TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

 

Auto Supremo: 419/2012

Sucre: 15 de noviembre de 2012.

Expediente: SC-87-12-S

Partes: Mario Balcazar Rojas - Empresa Constructora FARCRUZ S.R.L. c/ Benjamín Saúl Rosas Ferrufino - Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno UAGRM

Proceso: Resolución de Contrato y pago de incremento o reajuste de precios de

Materiales, insumos y mano de obra en ejecución de obras de construcción.

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1467 a 1471 de obrados, interpuesto por Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno y el recurso de casación también en el fondo y en la forma de fs. 1476 a 1479 interpuesto por María Elizabeth Osinaga Rodas en representación de la Empresa FARCRUZ contra el Auto de Vista Nº 221/2012 de 19 de julio 2012, cursante de fs. 1453 a 1455, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Resolución de Contrato y pago de incremento o reajuste de precios de materiales, insumos y mano de obra en ejecución de obras de construcción incoado por Mario Balcazar Rojas en representación de la Empresa FARCRUZ contra la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, mediante Sentencia de 5 de marzo 2012, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, declaró probada la demanda de fs. 249 a 266 y vlta. e improbadas las excepciones perentorias de "Non adimpleti contratus" y de falta de acción y derecho, ordenando la Resolución de los Contratos Nº 62/2006 relativo a la construcción de un módulo de aulas para la Facultad de Humanidades y el Contrato Nº 53/2006 referido a la construcción de un módulo de aulas para la Facultad de contaduría Pública; asimismo ordenó el pago por incremento o reajuste de precios de materiales, insumos y mano de obra en ejecución de obras de construcción de las tres obras objeto de la litis; es decir incluyendo la del Contrato Nº 85/2006 referido a la construcción de una Biblioteca para la Facultad de Ciencias Agrícolas misma que fue concluida y entregada.

Deducida la apelación por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y remitidos los antecedentes ante el Tribunal de segunda instancia, mediante Auto de Vista Nº 221/2012 de 19 de julio 2012, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, anuló en todas sus partes la Sentencia apelada de fs. 1357 a 1364 con la finalidad de que el A quo dicte una nueva en estricta aplicación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

En conocimiento de la Resolución de segunda instancia, Benjamín Saúl Rosas Ferrufino por la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno recurrió de casación en la forma y en el fondo; asimismo la Empresa FARCRUZ representada por María Elizabeth Osinaga Rodas interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismos que se pasan a considerar.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

- Recurso presentado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Sin especificar o detallar cuál el recurso de casación en la forma y cuál en el fondo, Benjamín Saúl Rosas Ferrufino afirma que se ha incurrido en la infracción de los arts. 90, 190, 333 del Código de Procedimiento Civil y art. 568, 569 y 570 del Código Civil, toda vez que Mario Balcazar Rojas en supuestá representación de la Empresa Constructora FARCRUZ S.R.L. dedujo demanda ordinaria de hecho de Resolución de contratos, pago por incremento de precios o reajuste de precios de materiales, insumos y mano de obras de construcción, debiendo aplicarse lo previsto en el art. 333 del Código de Procedimiento Civil; es decir el A quo tenía la obligación inexcusable de rechazar dicha demanda por defectuosa y ser manifiestámente contradictoria al contener peticiones contradictorias y excluyentes entre sí, ya que el demandante pretende la Resolución de dos contratos y simultáneamente el cumplimiento de pago por incremento de pago y reajuste de precios; por ésta razón correspondía que el Ad quem en aplicación al art. 17 de la Ley del Órgano Judicial anule obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta la admisión de la demanda.

Asimismo refiere que se han infringido los arts. 450, 519, 568, 569 y 570 del Código Civil, porque los Contratos Nº 63/2006 y Nº 53/2006 fueron suscritos luego de un proceso de contratación cumpliendo formalidades estáblecidas en el D.S. Nº 27328 y en las cláusulas de dichos contratos se estáblecieron de manera libre y consentida mecanismos de modificación y de extinción de la

relación jurídica, por lo que no hacía falta que se solicite la Resolución judicial de dichos contratos, cuando en la realidad una de las partes concretó la Resolución de pleno derecho conforme se tenía pactado, siendo inviable resolver un contrato en la vía judicial cuando éste ya fue resuelto extrajudicialmente por las partes en aplicación de la cláusula resolutoria, así se determinó por parte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno mediante oficios notariados Nº 161/2009 de 24 de abril 2009 y Nº 195/2009 de 21 de mayo 2009 a través de los cuales se comunicó a la Empresa FARCRUZ la decisión de Resolución de los contratos Nº 62/2006 y 53/2006 por las causales previstas en la cláusula décimo novena inc. f), d) y j). Asimismo la Empresa constructora demandante a través de su gerente general Mario Balcazar Rojas, mediante carta notariada de 25 de agosto 2009 comunicó su decisión de Resolución de los contratos, debiendo a tal efecto la Sentencia declarar improbada la demanda y sus pretensiones de reajuste de precios de material.

