TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 343/2012

Sucre: 24 de Septiembre 2012

Expediente: LP -66 - 12 - S

Partes: Isaac Juvenal Candia, Facundo Chamizo Sonco, Mario Julián Barrios Meruvia, Florencia Gerónimo Cussi y otros, representados por Marina Laura Pana, Olga Oblitas de Candia y Vitalia Céspedes de Mérida c/ Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto (representado por el Alcalde, Fanor Nava Santiesteban) y contra Pablo Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo Fernández y Jorge Adalberto Balboa Sumi.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública de Transferencia Forzosa - Adjudicación Simultánea y Acción Reivindicatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 613 a 617 de obrados interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto representado por la Abog. Angélica Lidia Alarcón Laura y de fs. 619 a 621 interpuesto por Félix Chambi Yujra, Freddy Chino Choque y Lucia Yujra Arias contra el Auto de Vista Nº S-13/12 de fecha 20 de enero de 2012 cursante a fs. 606 y Vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Nulidad de Escritura Pública de Transferencia Forzosa - Adjudicación Simultánea y Acción Reivindicatoria seguido porIsac Juvenal Candia, Facundo Chamizo Sonco, Mario Julián Barrios Meruvia, Florencia Gerónimo Cussi y otros, representados por Marina Laura Pana, Olga Oblitas de Candia y Vitalia Céspedes de Mérida contra elGobierno Municipal de la ciudad de El Alto y contra Pablo Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo Fernández y Jorge Adalberto Balboa Sumi; el Auto de concesión de fs. 652, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que,Isaac Juvenal Candia, Facundo Chamizo Sonco, Mario Julián Barrios Meruvia, Florencia Gerónimo Cussi y otros, representados por Marina Laura Pana, Olga Oblitas de Candia y Vitalia López de Mérida, de fs. 64 a 69 interponen demanda ordinaria de nulidad de Escritura Pública de transferencia forzosa - adjudicación simultánea y acción reivindicatoriacontra el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto y contra los Sres. Pablo Choque Apaza, Jaime Canoa Apaza, Edwin Marcelino Alejo Fernández y Jorge Adalberto Balboa Sumi y ante la anulación del proceso dispuesto por el Juez A quo mediante Auto de fecha 10 de septiembre de 2008 que corre a fs. 322 vlta., los demandantes amplían su demanda contra todos los beneficiarios del programa de vivienda social (de fs. 339 a 344); sustanciado nuevamente el proceso en primera instancia, el Juez Segundo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, mediante Sentencia Nº 368/2010 de fecha 13 de octubre de 2010 cursante a fs. 521 a 524 de obrados, declaró probada la demanda de fs. 339 a 344 disponiendo la nulidad de la Escritura Pública Nº 457 de fecha 12 de agosto de 2005 y conforme a lo previsto por el art. 197 del Cód. Pdto, Civ., dispone se eleve en grado de consulta la Sentencia ante el Tribunal Departamental de Justicia.

En apelación la Sentencia Nº 368/2010 de fs. 521 a 524, interpuesta por el Gobierno Municipal del El Alto representado por la Abog. Gaby Pola Llano Luna, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº S-13/12 de 20 de enero de 2012 cursante a fs. 606 y Vlta., anula el Auto de concesión de fecha 24 de marzo de 2011 de fs. 548 de obrados (se hace notar que en el Auto de Vista existe error en la cita del número de foja de expediente), anulación que se realizó bajo el fundamento de encontrarse interpuesto el recurso fuera del plazo previsto por el art. 220.I-1 del Código de Procedimiento Civil.y al mismo tiempo APRUEBA la Sentencia Nº 368/10 de 13 de octubre de 2010 elevada en consulta; en contra de ésta resolución de segunda instancia, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto mediante su apoderada Abog. Angélica Lidia Alarcón Laurapor una parte, y por otra los co-demandados Félix Chambi Yujra, Freddy Chino Choque y Lucia Yujra Arias, recurre en casación en la forma y en fondo pidiendo se anule el referido Auto de Vista.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Recurso de casación interpuesto por el Gobierno Municipal de El Alto:

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto mediante su apoderada, Abog. Angélica Lidia Alarcón Laura en mérito al Testimonio de Poder Nº 959/2011, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la Sentencia Nº 368/2010 de 13 de octubre de 2010 de fs. 521 a 524 y contra el Auto de Vista Nº S-13/12 de 20 de enero de 2012 de fs. 606.

