TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 423/2012

Sucre: 15 de noviembre de 2012

Expediente: LP-105-12-S.

Partes: Agustín Mamani Soria y Luís Mamani Soria c/ Mateo Mamani Poma y otros.

Proceso: Nulidad de sentencia y de Escrituras Públicas.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de nulidad cursante de fs. 1043 a 1047 vlta., interpuesto por Luís Mamani Soria, contra el Auto de Vista Nº 537/11, cursante de fs. 1037 a 1038, emitido el 22 de diciembre de 2011 por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso ordinario sobre nulidad de sentencia y de Escrituras Públicas seguido por Agustín y Luís Mamani Soria en contra de Mateo Mamani Poma, Hilarión Mejía Pérez, Justina Maida de Mejía y Eusebio Quispe Conde, éstos últimos fallecidos en el curso del proceso; la respuesta de fs. 1049 a 1051; la concesión de fs. 1080; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el dos de junio de 2008 pronunció la Sentencia Nº 184/2008, cursante de fs. 880 a 885 vlta., declarando probada la demanda, en consecuencia dispuso la nulidad absoluta de: la sentencia de usucapión o prescripción adquisitiva Nº 208/90 de 21 de diciembre de 1990; de la Escritura Pública Nº 268 de 22 de abril de 1991 , así como de la Partida de Registro de Derechos Reales Nº 01115409 de 25 de abril de 1991; de la Escritura Pública Nº 3829/91 de 6 de noviembre de 1991, así como de la Ptda. Nº 1138841 de 3 de noviembre de 1991 y; de la Escritura Pública Nº 407/93 de fecha 8 de julio de de 1993; la cancelación de Ptda. Nº 01212938 de 8 de julio de 1993, manteniendo subsistente el Título Nº 3725 de 6 de diciembre de 1993 registrado bajo la Ptda. Nº 01240259 de 23 de febrero de 1994. Finalmente declaró improbada la demanda reconvencional por daños y perjuicios y la excepción de cosa juzgada. Por Auto de fs. 904, se aclaró el Nº de la sentencia de usucapión anulada por el correcto de 2083/90 y con relación a la Escritura Pública Nº 3829/91 de 6 de noviembre de 1991 y la Ptda. Nº 1138841 de 3 de noviembre, tuvo presente que la fecha correcta corresponde al 13 de noviembre de 1991.

Contra esa sentencia, los demandados Hilarión Mejía Pérez y Justina Mayda de Mejía, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el 22 de diciembre de 2011 emitió el Auto de Vista Nº 537, cursante de fs. 1037 a 1038, anulando obrados hasta el Auto de Admisión de la demanda de fecha 3 de noviembre de 2006, cursante a fs. 681 vlta., salvando los derechos de los actores a la vía llamada por Ley. Con multa de Bs. 50.- para el Juez A quo.

Contra esa Resolución de segunda instancia el actor Luís Mamani Soria interpuso recurso de nulidad.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente señala que el Auto de Vista recurrido no refleja la realidad de los hechos y no valoró la prueba aportada, infringiendo por ello normas procesales; al respecto, luego de hacer referencia a los fundamentos contenidos en el Auto de Vista, señala que el Tribunal de alzada concluyó que tanto la sentencia dictada en un proceso sumario como en uno ordinario cuando adquieren calidad de cosa juzgada no son susceptibles de ser atacadas en otro proceso ordinario posterior, por lo que el Juez de Partido no tendría competencia para revisar, modificar o anular lo sustanciado en un proceso sumario, cuya posibilidad estaría reservada únicamente para el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, cuyo conocimiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

En base a lo manifestado, sostiene que es falso que el proceso de usucapión habría sido tramitado como proceso sumario, toda vez que la demanda de manera clara dice que se inició dicho proceso en la vía ordinaria, conteniendo en sus argumentos, dice el recurrente, una serie de mentiras, que derivó en infracciones procesales, reproduciendo al efecto los fundamentos expuestos en su demanda.

Por las razones expuestas interpone recurso de nulidad y casación, solicitando se anule obrados o en su defecto se case la Resolución impugnada y en el fondo se confirme la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el marco del recurso y de la revisión de antecedentes se tiene:

1.- Por memorial de fs. 93 a 99, ampliada posteriormente de fs. 673 a 675 vlta., y

682 a 684, como consecuencia del Auto de Vista de 4 de septiembre de 2006, cursante de fs. 660 a 661, Agustín Mamani Soria y Luís Mamani Soria, demandan en la vía ordinaria la nulidad de la sentencia dictada el 21 de diciembre de 1990 por el Juez Quinto de Instrucción en lo Civil de la ciudad de La Paz en el proceso "ordinario" de usucapión seguido por Mateo Mamani Poma en contra de los presuntos herederos de Venancio Mamani y Juana Condori Mamani, que declaró probada la demanda de usucapión, reconociendo en consecuencia el derecho propietario de un lote de terreno ubicado en la calle Felipe Bravo Nº 580 de esa ciudad, más sus construcciones, con una superficie de 271 m² a favor de Mateo Mamani Poma; sentencia que habría adquirido ejecutoria expresa por auto de 18 de marzo de 1991 pronunciado en el proceso de referencia.