Finalmente, señala que los Vocales de la Sala Civil Primera a tiempo de anular la Sentencia, lo hicieron sin fundamentar ni realizar un examen minucioso del proceso, ya que si esto se hubiera cumplido el Ad quem hubiera anulado hasta la admisión de la demanda inclusive por no estár el poder de representación Nº 476/2005 dentro de las previsiones de los art. 58 y 329 del Código de Procedimiento Civil; por otra parte no evidenciaron de oficio los vicios de nulidad existentes; por lo que solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir sea hasta la admisión de la demanda por haberse vulnerado normas esenciales y expresas que afectan al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la legalidad de las partes y a la buena fe y el orden público.

- Recurso presentado por María Elizabeth Osinaga Rodas

En la forma:

Señala que el Auto de Vista Nº 221/2012 incurre en errónea interpretación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que según dicha norma dispositiva no es permisible anular la Sentencia por no contemplar obligatoriamente en la parte Resolución el texto de "Probada la demanda" y/o "Probada parcialmente la demanda", teniendo el Juez la prudencia y congruencia de declarar probado lo que a su sentir consideró como hechos comprobados, conculcando y desconociendo el Ad quem la facultad potestátiva del Juez Natural en Sentenciar.

Asimismo incurre en violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal de Alzada se limitó a observar la Sentencia en comparación con la demanda, ignorando los hechos a probar, las causas que motivaron la Sentencia apelada y no analizó la apelación producida.

En el fondo:

Especifica que el Ad quem omite y viola la fuerza de los contratos previstos en los arts. 450, 519, 732, 734 y 740 del Código Civil limitando su Resolución a normas meramente dispositivas sin valorar la desidia y el daño económico causado por la entidad contratante. No considera ni observa lo dispuesto en el D.S. 29603 en el que se impone que todas las entidades del Sector Público deben acogerse a dicha disposición en todo lo que respecta a reajuste de precios en obras públicas.

Finalmente en el numeral 5 de su memorial referido a la petición, señala que se admite el recurso de casación presenta y se remita al Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

I.- De principio corresponde precisar que de manera reiterada éste Tribunal estábleció, siguiendo a su vez la línea sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia, que doctrinalmente se considera al recurso de casación como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales, que infringen las normas de derecho material o las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Para dicho efecto cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la Resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia estáblecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución, que unificando la interpretación de las normas jurídicas resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores in procedendo, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la Resolución recurrida contiene infracciones formales y, lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley

o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestádo precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, y en ese caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la Resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la Resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conllevan la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente está orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza tanto la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno como la Empresa Constructora FARCRUZ S.R.L. no cumplen a cabalidad con la técnica recursiva y los requisitos previstos en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil; siguiendo el orden de presentación de los recursos de casación, la entidad autónoma demandada recurre de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria señalando en su petitorio la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, cuando si su pretensión era la misma sólo debió recurrir en la forma; sin embargo de ello aún anunciando que recurre en la forma no señala de manera clara, precisa y concreta cuáles son las causales señaladas en el art. 254 del adjetivo civil por las que recurre.

De igual manera la Empresa Constructora FARCRUZ S.R.L. al recurrir en el fondo por una Resolución de alzada anulatoria, confunde la naturaleza de la procedencia del recurso de casación en el fondo y con relación a su impugnación en la forma no refiere cuál la causal prevista en el art. 254 por la que recurre; es más en el petitorio no hace referencia alguna sobre su pretensión, incumpliendo también lo previsto en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Señalado lo anterior, habiéndose presentado recurso de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria, corresponde resolver por su improcedencia y considerar el recurso presentado en la forma a los fines de evidenciar si los motivos que dieron lugar a la nulidad resultan o no correctos; sin embargo como se señaló ut supra como ambas impugnaciones en la forma no cuentan con los requisitos previstos en el art. 258 num. 2) del adjetivo civil ni con una petición clara y precisa, estás devienen en improcedentes.