En la forma, indica que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la consulta respecto a la Sentencia y acusa la vulneración del art. 197 del Cód. Pdto. Civ. y 105-num. 3) de la LOJ, citando para ello jurisprudencia; indica también que la parte actora dirigió la demanda solamente contra Fanor Nava Santiesteban, Ex Alcalde Municipal de El Alto y otros funcionarios y no así contra el H. Concejo Municipal de El Alto, Viceministerio de Urbanismo y Vivienda y la Notaría de Gobierno, quienes también habrían realizado actos administrativos que culminaron con la Escritura Pública Nº 547/2005 de la cual los demandantes pretenden su nulidad.

Por otra parte, indica también que los demandantes no ofrecieron como prueba preconstituida en fotocopias legalizadas la Escritura Pública Nº 457/2005; de la misma manera indica que no se notificó legalmente al Defensor de Oficio vulnerando el art. 121-II del CPC, tampoco se lo notificó con la Sentencia y ante el abandono del proceso que hizo durante la tramitación, ha dejado en estado de indefensión a los co-demandados, violando el debido proceso y el derecho a la defensa; indica también que al haberse anulado obrados hasta fs. 70, han quedado nulos los actuados de fs. 70 al 322 y vuelta.

Que no existe citación al Fiscal conforme dispone el art. 127 del Código de Procedimiento Civil, tampoco se notificó a las partes con llamamiento de conjueces conforme dispone el art. 88 de la LOJ.

Por otra parte, indica que todo el trámite se realizó en la vía administrativa conforme al art. 122 y siguientes de la Ley 2028 de Municipalidades y que están previstos los recursos de revocatoria y jerárquicos, agotados los mismos conforme al art. 143 de la Ley Municipal, causa estado y solo pueden ser revisados mediante impugnación judicial en proceso contencioso administrativo y por esta razón el Juez competente para conocer materia administrativa, es el Juzgado Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario y no el Juez de Partido en lo Civil, citando para el efecto las SSCC. Nº 1028/2010-R; 070/2010-R; 2788/2010-R de 10 de diciembre. Finaliza indicando que según dispone el art. 157-5) y 30 de la LOJ y de acuerdo al art. 122 de la C.P.E. son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen y al haberse tramitado con ilegalidad y con evidentes vicios de nulidad, se ha vulnerado el derecho a la defensa, al debido proceso y seguridad jurídica consagrado en la Constitución Política del Estado en sus arts. 115-II y 117-I.

En el fondo indica, que la prueba cursante de fs. 1 a 20 consistente en la Escritura Pública Nº 457/2005 carece de valor legal por ser simples fotocopias, sin embargo se declaró probada la demanda sin dicha Escritura Pública. Que el Auto de Vista que aprueba la Sentencia vulnera los arts. 122 y siguientes, 140, 141, 142 y 143 de la Ley Nº 2028, ya que el Gobierno Municipal ha suscrito un contrato administrativo regulado por la Ley 2028 de Municipalidades, además que se dio cumplimiento a la Ley 2372 y Ley 2717 de Regularización del Derecho Propietario Urbano y su D.S. Reglamentario 27864.

Concluye solicitando se conceda el recurso en la forma y en el fondo para que el Tribunal Supremo de Justicia, Anule la Sentencia y el Auto de Vista impugnado por haberse vulnerado el derecho al debido proceso, legítima defensa y seguridad jurídica.

2.- Recurso de casación interpuesto por Félix Chambi Yujra, Freddy Chino Choque y Lucía Yujra Arias:

Los recurrentes indican que el Auto de Vista 5-13/12 de 20 de enero, al margen de lesionar sus derechos, viola las normas en actual vigencia, la Sentencia que fue elevada en grado de consulta no fue debidamente revisada, es incongruente y sin ningún fundamento; indican que el Auto de Vista recurrido, no se adecua al espíritu del art. 197 de la Ley Adjetiva Civil, no se hizo una revisión integral del procedimiento.

a) En cuanto a la forma indican, que la Escritura Pública presentada por los demandantes de fs. 1 a 20 que se pretende anular son simples fotocopias del Testimonio Nº 457/2005 y que no se ha cumplido con el art. 374 y 375 con relación al art. 330 de la Ley Adjetiva Civil, acusan la violación del art. 1311 de la Ley Sustantiva Civil y que el Juez inferior no ha advertido dicho error.

A fs. 339 de obrados, los demandantes amplían su demanda contra sus personas para lo cual adjuntan un poder que cursa a fs. 348 a 350, el mismo que no faculta ampliar demanda en contra de sus personas, actuando los demandantes sin capacidad procesal ni personería, impidiendo se constituya la relación procesal y con absoluta deslealtad procesal y mala fe haciéndolos citar por edictos e incluso se enteraron de la Sentencia después de haber transcurrido el plazo fatal para apelar, por tal situación acusan la violación del art. 811 del Código Civil.

