TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 360/2012

Sucre: 25 de septiembre de 2012

Expediente: SC-72-12-S

Partes: Romeo Tito Orellana Méndez y Jorge Willam Bowles Camacho c/ Rudy Rivero Ribera y Ángela Arminda Foianini de Rivero

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 873 a 882, interpuesto por Ángela Arminda Foianini Abdar contra el Auto de Vista Nº 86, cursante de fs. 864 a 867, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre reivindicación seguido por Romeo Tito Orellana Méndez y Jorge Willam Bowles Camacho en contra de la recurrente y de Rudy Rivero Ribera; la respuesta de fs. 885 a 894; la concesión de fs. 895; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, el 21 de octubre de 2011 pronunció la Sentencia Nº 135, cursante de fs. 784 a 786 vlta., declarando probada en todas sus partes la demanda de fs. 45 a 47 (que corresponde a la reposición del expediente), como consecuencia dispuso que los demandados procedan a la desocupación y entrega del bien inmueble materia del ligio a su actual propietario Romeo Tito Orellana Méndez, concediéndoles para tal efecto el plazo de treinta días desde la ejecutoria de la Sentencia, bajo previsión de librarse el correspondiente mandamiento de desapoderamiento; igualmente ordenó que en ejecución del fallo se proceda a la liquidación de daños y perjuicios de acuerdo al peritaje cursante a fs. 469 (465).

Contra esa Sentencia de primera instancia la parte demandada interpuso recurso de apelación (fs. 793 a 799 vlta), en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia el 8 de marzo de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 86, cursante de fs. 864 a 867, confirmando en todas sus partes la Sentencia apelada y confirmando los autos cursantes de fs. 165 a 166, 180, 182, las providencias de fs. 456, 585 y vlta. (579 y vlta.) y el auto de fs. 526 (520). Con costas.

Resolución de alzada recurrida en casación en el fondo y en la forma por la demandada Ángela Arminda Foianini Abdar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo:

La recurrente luego de exponer los antecedentes que en su criterio resultan relevantes en la causa, señaló que, al igual que el juez de la causa, los miembros del Tribunal de alzada no leyeron el acta de inspección judicial cursante de fs. 454 (450) en la que consta que los lotes objeto del litigio siempre estuvieron en poder de la demandada, como así confesó la propia parte demandante, aspecto que debió ser apreciado de conformidad al art. 404-II del Código de Procedimiento Civil, consiguientemente se habría violado lo previsto por los arts. 427 y 397 del Código de Procedimiento Civil; al respecto resaltó que los demandantes jamás estuvieron en posesión del inmueble razón por la que no podían reivindicar algo que nunca poseyeron ni detentaron, en consecuencia al declarar probada la demanda de reivindicación los Tribunales de instancia habrían violado lo previsto por los arts. 1453 y 105 del Código Civil.

Por otro lado sostuvo que el Auto de Vista recurrido contiene razonamientos inconclusos que lo harían confuso y contradictorio, igualmente señaló que no se valoró la prueba de descargo y, se tomó en cuenta la confesión del codemandado que resulta ser su ex esposo quien contestó afirmativamente la demanda a favor del demandante por ser su amigo íntimo, concluyendo que la resolución recurrida vulneró el art. 3-4) del Código de Procedimiento Civil, referido a la seguridad jurídica, porque no se aplicó objetivamente la ley.

Acusó la violación de varias normas contenidas en la L.O.J. (entendiéndose que hace referencia a la Ley del Órgano Judicial) al respecto señaló como disposiciones infringidas el art. 3-12 de la L.O.J., referida dice al respeto a los derechos como base de la administración de justicia; el art. 17 de L.O.J., al respecto dijo que acusó una serie de nulidades procesales que fueron omitidas por los Tribunales; el art. 30-11) vinculado a la verdad material; 30-12 relativo al debido proceso.