Que, al margen de lo manifestádo y de la revisión de los antecedentes resulta imperativo que éste Tribunal de Casación haga uso de la facultad prevista por el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil que estáblece que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público y en ese marco reorientar la nulidad dispuestá en base a las siguientes apreciaciones:

1.- Conforme consta de fs. 2 a 95 la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno suscribió con la empresa Constructora FARCRUZ los siguientes contratos:

- En fecha 1 de noviembre de 2006 Contrato Nº 53/2006 por el que se contrata la construcción de un Módulo de Aulas para la Facultad de Contaduría Pública por la suma de Bs. 6.002.490,19.- (Seis Millones dos mil cuatrocientos noventa 90/100 Bolivianos). Asimismo en fecha 25 de octubre de 2007 suscribieron Contrato Modificatorio por el que se incrementa un nivel más a la obra de ejecución por la suma de Bs. 969.499,75.- (Novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve 75/100 Bolivianos).

- En fecha 15 de noviembre de 2006 Contrato Nº 62/2006 por el que se contrata la construcción de un Módulo de Aulas para la Facultad de Humanidades, por la suma de Bs. 4.631.944,67.- (Cuatro millones seiscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro 67/100 Bolivianos). Asimismo en fecha 12 de noviembre 2007 suscribieron Contrato Modificatorio por el que se incrementa un nivel más a la obra de ejecución por la suma de Bs. 919.270,49.- (novecientos diecinueve mil doscientos setenta 49/100 Bolivianos).

- En fecha 18 de diciembre de 2006 Contrato Nº 85/2006 por el que se contrata la construcción de una Biblioteca para la facultad de Ciencias Agrícolas, por la suma de Bs. 1.317.354,21.- (Un millón trescientos diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro 21/100 Bolivianos).

Que en virtud de los mismos y una vez ejecutados los proyectos de construcción, Mario Balcazar Rojas, representante legal de la sociedad FARCRUZ S.R.L. dedujo demanda en la vía ordinaria de Resolución de contratos y pago de incremento o reajuste de precios de materiales, insumos y mano de obra en ejecución de obras de construcción, argumentando que a tiempo de estár ejecutando las obras mas los niveles incrementados según los contratos modificatorios, durante el primer mes del año de 2007 se produjo una extraordinaria subida de precios de materiales,

insumos y mano de obra, hecho que generó que se vieran afectados en cuanto a lo oneroso que se tornó la ejecución de dichas obras, aspecto que fue anunciado y reclamado a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a los efectos de proceder con la compensación e incremento del costo de las ejecuciones de obras previo reajuste de precios; sin embargo los reiterados reclamos no merecieron respuestá formal, pese a que luego de reuniones sostenidas con el Supervisor y Fiscal de obra así como con el Rector de la Universidad, quienes manifestáron que el pedido era justo y que analizarían con su departamento técnico y legal para realizar la cuantificación y reajuste de precios.

Por lo que solicitó la Resolución de los Contratos Nº 62/2006 y 53/2006 referidos a la construcción de aulas para las Facultades de Contaduría Pública y Humanidades, así como el pago por incremento o reajuste de precios de los mismos y la cancelación del Contrato Nº 85/2006 al haberse concluido con la Construcción de la Biblioteca para la Facultad de Ciencias Agrícolas mas el pago del incremento o reajuste de precios, totalizando el monto a Bs. 7.824.765,60.- (Siete millones ochocientos veinticuatro mil setecientos sesenta y cinco 60/100 Bolivianos) mas pago de intereses legales y pago de daños y perjuicios a liquidar en ejecución de Sentencia.

2.- Admitida la demanda por providencia de 17 de septiembre de 2009 y citada la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno interpuso incidente de defecto legal en la demanda y excepciones previas de incompetencia, obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda; asimismo a tiempo de contestár la demanda opuso excepciones perentorias de "non adimpleti contractus" y falta de acción y derecho, a tal efecto el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la Capital, mediante Auto de 28 de noviembre de 2009 declaró improbadas las excepciones de incompetencia, oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y respecto a las excepciones de "non adimpleti contractus" y falta de acción y derecho defirió su Resolución a Sentencia.

