TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 421/2012

Sucre: 15 de noviembre 2012

Expediente: LP -101 - 12 - S

Partes: Cristina Quispe Conde c/ Celestina Celia Huanca de Quenta (Celia Huanca Quenta)

Proceso: Ordinario, acción negatoria y entrega de inmueble.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 216 á 222 interpuesto dentro del término de ley por Cristina Quispe Conde, contra el Auto de Vista Nº S-213/12 de fecha 12 de junio de 2012 de fs. 207 á 208 y Vlta y el Auto complementario de fecha 23 de julio de 2012 de fs. 213, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de acción negatoria y entrega de inmueble, seguido porCristina Quispe Conde contra Celia Huanca Quenta (siendo su nombre correcto, Celestina Celia Huanca de Quenta); la respuesta de fs. 224 a 225; el Auto de concesión a fs. 226; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que,Cristina Quispe Conde, de fs. 23 a 25 interpone demanda ordinaria de acción negatoria de derecho propietario y entrega de lote de terreno consistente en una fracción de 41.22 mts2 ubicado en la Urbanización El Pedregal ex fundo Calacoto Alto de la ciudad de La Paz, más el pago de daños y perjuicios, demanda que interpone contra Celia Huanca Quenta; sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 8vo. de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 074/2011 de fecha 26 de marzo de 2011 cursante a fs. 170 a 173, declaró PROBADA la demanda en su totalidad, determinando la inexistencia de derecho propietario de la demandada sobre la fracción de terreno de 43.50 mts2, el mismo que constituye parte del inmueble de 300 mts2. de la demandante.

En apelación la referida Sentencia Nº 074/2011, interpuesto por la demandada Celestina Celia Huanca de Quenta, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, por Auto de Vista Nº S-213/12 de 12 de junio cursante de fs. 207 a 208 y Vlta., revoca parcialmente la Sentencia y declara probada la demanda en cuanto a la acción negatoria e improbada en lo concerniente a la entrega de la porción del lote de terreno, cese de perturbaciones o molestias y pago de frutos, daños y perjuicios, sin costas; el cual fue objeto de solicitud de complementación por parte de la demandante, habiendo sido denegada dicha solicitud mediante Auto de fecha 23 de julio de 2012 de fs. 213; en contra de estas dos resoluciones de segunda instancia, la demandante Cristina Quispe Conde, recurre en casación en el fondo pidiendo se CASE el Auto de Vista impugnado y se revoque el mismo, manteniendo la Sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente en los aspectos más sobresalientes de su memorial de fs. 216 a 222 refiriéndose a la confesión judicial provocada a la demandada indica, que el Auto de Vista impugnado contiene violación y desconocimiento de los arts. 378, 422 y 424 del Código de Procedimiento Civil realizando una mala interpretación de los antecedentes y de la prueba ofrecida y producida.

Asimismo respecto a la observación de la prueba pericial de cargo, indica que el argumento del Auto de Vista carece de fundamentación legal y escapa a las facultades del Tribunal Ad quem y que de ninguna manera debió desmerecerse el juramento judicial y voluntario realizado por el perito, tampoco excluir la prueba pericial sin justificativo legal alguno, siendo el referido Auto de Vista violatorio de los arts. 430, 431, 432, 433, 435, 436 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, respecto a la prueba testifical de cargo indica que dicha prueba es accesoria, corroborante y respaldatoria a las demás pruebas documentales y no constituye el único fundamento de la Sentencia, tampoco fue tachada por la parte contraria, violándose el art. 476 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a las perturbaciones y molestias en el inmueble, indica que no se ha valorado la prueba ofrecida de forma conjunta violando el art. 397 del Pdto. Civil., denegando justicia puesto que las agresiones de la parte contraria quedan en la impunidad aspecto que es intolerable en derecho.

Indica que se le pretende restringir a su derecho de petición referente a la restitución del inmueble, pues si la persona que cree que su derecho a sido desconocido y violado, tiene el pleno derecho de pedir la tutela al órgano jurisdiccional para su restitución, siendo totalmente injusto y fuera de todo principio general del derecho que la Autoridad jurisdiccional reconozca el derecho propietario a una persona y negando el derecho propietario al invasor, aún permita que este último continúe con dicha invasión violentando un derecho ajeno.

