TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 417/2012

Sucre: 15 de noviembre de 2012

Expediente: LP-103-12-S

Partes: Estefa Ines Guarachi Vda. de Cano y otros c/ Oswaldo Tórrez Castro y otros.

Proceso: Nulidad de escritura pública, cancelación de registro, reivindicación y

pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 356 a 358, interpuesto por Oswaldo Tórrez Castro y María Olga Aliaga de Tórrez, en contra del Auto de Vista Nº 174/2012 de 07 de mayo de 2012 cursante de fs. 347 a 349 vlta. y su complemento signado en Auto Nº 218/2012 de 29 de mayo de 2012 cursante a fs. 353, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de nulidad de escritura pública, cancelación de registro, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por Estefa Ines Guarachi Vda. de Cano y otros en contra de los recurrentes y otros, la concesión de fs. 363, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mediante Resolución Nº 181/2011 de 10 de junio de 2011, la Jueza de Partido Decimo Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dicta Sentencia declarando probada en parte la demanda de fs. 53 a 56 ampliada de fs. 60 y vlta. y fs. 62 a 63 declarando nula la Escritura Pública Nº 225/1994 de 25 de marzo de 1994 otorgada ante la Notaría de Fe Pública a cargo de Melvy Lazarte Jove, disponiendo notificarse a la Oficina de Derechos Reales con la finalidad de cancelar la Partida Nº 01244804 y el asiento A-1 de la matricula Nº 2010990032468 que registra como titular a Carlos Alfonso Sanjinés Chacón y rehabilitar la Partida Nº 01001269 a nombre de Julio Cano Espejo e Inés Guarachi de Cano, con matricula Nº 2010990032468, asimismo declara improbada la demanda de daños y perjuicios e improbadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, planteadas en contra de la demanda principal; dicho fallo es complementado mediante Resolución Nº 192/2011, declarando probada la demanda de reivindicación debiendo Carlos Alfonso Sanjinés Chacón restituir el inmueble ubicado en la calle Edelmira Córdova Nº 1923, de la Zona de Villa Copacabana.

Contra dichas resoluciones, los demandados interponen recurso ordinario de apelación, que luego de los trámites de remisión es evaluado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, que emite resolución confirmando las Resoluciones Nº 218/2009 de 01/06/2009 de fs. 104 y auto complementario de fs. 107 vta. y confirma en parte la sentencia signada con la Resolución Nº 181/2011 de 10/06/2011 y el Auto Interlocutorio complementario de fs. 270 y vlta., y deliberando en el fondo declara la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 225/1994 expresamente en lo referente a la compra - venta, del inmueble ubicado en la calle Edelmira Córdova Nº 1923 de la Zona de Villa Copacabana, resolución de vista que es complementada mediante auto de 29 de mayo de 2012 cursante a fs. 353, en el sentido que la nulidad dispuesta incluye la cláusula décimo sexta de la Escritura Pública Nº 225/1994 de 25 de marzo de 1994, en la que se constituye garantía hipotecaria y dispone la cancelación del asiento B-1 de la Matrícula 2010990032468, Resolución de vista que es recurrido de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

Del recurso de casación, con ausencia de sistematización, señala el contenido que del recurso de apelación que se hubiera planteado ante el Tribunal de Apelación conforme a lo siguiente:

1ro.- Refiere que la Sentencia Nº 181/2011, hace referencia a un proceso sustanciado ante el Juzgado de Partido Cuarto en lo Civil sobre nulidad de Escritura Pública Nº 225/1994, la que anula la escritura y se mantiene como préstamo, donde los demandantes deben cancelar $us. 30.000 más intereses, y que el Juez al dictar la Sentencia, no ha tomado en cuenta que existe una Sentencia Ejecutoriada y no puede dictar otra Sentencia, es decir que no se puede juzgar dos veces, sostiene que en etapa probatoria los demandados han reconocido que la E.P. Nº 9/1994 pone fin a cualquier controversia, señala también que, la Sentencia Nº 181/2011 indica que ese documento no fue homologada ante autoridad competente, también arguye que el documento suscrito tiene la fuerza de ley de acuerdo al art. 519 del Código Civil y que el Juez, al no haber tomado en cuenta dicho extremo los estaría perjudicando.

2do.- Señala que, con plena prueba se ha demostrado que los demandantes han recibido $us. 20.000 en efectivo, y al margen se ha cancelado otras deudas: a tiempo de la suscripción del documento $us. 30.000 en fecha 23 de octubre de 1989, la suma de $us. 25.000 por concepto de devoluciones de contrato anticrético a favor de varios anticresistas mediante documento de 16 de septiembre de 1991, la suma de $us. 8.500 por concepto de devolución a varios anticresistas, reconocimiento establecido mediante documento de 16 de septiembre de 1991, la suma de $us. 9.300 por levantamiento de varios gravámenes que pesan sobre el inmueble, refiere que, como se ha demostrado en el proceso, no es sólo la suma de $us. 20.000 que manifiestan los demandantes, que incurren en el delito de estafa con la pretendida nulidad, sin embargo de ello la Juez en su Resolución Nº 181/2011 no ha tomado en cuenta nada, dejándoles en indefensión.