3.- Por Auto de 3 de enero de 2010 se estábleció la relación procesal y se calificó el proceso como ordinario de hecho, habiéndose en consecuencia fijado los puntos de hecho a probar. (fs. 396)

4.- El Juez Séptimo de Partido en lo Civil de la Capital, quien concluyó conociendo el proceso luego de haber surgido recusación y excusas de varios jueces en la materia, mediante Sentencia de 5 de marzo de 2012 cursante de fs. 1357 a 1364, declaró probada la demanda e improbadas las excepciones perentorias de "non adimpleti contractus" y de falta de acción y derecho, ordenando la Resolución de los Contratos Nº 53/2006 y Nº 62/2006 así como el pago por incremento o reajuste de precios y materiales, insumos y mano de obra en ejecución de las tres obras de construcción, por la suma de Bs. 7.524.521,36.- (Siete Millones quinientos veinticuatro mil quinientos veinte uno 36/100 Bolivianos) sin lugar al pago de daños y perjuicios, pero sí el respectivo pago de interés legal a partir de la fecha en que la Universidad fue notificada con la demanda principal.

5.- En apelación deducida por la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 221/12 de 19 de julio de 2012 anuló la Sentencia apelada con la finalidad de que el A quo dicte una Sentencia en estricta aplicación el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

6.- Finalmente se hace necesario señalar, también como antecedente, que si bien la empresa Constructora FARCRUZ impetra en su demanda la Resolución de los contratos antes señalados por la vía ordinaria, se tiene que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno mediante Carta Notariada de 21 de mayo de 2009 el Rector de dicha casa superior de estudios Ing. Reymi Ferreira Justiniano hizo conocer la decisión de Resolución de los Contratos Nº 53/2006 y Nº 62/2006 en virtud de la cláusula décimo novena (fs.412). Asimismo se tiene que conforme consta a fs. 1 de obrados, el Gerente General de FARCRUZ Mario Balcázar Rojas, por oficio notariado de 26 de agosto 2009 hizo conocer al rector de la universidad la decisión de resolver los contratos por incumplimiento de la cláusula décimo sexta imputable a la UAGRM.

Señalados los antecedentes de la causa, corresponde precisar que el objeto de la litis es la Resolución de los contratos Nº 53/2006 y Nº 62/2006 más la cancelación de la obra ejecutada del Contrato Nº 85/2006 y el pago del incremento previo reajuste de precios de los tres contratos administrativos suscritos.

En ese sentido, se hace necesario citar algunas puntualizaciones respecto a la naturaleza de los contratos administrativos y la competencia en la que deben dilucidarse los conflictos emergentes de los mismos; es así que:

1.- El Auto Supremo Nº 281/2012 sobre los contratos administrativos, había precisado que: "...el contrato puede definirse como todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones de contenido patrimonial, definición que es aplicable tanto a los contratos de Derecho Privado como a los de Derecho Público.

 

El autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos", señala que: "...el contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado. Existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio".

La aparición del contrato administrativo fue muy debatida y cuestionada entre quienes lo postulaban como una categoría contractual especial, diferente a la del contrato regulado por el Derecho Privado, frente a quienes negaban tal diferencia. Sin embargo en la actualidad, tanto en el ámbito de las legislaciones, como en el de la jurisprudencia y la doctrina, la existencia del contrato administrativo es plenamente aceptada.

El autor Mariano Gómez González, define el contrato administrativo como: " ...todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estádo, de la Provincia o del Municipio".

Alfonso Nava Negrete define: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestáción y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público".

Podemos decir que Contrato Administrativo es aquel en que una de las partes es un órgano del Estádo que actúa en ejercicio de la función administrativa, que se celebra con un fin inmediato y directo de carácter público, donde concurren ambas voluntades libremente, para la ejecución de un fin de esas características, lo que conduce a la institución de un régimen jurídico específico.

En otras palabras hablamos de contratos administrativos cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De está manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estátal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Al respecto el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza..".

Podemos destácar como elementos generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público. Siendo los principales rasgos característicos de estás formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiestá en las condiciones del contrato; las formas solemnes en el procedimiento de contratación; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiestá en las denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estátales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, manifestáción expresa de su papel protector de los intereses públicos.

Estáblecido lo anterior corresponde precisar que los contratos administrativos están sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, que está orientado a la satisfacción del interés público, sin que ello suponga sacrificar los principios de justicia y equidad que todo Estádo debe propender."

2.- El Auto Supremo Nº 405/2012 sobre la instancia competente para resolver los conflictos suscitados de las contrataciones administrativas entre el Estádo y particulares, señaló que: "...los contratos administrativos por su naturaleza se diferencian de los contratos privados y en mérito a ello se encuentran sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, razón por la que los Tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver sobre litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estádo como una Jurisdicción especializada, en la última parte del art. 179-I que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el art. 4-3) de la Ley del Órgano Judicial; ésta última norma en su disposición transitoria décima determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley.

