TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 460/2012

Sucre: 3 de diciembre de 2012

Expediente: SC -98 - 12 - S

Partes: Bimel Gonzales Ayala representado por Clever Orellana c/ Roger Prado Vaca.

Proceso: Usucapión decenal y declaratoria de propiedad de las mejoras.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 193 a 194 y Vlta. interpuesto dentro del término de ley por Clever Orellana Quinteros en representación de Bimel Gonzales Ayala, contra el Auto de Vista Nº 314 de fecha 20 de julio de 2011 de fs. 190 y Vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de usucapión decenal y declaratoria de propiedad de las mejoras, seguido por Clever Orellana Quinterosen representación de Bimel Gonzales Ayala contra Roger Prado Vaca, sin respuesta al recurso; el Auto de concesión de fs. 197; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Clever Orellana Quinteros en representación de Bimel Gonzales Ayala interpone a fs. 5 y Vlta. demanda de usucapión decenal y declaratoria de propiedad de mejoras contra Roger Prado Vaca, con respecto al lote de terreno de una superficie de 2938.99 mts2. ubicado en la Av. 24 de Septiembre s/n de la localidad de Porongo, Provincia Andrés Ibáñez del Depto. de Santa Cruz; demanda que es subsanada a fs. 24 y 25; sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 13º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 19/2010 de fecha 13 de abril de 2010 cursante de fs. 139 a 141, declaró improbada la demanda y probada la oposición formulada por el demandando Roger Prado Vaca.

En apelación la referida Sentencia Nº19/2010, interpuesta por Clever Orellana Quinteros en representación de Bimel Gonzales Ayala, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 314 de 20 de julio de 2011 cursante a fs. 190 y Vlta., confirma totalmente la Sentencia; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el Sr. Clever Orellana Quinteros en representación del demandante Bimel Gonzales Ayala, recurre en casación en la forma y en el fondo pidiendo se CASE la Sentencia y el Auto de Vista recurrido, condenando en multa al juez A quo y a los Vocales de la Sala Civil Primera. Con costas.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En cuanto al recurso de casación en el fondo, el recurrente indica la interpretación errónea del art. 138 del Código Civil y arts. 398, 427 y 444 del Código de Procedimiento Civil, que la Sentencia contiene disposiciones contradictorias declarando improbada la demanda y probada la oposición que no fue demandada por el demandado, quien simplemente pidió que se declare improbada la demanda.

Acusa también al Juez A quo y al Tribunal de Alzada de incurrir en error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas.

En cuanto al recurso de casación en la forma, el recurrente indica que primeramente el demandado fue declarado rebelde y posteriormente asumió defensa en el estado en que se encontraba el proceso, lo que indica que ya no podía contestar a la demanda y reconvenir, sin embargo el Juez A quo declara improbada la demanda y probada la oposición, otorgando más allá de lo pedido por el demandado, lo que constituye actuación ultra petita, repitiéndose a su vez esta actuación por el Tribunal de Alzada, citando para el efecto jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia.

Con tales antecedentes interpone recurso de casación en el fondo con relación al art. 253 num. 1), 2) y 3) y recurso de casación en la forma con relación al art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil contra el referido Auto de Vista Nº 314 de fecha 20 de julio de 2011, pidiendo en ambos recursos al Tribunal Supremo de Justicia se CASE la Sentencia y el Auto de Vista recurrido imponiendo multa al Juez A quo y al Tribunal de Alzada, con costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de Casación revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de Casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en la forma y en el fondo o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la Resolución de fondo del litigio "error in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma "error in procedendo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo "CASE" la Resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma esta orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la Resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva esta orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o la nulidad de obrados.

Establecido lo anterior y estando interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, primeramente corresponde considerar el recurso en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones, ya no se ingresará a considerar el recurso de casación en el fondo.

Recurso en la forma:

El recurrente con muy pobre fundamento interpone recurso de casación en la forma, manifiesta que el demandado al ser declarado rebelde no podía contestar la demanda y reconvenir; revisados los antecedentes del proceso se evidencia que el demandado a la conclusión del término probatorio se apersonó mediante memorial de fs. 114 a 115 a asumir defensa manifestando su oposición a la demanda donde no se advierte ninguna demanda reconvencional que hubiera planteado en contra del demandante, tampoco fue declarado rebelde, aspecto que además de acuerdo al art. 124 del Cód. Pdot. Civ. no corresponde tal declaratoria de rebeldía, habida cuenta que cuando se cita mediante edictos y no comparece el demandado a asumir defensa, lo que corresponde es el nombramiento de defensor de oficio que le represente en el juicio y no así la declaratoria de rebeldía como equivocadamente sostiene el recurrente.