3ro.- La prueba contundente, se encuentra a fs. 155, 156 y 157 (E.P. Nº 09/94 de 13 de enero de 1994), suscrito entre Cornelio Cano Espejo en representación de Julio Cano Espejo e Ines Guarachi de Cano; sostienen también que, los demandantes a fs. 6, 7, 8 presentan como protocolo legalizado la E. P. Nº 350/91 de 18 de septiembre de complementación de la E.P. Nº 43/91 de venta de inmueble con pacto de rescate, trascribiendo las cláusulas cuarta, quinta, sexta y octava del presunto documento, refiriendo que ese documento no fuera valorado por la Jueza.

4to.- Refiere que, la Sentencia Nº 81/2011 y el Auto de Vista Nº 174/2012, debió valorar todas las pruebas y de esta menara evitar agravios, también señala haberse formulado la excepción de cosa juzgada, sin embargo de ello la jueza ha determinado que sea tratado en el efecto diferido, sin embargo de ello la sentencia, no se ha manifestado al respecto, atentado contra el derecho a la legítima defensa.

Para finalizar señala, que se ha interpuesto recurso de apelación empero el Auto de Vista Nº 174/2012 de 7 de mayo de 2012, confirmando en parte la Sentencia Nº 181/2011, utilizando el argumento del Juez A quo, no valora los argumentos planteados en apelación, refiere que el Auto de Vista nuevamente les causa agravios, no corrige ni enmienda los errores de la Sra. Juez 11vo de Partido en lo Civil, por lo que interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra del Auto de Vista Nº 174/2012 de 7 de mayo de 2012, solicitando se dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista y su complemento.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación en el fondo y en la forma no se encuentra discriminado, sin embargo de ello, en el recurso se sostiene que luego de haber efectuado una descripción de los puntos expuestos en su recurso ordinario de apelación, el Tribunal de alzada no hubiera resuelto todos los extremos denunciados, de lo que se infiere los siguientes puntos:

En los memoriales de fs. 97 a 98 vlta., y fs. 99 a 100 los recurrentes han expuesto antecedentes en los que para nada se menciona la Escritura Pública Nº 9/1994 relativo a un documento de transacción, sobre dicha base se ha apertura el auto de relación procesal de fs. 119 vlta., documento transaccional que extrañamente se presenta el mismo en primera instancia y se apela sobre el contenido del mismo, sin embargo de ello, conviene efectuar la siguiente apreciación, la E. P. Nº 09/1994 de 13 de enero de 1994, es relativo a transigir un juicio sostenido ante el Juzgado de Partido Primero en lo Civil de ese Distrito, los señores Julio Cano Espejo e Inés Guarachi de Cano reconocen el derecho propietario de los señores Oswaldo Tórrez Castro y María Olga Aliaga de Tórrez que se encuentra en la Partida Nº 01132504, empero de ello dicho documento transaccional no ha sido opuesto en el juicio sostenido ante el Juzgado de Partido Cuarto en lo Civil, en el que se dicta la Sentencia que cursa de fs. 33 a 38, que se declara la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 43/90 y 350/90, esto es el derecho propietario de Oswaldo Tórrez Castro y María Olga Aliaga de Tórrez; deduciendo que ese acuerdo transaccional contenido en la E.P. Nº 09/1994 de 13 de enero de 1994, no ha sido objeto de debate, por lo esa sentencia que cursa a fs. 33 a 38 que tiene la calidad de cosa juzgada, y en la presente causa no ha sido objeto de debate, pese de su inefectividad manifiesta, por lo que el reclamo de los recurrentes sobre el pago de sumas de dinero, debe ser efectuado en otro proceso, esta es la razón por la que el Tribunal de alzada, en forma resumida haya fundado su decisión en sentido, de que en la presente causa no era la vía adecuada para hacer valer dicho documento y salvó los derechos de los recurrentes para la vía llamada por ley, de lo que se infiere no ser evidente que el Tribunal de apelación no haya considerado los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, máxime si se considera que gran parte del recurso ordinario de apelación tan solo expone una serie de argumentos reflexivos y no propiamente una expresión de agravios, por lo que no puede acusarse vulneración del principio de congruencia y exhaustividad respecto al recurso de apelación.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma. Con costas.

Se recomienda a los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de la Paz, que la letra e impresión de sus resoluciones, se las debe efectuar en la medida que sea bastante legible.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

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