TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 398/2012

Sucre: 01 de noviembre de 2012

Expediente: P-6-12-S

Partes: Martha Azevedo Vda. de Saucedo c/ Severo Edmundo Rodríguez Quiroga

Proceso: Cancelación de Partida de Registro de Derechos Reales y Matrícula Computarizada.

Distrito: Pando

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Martha Azevedo Vda. de Saucedo cursante de fs. 519 a 523, impugnando el Auto de Vista Nº 65 de fecha 16 de mayo de 2012 y Auto de Complementación de fecha 28 de mayo de 2012, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso de Cancelación de Partida de Registro de Derechos Reales y Matrícula Computarizada, seguido por Martha Azevedo Vda. de Saucedo contra Severo Edmundo Rodríguez Quiroga, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de Cobija, emitió la Sentencia de fecha 28 de febrero de 2007 cursante de fojas 384 a 387 vlta., declarando improbada la demanda de fs. 57 a 58 vlta, improbada la demanda reconvencional de fs. 82 vlta., improbada la excepción de incompetencia, probada las excepciones de falta de acción y derecho y cosa juzgada.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Martha Azevedo Vda. de Saucedo, la Sala Civil del Tribunal Departamental de Judicial de Pando, mediante Auto de Vista Nº 65 de fecha 16 de mayo de 2012 cursante de fojas 507 a 509, confirma totalmente la sentencia apelada de 28 de febrero de 2007 de fs. 384 a 387 con Auto de Complementación y Enmienda de fs. 513 a 514.

Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesta por parte de Martha Azevedo Vda. de Saucedo, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que plantearía recurso de casación en el fondo dentro del plazo previsto por el art. 257 del Código de Procedimiento Civil contra el fallo principal y su complementación que carecerían de motivación, con violación de pertinencia, congruencia, especificidad, protección, exhaustividad, y que el mismo contendría violaciones, interpretaciones erróneas y aplicación indebida de la ley, aplicación de disposiciones contradictorias.

Que la Sentencia no se pronunciase sobre la ampliación de la demanda y la aceptación de la ampliación, además de haber contradicción, que esta contradicción vulneraria el debido proceso infringiendo los arts. 3-1), 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil al no contener decisiones expresas, positivas y precisas, que esto fuera incurrir en aplicación indebida de los artículos mencionados.

Que la Sentencia se limitaría a transcribir las excepciones opuestas, la reconvención presentada fuera de plazo del art. 345 del Código de Procedimiento Civil y estuviera esto demostrado por diligencia de fs. 69 y certificado de fs. 218. Que se habría aceptado la respuesta, excepciones y reconvención presentada fuera de plazo establecido por ley y que esto invalidaría las actuaciones del juzgado al considerar que fueran de orden público. Que esta situación estuviera resuelto y confirmada por Auto de Vista, que esto viciaría de nulidad el proceso y estuviera sancionado con nulidad el proceso en sujeción a lo previsto por los arts. 90, 139, 342, 345, 348 del Código de Procedimiento Civil.

No existiría fundamento de derecho, ni motivación en la valoración de la prueba literal, pues no se habría considerado que la pretensión de su demanda es la cancelación de la partida agraria y su matricula registrada a nombre de Edmundo Rodríguez rectificado unilateralmente de 125.3500 Has. A 100 Has., y que esto tuviera fundamento en los arts. 1545, 1558-1) del Código Civil de cosa juzgada con relación a esto; en consideración al mejor derecho propietario por inscripción prioritaria en Derechos Reales, por lo que habría quedado nulo el título ejecutorial del demandado.

Que el Juez de primera instancia habría confundido dos trámites diferentes, la cancelación de una partida en el registro de Derechos Reales, con la nulidad de Títulos Ejecutoriales que tuvieran jurisdicciones y trámites diferentes.

Que no habrían valorado las literales de fs. 74 al 79. Que en ese antecedente producto del trámite ordinario, habría perdido eficacia jurídica el Título Ejecutorial Agrario del demandado, por ello confundirían la demanda de cancelación de la partida de propiedad agraria con la nulidad de inscripción de Derechos Reales de la propiedad agraria, sin fundamento jurídico; y no se habría pronunciado en relación a que el demandado no habría demostrado ninguno de los puntos de hecho a probar.

Asimismo no se habrían pronunciado sobre el fondo de la demanda. Refiere de manera reiterativa sobre la presunta confusión que existiera.

No habría correcta interpretación de los art. 1545 y art. 1558-1) del Código Civil. y no tomaría en cuenta la diferencia de años en la otorgación de los títulos y su registro, incurriendo dice en la infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

Hace referencia del art. 192 del Código de Procedimiento Civil y que no se habría cumplido con los numerales 1), 2) y 3).

