TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

 

Auto Supremo: 451/2012

Sucre: 30 de noviembre. 2012

Expediente: PT-34-12-S

Partes: Nicolás Manuel Choque

c/

Lourdes Juchasara Choque

Proceso: Impugnación de reconocimiento de hijo

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 120 a 121 vlta. de obrados, interpuesto por Lourdes Juchasara Choque contra el Auto de Vista Nº 74/2012 de 12 de septiembre 2012, cursante de fs. 116 a 117 y vlta., pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de impugnación de reconocimiento de hijo seguido por Nicolás Manuel Choque contra la recurrente, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, mediante Sentencia Nro. 28/2012 de 10 de julio 2012 el Juez de Partido Tercero de Familia de la Capital, declaró probada la demanda de impugnación de reconocimiento de hijo, disponiendo haber a lugar a la nulidad de inscripción de reconocimiento de hijo efectuado mediante la Oficialía del Registro Civil Nro. 1224 de esta ciudad, efectuado en fecha 28 de abril de 1998 e igualmente se dispuso la supresión del apellido paterno de Manuel, como la supresión del nombre y apellidos del padre Nicolás Manuel Choque en el certificado de nacimiento del menor Gustavo Manuel Juchasara.

Deducida la apelación por la demandada ésta fue remitida ante instancia competente, habiendo a tal efecto la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitido el Auto de Vista Nro. 74/2012 de 12 de septiembre 2012 por el que confirma íntegramente la Sentencia Nº 28/2012.

En conocimiento de la determinación emitida por el Tribunal de Alzada, Lourdes Juchasara Choque interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Afirma que la resolución judicial debe ser la expresión de la verdad, no puede menos que honrarse el espíritu de justicia y equidad que debe revestir el fallo judicial, por lo que el Tribunal de Alzada debería velar por el menor perjuicio que se pueda ocasionar disponiendo incluso que se conserve el apellido, sin lugar a ciertos derechos, pero solo se acogen a la letra muerta de la ley.

Señalan que se vulneró y aplicó erróneamente lo previsto en el art. 233 del Código de Procedimiento Civil, porque no se toma en cuenta que la prueba pericial fue objetada en el plazo previsto, solicitando la realización de un nuevo examen científico, ya que al realizar la prueba se cometieron muchos errores que fueron denunciados oportunamente y ante tanta evidencia el Tribunal de Alzada debió aplicar el art. 233 del Código de Procedimiento Civil, obligándose a abrir un término probatorio y no solo indicar que es una facultad privativa, no habiéndose considerado con ello que se afectaba su derecho a la igualdad, a la defensa, al debido proceso y seguridad jurídica.

Indica asimismo que el Auto de Vista no se circunscribe a lo previsto por los artículos 190, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil, por no cumple con la congruencia, pertinencia y exhaustividad que es obligatoria, habiendo el Ad quem realizado una relación de hecho y solo se limito a señalar que el juez de la causa ha obrado en forma correcta, sin responder a las alegaciones expuestas.

Por lo anterior solicita se conceda el recurso de casación en el fondo y el Tribunal Supremo case el Auto de Vista objetado y deliberando en el fondo revoque en su integridad la Sentencia Nro. 74/2012.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Que no encontrándose presentado el recurso de casación con la suficiente técnica recursiva; sin embargo habiéndose hecho alusión a la afectación de los derechos de un menor y teniendo el Estado a través de sus distintas instancias la obligación de precautelar los mismos a favor de todo menor diremos:

Conforme consta el certificado de nacimiento a fs. 1, el menor Gustavo Manuel Juchasara nació el 27 de abril de 1998, siendo la fecha de inscripción en el registro el 28 de abril de 1998, en el que consta que sus padres son Lourdes Juchasara Choque y Nicolás Manuel Choque, aclarándose en la partida de inscripción a fs.10 que fue reconocido ad-vientre por su padre de acuerdo al art. 195 inc. 1 del Código de Familia. De lo que se infiere que al presente el menor cuenta con catorce años de edad.

Que, luego del inicio y la sustanciación de la demanda de impugnación de reconocimiento de hijo, el A quo declaró probada la misma en virtud a la prueba acompañada, especialmente al resultado de la prueba de análisis de paternidad por el método de ADN, en cuya conclusión señala que Nicolás Manuel Choque no es el padre biológico de Gustavo Manuel Juchasara con una probabilidad del 0%, existiendo exclusión biológica de paternidad; y dispuso la nulidad de inscripción de reconocimiento de hijo efectuado mediante la Oficialía de Registro Civil Nro. 1224 efectuada en fecha 28 de abril de 1998 e igualmente dispuso la supresión del apellido paterno de MANUEL, así como la supresión del nombre y apellidos del padre Nicolás Manuel Choque en el certificado de nacimiento del menor Gustavo Manuel Juchasara. Al respecto, debemos hacer referencia a la siguiente normatividad:

1.- El Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 19 establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado".