De igual manera acusó la violación de los arts. 430, 441, 442, vinculados con los arts. 331, 375, 398 y 400 del Código de Procedimiento Civil, al respecto señaló que no se consideró el informe pericial de fs. 563 a 570 que demostró que la firma del Notario de Fe Pública era falsa.

Manifestó que no se tomó en cuenta las fotocopias legalizadas de la demanda de divorcio que instauró en contra de Rudy Rivero Ribera, que en su criterio, demostraría el accionar doloso de su esposo en colusión con los ahora demandantes.

Adujó que tampoco se valoró el aviso judicial de fs. 100 que demostraría que la recurrente nunca fue citada, que dicha citación adolece de fallas y contraviene lo dispuesto en el art. 121 del Código de Procedimiento Civil.

Refirió que no se tomó en cuenta el Testimonio Nº 6537 de 15/11/94 referido a la compra que efectuó conjuntamente su esposo de los terrenos en litigio, aspecto que demostraría el tiempo desde el cual se encuentra en posesión de los mismos.

Adujo igualmente que no se valoró que en fecha 12/07/1995 se protocolizó un fraguado contrato de préstamo de dinero entre Jorge Bowles Camacho y el esposo de la recurrente Rudy Rivero Ribera, bajo la Escritura Publica Nº 366/95, por una suma de $us. 40.000, el que considera fue el origen de todo el problema y de la trama gestada en contra de su persona, quien suscribió todo documento que se le ponía a la vista por encontrarse bajo amenaza permanente de divorcio por parte de su esposo; indicó que sobre la base de ese documento se sustanció un proceso ejecutivo que en su criterio también resulta fraguado y colusorio.

Acusó que la transferencia efectuada por la recurrente y su esposo a favor de Jorge Willam Bowles Camacho, respecto a los lotes Nº 79 y 80 de la U.V. 38, Zona de Equipamiento Nº 2 con una superficie de 768 m², por la suma de Bs. 280.000, protocolizado mediante Escritura Publica Nº 188/2002, resultaría una mentira, cuestionando el hecho de que en el referido instrumento se hizo constar la existencia de una hipoteca a favor del comprador por $us. 40.000 y que sobre esa hipoteca el comprador habría pagado adicionalmente Bs. 280.000, resaltando el hecho que el adquiriente no tenía ninguna necesidad de comprar los referidos lotes y que únicamente le bastaba con rematarlos, siempre que la deuda fuese real y existente.

Manifestó que transcurrieron ocho años para que se reclame la entrega de los lotes, lo que en su criterio obedecería a que el lote nunca dejó de ser de su propiedad, que el actuar de los demandados resultaría doloso y en colusión con su esposo en el afán de quedarse con los lotes de terreno objeto del litigio.

Hizo referencia a una serie de actuados y documentos cursantes en el proceso, sin concretar de manera precisa y fundamentada dicha relación a una de las causales de casación previstas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante la redundante y ampulosa argumentación, la recurrente omitió por completo concretar su pretensión recursiva.

En la Forma:

Argumentó que la diligencia de citación fue mal practicada lo que derivó en una errónea citación cursante a fs. 1 que violentó sus derechos y le impidió reconvenir, ofrecer prueba, en ese sentido acusó la violación de los arts. 90, 91, 121 y 128 del Código de Procedimiento Civil. Señaló que en reiteradas oportunidades promovió la nulidad de obrados por considerar que no fue citada conforme a procedimiento, al respecto señaló que el aviso judicial de fs. 100, fuese indebido en razón a que la norma contenida en el art. 121 del Código de Procedimiento Civil dispone que quien va a ser citado será buscado al día siguiente y no así al día subsiguiente como ocurrió en el caso de autos, aspecto que en reiteradas oportunidades habría sido reclamado por la recurrente.