Según el Código de procedimiento Civil el demandado ausente puede asumir defensa y manifestar su oposición a la demanda en el estado en que se encuentra el proceso, no existiendo ninguna prohibición al respecto, lo que no está permitido es plantear demanda reconvencional fuera del término establecido por ley, en el caso presente como se tiene indicado no existe ninguna demanda reconvencional que haya interpuesto el demandado; por otra parte el Juez A quo al haber declarado en Sentencia improbada la demanda y probada la oposición, lo que hizo es simplemente dar la razón al demandando que supo desvirtuar los hechos y fundamentos de la demanda, siendo por tanto una consecuencia lógica de la primera, de donde se infiere que los Jueces de Instancia no han incurrido en ultra petita, resultando por ello falsas y sin sustento legal las aseveraciones del recurrente.

Recurso en el fondo:

El recurrente interpone recurso de casación en el fondo por las causales 1, 2 y 3) del art. 253 del Código Procedimiento Civil y acusa al Tribunal de alzada de haber incurrido en interpretación errónea del art. 138 del Código Civil indicando que en la Sentencia existen disposiciones contradictorias al declarar improbada la demanda y probada la oposición formulada por el demandando cuando este último no la solicitó en ese sentido; lo afirmado por el recurrente respecto a la contradicción que refiere en la Sentencia, no tiene ninguna relación con la norma legal sustantiva de referencia y que además revisado el contenido de dicha Resolución no existe tal contradicción; como ya se tiene indicado, se trata simplemente de una consecuencia lógica de haberse declarado improbada la demanda, lo cual significa que el demandado opositor ha logrado desvirtuar los hechos vertidos en la demanda de cuya consecuencia deviene como contrapartida implícitamente la probanza de la negación u oposición formulada a la misma.

El recurrente acusa también al Juez A quo y al Tribunal de alzada de haber incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas e interpretación errónea de los arts. 398, 427 y 444 del Código de Procedimiento Civil; al respecto se evidencia en obrados que el demandado ha demostrado ser legítimo propietario y haber ejercido su derecho propietario respeto al inmueble que es objeto de usucapión, habida cuenta que de fs. 99 a 100 cursa fotocopia legalizada del contrato de alquiler de fecha 22 de mayo de 2001 debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública, donde se evidencia que el Sr. Roger Prada Vaca (demandado) en su condición de propietario del referido inmueble, otorga en calidad de contrato de alquiler para vivienda en favor de la Sra. Nirza Ayala Pons para que la ocupe como vivienda conjuntamente con su familia por el término de seis meses, donde además se hace constar todas las características que tenía dicho inmueble, incluida la existencia de la muralla de alambre.

Por otra parte, cursa en antecedentes del proceso a fs. 95 Folio Real y Matrícula 7.01.1.02.0000461 del inmueble objeto de litis registrado en Derechos Reales a nombre del demandado, como también cursa documentación referente a un proceso de desalojo de vivienda que le sigue el Sr. Roger Prada Vaca (demandado) a la mencionada Señora, demostrando de esta manera que no solo es propietario del inmueble en litigio, sino también demuestra haber ejercido plenamente ese derecho conforme al art. 105 del Código Civil, pruebas documentales que junto al contrato de alquiler, se constituyen en esenciales y decisivas frente a la prueba testifical, en las cuales se basó el Juez a quo para emitir la Sentencia, y por consiguiente no se advierte mala valoración de la prueba ni muchos menos violación o interpretación errónea de las normas legales que acusa el recurrente, habida cuenta que la valoración de las pruebas se realiza en su conjunto y no de manera aislada.

De acuerdo al referido contrato de alquiler, la Sra. Nirza Ayala no solo alquiló el inmueble para su persona sino también para toda su familia y el demandante Bimel Gonzales Ayala al ser hijo de la nombrada Señora que vive junto a su madre en el inmueble objeto de la litis, es un inquilino más y por consiguiente es un detentador simplemente conforme lo establece el art. 89 del Código Civil y no tiene la calidad de poseedor de dicho inmueble como exige el art. 87 de la misma Ley sustantiva de la materia, por haber ingresado a ocupar el mismo a título de inquilino, no siendo viable la usucapión pretendida, situación que no puede servirle de fundamento para adquirir la propiedad mediante usucapión decenal, siendo además dicha conducta contraria a las buenas costumbres y al orden público.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver ambos recurso de acuerdo a lo previsto por el art. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en el fondointerpuestos por Clever Orellana Quinteros en representación de Bimel Gonzales Ayala, contra el Auto de Vista Nº 314 de fecha 20 de julio de 2011 de fs. 190 y Vlta. Sincostas al no existir contestación a los recursos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán