TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 375/2012

Sucre: 12 de Octubre de 2012

Expediente: LP-88-12-S

Partes: Demetrio Quelca Ramos y Nicasia Vargas de Quelca c/ María Gladys Rivero de Jiménez.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 297 a 300 vlta., interpuesto por Dora Franco Espejo y Grisel Melva Flores Salas por su mandante María Gladys Rivero de Jiménez, en contra del Auto de Vista Nº 191/2012 de fecha 14 de mayo de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de La Paz, en el proceso de Usucapión Decenal seguido por Demetrio Quelca Ramos y Nicasia Vargas de Quelca contra la recurrente, la concesión de fs. 308, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mediante Sentencia Nº 22/2011 de fecha 25 de enero de 2011, el Juez de Partido Quinto en lo Civil de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, dicta la Sentencia cursante de fs. 159 a 160 vlta. declarando improbada la demanda de Usucapión formulada por Demetrio Quelca Ramos y Nicasia Vargas de Quelca, con costas.

Contra la Sentencia de Primera Instancia, el apoderado de los demandantes, Rodolfo Carmelo Paez Urbina, interpone recurso ordinario de apelación, que previo traslado y contestación de la parte demandada, el mismo es concedido mediante Auto de fs. 187 ante la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia), y como consecuencia de ello la Sal Civil Primera dicta el Auto de Vista Nº 191/2012 de fecha 14 de mayo de 2012, por el que anula el proceso hasta fs. 158, disponiendo se remita el proceso ante el siguiente llamado por ley, por pérdida de competencia y multando al A quo, Resolución de Vista que es impugnado mediante recurso de casación en el fondo y en la forma por parte de las apoderadas de los demandados, objeto de estudio y análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En el fondo.- Con ausencia de sistematización en su recurso señala:

Que, conforme al Art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, señala que se ha aplicado incorrectamente los Arts. 90, 204 y 395, con relación al Art. 227 y 236 del Código de la materia, al haber emitido el Auto de Vista Nº 191, porque luego de haberse dictado la Sentencia que declara improbada la demanda, los apelantes en su recurso expresan seis agravios relativas a equivocada valoración de la prueba y la confesión provocada, pues el Auto de Vista debía de circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubiesen sido objeto de apelación, y el Auto de Vista Nº 191 estuviera viciado de nulidad, es más cuando se dispone la remisión del proceso ante el Juez Sexto de Partido en lo Civil, es Autoridad ya ha tomado conocimiento de otro proceso instaurado por Natividad Viri Apaza contra su mandante. Por otra parte señala que de acuerdo a la misma causal de casación, se ha aplicado erróneamente el Art. 90 y 204 con relación al Art. 236 todos del Código de Procedimiento Civil, ya que el Juez hubiera incumplido el art. 204 y vulnerado el Art. 208 del mismo Código, ya que los demandantes en su recurso de apelación no hubieran denunciado agravios de acuerdo a la normativa contenida en el Auto de Vista, ya que la facultad para reclamar oportunamente ese extremo hubiera precluido, al efecto señala que de acuerdo al Art. 16 de la Ley del Órgano Judicial, establece la continuidad del proceso y preclusión, por lo que al haberse anulado los obrados se ha vulnerado el Art. 236 del Código de Procedimiento Civil y Art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.

En la forma.-

Conforme al art. 245 num. 4) del Código de la materia, acusa que el Auto de Vista Nº 191/2012, ha sido emitido violando formas esenciales del proceso, ya que el mismo ha inobservado el Art. 236 del Código Adjetivo Civil, que hubiera otorgado más de lo pedido y sin haberse pronunciado sobre el fondo de la apelación, sin que la nulidad dispuesta fuera solicitada por los demandantes menos reclamada en su oportunidad, omitiendo pronunciarse sobre los agravios, se la violado el principio de congruencia y plenitud entendida como la conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el proceso, el principio de convalidación, por el que las partes aceptan por bien hecho algún acto procesal omitido, el principio de preclusión por el que se entiende que cada forma sucesiva del proceso implica su clausura definitiva, asimismo refiere vulneración del debido proceso, trascribiendo la Sentencia Constitucional Nº 0040/2007-R de 31 de enero de 2007. Añade que el Auto de Vista Nº 191/2012, vulnera garantías constitucionales de su mandante, habiendo actuado ultra petita, y trascribe el Auto Supremo Nº 18 de 20 de septiembre de 2004.