Continúan indicando que al Auto de Vista del cual recurren, es incongruente y mentiroso por falta de cumplimiento de la naturaleza jurídica de la consulta que establece el art. 197 del Cód. Pdto. Civ., sin embargo en dicha resolución se afirma que, de la revisión del proceso se constata que se han cumplido con las normas procedimentales en vigencia sin que existen vicios de nulidad.

Que, la consulta no participa de la categoría del recurso ya que este último es un medio de impugnación ante los agravios ocasionados por el Juez a las partes litigantes, en cambio la consulta no requiere de agravio alguno y debe revisarse todo el procedimiento con mayor amplitud, citando para el efecto jurisprudencia.

Con tales argumentos terminan solicitando se conceda el recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista Nº 5-13/12 de 20 de enero de 2012 solicitando al mismo tiempo se CASE el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma "error in procedemdo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo "case" la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza, los recurrentes al interponer simultáneamente recurso de casación en el fondo contra una resolución de alzada anulatoria, no comprendieron la naturaleza del fallo y equivocaron el medio de impugnación deducido, toda vez que contra una resolución que anula obrados no es posible interponer recurso de casación en el fondo, habida cuenta que el Tribunal de Alzada al haber dispuesto la nulidad del Auto de concesión de 24 de marzo de 2011 que corre a fs. 548 (348) bajo el fundamento de ser extemporáneo el recurso de apelación formulado por el Gobierno Municipal de El Alto, no ingresó a analizar el contenido del memorial del recurso ni mucho menos se pronunció sobre el fondo del recurso y como consecuencia de ello imposibilita al Tribunal de Casación pronunciarse sobre el fondo del recurso de casación deducido por el Gobierno Municipal de El Alto, correspondiendo contra esa resolución anulatoria del Ad quem interponer únicamente recurso de casación en la forma; sin embargo los recurrentes conjuncionando criterios de ambos recursos (en la forma y en el fondo) terminan solicitando al Tribunal de Casación, proceda a ANULAR el Auto de Vista recurrido, situación que resulta manifiestamente contradictoria con respecto a los recursos de casación en el fondo que deducen, además de carecer de la técnica recursiva en dichos recursos.

Por otra parte es preciso establecer que el Defensor de Oficio fue notificado con la Sentencia conforme consta a fs. 538 y pese a ello no hizo uso del recurso de apelación contra la Sentencia, como también los recurrentes Félix Chambi Yujra, Freddy Chino Choque y Lucía Yujra Arias se apersonaron al proceso tal como consta de fs. 599 a 602, sin embargo no cuestionaron la notificación realizada al Defensor de Oficio de forma oportuna en el primer actuado que realizaron conforme establece el art. 129.I del Cód. Pdto. Civil, ni mucho menos lo hicieron en el recurso de casación, pues conocida la nulidad, ésta debe ser reclamada en la primera oportunidad que tenga la parte afectada y de no hacerlo así precluye el derecho a reclamar sobre el vicio, convalidándose el acto cuestionado; tampoco el Gobierno Municipal de El Alto al momento de interponer el recurso de apelación contra la Sentencia ha cuestionado la notificación realizada con la Sentencia al Defensor de Oficio, haciéndolo recién en el recurso de casación; en todo caso respecto a la deficiente falta de notificación al Defensor de Oficio correspondía ser reclamada oportunamente por los codemandados (actuales recurrentes) por ser a ellos a quienes les causaría el agravio y no así al Gobierno Municipal del Alto quien intervino personalmente por separado en todo el proceso asumiendo defensa técnica y material. Por lo tanto los recursos deducidos en la forma y en el fondo por los recurrentes Félix Chambi Yujra, Freddy Chino Choque y Lucía Yujra Arias y el recurso de casación en la forma interpuesto por el Gobierno Municipal de El Alto devienen en improcedentes, no obstante que podría devenir la aplicación en virtud del art. 252 del C.P.C en razón de existir también la consulta de la Sentencia realizada por el A quo ante el Tribunal Ad quem de manera independiente del recurso de apelación de la misma; en mérito a ello se hace las siguientes consideraciones:

