TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 380/2012.

Sucre: 29 de octubre de 2012.

Expediente: O-22-12-S.

Partes: Porfirio Paz Gutiérrez c/ Guadalupe Mamani Valencia.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 213 a 215 vlta., interpuesto por Tito Rolando Ramos Bermudez, en representación de Porfirio Paz Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 083/2012, pronunciado el 22 de junio de 2012 por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de divorcio seguido por el recurrente en contra de Guadalupe Mamani Valencia; la respuesta de fs. 218; la concesión de fs. 219; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Quinto de Familia de la ciudad de Oruro, el 5 de diciembre de 2011 pronunció la Sentencia Nº 89/2011, cursante de fs. 180 a 182, declarando probada la demanda de divorcio interpuesta por Porfirio Paz Gutiérrez, por la causal prevista por el art. 131 del código de Familia, sin constas. Consiguientemente declaró disuelto el vínculo matrimonial de los esposos Porfirio Paz Gutiérrez y Guadalupe Mamani Valencia, por culpa de ambos cónyuges, en consecuencia sin lugar a la asistencia familiar a favor de la esposa. Respecto a la hija menor Patricia Valquiria Paz Mamani dispuso su guarda a favor de la madre, y fijó una asistencia familiar mensual a su favor de Bs. 700 que deberá cancelar el progenitor. Con relación a los bienes, dispuso que previa comprobación en ejecución de Sentencia se proceda a su división y partición.

Contra esa Sentencia de primera instancia la parte demandante interpuso recurso de apelación cursante de fs. 186 a 188, en cuyo mérito la Sala civil, Familiar y comercial del Tribunal Departamental de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 083/2012, cursante de fs. 207 a 210 vlta., confirmando la Sentencia, con costas.

Resolución de Alzada recurrida en casación por el actor.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente cuestionó el monto de asistencia familiar fijado por el Juez A quo a favor de su hija menor de edad Patricia Valquiria Paz Mamani, en la suma de Bs. 700, argumentando que se encuentra imposibilitado de cubrir dicha suma en consideración a las múltiples deudas y obligaciones que debe satisfacer, así como la ayuda que brinda a sus otras dos hijas mayores. En ese sentido acusó la violación de los arts. 15-3), 21, 147 del Código de Familia, 14 de la Constitución Política del Estado y 232 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo en lo sustancial que la obligación de alimentar, mantener y educar a los hijos, incumbe a ambos progenitores, de igual forma adujo que la asistencia familiar debe ser fijada en consideración a las posibilidades económicas del obligado y, que en ese sentido debió señalarse únicamente un monto de Bs. 200, teniendo en cuenta que la madre de la menor tiene una actividad económica que le repercute ingresos y a que diferenta de lo que sucede con su persona, ella no cubre las obligaciones que el lo hace.

En base a esos argumentos, interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

De la revisión del recurso de casación se establece que el agravio expuesto por el recurrente referido a la infracción de las disposiciones legales invocadas en su impugnación, esta orientado a que éste Tribunal Supremo, reconociendo dicha infracción, revise el monto de la asistencia familiar fijado por el Juez A quo y confirmado por el Tribunal de Alzada, consiguientemente determine una reducción de ese monto.

Siendo esa la pretensión recursiva, corresponde precisar que conforme señaló la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, en criterio compartido por este Tribunal Supremo, las resoluciones emitidas respecto al monto de la asistencia familiar no son susceptibles de ser recurridas en casación, toda vez que tal determinación, no tiene carácter definitivo, pudiendo en cualquier momento ser revisadas a solicitud de las partes ya sea que se solicite su incremento, disminución o incluso su cesación.

En el caso sub lite, como se manifestó anteriormente, el recurrente centra su pretensión recursiva en la observación del monto de la asistencia familiar, aspecto que conforme establece el artículo 28 del Código de Familia, no causa estado, pudiendo dicha determinación ser revisada en cualquier momento, de ahí que el recurrente puede acudir ante el órgano jurisdiccional a los efectos de solicitar la modificación que pretende.

Al margen de ello, el recurrente debe tener en cuenta que si bien por determinación del art. 147 del Código de Familia, el padre y la madre están obligados a contribuir al mantenimiento y educación de los hijos en proporción a sus posibilidades y a las necesidades de éstos; empero el segundo párrafo de la citada norma establece que en particular, la mujer puede también contribuir con el cuidado de los hijos; disposición que encuentra justificación en consideración al trabajo no solo delicado y esmerado, sino también sacrificado que significa el cuidado de los hijos, mismo que no cuenta con remuneración económica lo que justifica que la contribución de la mujer en el mantenimiento y educación de los hijos sea a través de esa delicada labor y la contribución del hombre a través de los medios materiales indispensables para el sustento y la satisfacción de las necesidades de los hijos.

Por las razones expuestas corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271-1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 numeral 1) y 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 213 a 215 vlta., interpuesto por Tito Rolando Ramos Bermudez, en representación de Porfirio Paz Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 083/2012. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrado Dra. Rita Susana Nava Duran.