Por lo que peticiona que previa remisión de los antecedentes ante este Tribunal, se dicte Resolución casando en el fondo y en la forma anulando el Auto de Vista ordenando se dicte uno nuevo, con la pertinencia y exhaustividad.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Sobre el recurso en la forma.-

Se tiene que las recurrente a nombre de su mandantes, hacen alusión a la vulneración del Art. 236 del Código de Procedimiento Civil y los principios de congruencia y plenitud, convalidación, preclusión y debido proceso.

Para dilucidar la polémica contenida en el recurso y relación fáctica procesal denunciada, corresponde recordar los conceptos procesales, así tenemos que los principios procesales son considerados como las directrices u orientaciones generales en el que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal. Así el tratadista Podetti refiere: "los principios procesales deben aplicarse con criterio despierto y actual, estructurando las instituciones procesales que de ellos resulten e interpretándolos en un sentido armónico con las necesidades de la justicia en relación al tiempo y al pueblo donde han de aplicarse", también sobre la definición de los principios procesales, JOSÉ OVALLE FAVELA, en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. Editorial Oxford, quinta edición, México 2001, pág. 192, los define como: "Aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal", concluyendo que los mismos son criterios contenidos en cada cuerpo normativo explicito y/o implícitamente que tienen la finalidad de orientar el desarrollo del proceso.

Ahora, debemos señalar que el A quo, el Tribunal de Alzada, así como este Tribunal de Casación, tienen la facultad de fiscalizar el proceso y de anular el mismo cuando se evidencie vulneración de las normas de orden público, conforme a la descripción contenida en el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil; ahora corresponde anotar que el orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la competencia, entre varias otras, ahora siendo la competencia una premisa en todo proceso, la misma se encuentra sujeta a fiscalización en cualquier momento, para ello se han creado los mecanismos de suspensión y pérdida de competencia, sobre esta última uno de los articulados que regula la competencia es el Art. 208 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "(Pérdida de competencia del Juez).- El Juez que no hubiere pronunciado la Sentencia dentro del plazo legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al artículo 206, perderá Automáticamente su competencia, en el proceso. En este caso remitirá el expediente dentro de las veinticuatro horas al Juez suplente llamado por la ley. Será nula cualquier Sentencia que el Juez titular dictare con posterioridad", ahora ese plazo se encuentra previsto en el Art. 204 parágrafo I) inc. 1) del mismo cuerpo legal, esto es de 40 días para la emisión de la Sentencia.

El sub lite, por sus propias connotaciones resulta ser un caso sui generi, al respecto se aprecia que para el cómputo del plazo descrito en el Art. 204 parágrafo II) señala que el mismo se computa desde la fecha del Decreto de "Autos" para Sentencia, para los procesos ordinarios, norma que concuerda con el Art. 396 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente: "(Efectos del Decreto de Autos).- Dictada la providencia de Autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse escritos ni producirse pruebas, excepto si el Juez usare de la facultad conferida en el artículo 378. En este caso el plazo para dictar Sentencia quedará suspendido por los días que requiriere la producción de la prueba", la primera tiene concordancia con la norma antes citada, y la segunda parte señala que a momento de que el Juez, requiera un medio de prueba para fallar en el fondo de la causa, conforme al art. 378 del Código Adjetivo de la materia, la norma refiere que el plazo para dictar la Sentencia queda suspendido mientras dure la diligencia dispuesta por el Juez, no señala que el plazo fuera interrumpido y que se compute uno nuevo, sobre el particular el legislador ha entendido que durante esos días computados, el Juez ya ha analizado la controversia, o sea que el Juez ya ha evaluado el proceso, razón por la cual, la última parte del art. 396, señala que el plazo queda suspendido sólo por los días que requiera alguna diligencia considerada esencial para el Juez.