El Auto de Vista no se pronunciaría ni fundamentaría igual que la Sentencia, el porque se pronunció declarando probada la excepción de falta de acción y derecho violando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado habría también violación del art. 340-2) del Código de Procedimiento Civil al no haberse acompañado testimonio de sentencia, si bien se adjuntaría a fs. 74 a 79, fuera fotocopia simple o si bien fuera legalizada, estuviera hecho por la Fiscalía de Pando, y esto violaría el art. 1311 del Código Civil concordante con el art. 400 del Código de Procedimiento Civil.

Reflexiona sobre la posibilidad autorizada en la legislación nacional de la cancelación total o parcial refiriendo los art. 1558 y 1559 del Código Civil, por la modificación por las transferencias. Que en el caso hubiera modificación de superficie de la propiedad del demandado y en ese razonamiento es que debería disponerse la cancelación en Derechos Reales conforme a la demanda.

Que se afirmaría que lo que se pretendería es la nulidad de inscripción en Derechos Reales de la propiedad de Edmundo Rodríguez, que esta interpretación errónea llevaría a confirmar la sentencia incurriendo en la causal 1) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, finalizando en su petición al Tribunal Supremo que en aplicación del art. 274 del Código de Procedimiento Civil case la Sentencia y Auto de Vista y su complementario, declarando probada la demanda de fs. 57-58 y 67 disponiendo la cancelación de la Partida el Registro del Título Ejecutorial de la propiedad Quinta la Victoria a nombre de Edmundo Rodríguez Quiroga y su cancelación del Folio Real.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A efectos de mejor proveer, ante el planteamiento del recurso de casación por la recurrente con argumentos indefinidos en uno u otro sentido, este Tribunal considera pertinente aclarar que el recurso de casación es considerado como un medio impugnativo vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Estamos por ello ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformidad de la jurisprudencia nacional.

Habrá que señalar como característica esencial de este recurso que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de Casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Cabe asimismo referir que el recurso de casación se asimila a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

De lo precedentemente manifestado se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución en litigio; en cambio el recurso de casación en la forma, está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos, y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en que consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Establecido lo anterior, se ingresa a analizar el recurso planteado, verificando al reclamo de que la sentencia no se pronunció con relación a la ampliación de la demanda y su aceptación, acusando el mismo como infringido las disposiciones que cita del Código de Procedimiento Civil, corresponde señalar que estas reclamaciones son confusas y finalmente no se sabe si reclama estas presuntas vulneraciones en el contenido de la Sentencia o el Auto de Vista. Al margen de ello no aclara de qué manera existiera la presunta aplicación indebida de la norma legal que reseña.

Con referencia al reclamo de la oposición de las excepciones, la reconvención y que estas hubieran sido presentadas fuera de plazo y aceptadas por el Juez A quo, ya fue considerado por los tribunales de instancia tanto por el fallo que corre a fs. 89 y vlta. así como por Auto de Vista que corre a fs. 198 y vlta. y contra esa resolución no existe recurso planteado en ninguna vía, ni ordinaria ni constitucional, presumiéndose su aceptación por la demandante. Por ello sin ingresar a considerar si los actuados están bien o negativamente encaminados, este Tribunal considera que ya fueron dilucidados en su oportunidad de manera que no puede rever cuestiones resueltas y no impugnados oportunamente en la vía correspondiente.