Ahora bien, el Estádo Plurinacional no cuenta aún con la ley que regule como jurisdicción especializada la materia contenciosa-administrativa, razón por la que el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de varias Sentencias constitucionales Plurinacionales exhortó a la Asamblea Legislativa al tratamiento oportuno de ese tema, empero mientras ello suceda, siguiendo lo previsto por la citada disposición transitoria décima de la Ley Nº 025, las mismas deben continuar en conocimiento de las Salas y juzgados que ejercían las respectivas competencias.

En ese marco conviene analizar la normativa vigente anterior a la actual Constitución Política del Estádo y a la Ley del Órgano Judicial, a efectos de estáblecer a qué Juez o Tribunal se le reconocía competencia para conocer y resolver sobre las controversias suscitadas en relación a los contratos administrativos.

Al respecto diremos que la abrogada Constitución Política del Estádo, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, estáblecía en su art. 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los Tribunales respectivos.

En ese sentido el art. 117 -I de la abrogada Constitución Política del Estádo reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del art. 118-7 se estáblecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos,

negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el art. 55-10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), estáblecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estádo.

De las normas descritas precedentemente se estáblece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los contratos administrativos.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Estáblecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estádo Plurinacional y a la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que por determinación del art. 10-I de la Ley Nº 212 "Ley de Transición Para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional" ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada"."

Ahora bien, señalado lo anterior corresponde precisar que los contratos Nº 53/2006, Nº 62/2006 y 85/2006 más los modificatorios, cursantes de fs. 2 a 95 de obrados, son contratos administrativos de construcción de obra cuyo objeto fueron la construcción de aulas para las Facultades de Humanidades y Contaduría Pública y una Biblioteca para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y todos ellos estáblecieron en la cláusula décima tercera que: "El presente contrato es un Contrato Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados...". De lo que se infiere que la vía ordinaria civil no era la competente para conocer ni dilucidar la litis interpuestá, tampoco la vía coactiva fiscal como en su momento la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno había afirmado a tiempo de interponer excepción de incompetencia, yerro en el que incurrió al precisar que sería la jurisdicción coactiva fiscal la competente para resolver la pretensión del demandante, cuando claramente la cita legal que realiza del art. 47 de la Ley Nº 1178 señala que la jurisdicción coactiva fiscal fue creada para el conocimiento de todas las demandas que determinen responsabilidad civil definida por el art. 31 de la misma norma; es decir responsabilidad que se define a través de informes de auditoria y que de conformidad a lo previsto en el art. 3 del D.L. 14933 - Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, son instrumentos con fuerza coactiva fiscal suficiente para promover la acción coactivo fiscal los informes de auditoria emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General y los informes de auditoria interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que estáblezcan sumas líquidas y exigibles; instrumentos con los que la parte demandada cuentan para haber impetrado en su momento sea dicha instancia coactiva fiscal la que conozca de la presente demanda.

De lo anterior descrito y de la cita de los Autos Supremos Nº 281/2012 y 405/2012 debemos concluir en dos situaciones concretas:

1.- Que los Tribunales de instancia al haber sustanciado en la vía ordinaria la demanda de Resolución de los Contratos Nº 63/2006 y Nº 53/2006 y el pago de incremento o reajuste de precios de materiales, insumos y mano de obra en ejecución de obras de construcción de los Contratos Nº 63/2006, 53/2006 y 85/2006, han obrado sin competencia, careciendo el proceso de uno de sus presupuestos esenciales; al respecto corresponde precisar que la competencia es de orden público y es determinada por ley, y si bien existe la posibilidad de prórroga, empero ésta opera únicamente respecto al elemento territorio y jamás respecto al de materia, en ese sentido el art. 122 de la Constitución Política del Estádo estáblece que: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestád que no emane de la ley".

2.- Que, de conformidad a la previsión contenida en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil y art. 10-I de la Ley Nº 212, la instancia competente para conocer la contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo entendiendo al Poder Ejecutivo como entidad pública en general, es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Que, al no haber sido suficiente la nulidad de la Sentencia dispuesta por el Tribunal de Alzada, corresponde al Tribunal Supremo en aplicación al contenido del art. 252 del Código de Procedimiento Civil anular obrados.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estádo Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 num. 3) y art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, disponiendo que la parte actora acuda a la autoridad competente conforme los fundamentos del presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable y constituir ésta Resolución modulación jurisprudencial de la línea del Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo a su vez el criterio del Auto Supremo Nº 405/2012 de 1 de noviembre de 2012.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Duran

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