TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 394/2012

Sucre: 01 de noviembre de 2012

Expediente: SC-85-12-A

Partes: Donatila Irma Gómez Coca c/ Irma Dolly Espada Barrón, José Manuel Rojas Delgadillo Antonio Tórrez Rojas y otros.

Proceso: Concurso Voluntario.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 633 a 637, interpuesto por Donatila Irma Gómez Coca, en contra del Auto de Vista Nº 115/2012 de 4 de mayo de 2012 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, en el proceso concurso voluntario de acreedores, seguido por la recurrente en contra de Irma Dolly Espada Barrón y otros, la concesión de fs. 642, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mediante Sentencia Nº 27/2011 de 12 de febrero de 2011 que cursa a fs. 575 a 576 vlta., el Juez Doceavo de Partido en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, falla declarando el orden de la acreencia conforme a los siguientes puntos: 1.- Costas Judiciales y Honorarios profesionales, 2.- Acreencia de Irma Dolly Espada Barrón por la suma de $us. 20.000, 3.- Acreencia en favor de los herederos de Antonio Tórrez Rojas por la suma de $us. 11.000, 4.- Acreencia de José Manuel Rojas Delgadillo por la suma de $us. 15.000, 5.- Acreencia de Lorena Karina Ortiz por la suma de $us. 20.000, 6.- Acreencia de Amador David Román Salas, por la suma de Bs. 70.000, señalando además que en caso de existir acreencia de acreedores con garantías prendarias se respetarán los privilegios de los tenedores, asimismo señala que en caso de la existencia de otros bienes muebles o inmuebles con a notaciones preventivas y/o embargo se tomará en cuenta el privilegio respectivo en ejecución de Sentencia.

Contra la Sentencia de primera instancia, el demandante interpone recurso ordinario de apelación, que previo traslado y contestación, el mismo es concedido mediante Auto de fs. 614 ante la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) y como consecuencia de ello la Sala Civil Segunda dicta el Auto de Vista Nº 115/2012 de 4 de mayo de 2012, confirmando la Sentencia apelada, Resolución que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por parte demandante, objeto de estudio y análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

Con ausencia de sistematización en su recurso señala lo siguiente:

Luego de señalar los antecedentes procesales y legales del proceso especial de concurso de acreedores, acusa la vulneración y errónea interpretación del saneamiento procesal, aduciendo que el principio de saneamiento procesal permite al Juez revisar el proceso y de ordenar de oficio se subsanen defectos procesales, ya que en el proceso existen varios vicios procesales, como ser la falta de Resolución de una apelación que cursa a fs. 167 a 179, recurso que se encuentra protegido por el Art. 180 de la Constitución y Art. 219 de la norma adjetiva civil; también señala otro vicio procesal es el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad de fs. 204 a 205, interpuesto por Marlene Pura Jiménez.

Señala que en juicios concursorios la Sentencia conlleva el orden de pago, primero los privilegios señalados en el Art. 1344 del Código Civil. Manifiesta que conforme al Art. 1335 del mismo Código, la prenda común de los acreedores con el producto de la subasta se pagará a todos los acreedores con preferencia los que tienen privilegio sobre los que tiene prelación, como señala el Art. 1345 y 1346 del C.C., que entiende a todos y no a cualquiera de los acreedores; refiere que en la Sentencia se debe efectuar un análisis al establecer las preferencias y recién viene las prelaciones conforme a los Art. 1345, 1346, 1349 y 1354 del Código Civil, que determina la calidad de rangos de acuerdo a la calidad y los de rango igual son pagados a prorrata, señala también que la acción concursoria se caracteriza por la universalidad de acreedores, de concursados y de los bienes para cancelar las obligaciones al constituir sus bienes la prenda o garantía de todos sus acreedores, nunca de alguno o determinados, así señala el Art. 1335 del Código Civil, por lo que señala que en ejecución de Sentencia no se vaya a cometer la temeridad estudiada; complementa en el sentido de que la universalidad se encuentra desarrollado en los artículos concordantes como los Arts. 1355 del Código Civil y 563 y 564 de su adjetivo, así como el Art. 1490 del Código de Comercio, y transcribe cita de doctrinarios como Messineo, Scaebola, Morales Guillen y Alsina, concluyendo que la universalidad reposa sobre el principio de lo reglado en el Art. 1335 del C. Civil, refiriendo que la universalidad fuera subjetiva, por los sujetos destinatarios con la liquidación, que supone el llamada fuero de atracción.