No obstante lo argumentado por la recurrente, ésta omitió concretar su pretensión recursiva, omisión que igualmente fue advertida en cuanto al recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En principio corresponde precisar que de manera reiterada éste Tribunal estableció que doctrinalmente se considera al recurso de casación como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales, que infringen las normas de derecho material o las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Igualmente precisó que la Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos jurídicos, por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser interpuesto en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea el recurso de casación en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación de agravios debe adecuarse a las causales contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales como ser falta de forma, falta de pertinencia o congruencia, incompetencia del Tribunal, entre otras; lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en ese caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada -por ejemplo falta de pertinencia o congruencia, falta de fundamentación, incompetencia del Tribunal - o errores de procedimiento en la sustanciación de la causa que conllevaron la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva se orienta a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza la recurrente Ángela Arminda Foianini Abdar interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, empero en cuanto a los fundamentos referidos al fondo, al margen de cuestionar la indebida aplicación de los arts. 105 y 1453 del Código Civil y otros relacionados a la valoración de la prueba, cuestionó aspectos referidos a la forma como ser la aparente ilegalidad de su citación, la supuesta infracción del debido proceso, lo que denota una falta de precisión en cuanto a los motivos que hacen a uno y otro medio de impugnación.

Al margen de la observación anotada precedentemente, se advierte la total ausencia de pretensión recursiva, en efecto la recurrente luego de exponer los argumentos que sustentan su impugnación en el fondo, pasó en forma inmediata a exponer los motivos que en su criterio sustentarían el recurso de casación en la forma y a continuación concluye su memorial con el otrosí 1º solicitando fotocopias legalizadas de todo el expediente, sin llegar a concretar la pretensión que persigue a través tanto del recurso de casación en el fondo como en el de forma, omisión que de ninguna manera puede ser suplida por éste Tribunal Supremo, lo que denota el incumplimiento de los requisitos previstos por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, situación que motiva la improcedencia de los recursos deficientemente planteados, por carecer los mismos de una concreta pretensión.

Sin embargo, sólo a manera de aclaración corresponde señalar que la aparente infracción del art. 121 del Código de Procedimiento Civil respecto a la forma en que se efectuó la citación con la demanda de la recurrente, no resulta evidente, en virtud a que a fs. 1 cursa formulario de citación que evidencia que dicha diligencia se practicó a la demandada Ángela Arminda Foianini de Rivero en forma personal y no mediante cédula, en consecuencia la aparente infracción acusada en sentido de que el Oficial de Diligencias del Juzgado Quinto de Partido en lo Civil habría infringido la citada disposición legal al dejar el aviso judicial cursante a fs. 100 comunicando que regresaría al día subsiguiente y no así al día siguiente como refiere la norma, carece de trascendencia tomando en cuenta que la aludida diligencia de fs. 1 refiere que la citación a la demandada y ahora recurrente se practicó en forma personal quien rehusó firmar la misma, por lo que ese aspecto se hizo constar con la intervención de un testigo conforme prevé el art. 120-II del Código de Procedimiento Civil, aspecto que quedó refrendado por el informe cursante de fs. 86 y vlta., lo que evidencia que la aparente vulneración acusada del art. 121 no reviste trascendencia en consideración a la citación personal de la demandada quien al margen de reclamar sobre la supuesta falsedad de la misma no demostró por ningún medio aquella afirmación.

De igual manera solo como aclaración corresponde señalar que en reiteradas oportunidades y de manera uniforme éste Tribunal Supremo siguiendo a su vez el criterio de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el inmueble frente al poseedor que no es propietario. Así, Puig Brutau, citado por Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que la reivindicación "es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión".

Al respecto a través del Auto Supremo Nº 135/2001 de 29 de junio de 2001, se estableció que: "...la reivindicación es una acción real establecida en defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella o "jus possidendi", distinta del "jus posesionem" que informa a la posesión de hecho. Por ello el artículo 1453 del Código Civil fue interpretado en sentido que el objeto de la reivindicación es el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario. Así lo señala también el tratadista Dr. Raúl Romero Sandoval en su libro "Derechos Reales", al enfatizar que la acción reivindicatoria es la acción ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa de la que es propietario. Se funda en la existencia del derecho de propiedad y tiene por finalidad la obtención de la posesión (Ius vindicandi -derecho de reivindicar-), dicho de otra manera, la reivindicación es la acción concedida al propietario para permitirle que se le reconozca su derecho y sancionarlo ya que se encamina al reconocimiento del fondo del derecho y no al simple hecho de la posesión.