En la especie, lo que ha ocurrido es que mediante Decreto de 13 de octubre de 2010, cursante a fs. 153 vlta. el Juez A quo dicta la providencia de Autos para Sentencia, computando el inicio del plazo para dictar la resolución de fondo, que es suspendida mediante Decreto de 3 de noviembre de 2010 cursante a fs. 154 de los obrados, que hasta el día anterior de ese Decreto (3-XI-10) ya hubieran transcurrido veinte días de los cuarenta que le otorga la ley al Juez, deduciendo que dentro de los cuales el Juez ya hubiera analizado y evaluado los antecedentes del proceso, razón por la cual en el mismo Decreto de fs. 154, el mismo operador judicial señala que su plazo estaría en suspenso, posteriormente mediante providencia de 9 de diciembre de 2010 (fs. 158 vlta.) nuevamente dicta el Decreto de Autos para Sentencia y se dicta el fallo de fondo el 25 de enero de 2011, cuando a partir del Decreto de 9 de diciembre de 2010, al Juez le restaban tan solo otros veinte días, descontando el receso judicial del 27 al 30 de diciembre de 2010, por lo que al respecto se evidencia que el Juez A quo ha dictado su Sentencia fuera del plazo previsto por ley, esto significa que el mismo ha perdido su competencia.

Corresponde anotar el Art. 8 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente: "(Pérdida de Competencia).- El Juez o magistrado perderá su competencia en el juicio: ...5) En el caso del art. 208", así también el Art. 9 del mismo cuerpo legal, señala que las resoluciones dictadas en casos de suspensión o perdida de competencia, serán nulas, pues se entiende que la premisa de la competencia resulta ser de orden público, no pudiendo la misma dejarse al libre convenio de las partes o ante una omisión en cuanto a su fiscalización.

Ahora respecto a la aplicación de los principios procesales de congruencia y plenitud, de convalidación y preclusión, las mismas no pueden aplicarse al presente caso de Autos, ya que la anulación de la Sentencia es emitida por un acto viciado de nulidad, un acto evacuado sin competencia donde se observa que la investidura del operador judicial como para seguir conociendo el caso ha terminado; al efecto se concluye que siendo los principios procesales los que orientan la tramitación de un proceso, las mismas no se pueden imponer sobre actos jurídicos procesales generados sin competencia, entendiendo que no es aplicar dichos principios para convalidar un acto nulo, un acto viciado de nulidad, como se ha explanado precedentemente, ya que por el principio de convalidación procesal no se puede revalidar un acto viciado de nulidad.

Para finalizar la Sentencia Constitucional y Auto Supremo citados por las apoderadas de la recurrente, por sus elementos fácticos no pueden ser vinculantes a la presente.

Sobre el recurso de casación en el fondo.-

Para la procedencia del recurso de casación en el fondo, las causales se encuentran descritas en el Art. 253 del Código Procesal Civil, estos son: 1) cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho, dichas causales deben atacar el contenido de las Resoluciones de Vista, que hayan deliberado en el fondo del litigio, sea mediante Sentencia y/o Auto Interlocutorio que pusiera fin al litigio, por lo que siendo la resolución recurrida una de carácter anulatoria, que no ha examinado el fondo de la contienda, no corresponde su análisis por lo que el recurso sobre el fondo deviene en improcedente, por ausencia de la fundamentación descrita en el Art. 258 inc. 2) con relación al Art. 253 ambos del Código de Procedimiento Civil.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 incisos 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, tanto para los recursos de casación en el fondo y en la forma, respectivamente.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 incisos 1) y 2), 272 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo e INFUNDADO el recurso de casación en la forma. Con costas

Se llama severamente la atención a los Secretarios, Claudia Gonzales Alanoca y José Luis Mamani Moya, por no haber consignado la fecha de la nota marginal del receso por vacación judicial de 27 al 30 de diciembre de 2010 y no haber anoticiado al Juez del vencimiento de los plazos para dictar Sentencia.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

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