Respecto a los daños y perjuicios demandados adicionalmente en su demanda indica que estos son evidentes, correspondiendo que estos sean liquidados en ejecución de Sentencia.

Con tales argumentos interpone recurso de casación en el fondo en contra del Auto de Vista impugnado y su Auto complementario denegatorio, pidiendo a este Tribunal Supremo de Justicia CASE dicho Auto y se revoque el mismo, manteniendo la Sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Máximo Tribunal de Justicia revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la Resolución de los conflictos procesales. Por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

La uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, el mismo que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado también error "in procedendo", su finalidad es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley; en tanto que el recurso de casación en el fondo o "error in judicando", procede por errores en la Resolución del fondo del litigio y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba.

En cada caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 respectivamente del adjetivo civil, y en ambos cumplir de manera inexcusable el mandato del artículo 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso que se analiza, la recurrente al margen de cuestionar la mala valoración de la prueba, en su recurso de casación en el fondo acusando al Tribunal de Alzada de pretender restringir su derecho de petición referente a la restitución del inmueble objeto de litis, indicando que es totalmente injusto que la Autoridad jurisdiccional no obstante de reconocerle el derecho propietario sobre la fracción del lote de terreno demandado no se la restituya y negando el derecho propietario al invasor, aún permita que este último continúe con dicha invasión violentando un derecho ajeno, siendo este aspecto el fundamento central de su recurso en torno al cual cuestiona la mala valoración de la prueba.

Revisado el contenido del Auto de Vista impugnado, este Tribunal Supremo advierte la existencia de manifiestas contradicciones en la parte dispositiva del fallo, situación que incurre en la causal de casación prevista en el art. 253 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

La contradicción del referido Auto de Vista se hace evidente cuando por una parte declara probada la demanda en cuanto a la acción negatoria y por otra parte, declara improbada la demanda respecto a la entrega de la fracción del lote de terreno de 43,50 mts.2 objeto de litis, como también declara improbada respecto al cese de las perturbaciones o molestias denunciadas por la parte actora; es decir, por una parte se le reconoce a la demandante el derecho de propiedad sobre la fracción del referido terreno, sin embargo no se la restituye a su favor bajo el argumento de que no demandó la reivindicación de dicho inmueble; con esta actitud dual, el Tribunal de Alzada permite a la demandada continuar en la posesión del referido terreno y por ende con los actos de perturbación denunciados, situación que resulta manifiestamente contradictoria, tornándose en ineficaz dicha Resolución.

Al respecto, Carlos Morales Guillén citando a Reus, indica: "Si grave es que la Sentencia no sea congruente..., aún más grave es todavía, que el fallo de una Sentencia contenga disposiciones contradictorias, por el gran perjuicio que irroga a las partes, quienes en tal confusión, no sabrían a qué atenerse ni hasta dónde llega la extensión de los derechos o las obligaciones que les reconoce o impone semejante decisión, que así descubre ligereza, falta de rectitud o complacencia hacia una de las partes en el Órgano Judicial que la dicta".

En el caso de Autos, el Tribunal de Alzada al haber acogido favorablemente la acción negatoria, ha reconocido plenamente el derecho propietario a favor de la demandante sobre la fracción del lote de terreno de 43,50 mts2. objeto de la litis, el mismo que constituye parte del inmueble de 300 mts2. que se encuentra ubicado en el ex fundo Calacoto Alto, sector Cuticollo, Urbanización "El Pedregal" de la ciudad de La Paz registrado bajo la Matrícula Nº 2.01.1.01.0005077 Asiento A-1 a nombre de la demandante Cristina Quispe Conde según consta por el Testimonio Nº 1285/2002 que cursa en obrados de fs. 5 a 6; como consecuencia de este reconocimiento de derecho propietario, se declaró la inexistencia de derechos que se atribuía la persona demandada y por consiguiente es lógico que se restituya esa fracción de inmueble a su verdadera titular, de lo contrario la Resolución emitida por el Tribunal de Alzada no tendría la eficacia jurídica que exige la ley, ya que al margen de ser contradictoria, no se estaría resolviendo el conflicto en su verdadera dimensión, lo cual implica que la parte demandante tenga que iniciar un nuevo proceso judicial para lograr la restitución de esa fracción de terreno, eternizándose de ésta manera los problemas.