2.- En lo sustancial de la demanda fundamentan que Mateo Mamani Poma, tramitó el proceso de usucapión argumentando falsamente que se encontraba en posesión por más de doce años del bien inmueble usucapido, mismo que le habría sido vendido por los abuelos de los ahora actores, cuya minuta sin embargo la habría extraviado; aspecto que cuestionan los ahora demandantes arguyendo que ellos nacieron y vivieron en ese inmueble por lo que jamás habría existido tal posesión por parte de Mateo Mamani Poma; igualmente cuestionan el hecho de que la demanda hubiese sido dirigida en contra de presuntos herederos de Venancio Mamani y Juana Condori Mamani, cuya citación se practicó mediante edictos, sin considerar que ese aspecto resultaba falso, en virtud a que quien demandó la usucapión conocía su condición de herederos así como su domicilio. Por otro lado cuestionaron supuestos errores de procedimiento que se habrían cometido en la sustanciación de aquel proceso de usucapión refiriendo entre otros, la errónea declaración de rebeldía de los demandados, la indebida calificación del proceso como de derecho y la incorrecta apertura de un período probatorio, la falta de inspección judicial, la representación efectuada por el abogado defensor de oficio; finalmente refirieron que el usucapiente transfirió el inmueble a favor de Eusebio Quispe Conde y éste a su vez a los esposos Hilarión Mejía Pérez y Justina Maida de Mejía, cuya nulidad también demandaron, pretendiendo en consecuencia que se reconozca su derecho propietario sobre el inmueble en cuestión.

3.- En primera instancia el Juez Cuarto de Partido en lo Civil, emitió Sentencia Nº 184/2008, de fecha dos de junio de 2008, declarando probada la demanda, en consecuencia declaró nula la sentencia dictada en el proceso de usucapión, así como nulas las Escrituras Públicas de transferencia y sus respectivos registros, que se originaron en la referida sentencia.

4.- En apelación, el Tribunal de alzada anuló obrados, fundamentando en lo principal que las sentencias dictadas en procesos sumarios no son susceptibles de ser invalidadas en un proceso ordinario posterior.

Establecido lo anterior corresponde precisar que la SC 0569/2004-R de 15 de abril, con relación a los procesos de conocimiento aclaró lo siguiente: "...el proceso de cognición o denominado también de conocimiento hace referencia a la tramitación del juicio en el que se persigue obtener del juez o tribunal una declaración de voluntad de la que se derivan consecuencias jurídicas a favor o en contra de las partes litigantes. Se llama proceso de cognición como término de diferenciación del proceso ejecutivo, en el cual de lo que se trata es de dar efectividad a la obligación contenida en el título ejecutivo, en el juicio de conocimiento, se pretende llegar a la verdad sobre un acto jurídico, determinar su validez o invalidez, su legalidad o ilegalidad, y así establecer los derechos -u obligaciones- de las partes".

Sobre los procesos de conocimiento, la SC 0468/2010-R de 5 de julio de 2010, precisó que: " Los procesos de conocimiento: ordinarios, sumarios y sumarísimos se ajustan a las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. Respecto al proceso ordinario el art. 316 señala lo siguiente: "todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario", aquí se dilucidan las pretensiones jurídicas más complejas y de mayor cuantía para las que no se tiene un procedimiento especial, la autoridad competente para su conocimiento es el juez de partido en lo civil y comercial, se trata de un proceso tipo que tiene por objeto una pretensión tendente a que el órgano judicial dilucide, tramite y resuelva mediante la aplicación de normas jurídicas pertinentes a los hechos planteados y discutidos en la causa, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes, previa valoración de elementos de juicio que las partes incorporen mediante sus alegaciones y pruebas, por lo tanto, es necesariamente contradictorio, lo que difiere de los procesos de ejecución civil o ejecutivos y los de ejecución coactiva civil de garantías reales, concluyen con sentencia firme que causa cosa juzgada sustancial; sin recurso ulterior que afecte su eficacia a excepción de la revisión extraordinaria de sentencia de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo proceso de conocimiento es el sumario, está consagrado por el art. 317 del mismo cuerpo legal y su tramitación se encuentra a partir del art. 478, comprende aquellos asuntos contenciosos que no estén sometidos a un trámite especial y sean de menor cuantía. Conoce, tramita y resuelve las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores establecidos de manera periódica por la Corte Suprema de Justicia, reviste las mismas características que el proceso ordinario, se distingue de aquel, por la celeridad en su tramitación, está previsto para hacer más ágil la justicia, por ello, cuenta con una estructura más simple, menos solemne y más abreviada procesalmente; la autoridad jurisdiccional que debe conocer este tipo de procesos es el juez de instrucción en lo civil, en la medida que se encuentre dentro de su competencia. Sus resoluciones no son susceptibles de ser atacadas en proceso ordinario (...)". (El subrayado no corresponde al texto original).