2.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 24 numeral 1. indica que: "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.".

3.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 10.3. señala: "Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición".

4.- La Constitución Política del Estado en su art. 59 parágrafo IV señala que: "Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores utilizaran el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado".

5.- La Ley Nro. 2026 - Código Niño, Niña y Adolescente, en el art. 96 sobre la identidad refiere que: "El derecho a la identidad del niño, niña y adolescente, comprende el derecho al nombre propio e individual, a llevar tanto apellido paterno como materno y, en su defecto a llevar apellidos convencionales..."

En el caso presente, demostrado como se tiene que el menor en cuestión no es hijo del demandante, correspondía al Juez A quo así como al Tribunal de Segunda instancia, conforme lo había peticionado la parte demandada a tiempo de recurrir de apelación, en observancia de la normativa antes descrita y precautelando el derecho a la identidad del menor Gustavo Manuel Juchasara, disponer que el registro del apellido paterno permanezca como convencional, a los fines de evitar en el menor se vulneren sus derechos y garantías constitucionales a la identidad, bajo la previsión contenida en el art. 31 de la Resolución Nº 616 que aprueba el Reglamento para la inscripción en el Registro Civil y que de manera clara señala que la asignación de apellido supuesto o convencional no tiene efectos filiales y ninguna acción legal que se inicie en base a ellos podrá prosperar para exigir el cumplimiento de obligaciones a terceras personas; en este caso al demandante.

De acuerdo al relato de los hechos del demandante y la contestación de la demandada, se evidenció las circunstancias que rodearon al nacimiento e inscripción del menor, quien al presente no es responsable de las acciones y decisiones que en su momento adoptó su progenitora, no pudiendo al presente ser quien cargue con las consecuencias de dichas decisiones, correspondiendo a los jueces de instancia en representación del Estado proteger el derecho a su identidad misma que durante catorce años fue así utilizada en el ámbito familiar, social, educativo, etc., tomando en cuenta que a través de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, en su principio II se instituyó que: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad."; por lo que correspondía que el menor mantenga el nombre y apellido paterno como convencional sin ninguna relación de filiación ni otros derechos como ser el de asistencia familiar y el sucesorio; con el fin primordial de no afectar su derecho a la identidad del menor, quien como se señaló anteriormente durante el curso de su vida (14 años) se desenvolvió en el ámbito familiar y social precisamente con nombre y apellidos paterno y materno creando su identidad en ese sentido, por lo que la supresión del apellido paterno ocasionaría seria afectación a la identidad del menor.

Con relación a los otros puntos expuestos en la impugnación y de la revisión de obrados, no se tiene evidencia de la aplicación errónea del art. 233 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Ad quem consideró acertadamente que no existía ninguna de las cuatro causas por las que podría haber dispuesto se abra un plazo probatorio o en su caso se produzcan pruebas que estime conveniente, toda vez que no eran fundadas las razones por las que la demandada solicitaba se realice un nuevo examen científico, siendo el que cursa a fs. 60 de obrados, irrefutable. Por otra parte, de manera clara a tiempo de haber solicitado mediante memorial de apelación en el otrosí del mismo nueva prueba de examen de ADN, el A Quo de manera acertada remitió dicha petición al Auto de Vista Nro. 09/2012 que confirma la providencia de 22 de mayo de 2012 por el que desestimó nueve examen de ADN, aspecto que ya se tenía resuelto.

Por lo anteriormente señalado, corresponde a este Tribunal resolver de la forma prevista en el art. 271 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, aplicando para tal efecto lo previsto en el art. 41 de la Ley Nro. 025 que dispone: que "Las resoluciones que adopte la Sala Especializada, serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros"; determinación que se encuentra en vigencia plena de conformidad a lo previsto por las disposiciones transitorias primera y segunda de la referida Ley, entendiéndose en consecuencia que dicha norma derogó en forma tácita lo previsto por el art. 278 del Código de Procedimiento Civil, efecto que se encuentra así previsto dentro de los alcances de las disposiciones abrogatorias y derogatorias contenidas en la Ley Nro. 025, que comprende a todas las normas contrarias a la citada Ley.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los artículos 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA PARCIALMENTE, el Auto de Vista Nro. 74/2012 de 12 de septiembre 2012, debiendo mantenerse en la inscripción del Registro Civil el apellido paterno del menor Gustavo Manuel Juchasara, como convencional, quedando en el resto subsistente la Sentencia Nº 28/2012.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

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respeto por su identidad, y por su edad

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