TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 341/2012

Sucre: 24 de septiembre de 2012

Expediente: PT-26-12-S

Partes: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE c/ Luís Enrique Delgado Quispaya

Proceso: Desocupación, entrega de ambientes y pago de daños y perjuicios

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 151 a 154 vlta., interpuesto por Luís Enrique Delgado Quispaya, impugnando el Auto de Vista Nº 134/2012 de fecha 2 de julio de 2012 de fs 146 a 147, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de Desocupación, entrega de ambientes y pago de daños y Perjuicios. seguido por SENAPE contra Luís Enrique Delgado Quispaya.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que Armando Padilla Acarapi, Representante Distrital de Oruro del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), interpone demanda ordinaria de desocupación, entrega de ambientes y pago de daños y perjuicios contra Luís Enrique Delgado Quispaya, manifestando que conforme lo dispone la Ley 1732 en sus art. 55 y 56, todos los activos y pasivos de los Entes Gestores de la Seguridad Social han sido transferidos al Estado para su liquidación y entre ellos se encuentra el inmueble ubicado en Avenida Ferroviaria calle Sucre, el cual no se ha podido recuperar, razón por la que pide la desocupación y entrega de ambientes, más pago de daños y perjuicios.

Contestada la demanda por el demandado, interpone excepción Perentoria de Prescripción. Tramitada la causa el Juez de Partido Mixto Liquidador de Sentencia de Uyuni, pronuncia Sentencia declarando Probada la demanda e improbada la excepción de prescripción disponiendo la desocupación y entrega de los ambientes que ocupa el demandado, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de lanzamiento en su contra, asimismo el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.

Deducida la apelación planteada por el demandado la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronuncio Auto de Vista No 134/2012 confirmando totalmente la Sentencia apelada con costas

Ante esta resolución de segunda instancia el recurrente plantea recurso de casación en la forma y en el fondo

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, el recurrente Luís Enrique Delgado Quispaya interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto Vista Nº 134/2012 de fecha 2 Julio del 2012, fundado en los siguientes aspectos:

El recurrente plantea recurso de casación en el fondo indicando que la demanda se inició presentando fotocopias de testimonio de propiedad del inmueble sito en calle Ferroviaria y calle Sucre, inmueble que es de propiedad del Estado Boliviano que no goza de valor probatorio porque no está legalizado por Notario o funcionario público autorizado, sino por el Secretario Abogado del Juzgado de Partido Mixto Liquidador , que no cumple con las previsiones establecidas en los artículos 400 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil y 1309 y 1311 del Código Civil, porque éste funcionario, refiriéndose al Secretario Abogado del Juzgado de Partido legalizo fotocopias de ese testimonio de propiedad que nunca curso en sus archivos.

Estableció que nunca se causó daños y perjuicios al Estado porque como reconoce el demandante se encontraba en calidad de inquilino, por lo que tampoco es evidente que en reiteradas oportunidades se hubiera solicitado la entrega de los ambientes.

En cuanto al recurso de casación en la forma indicó que no correspondía el presente proceso como una acción ordinaria de entrega de ambientes, sino el proceso de desalojo, tramitado ante Juez Instructor conforme los alcances del art. 621 del Código de Procedimiento Civil y que el Juez que ha tramitado el presente proceso ha equivocado el procedimiento y por consiguiente ha actuado sin jurisdicción y competencia, viciando de nulidad el proceso

Acusó también que el Juez A quo al disponer el lanzamiento está actuando ultrapetita porque ilegal y abusivamente dispone lanzamiento con ayuda de la fuerza pública cuando dicha determinación solo corresponde para procesos de desalojo y en otro tipo de procedimiento.

Concluye pidiendo que se case el Auto de Vista declarando improbada la demanda o en su caso se anulen obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde en principio considerar las infracciones procesales acusadas en la forma, toda vez que de ser evidentes correspondería la nulidad de obrados, aspecto que imposibilitaría el pronunciamiento de fondo de la causa.

Respecto al recurso de casación en la forma: el recurrente indica que debería realizarse un proceso de desalojo para proceder a su desocupación, porque se encontraba en calidad de inquilino, sin embargo de la nota cursante a fs.7 de obrados en la que solicita la entrega de ambientes, se le informa al recurrente que a partir de la Promulgación de la Ley 1732 - Ley de Pensiones el inmueble que ocupa fue transferido al Tesoro General de la Nación, administrado por el Servicio de Patrimonio del Estado "SENAPE", razón por la cual se le hizo conocer que debía entregar los ambientes. Aclarar también que el recurrente no sustentó su impugnación en ningún medio de prueba que acredite la calidad de inquilino, como lo establece el art. 621 del Código de Procedimiento Civil.

