sus obligaciones, el deber de cuidar que los juicios se lleven a cabo sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.

En la referida Sentencia Constitucional, también se ha establecido que el art. 251 del Código de Pdto. Civ. y el art. 247 de la abrogada LOJ, deben ser interpretados de manera extensiva y sistematizada en concordancia práctica con el conjunto de normas previstas en las respectivas leyes para que permitan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales y no en forma restrictiva que tienda a restringir o suprimir derechos.

En ese marco de razonamiento ha señalado que la nulidad de un acto procesal será declarada por el órgano judicial o administrativo, no sólo en los casos expresamente previstos por el art. 251 del Código de Procedimiento Civil y art. 247 de la abrogada L. O. J., sino que su interpretación deberá ser extensiva a aquellos casos en los que se evidencie la vulneración de un derecho fundamental o garantía constitucional.

Hasta antes de la puesta en vigencia de nuestra actual Constitución Política del Estado, la Jurisdicción Ordinaria se basaba en la verdad procesal o formal, donde se tiene por cierto y verdadero lo que resulte del proceso aunque dicha prueba esté en contra de la realidad, los Jueces basaban su resolución en lo que las partes probaban con la carga de la prueba que se les imponía y únicamente estos hechos eran los que importaban y se los tenía como única verdad.

La nuevaConstitución Política del Estado vigente desde el 07 de febrero de 2009, ha establecido que la Jurisdicción Ordinaria se fundamenta en nuevos principios procesales, es así que en su art. 180 parágrafo I enumera dichos principios, entre estos se tiene al Principio de Verdad Material, Debido Proceso e Igualdad de las partes ante el Juez entre otros; el Principio de Verdad Material o real se sobrepone frente al principio formal y ritualista establecido en el Código de Procedimiento Civil, de esta manera se da paso para que nazca la prueba de oficio y esclarecer de modo más completo en todos los aspectos, las circunstancias reales del asunto que eran difíciles e imposibles obtener antes con la denominada verdad formal.

A través del Principio de Verdad Material, la carga de la prueba no incumbe únicamente a las partes intervinientes en el proceso, sino también ahora el Juez al margen de ser Director del proceso, debe cumplir una función activa en la búsqueda de la verdad material de lo acontecido; es a la autoridad jurisdiccional encargada de impartir justicia a quien debe interesarle sobre todo de conocer la verdad real de los hechos y para lograr esta finalidad, debe hacer uso de las facultades conferidas por ley para contar con todos los elementos de convicción que establezcan la verdad real de los hechos, en base a los cuales emitir una sentencia justa, equitativa y debidamente motivada.

Por otra parte, respecto a los fundamentos de los Tribunales de instancia de establecer que la falta de consentimiento es causal de anulabilidad y no de nulidad del contrato; al respecto, solo a manera de aclaración corresponde indicar que los demandantes en la exposición de los hechos y en la petición de su demanda, pidieron de manera expresa, la nulidad del documento objeto de litis (causa petendi), por lo que en aplicación de los principios jurídicos de "editio actionis" y "iuria novit curia", no es requisito indispensable que las partes tengan necesariamente que utilizar el tecnicismo jurídico, bastando la claridad en la exposición de los hechos, en base a los cuales el Juez debe aplicar el derecho. Al respecto el tratadista Hugo Alsina citado por Gonzalo Castellanos Trigo indica: "No significa obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce (editio actionis) ni si quiera la de citar las disposiciones legales en que se funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor (iuria novit curia), de modo que el silencio o el error de éste no tiene ninguna consecuencia jurídica". Debiendo por tanto tomarse en cuenta esta situación al momento de resolver el asunto.

Que, el art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial establece la nulidad de actos a ser determinado por los Tribunales y en su parágrafo I) determina lo siguiente: "La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley"; concordante con esta norma legal se tiene al art. 252 del Código de Procedimiento Civil que indica: "El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público".

Por lo anteriormente señalado, corresponde dar aplicación al art. 252 del Código de Procedimiento Civil y como consecuencia de ello, se hace innecesario referirse a los demás fundamentos expresados en el recurso de casación.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 251 vlta. y dispone que el Juez A quo, proceda a señalar las audiencias que fueren necesarias para la producción de las pruebas de cargo y descargo reclamadas por las partes procesales, como ser: declaración de testigos, peritajes, inspecciones judiciales, y de ser necesario, el Juez A quo debe hacer uso de las facultades establecidas por ley para contar con todos los elementos de convicción para el esclarecimiento de la verdad material de los hechos y emitir una nueva Sentencia debidamente motivada conforme a lo expuesto en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad al ser excusable el error.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.