Si bien el Tribunal Ad quem ha establecido que el recurso de apelación deducido por el Gobierno Municipal del El Alto contra la Sentencia Nº 368/2010 de fs. 521 a 524 fue presentado de manera extemporánea, así además se evidencia de la diligencia de notificación de fs. 532 y la presentación del memorial de fs. 535 a 536 y Vlta., aspecto que dio lugar a la anulación del Auto de concesión de fecha 24 de marzo de 2011 de fs. 548 (348) y la ejecutoria de la Sentencia, sin entrar a considerar el contenido del recurso de apelación; sin embargo al ser la indicada Sentencia contraria a los intereses de una institución pública como es la Municipalidad de El Alto y haber sido la misma elevada en consulta ante el superior en grado, el Tribunal Ad quem sin perjuicio de la apelación que pudiera haber correspondiendo a las partes, con las amplias facultades que le otorga la ley en el tema de consulta, debió haber realizado un análisis detallado y profundo con mayor amplitud de criterio de manera integral no solo de la Sentencia que fue objeto de consulta sino también de todas las actuaciones procesales y del proceso mismo, es decir pronunciarse en el aspecto formal y sustancial del proceso y emitir resolución debidamente fundamentada.

Analizado el contenido del Auto de Vista S-13/12 de fs. 606 y Vlta., se evidencia que el mismo no tiene mayor fundamento, simplemente se limita a establecer la extemporaneidad del recurso de apelación contra la Sentencia y consignar la nómina de los demandantes que son numerosos y realizar algunas consideraciones respecto a la Escritura Pública 457/2005 que fue objeto de nulidad en la demanda y en cuanto a la consulta de la Sentencia se refiere de manera muy breve y superficial limitándose simplemente a indicar lo siguiente: "Que al haberse remitido en apelación y consulta el presente proceso en cumplimiento al art. 197 del Código de Procedimiento Civil, de su revisión se constata que se han cumplido con las normas procedimentales en vigencia sin que exista vicios de nulidad", es decir en la indicada resolución no se realiza una fundamentación como corresponde en derecho que sustente tal decisión, situación que fue criticada y reclamada de manera reiterada por los recurrentes en ambos recursos de casación.

La consulta de las Sentencias dictadas contra el Estado o instituciones públicas, no se trata de un simple formalismo, su finalidad es lograr que el Juez o Tribunal que conoce en grado de consulta, realice una revisión integral de todo el proceso, así como determinar la existencia o no de vicios manifiestos en los trámites esenciales del procedimiento; todo ello en aras de una mayor protección y garantía a los derechos del Estado; la consulta no participa de la categoría del recurso por cuanto éste es un medio de impugnación ante el agravio que les ocasiona la decisión de la Autoridad jurisdiccional a las partes litigantes; en tanto que la consulta es independiente y no requiere de agravio alguno, el Juez o Tribunal de alzada que conocen en grado de consulta tiene amplias facultades para el conocimiento del proceso pudiendo decretar nulidades de oficio y revocar el fallo de primera instancia e incluso rever cuestiones de procedimiento esenciales sin que importe la etapa decisoria ya cumplida ni el consentimiento que hayan prestado quienes son parte en el proceso, habida cuenta que la consulta no constituye un recurso procesal, sino el examen oficioso de la Sentencia dictada a fin de asegurar su legalidad. Sobre el particular la Ex Corte Suprema de Justicia con la cual se comparte criterio ha sentado jurisprudencia en los siguientes Autos Supremos: A.S. Nº 31 de 19 de febrero de 2001; A.S. Nº 50 de 12 de marzo de 2001; A.S. Nº 92 de 29 de marzo de 2001; A.S. Nº 301 de 11 de octubre de 2002; A.S. Nº 191 de fecha 11 de septiembre de 2006, entre otros.

La consulta le da al Tribunal de alzada la potestad de revisar cuestiones de procedimiento y de fondo de la resolución, a efectos de que en este ultimo caso, el Tribunal apruebe la resolución contenida en la Sentencia o la revoque total o parcialmente la decisión asumida por el A quo, pero en todo caso, la decisión que provenga de la consulta, debe encontrarse debidamente motivada y fundamentada y en ese sentido le corresponde al Ad quem exponer con claridad los sustentos fácticos y probatorios de derecho en que se basa para asumir una u otra decisión respecto a la consulta y no limitarse a exponer un simple formalismo en sentido de haber hecho uso de esa facultad y limitarse a decir que no se encontró ningún vicio y por tanto proceder a probar la Sentencia, aspecto que demuestra la total carencia de fundamentos que sustente de forma razonada los motivos por los cuales los Tribunales llegan a esa conclusión.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en el Art. 271 num. 3) y 252 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en el Art. 271 núm. 3) y 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-13/12 de fecha 20 de Enero de 2012 cursante a fs. 606 y Vlta. y dispone que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución resolviendo la consulta con arreglo a lo previsto por el art. 197 del Código de Procedimiento Civily a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Siendo excusable el error, no se impone multa al Tribunal Ad quem.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rita Susana Nava Duran