En ese mismo sentido éste Tribunal precisó que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que él tiene la "posesión civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus" y a él le asiste el Ius vindicandi o derecho de reivindicar.

Por las razones expuestas lo argumentado por la recurrente en sentido de que los Tribunales de instancia hubiesen infringido los arts. 105 y 1453 del Código Civil, en consideración a que es ella la que siempre estuvo en posesión del inmueble objeto de litigio y que los demandantes jamás entraron en posesión del mismo, carece de sustento legal, toda vez que en obrados cursa prueba documental que acredita que Jorge Willam Bowles Camacho adquirió a título de compraventa de los esposos Rudy Rivero Ribera y Ángela Arminda Foianini de Rivero los lotes de terreno Nº 79 y 80, ubicados en la zona Norte de la ciudad de Santa Cruz, con una superficie de 768 m² y que éste transfirió posteriormente los referidos lotes a favor de Romeo Tito Orellana Méndez, constituyéndose éste último en el titular de los indicados lotes de terreno objeto de la reivindicación demandada, asistiéndole en consecuencia el derecho a reivindicar el inmueble de su propiedad.

Por otro lado, la recurrente sostiene en forma reiterada la falsedad de dichas transferencias, argumentando que las mismas, al igual que otros varios documentos resultarían fraguados y fruto de la coacción de su esposo quien logró que ella firmase una serie de documentos bajo amenazas de divorcio, sin embargo corresponde recordar que la invalidez de un contrato opera siempre a través de una declaración judicial que así lo sancione, en tanto ello no suceda el contrato es válido y produce legalmente sus efectos. En el caso de autos la actora al margen de hacer referencia a la sustanciación de un proceso de nulidad de los documentos mencionados, no acreditó que los mismos hubiesen sido invalidados mediante resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, razón por la cual sus alegaciones al no encontrar sustento jurídico no podían ser consideradas como verdad plena; al margen de ello la propia actora a fs. 648 a 668, adjuntó en calidad de prueba copia de una sentencia dictada en el proceso ordinario que ella siguió en contra de su esposo y de los ahora demandantes por nulidad de contratos (a los que alude en el recurso de casación y los califica de fraudulentos), enriquecimiento ilegítimo y pago de daños y perjuicio, a través de la cual el Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz declaró improbada dicha demanda, sin embargo al no existir certificación en sentido de que esa sentencia hubiera adquirido carácter de cosa juzgada, éste Tribunal toma en cuenta dicha prueba sólo a manera de referencia y a fin de establecer que lo pretendido por la recurrente en sentido de que se consideren dichos documentos como fraguados o falsos no es pertinente, toda vez que, conforme la evidencia señalada, la legalidad o ilegalidad así como la validez o invalidez de dichos contratos es tema de decisión de otro proceso, debiendo en todo caso la recurrente estar a los resultados de las acciones que ella misma instauró.

Finalmente, aclarar que los argumentos vertidos por la recurrente en sentido de que ella nunca dejó de ser propietaria de los inmuebles en litigio, quedan desvirtuados, por la prueba documental que acredita la transferencia de los mismos a favor de Jorge Willam Bowles Camacho y posteriormente de éste a favor de Romeo Tito Orellana Mendez, así como sus respectivos registros en Derecho Reales, contratos que en tanto no sean invalidados por resolución judicial firme, surten efectos legalmente.

Por las razones expuestas, reiterando que los recursos de casación en el fondo y en la forma carecen de pretensión precisa y concreta, corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 873 a 882, interpuesto por Ángela Arminda Foianini Abdar contra el Auto de Vista Nº 86, cursante de fs. 864 a 867. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.