Respecto a la falta de la solicitud de reivindicación extrañada por el Tribunal Ad quem, corresponde aclarar que la demandante en su memorial de fs. 23-25 no solo ha demandado y peticionado la acción negatoria, sino también la entrega de la fracción del lote de terreno, solicitando en su petitorio de manera expresa esta situación, de donde se infiere que la razón o fundamento de la pretensión principal de la demandante (causa petendi) no solo fue el de negar a la demandada el derecho propietario que se atribuía sobre dicho inmueble, sino sobre todo el de reivindicar la fracción de terreno demandado, aunque lo expresó con otros términos; sin embargo, en aplicación de los principios jurídico de "editio actionis" y "iuria novit curia", no es requisito indispensable que las partes tengan necesariamente que utilizar el tecnicismo jurídico, bastando la claridad en la exposición de los hechos, en base a los cuales el Juez debe aplicar el derecho. Al respecto el tratadista Hugo Alsina citado por Gonzalo Castellanos Trigo indica: "No significa obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce (editio actionis) ni siquiera la de citar las disposiciones legales en que se funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor (iuria novit curia), de modo que el silencio o el error de éste no tiene ninguna consecuencia jurídica".

Con respecto al cese de perturbaciones o molestias también demandado por la parte actora, el Tribunal de Alzada desestima dicha petición bajo el argumento de que el Juez de la causa acogió favorablemente en Sentencia, basado en la única declaración testifical que resulta ser pariente de la demandante; esta situación tampoco es evidente ya que de los datos del proceso se advierte que el Juez A quo ha realizado la inspección judicial al lugar del terreno cuya acta corre a fs. 141-142, con dicha actuación judicial pudo verificar y comprobar la existencia de construcciones realizadas por parte de la demandada en la propiedad de la actora; el hecho de que una persona proceda a construir invadiendo propiedad ajena sin consentimiento de su titular, constituye perturbación al derecho de propiedad y por consiguiente el acto perturbatorio denunciado está plenamente demostrado; si bien la única persona que declaró como testigo en el proceso resulta ser pariente de la demandante, sin embargo el Juez A quo para emitir su Sentencia no se basó únicamente en esa declaración testifical ni mucho menos le asignó valor probatorio a la misma.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en el Art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y art. 41 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 norma que a la fecha se encuentra en vigencia plena conforme la disposición transitoria primera y segunda de la misma Ley y que respecto al número de votos para dictar Resolución, establece: "Las resoluciones que adopte la Sala especializada será por mayoría absoluta de votos de sus miembros". Disposición legal que en correspondencia a los principios de celeridad, eficacia y eficiencia reconocidos por el art. 180-I de la Constitución Política del Estado determina, sin excepción alguna, que las resoluciones a ser emitidas por la Sala especializada sean por mayoría absoluta de sus miembros.

Por otro lado corresponde precisar que la Ley del Órgano Judicial, respecto de los arts. 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil conlleva una derogación tácita de esas normas, la misma que se encuentra así reconocida dentro de las disposiciones derogatorias y abrogatorias contenidas en la citada Ley que expresamente señala: "Quedan abrogadas y derogadas expresamente todas las normas contrarias a la presente ley conforme a las disposiciones transitorias de la misma".

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 41 y 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº S-213/2012 de fecha 12 de junio de 2012 cursante de fs. 207 a 208 y vlta.dictado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y deliberando en el fondo dispone la restitución y entrega de la fracción de terreno de 43,50 mts2. especificado en la Sentencia Nº 074/201 de fs. 170 a 173, a favor de Cristina Quispe Conde en el término de tres días; así como se dispone el cese de perturbaciones o molestias por parte de la demandada; sin lugar al pago de frutos, daños y perjuicios.

Sin responsabilidad por considerarse excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Duran