La conclusión a la que arriba de la presunta no existencia de fundamento de derecho o la carencia de motivación para no considerar que la pretensión de su demanda fuera la cancelación de la partida agraria y la correspondiente matrícula por la presunta reducción en la extensión superficial del bien inmueble del demandado no tiene mayor fundamento, máxime si apoya su pretensión en los arts. 1545 y 1558-1) del Código Civil, considerando que la demanda en el presente caso sólo versa sobre la cancelación de registro de partida y la matrícula correspondiente, no teniendo antecedente en ninguna otra pretensión como lo ha razonado el Tribunal Ad quem en sentido que no se trataría de nulidad de inscripción en Derechos Reales de la propiedad de Edmundo Rodríguez, pues la cancelación de una partida como se pretende surge como resultado de la declaratoria de nulidad de algún derecho propietario, y en el caso de litis no se evidencia ello, si la recurrente pretendía la sola cancelación con el antecedente que considera existe otro proceso en la que afirma tener resoluciones ejecutoriadas, es en esa misma demanda que podía hacer valer sus derecho en ejecución de sentencia, no obstante lo anterior si su pretensión era hacer valer en proceso separado la existencia de fallos que derivarían en la cancelación de la partida que registra el derecho propietario del demandado como es el caso de autos, realizarlo acompañando todos los elementos que verifiquen de manera fehaciente su procedencia, aspecto que no se patentiza en obrados, pues cursa en el cuaderno procesal fotocopias legalizadas de una sentencia dictada por ante el Tribunal Agrario Nacional (fs. 74-79) por el que se evidencia la declaratoria de subsistencia de los Títulos Ejecutoriales tanto de la ahora demandante como del demandado, y esto además respaldado por la misma afirmación de la demandante en sentido que si bien es cierto que en principio Edmundo Rodríguez tenia una propiedad con una superficie de 125 Has., hubiera sido reducido a 100 Has, y en algún otro momento que esta superficie no excedería de los 10.912.81 Mts.2; lo anterior denota sin lugar a dudas la existencia de un bien inmueble registrado a nombre del demandado sea de una u otra superficie, y conforme establece la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887 en su artículo 37 la cancelación total podrá pedirse y ordenarse "1° cuando desaparezca por completo el inmueble objeto de la inscripción; 2.° cuando se extinga legalmente el derecho inscrito; 3° cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción; 4° cuando se declare la nulidad de la inscripción misma, por falta de alguno de sus requisitos esenciales..." y otros taxativamente enunciados en la misma norma, concordante con lo referido en el art. 63 y 64 del Decreto Supremo No. 27957 de 24 de diciembre de 2004, Reglamento que establece las actividades jurídico administrativas complementarias a la Ley de Registro de Derechos Reales. En el caso en cuestión no se han dado ninguno de los presupuestos en el bien inmueble del demandado, de manera que el pedir cancelación de un registro cuando el bien existe y el título del derecho propietario no ha sido objeto de anulación, no tiene ninguna lógica, mas aun resulta siendo falsa la afirmación o conclusión a la que arriba cuando refiere que habría quedado nulo el título ejecutorial del demandado -cuando está demostrado su vigencia con el fallo del Tribunal Agrario Nacional que se hizo referencia anteriormente-; no existe confusión en el análisis del A quo sino razonamiento lógico. Ahora bien, con relación a esto se pretende encontrar mala valoración de la prueba en razón a que las literales no fueran pruebas válidas al no cumplir con la previsión contenida en el art. 1311 del Código Civil, respecto a esto cabe aclarar que luego de presentado esta documental de fs. 74 a 79 de obrados por memorial de fs. 80-83, se decreto a fs. 83 vlta. por proveído de fecha 31 de agosto de 2006, y notificado a la demandante a fs. 89 en fecha 1 de septiembre del mismo año con este decreto, y si bien se cuestiona la admisión de la contestación, las excepciones y la reconvención que ya fue tratado supra, no cuestiona de manera alguna, menos objeta la validez de esta prueba admitiéndolo tácitamente, no siendo ya oportuno cuestionarlo habiendo precluído su derecho en la etapa que correspondía objetarlo, resultando sin fundamento el considerar que existiera alguna mala valoración de la referida prueba.

Tampoco existe razonamiento coherente cuando se expresa que no existiría pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, y verificamos que en la Sentencia se declara improbada la demanda, es decir, que si existe pronunciamiento, ahora es diferente que en su entendimiento no hubiera pronunciamiento de "fondo", entonces le correspondía demostrar que ello fuera cierto y no quedar en la sola mención sin mayor argumento.

La recurrente refiere que no existiría correcta interpretación de los arts. 1545 y 1558-1) del Código Civil, confundiendo sus fundamentos cual si la presente demanda trataría sobre mejor derecho propietario y que producto de ello hubiera desaparecido el bien registrado bajo una determinada partida, cuando la misma se ha encargado de aclarar que existe la propiedad del demandado sin importar cual fuera la extensión, de manera que alegar incorrecta interpretación de estas disposiciones es errado, mas si considera que con ello se habría infringido el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, cuando la sentencia se ha ceñido estrictamente a resolver lo demandado, resultando un contrasentido reclamar la presunta infracción de la norma legal citada si nunca se ha demandado otra cosa que la cancelación pura y simple de una partida y la matrícula que lo depura.

De manera contradictoria se hace mención al art. 192 num.1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, sin considerar fundamento alguno y errando una vez mas la vía de reclamo, ya que la presunta infracción de esta disposición legal, se la debe efectuar de manera correcta en la forma y no en el fondo.

De haber demandado la cancelación de las partidas que registran la propiedad del demandado de manera total, refiere ahora la posibilidad de su cancelación de manera parcial, o eso da a entender ante la existencia de la modificación de la superficie en la propiedad de Edmundo Rodríguez que estuviera permitido por la legislación nacional, esto lleva a mayor convencimiento que la pretensión de la demandante hoy recurrente no tiene mayor fundamento, pues pretende la consideración de algo que nunca demandó.

En todas las consideraciones que se efectuó se ha constatado no ser evidentes las infracciones que se acusa, además de confundir los argumentos del recurso de casación en la forma con los de fondo, consecuentemente no existe posibilidad de referir que se hubiera incurrido en lo dispuesto por el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil, menos se puede dar aplicación a lo determinado por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

En esos antecedentes corresponderá a este Tribunal Supremo fallar en sujeción a lo dispuesto por el art. 271-2) y 273) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-2); y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, contenido en el memorial de fojas 519 a 523 presentado por Martha Azevedo Vda. de Saucedo. Sin costas por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.