De lo manifestado se concluye que dependiendo de la cuantía o de la naturaleza del asunto, según el caso, mientras se encuentren aún en vigencia los actuales Códigos de Procedimientos, deberá sustanciarse un proceso ordinario o sumario, empero resulta claro que ambos tipos corresponden a los denominados procesos de conocimiento que concluyen con sentencia firme que goza de calidad de cosa juzgada sustancial, que no puede ser revisada por otro proceso de conocimiento.

No cabe duda que la cosa juzgada persigue la realización del principio de seguridad jurídica, de modo que una vez que la resolución judicial ha adquirido firmeza, no cabe su modificación alguna, ni siquiera de oficio. Por tanto, podemos afirmar que la cosa juzgada supone un mecanismo de equilibrio entre lo que se ha llamado valor-justicia y valor o principio-seguridad jurídica. Es evidente que interesa obtener justicia pero siempre con los límites de la seguridad jurídica, pues nadie puede estar de por vida pendiente de una posible modificación de la sentencia.

Doctrinalmente se distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material.

La Forma, supone que una sentencia es firme como consecuencia de su inimpugnabilidad intra proceso, es decir cuando no hay posibilidad de ser recurrida, es la que se genera por el agotamiento o la improcedencia de recursos en su contra, tiene carácter limitado, pues sus efectos se refieren al interior del proceso pero pueden desaparecer en un proceso distinto a aquel en el que se originó, ejemplo la calidad de cosa juzgada formal que adquiere la sentencia dictada en un proceso ejecutivo, que puede ser revisada a través de un proceso ordinario.

La cosa Juzgada Material, hace posible que una sentencia sea prácticamente inatacable a través de otro proceso, eliminando así cualquier posibilidad de modificación, alteración de su contenido, de tal forma que lo resuelto es válido al interior del proceso, oponible en otro e inmodificable a través de otro proceso.

Como se analizó anteriormente la sentencia firme que emerge de un proceso de conocimiento sea este ordinario o sumario adquiere la calidad de cosa juzgada material, de donde surge la imposibilidad material de su revisión, modificación o invalidación, como correctamente lo determinó el Tribunal de alzada al anular obrados hasta la admisión de la demanda, toda vez que a través de éste proceso ordinario, los actores, pretenden la nulidad de la sentencia dictada en el proceso sumario -no ordinario- sustanciado ante el Juez de Instrucción Quinto en lo Civil, por Mateo Mamani Poma en contra de los herederos de Venancio Mamani y Juana Condori Mamani, herederos entre los que se encuentran comprendidos los ahora actores Agustín Mamani Soria y Luís Mamani Soria, quienes se hicieron declarar herederos al fallecimiento de sus nombrados abuelos Venancio y Juana.

Cuando una sentencia adquiere calidad de cosa juzgada se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la sentencia firme en el ámbito del Ordenamiento Jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como non bis in eadem, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.

Los efectos de la cosa juzgada, instaurados en resguardo del principio de seguridad jurídica, reconocen, con ese mismo propósito, ciertos límites de carácter subjetivo y objetivo, esencialmente. Para el caso de autos nos interesa referirnos al límite subjetivo de la cosa juzgada que orienta que la misma vincula básicamente a todas las partes que intervinieron en el proceso, sus herederos y causahabientes conforme prevé el art. 1451 del Código Civil, o a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, conforme determina el art. 194 del Adjetivo Civil. En ese sentido no cabe duda que los ahora demandantes se encuentran comprendidos dentro de los alcances de aquella sentencia con calidad de cosa juzgada material que originó del proceso sumario de usucapión seguido por Mateo Mamani Poma en contra de los herederos de Venancio Mamani y Juana Condori Mamani, resultando por ello manifiestamente improponible la acción de nulidad de aquella sentencia, pretendiendo que a través del presente proceso ordinario se invalide esa sentencia en razón a aparentes vicios procesales que se habrían sucedido en la sustanciación de aquel proceso, los mismos que debieron ser atacados al interior de ese proceso y no a través de otro ordinario de conocimiento.

Por las razones expuestas, no siendo evidentes los agravios formulados por el recurrente, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de nulidad interpuesto por Luís Mamani Soria, contra el Auto de Vista Nº 537/11, cursante de fs. 1037 a 1038. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Duran.