TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 368/2012.

Sucre: 25 de septiembre de 2012.

Expediente: LP - 72 - 12 - S

Partes: Cristina Quispe de Quispe c/ Francisco Escobar Segundo, herederos y/o presuntos propietarios.

Proceso: Usucapión Extraordinaria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fondo y forma de fs. 204 a 205 vlta de obrados, interpuesto por Cristina Quispe de Quispe, contra el Auto de Vista No. S -132/2011 de fs. 199 a 200, de fecha 04 de octubre de 2011, pronunciada por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Usucapión decenal o extraordinaria, seguido por Cristina Quispe de Quispe contra Francisco Escobar Segundo, herederos y/o presuntos propietarios, el Auto de concesión de fs. 243, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad del Alto - La Paz, el 31 de julio de 2009, pronunció la Sentencia Nº 260/2009, cursante de fs. 103 a 105, declarando Probada la demanda principal e Improbada la oposición que cursa en obrados de fs. 79 a 82 y dispuso que previa su ejecutoria queda operada la usucapión decenal o extraordinaria sobre el lote de terreno con una superficie de 3644.90 mts², ubicado en la Zona de Sakani, comunidad Ex fundo Juntuhuma, Canton Achocalla, a favor de Cristina Quispe de Quispe, debiendo procederse a la inscripción definitiva del derecho propietario en las oficinas de Derechos Raleas de la ciudad de La Paz, asignándole una nueva partida computarizada.

Contra esa resolución de primera instancia Marcela Eugenia Escobar Condori, interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 04 de octubre de 2011 pronunció Auto de Vista, el cual Anula obrados hasta fs. 22 inclusive, para que el Juez A quo regularice procedimientos en virtud a la competencia.

Contra esa resolución de Alzada la demandante Cristina Quispe de Quispe interpuso recurso de casación, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Indicó que el fundamento de la resolución de segunda se basa en la competencia referida en el art. 30 de la Ley 1715 y que la demanda de usucapión no define contra quien se dirige. A dicho fundamento mencionó que el proceso ordinario se encuentra claramente regulado por el art. 327 y siguientes del Procedimiento Civil y conforme al art. 138 del Código Civil.

Por otro lado mencionó que el Gobierno Municipal de la Localidad de Achocalla, emitió certificación de fecha 20 de marzo de 2002, donde se certificó que el terreno objeto de la litis se encuentra en área urbana de la ciudad ecológica de Achocalla. Certificación respaldada por el art. 283 de la Constitución Política del Estado en relación al art. 4 de la Ley 2028 que establece la Autonomía municipal en los actos dentro de su jurisdicción y competencia en analogía también al art. 6 de la misma ley que respalda su jurisdicción y competencia en el área geográfica que le corresponde.

Por lo indicado concluyo que en el marco del régimen Autonómico establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley 2028 y el Certificado que cursa de fs. 2, no corresponde lo dispuesto en el art. 30 de la ley 1715, por tratarse de un terreno dentro del radio urbano del municipio de Achocalla.

Terminó peticionando que conforme prevé el art. 253 num. 3) del Adjetivo Civil y conforme a la prueba de fs. 2 se determine la competencia de la vía ordinaria para su resolución, al igual que el art. 254 num. 4) del Procedimiento Civil con respecto al art. 30 de la Ley 1715.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecido el recurso de casación el mismo que fue interpuesto en la forma y en el fondo, solo se considerará lo concerniente a la forma en virtud de que nuestra jurisprudencia ha establecido que cuando se recurre en contra de un Auto de Vista que Anula obrados, sólo procede el recurso de casación en la forma, por lo dicho lo solicitado en el fondo deviene en improcedente.

En la forma:

1.- Que, a fs. 2 de obrados cursa Certificación emitida por el Gobierno Municipal de Achocalla, Tercera Sección - Provincia Murillo, donde se indica que la propiedad denominada Sakani con una superficie de 3.664.90 m² ubicada en la Zona Sakani, Comunidad ex fundo Juntuhuma, Canton Achocalla, Provincia Murillo del Departamento de La Paz de propiedad de Cristina Quispe de Quispe se encuentra dentro el perímetro del Área Urbana de la Ciudad Ecológica de Achocalla, conforme consta en los archivos del Departamento Técnico del Municipio; certificación otorgada por el Prof. Julio J. Paco Ninaja H. Alcalde Municipal 3ra. Sección Achocalla, de fecha 20 de marzo de 2002.

2.- A fs. 10, cursa del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Certificado de Emisión de Titulo en el Expediente 140, Razón Social Juntu Huma, cantón Achocalla, Provincia Murillo, Departamento de La Paz, siendo el beneficiario Francisco Escobar Segundo con una superficie individual de 9 hectáreas con 9950 metros cuadrados y con una superficie colectiva de 37 hectáreas con 3064 metros cuadrados, titulo Ejecutorial Emitido en fecha 17 de junio de 1969, donde también existe Nota en la cual se textualiza lo siguiente: "El Presente Certificado de Título, no implica la legalidad o ilegalidad del mismo, simplemente su existencia y de encontrarse el predio actualmente en área rural, se definirá este aspecto mediante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria", de fecha 06 de febrero de 2003.

3.- A fs. 14, proveniente del Instituto Nacional de Reforma Agraria de la Unidad de Archivo y Certificaciones de la Dirección Departamental La Paz, cursa Certificación en la cual se indica de manera textual que en "...base de Datos, la Estantería y los libros de registro cursantes en esta Unidad se evidencia que el proceso social agrario tramitado ante el ex CNRA, signado con el Nro. 140, correspondiente al predio denominado "JUNTU HUMA", ubicado en el cantón Achocalla de la provincia Murillo de este departamento, se halla radicado físicamente en el Archivo Central de la Dirección departamental La Paz del Instituto Nacional de Reforma Agraria", donde también cursa Nota con referencia a la certificación que indica simplemente su existencia en tanto no concluya el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, documento expedido el 1 de agosto de 2006, firmado por el Responsable Unidad de Archivos y Certificaciones del INRA.