Aditamenta que una Sentencia de concurso de acreedores, el operador judicial, debe efectuar un cuidadoso análisis para establecer la preferencia y/o prelaciones como prevén los Arts. 1345, 1346, 1349 y 1354 del Código Civil, que determina la calidad de rangos privilegiados.

Finaliza argumentando que la acción concursoria, se caracteriza por la universalidad de acreedores, de concursados y de los bienes para cancelar las obligaciones, al constituir sus bienes la prenda o garantía de todos sus acreedores nunca de alguno o determinado/s, como imperativamente señal el art. 1335 del Código Civil y considera que nadie en particular tiene derecho especial, sino los que establece el juzgador en la Sentencia de grados y preferidos, que determina las prelaciones para el pago de las acreencias de cada concursante.

Por lo que sobre el recurso en el fondo impetra casar el Auto de vista, con costas y demás condenaciones de ley o alternativamente sobre el recurso en la forma, solicita anular los obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

I.- En el encabezamiento y petitum del recurso de casación, se hace alusión a la forma y al fondo, sin embargo de ello en el contenido del mismo no se hace una discriminación de ambos, deduciendo que en el punto 01, ha expresado violación y errónea interpretación del saneamiento procesal y ordena que se subsane algún defecto procesal, como la falta de Resolución de la apelación cursante a fs. 167 a 179 y acusa otro vicio procesal refiriendo que el recurso incidental de inconstitucionalidad, promovido por Marlene Pura Jiménez, no ha sido resuelto..

Al respecto debemos aclarar que, conforme el Código de Procedimiento Civil en su Art. 258 inc. 3) señala: "En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252...", ahora el recurso de apelación interpuesto por la recurrente a fs. 167 a 179, ha sido proveído con traslado con la que ha sido notificada a fs. 200 vlta., desde ese actuado procesal hasta el momento de dictarse Sentencia, en forma expresa no ha solicitado su concesión esto tomando en cuenta lo complejo del expediente y la cantidad de memoriales e incidentes, máxime si la misma deviene sobre la impugnación del avalúo pericial, caso para el cual, solo en vía de explicación, debía solicitar el desglose antecedentes para un cuaderno de remates y tramitarlo con secuencia procesal separada, aspecto que no ha ocurrido; es más luego de su notificación en los próximos memoriales, ha formulado incidentes de anular el proceso hasta el vicio más antiguo e impetrar la suspensión del procedimiento, sin referirse expresamente a la concesión del recurso de fs. 167 a 179, tan solo el mismo se advierte en el memorial de apelación tratando de sorprender con un presunto vicio procesal, cuando debía de haber formulado antes de dictarse la Sentencia, conforme a ello se deduce que la recurrente sólo busca una dilación procesal, no requiere la tutela judicial efectiva y/el debido proceso, caso para el cual en forma expresa y objetiva en el trámite de primera instancia debía de haber efectuado y agotar los mecanismos en primera instancia, aspecto que se extraña, ya que como se ha manifestado precedentemente, la recurrente tan solo se ha limitado a efectuar solicitudes de suspensión del procedimiento, sin señalar en forma precisa la concesión del recurso que tan solo es expresado en el recurso de apelación de Sentencia y ante esta instancia casacional, por lo que dicho actuado procesal ha quedado plasmado en aplicación del principio de convalidación procesal, precisamente por no haber reclamado oportunamente el saneamiento de dicho acto que ahora se observa, por lo que el mismo deviene en ser infundado.

Por otra parte respecto al segundo vicio, relativo al recurso incidental de inconstitucionalidad, corresponde diferenciar que el formulado por Marlene Pura Jiménez Gómez a fs. 204 a 205, reiterada a fs. 388, resulta ser uno de carácter constitucional, cuyo concepto ha sido definido por el Tribunal Constitucional en su Auto Constitucional 0131/2010-CA de 30 de abril, bajo el siguiente entendimiento: "...el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o administrativo, es un mecanismo previsto para el control de constitucionalidad, se activa en aquellos casos en los que las disposiciones legales que forman parte del objeto de control presenten signos de incompatibilidad o contradicción directa con la Constitución; a contrario sensu no se activa cuando una disposición legal contradice o es incompatible con otra disposición legal ordinaria de superior jerarquía, ya que en esa situación nos encontraríamos ante una ilegalidad no ante una inconstitucionalidad; por lo que el control de esa situación corresponde al ámbito del control de legalidad...", entendiendo que el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad resulta ser un mecanismo de impugnación de la normativa legal en la vía constitucional, no en la vía ordinaria propiamente dicha, por lo que, solo en afán de aclarar la observación descrita en el recurso de casación, corresponde señalar que la misma ha sido resuelta mediante Auto de fs. 520, rechazando promover dicho recurso, que puede ser observado de acuerdo a las directrices del trámite del recurso incidental de inconstitucionalidad; las atribuciones de este Tribunal, para conocer recursos se encuentran establecidos por ley, siendo así que solo conoce recursos en contra de resoluciones judiciales, no en contra de disposiciones legales, caso para el cual resulta ser de conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que no corresponde absolver la impugnación evacuada por la recurrente sobre este punto, pudiendo la misma acudir ante el operador judicial y activar los mecanismos que hacen a ese trámite constitucional.

II.- En cuanto a las exposiciones que hacen al recurso en el fondo, debe recordarse que conforme al Art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, señala que para la admisibilidad de un recurso de casación, por ser considerada como una demanda equiparada a una de puro derecho, debe de cumplirse con ciertas exigencias, como la de citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, además de exponer como debían de ser aplicadas las mencionadas normas en la causa litigada, aspecto que no cumple la recurrente, tan solo cita las normas y su contenido legal, empero de ello no hace referencia de que forma la Resolución impugnada hubiera violado, aplicado indebidamente o interpretado erróneamente las mencionadas normas.

Señala violación del Art. 1344 del Código Civil, arguyendo que de igual modo que en las quiebras, la Sentencia conlleva la orden de pago primero los privilegios, como señala el mencionado artículo, no menciona de qué forma el Ad quem hubiera violado el mencionado articulado. También refiere que conforme al Art. 1335 de la misma norma, entendiendo que con el fruto de la subasta se paga a los acreedores, con preferencia a los que tiene privilegios y no a cualquiera de los acreedores en particular, tampoco señala que el contenido del Auto de Vista hubiera violado, infringido o aplicado erróneamente, dicha disposición.

Por otra parte hace alusión a que la Sentencia debe establecer las preferencias y luego la prelación de los concursantes, como señala el Art. 1345, 1346, 1349 y 1354 del Código Civil, que en ejecución de Sentencia no se llegue a una temeridad, sin mencionar si la Resolución de Alzada o la Sentencia de primera instancia contuvieran error en cuanto a la prelación y/o grado de preferencia, por lo que el mismo tampoco ha sido fundamentado.

Respecto a la cita de los Art. 1335 del Código Civil y Art. 563 y 564 del C. de Procedimiento Civil, no se menciona de que forma se hubiera violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea, aludiendo al carácter universal de las deudas y la cita de doctrinarios del derecho, menciona que en la Sentencia se debe evitar errores de preferencia y/o prelaciones de los concursantes, de acuerdo a los Arts. 1349 1354 del Código Civil, sin explicar si la Sentencia o el Auto de Vista, hubieran incurrido en error o confusión en la preferencia y/o prelación, menos que los artículos mencionados hubieran sido aplicados erróneamente ni la forma como debía de ser empleado en la presente causa.

Al respecto, se deduce que la recurrente no ha cumplido a cabalidad la técnica recursiva, para analizar los supuestos acusados en el recurso, aspecto que inviabiliza aperturar la competencia de este Tribunal.

Consiguientemente, en base a los fundamentos, corresponde fallar en la forma establecida por los arts. 271 num. 1) y 2) 272) num. 2) y 273 todos del Código de Procedimiento Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 2), 272) num. 2) y 273 todos del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, formulado por Donatila Irma Gómez Coca cursante de fs. 633 a 637. Con costas.

Se regula el honorario sólo de los abogados que contestaron el recurso a fs. 639 en la suma de Bs. 1.000 y el de fs. 641 en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

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