Está demostrado también que pese a las peticiones de entregar el inmueble el ahora recurrente no lo ha hecho, en perjuicio del Estado, sin demostrar tener derecho alguno a ocupar bienes estatales como si fuera vivienda particular, en desmedró del interés del Estado; consiguientemente se desvirtúa que el Juez A quo que ha tramitado el presente proceso hubiera actuado sin jurisdicción y competencia como equivocadamente plantea el recurrente, pretendiendo que se considere como infracción la vía ordinaria que utilizó el demandante para la entrega de ambientes y no un proceso de desalojo, aclarar también que en el transcurso del proceso el ahora recurrente no ha realizado objeción alguna respecto a la vía en la que se tramitó el mismo, por su parte la entidad demandante ha cumplido con la previsión establecida en el art 327 del Código de Procedimiento Civil, al margen de aclarar por memorial de fs. 55 que los daños y perjuicios por la no entrega de los ambientes ascienden a Bs.100.000, estableciendo que por la cuantía corresponde al Juez de Partido Mixto Liquidador y Sentencia de Uyuni que tramitó el proceso.

Respecto al recurso de casación en la fondo: De la revisión del proceso se evidencia que el mismo fue tramitado como una demanda ordinaria de desocupación y entrega de ambientes, demostrando el SENAPE que el inmueble sito en calle Sucre, Avenida Ferroviaria, del cual se pide la desocupación y entrega, es de propiedad del Fondo Complementario de la Seguridad Social de Ferroviarios y Ramas anexas (ente gestor de la seguridad Social), mediante un Testimonio de Propiedad que franquea el Juez Registrador de Derechos Reales de Potosí de compra venta del inmueble sito en esquina de las calles Sucre y Litoral que transfiere la sociedad " Unigrinovich y Marincovich en favor de la Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Anexos, siendo evidente que en el proceso cursan fotocopias que no están legalizadas conforme lo dispone el art. 400 num. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de ello el testimonio se encuentra legalizado conforme lo establece el art. 1311 parágrafo 1 del Código Civil; es decir por el secretario abogado del Juzgado de Partido Mixto de Uyuni, en la presunción de que los originales fueron presentados al Juzgado, cuestionamiento de forma, sin embargo hay que incidir que la prueba tiene que ser objetada respecto a su contenido, objeción que el recurrente no ha realizado, sin demostrar tampoco mejor derecho propietario que le habilite a seguir ocupando dichos ambientes y el perjuicio cierto e irreparable que ocasiona que el referido testimonio no esté legalizado en la forma prevista por el art. 400 num. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil.

Aclarar que en el caso que nos ocupa no se está discutiendo el derecho propietario del referido inmueble, sino la entrega del mismo en virtud a que el Estado Boliviano al amparo de lo dispuesto por los art. 55 y 56 de la Ley 1732 - Ley de Pensiones, de 29 de noviembre de 1996 resulta ser administrador por la transferencia de todos los activos y pasivos de los Entes Gestores de la Seguridad Social que administraban los regímenes de vejez, riesgos profesionales, invalidez y muerte a largo plazo, para que con su producto se proceda al pago de rentas.

El art. 56 de la Ley de Pensiones se refiere a la liquidación de los entes gestores, que señala: "A partir de la promulgación de la presente ley y de acuerdo a reglamento, el patrimonio de las entidades especificadas en el primer párrafo del artículo anterior será objeto de administración y liquidación, de conformidad a lo siguiente: a) Los activos fijos, valores, acciones y otros títulos valores, así como las acreencias y otros que corresponda serán administradas por los liquidadores designados por la Secretaría Nacional de Pensiones, quienes tendrán al efecto las facultades de administración y procesales necesarias, otorgadas por el Secretario Nacional de Pensiones. b) Los bienes mencionados serán objeto de disposición y transferencia a cargo de la Unidad de Reordenamiento de la Secretaría Nacional de Pensiones. c) Los pasivos serán objeto de inscripción ante la Secretaría Nacional de Pensiones, en el plazo de sesenta (60) días, computado desde la emisión del reglamento respectivo. Estos Pasivos no comprenden las Rentas en Curso de Pago, las Rentas en Curso de Adquisición ni los aportes, cotizaciones y otros pagos efectuados con destino a la obtención de pensiones o beneficios de cualquier especie. Todos los activos disponibles, valores y otros recursos obtenidos por la administración y liquidación serán destinados al Tesoro General de la Nación, previa deducción de los pagos de pasivos, obligaciones laborales y de los costos y gastos correspondientes. De lo que se infiere que la entrega del inmueble y desocupación se sustenta en disposiciones de la Ley de Pensiones, siendo por lo tanto de cumplimiento obligatorio, por el carácter imperativo de cumplimiento que tiene la ley y porque el Estado tiene la tarea de proceder a la liquidación del inmueble para que con su producto se cancele las rentas correspondientes a los jubilados.

Por lo expuesto se determina que no siendo evidentes las infracciones procesales acusadas en el forma y en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia fallar en la forma prevista por los arts 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Luís Enrique Delgado Quispaya que cursa de fs. 151 a 154 vlta., de obrados. Sin costas

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.