De las tres certificaciones anotadas, se puede llegar a la siguiente conclusión: 1ro.- La Certificación expedida por el Gobierno Municipal de Achocalla con relación al bien inmueble objeto de la litis, es de fecha 20 de marzo de 2002. 2do.- Las Certificaciones emitidas por el Instituto de Reforma Agraria son de fecha 06 de febrero de 2003 (el primero) y de fecha 1 de agosto de 2006 (el segundo); fechas posteriores a la certificación emitida por el Gobierno Municipal de Achocalla la cual fue firmada por la H. Alcaldía de dicho Municipio; que en todo caso, los documentos del INRA, por ser de fecha posterior desvirtúan lo certificado referente al bien inmueble.

Por otro lado, las certificaciones del INRA, mencionan sobre la existencia de un proceso de saneamiento de la propiedad agraria, proceso que se refiere a la propiedad que ahora es objeto de la litis y que en la tramitación del proceso de usucapión no se ha evidenciado que dicho proceso de saneamiento indicado por el INRA, haya concluido, aspecto que no fue valorado por el A quo antes de admitir la demanda, de la misma forma la certificación de fs. 10 se entiende que la propiedad rural esta condicionada al proceso de saneamiento de la propiedad agraria, por lo tanto no es concluyente si es o no propiedad rural y este aspecto no puede estar en duda; toda vez, que es deber del Juez instar la competencia para determinar si cuenta o no con la competencia legal para resolver este proceso; aspecto que no fue advertido por el Juez inferior quien continuo tramitando el proceso, hasta dictar Sentencia, actuación que como lo señala Víctor de Santo en su texto de Nulidades Procesales "la competencia del Juez es un presupuesto procesal, un requisito de la Sentencia de fondo, la cual no podría ser dictada válidamente por el Juez que careciera de ella"; por lo tanto no podía culminar con una Sentencia válida y legal.

De la misma forma, a tiempo de admitir la demanda el Juez a quo tiene que verificar en el caso presente la existencia de una Ordenanza Municipal que respalde si la propiedad es urbana o rural, o un informe del INRA que indique sobre el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, donde se constate su competencia. Por otro lado, se extraña también que no se hubiese cumplido con la exigencia a la demandante de dirigir su demanda contra la persona verdaderamente titular o propietaria del inmueble objeto de usucapión, habida cuenta que la demandante no dirigió su demanda contra el titular del inmueble ni mucho menos acompañó certificación de Derechos Reales que acredite quien es el verdadero propietario registral del inmueble objeto de litis, aspecto que a fs. 127 a 128 vlta ha sido presentado por el supuesto dueño de la propiedad Dante Escobar Plata, hecho que deberá ser analizado por el Juez A quo a tiempo de ejercer su facultad establecida en el art. 333 del Cód. Pdto. Civ., para evitar dar curso a una demanda defectuosa y la sustanciación de un proceso irregular con una serie de desaciertos y falta de una adecuada dirección del proceso.

En relación a lo indicado, el art. 1538 del Código Civil establece que, ningún derecho real sobre inmuebles surte sus efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público con la inscripción en el Registro de Derechos Reales del título que origina el derecho, y por consiguiente es la persona titular que aparece en el último registro como potencialmente oponible, contra quien debe dirigirse necesariamente y en forma prioritaria la demanda como principal persona demandada o finalmente contra sus herederos, sin que esto sea limitante para dirigirla contra otras terceras personas que pudieran tener algún derecho que reclamar; solo así el propietario del inmueble puede tener realmente la calidad de SUJETO PASIVO (demandado) frente al sujeto activo (demandante) y tener la posibilidad de defenderse en juicio, pues no es posible que la demandante que pretende adquirir la propiedad de un inmueble por usucapión de alguien que es su titular, dirija su demanda contra otras personas que según antecedentes ya no tuviesen nada que ver en la propiedad y no así contra el verdadero propietario del inmueble o sus herederos; vulnerando los derechos del propietario del inmueble y violando la garantía a la legítima defensa.

Siendo la usucapión un modo originario de adquirir la propiedad, una vez declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el que logra la usucapión y extintivo para la persona que pierde el derecho propietario del inmueble, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que la actora dirija la demanda contra quien figure en el Registro de Derechos Reales como último titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, solo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

En consecuencia, es deber del Juez a quo establecer con carácter previo la exigencia a la actora del cumplimiento de todos los requisitos para la procedencia de la demanda de usucapión, conforme a lo indicado en el presente Auto Supremo y así determinar la competencia o no del Juez.

Finalmente, el art. 122 de la Constitución Política del Estado establece que "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley"; norma que establece y complementa lo dispuesto por el Tribunal de Alzada al fundar su decisión en la anulación de obrados en virtud de considerar que no contaba con competencia el Juez A quo para sustanciar y resolver el presente proceso en estricta relación a lo dispuesto por el art. 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria que indica sobre la Judicatura Agraria lo siguiente: "La Judicatura Agraria es el órgano de administración de Justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley".

En consecuencia, no siendo evidente lo acusado en la forma y en el fondo por la recurrente, corresponde fallar conforme a lo previsto por el art. 271 num. 1) y 2); 272 num. 2) y 273 del Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 1) y 2); 272 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma é IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, el mismo que cursa de fs. 204 a 205 vlta de obrados, interpuesto por Cristina Quispe de Quispe, contra el Auto de Vista No. S -132/2011 de fs. 199 a 200, de fecha 04 de octubre 2011, pronunciada por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani