TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 342/2012

Sucre: 24 de septiembre de 2012

Expediente: B-26-12-S

Partes: Ana María Mendoza Velaca c/ Alejandro Cuellar Aguirre y Patricia Suárez Patiño en representación del SENAPE

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 445 a 447 y vlta. de obrados, interpuesto por Ana María Mendoza Velaca, contra el Auto de Vista Nº 82/2012 de 17 de mayo de 2012 de fs. 415 a 416 emitido por la Sala Civil del Tribunal Departamental del Beni, dentro del proceso de usucapión decenal o extraordinaria seguido por la recurrente contra Alejandro Cuellar Aguirre y el SENAPE, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, en fecha 9 de noviembre 2010 Ana Maria Mendoza Velaca de Saucedo interpuso demanda de usucapión decenal, afirmando que durante más de 23 años vive en el inmueble ubicado en la Urbanización "Cipriano Barace", correspondiente a la vivienda Nº 9 de la Manzana Nº Ñ, Calle VII-XLI, habiendo sido su posesión pacífica, libre y continuada durante esos años, dirigiendo la misma en contra de Alejandro Cuellar Aguirre, quien fuera el último propietario de dicho inmueble. Admitida la demanda, en la que se ordena la citación al "SENAPE", esta institución se apersonó señalando que dicho inmueble fue anotado preventivamente como consecuencia de un proceso coactivo fiscal seguido al Sr. Alejandro Cuellar Aguirre y que se encontraría para remate y precautelando los derechos del Estado y siendo que los bienes de las entidades públicas son inembargables e inexpropiables, pide se declare improbada la demanda.

Sustanciado el proceso, el Juez Segundo de Partido en lo Civil de la capital, mediante Sentencia 134/2011 de 7 de octubre 2011, cursante de fs. 317 a 323 declaró probada la demanda de usucapión. Dispuso además que independientemente de la impugnación que pudiera presentar el SENAPE, en virtud a lo previsto en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil se remita de oficio antecedentes ante el Tribunal de Alzada.

La Sala Civil del Tribunal Departamental del Beni, mediante Auto de Vista Nº 82/2012 de 17 de mayo de 2012, en consulta la Sentencia (toda vez que el recurso de apelación presentado por el SENAPE no fue concedido por encontrarse presentado fuera del plazo previsto por ley), resolvió revocando totalmente la Sentencia incoada por Ana María Mendoza Velaca.

Conocida la determinación del Tribunal de Alzada, conforme consta de fs. 445 a 447 y vlta. la demandante presentó recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo:

Afirman que el Auto de Vista es contrario al principio de pertinencia previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que conforme exponen en el considerando II no se observaron errores procedimentales o vicios del procedimiento que acarreen su nulidad, violando lo previsto en el art. 197 de la misma norma legal, porque la Sentencia fue elevada en consulta y solo para este fin debieron limitarse a revisar si existían vicios procedimentales que acarreen nulidad, no pudiendo ingresar a valorar las pruebas como si se tratase de un recurso de apelación, obrando ultrapetita; por otra parte no se considera cual el objeto del art. 197 del adjetivo civil; es decir que se remiten dichas sentencias en consulta al Tribunal de Alzada porque se pretende proteger intereses del Estado y se revise si durante el desarrollo del proceso y al dictar Sentencia se afectó bienes del Estado, ocasionándole perjuicio; aspecto que no se produjo durante la tramitación del proceso ni en sentencia.

Por otra parte señala que el Ad quem incurrió en la causal prevista en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, porque afirman que por parte de la demandante no existe prueba alguna que demuestre la usucapión, sin tomar en cuenta la abundante prueba documental y testifical en la cual el A quo basó su Sentencia, cuestionando el Ad quem que ni siquiera se adjunto prueba como ser certificaciones o pago de impuestos a su nombre, cuando en la prueba presentada por ella claramente se muestra que aparte de vivir en el inmueble motivo de la litis desde el año 1986 hizo mejoras en el inmueble, pues consideraba el mismo como suyo, así lo afirman dos de los testigos cuando señalan que compraron la casa del Sr. Alejandro Cuellar, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de Alzada, instancia que de manera genérica realiza afirmaciones que no corresponden.

En la forma:

Acusan que el Tribunal de Alzada otorgó más de lo pedido por el SENAPE, ya que dio lugar a una pretensión que no fue reclamada por la vía de la apelación, la cual se hizo en forma extemporánea. Y correspondiendo que el Ad quem realice una verificación respecto a que si hubo vicios procedimentales que posibiliten la nulidad, resuelven una vez que procedieron a la apreciación y valoración de las pruebas, tarea que tampoco fue debidamente cumplida, toda vez que existe contradicción en sus afirmaciones porque en un momento señalan que no existió correcta valoración de la prueba, para mas adelante señalar ellos mismos que en determinada documental se basó el A quo para emitir la Sentencia sin tener dicha prueba valor probatorio al ser inconducente e impertinente a la pretensión de la recurrente.

Concluyendo, manifiesta que el SENAPE nunca acreditó derecho propietario sobre el bien inmueble del que está en posesión hace más de 23 años, una anotación preventiva sobre acreencia contra Alejandro Cuellar Aguirre no constituye derecho propietario, tampoco hubo depositario por parte del SENAPE-Estado del inmueble que ocupa, ya que Santiago Pucho Condori con domicilio en la ciudad de La Paz, nunca fue nombrado depositario del inmueble motivo de la litis, solo fue depositario de dos predios rurales en el departamento del Beni.

Finalmente, solicita que se case el Auto de Vista recurrido dejando subsistente y firme la sentencia de primer grado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo presentado la recurrente recurso de casación en el fondo y en la forma, se evidencia que a tiempo de recurrir en la forma, si bien señala causales como la referida en el num. 4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, en la mayoría de su redacción realiza alusión a aspectos que hacen al recurso de casación en el fondo y lo propio sucede cuando recurre en el fondo, si bien acusa la violación del art. 197 y 236 del Código de Procedimiento Civil, afirma al mismo tiempo que el Ad quem ha actuado ultrapetita, causal prevista como casación de forma; sin embargo de ello dentro el contexto de la pretensión recursiva de la demandante y a los fines de aclarar, diremos:

Que, la previsión contenida en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, otorga a los superiores en grado facultad de revisión absoluta; es decir no solo de procedimiento sino también en lo relativo al fondo de la litis, ello en aras de una mayor protección y garantía de los derechos del Estado. Al respecto el Dr. Gonzalo Castellanos Trigo en su Libro Análisis Doctrinal y Jurisprudencia el Código de Procedimiento Civil Bolivia, nos ilustra que la consulta no participa de la categoría del recurso, por cuanto por definición, éste es un medio de impugnación ante el agravio que la decisión le ocasiona, en tanto que la consulta no requiere de agraviado alguno. También se diferencia en cuanto a los poderes del Juez o Tribunal de alzada, pues conforme a lo normado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, los poderes del tribunal están limitados a las cuestiones propuestas al juez de primera instancia y reafirmados en los agravios, en tanto que en la consulta no rige ningún tipo de limitación para el conocimiento de la causa por parte de la alzada. Tan amplias son las facultades del juez o Tribunal, que incluso puede rever cuestiones de procedimiento esenciales para arribar a la sentencia, sin que importe la etapa decisoria ya cumplida ni el consentimiento que hayan prestado quienes son parte den el proceso. De lo que se infiere que en el presente caso, el Ad quem no ha violado el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, al contrario ha actuado dentro el marco normativo, evidenciando que dentro la sustanciación del proceso, la prueba documental presentada como de reciente obtención no fue admitida; así de clara es la providencia de fs. 296 vlta. cuando el A quo señala respecto a dicha documental que debe estarse a lo previsto en el art. 330 del Código de Procedimiento Civil, es decir que a tiempo de presentar la demanda, debió acompañarse la prueba documental que estuviere en poder de las partes y como se podrá advertir de las literales de fs. 272 a 277, las mismas tienen data anterior al inicio de la demanda, por lo que consideró y determinó el Tribunal de Alzada que dicha prueba ni siquiera fue admitida por el A quo y menos considerada para demostrar la pretensión de la recurrente; más allá de eso, ante la providencia emitida por el A quo, la recurrente no realizó reclamo alguno posterior a los efectos de que dicha prueba ingrese como elemento probatorio, al contrario en obrados no se evidencia que la demandante haya insistido en ella ni siquiera en segunda instancia cuando tenía oportunidad de solicitar al Tribunal de Alzada considere la misma con noticia contraria. Por lo que no existe evidencia de que el Ad quem haya incurrido en error, menos que se ha violado normativa alguna o resuelto de manera ultra petita.

Por otra parte, es evidente que el SENAPE, si bien apeló de la Sentencia, ésta fue presentada fuera del plazo previsto en la ley; es decir no existía un recurso de apelación que muestre agravios y que sea resuelto en segunda instancia, entendiendo la recurrente que aún no existiendo la exposición de estos agravios por parte del SENAPE, el Ad quem hubiera dado respuesta a través de la figura de la consulta, aspecto que no es evidente; toda vez que las atribuciones y facultades de los Tribunales de alzada cuando una Sentencia es elevada en calidad de consulta, son amplias como se manifestó de manera precedente, pudiendo inclusive llegar a revocar la determinación del Juez de primera instancia como es el caso en particular si evidenciara aspectos que se encuentran fuera del marco normativo tanto en procedimiento como en el fondo del asunto; por lo que al presente no existe causal de nulidad alguna para proceder a disponer la nulidad de obrados como se impetra en el recurso.

Por lo anteriormente expuesto, al no evidenciarse causales de nulidad ni leyes que hayan sido violadas o interpretadas erróneamente, por lo que corresponde a este Tribunal resolver de la forma prevista en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en el Art. 271 núm.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 445 a 447 y vlta. de obrados, interpuesto por Ana María Mendoza Velaca, contra el Auto de Vista Nº 82/2012 de 17 de mayo de 2012 de fs. 415 a. 416. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

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