TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 339/2012

Sucre: 21 de septiembre de 2012

Expediente: Or-19-12-S

Partes: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Vía y Obras" Ltda. Representado por Rubén Gonzalo Aranibar Leaño. c/ Damián Gutiérrez Quispe

Proceso: Reivindicación de bien inmueble

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Damián Gutiérrez Quispe de fs. 420 a 423, impugnando el Auto de Vista Nro. 075/2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Acción Reivindicatoria seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Vía y Obras" Ltda. Representada por Rubén Gonzalo Aranibar Leaño contra Damián Gutiérrez Quispe, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, la Juez 2do. de Partido en lo Civil y Comercial de Oruro, emitió la Sentencia Nro.317/2011 de fecha 24 de diciembre de 2011 cursante de fojas 382 a 387 vlta., declarando probada la demanda de fs. 16 a 16 vlta., improbadas las excepciones perentorias formuladas por la parte demandada de impersonería en el demandante, imprecisión en la demanda principal y de prescripción sobre el derecho patrimonial, condenando al demandado Damián Gutiérrez Quispe a la devolución, desocupación y entrega a la entidad demandante el bien inmueble descrito en ella.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Damián Gutiérrez Quispe, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista Nro.075/2012, de fecha 12 de junio de 2012 cursante a fojas 414-416 vlta., anula el Auto de fecha 29 de febrero de 2012 que cursa a fs. 400 de obrados y declara la ejecutoria de la Sentencia de fs. 382 a 387 vlta.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesta por parte del demandado Damián Gutiérrez Quispe, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional habría incorporado como principio procesal en su art. 180 parágrafo I, el de verdad material, por el que se establecería la prevalencia del derecho sustantivo o de fondo sobre el objetivo o formal de la actividad jurisdiccional, esto concordaría con el art. 9 inc. 4) y el art. 13.I, de la misma norma constitucional.

Que, en ese sentido los órganos jurisdiccionales al impartir Justicia deberían resolver las controversias puestas a su conocimiento y no escudarse en aspectos procesales inertes que afectarían a la legítima defensa y al debido proceso.

Que, en ese antecedente habría presentado su recurso dentro del plazo establecido por el art. 220 del Código de Procedimiento Civil, ante Notario de Fe Pública, ante el vencimiento en día domingo del término de los diez días que señalaría la disposición legal.

Que, la función de estas Autoridades fuera la de dar fe de los actos y hechos puestos a su conocimiento, no pudiendo los aspectos meramente formales anteponerse a la función de impartir Justicia por parte de los Tribunales de Justicia en el nuevo orden constitucional.

Que, la garantía del debido proceso, no habría sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no fuera un fin en sí mismo sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no fuera posible cuando pese a la evidente lesión de derechos primara la forma al fondo.

Que, así expuesto, el Auto de Vista emitido a título de debido proceso fuera totalmente arbitrario que no solo atentaría al principio de verdad material sino también a la garantía de del principio de impugnación en los procesos.

Que, la pretensión de sustentarse en el art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial Nro.025, Sentencias Constitucionales y Autos Supremos no tendrían asidero legal, pues según el entendimiento de la norma señalada el Órgano Jurisdiccional solo puede revisar aspectos procesales en los casos previstos por ley, generalmente referidos al orden público y bajo el principio de legalidad, que solo puede anular obrados cuando la nulidad estuviera establecida por ley, pero que en el caso el cargo de presentación ante Notario de Fe Pública fuera un acto procesal de parte que no afectaría al orden público, ni estuviera sancionado con nulidad.

Que, incluso de la revisión del memorial de contestación al recurso no habría observación alguna, resultando entonces que el Auto de Vista fuera ultra petita, decidiendo sobre algo no pedido que con ello habría violación del art. 17 parágrafos I y II, de la Ley Nro.025.

Que, las Sentencias Constitucionales y Autos Supremos fueran de fecha anterior a la vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de fecha 7 de febrero de 2009, aplicables en tanto y cuanto no se contrapongan a la norma constitucional que reitera tiende a proteger los derechos y antepone la verdad material a la formal inerte.

Concluye solicitando que ante la vulneración de los arts. 180-I, 9-4, 13-I de la Constitución Política del Estado y arts. 235-I, 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil, deberían ser reparados por el Tribunal de casación anulando el Auto de Vista y disponiendo se pronuncie nuevo con relación al fondo.

En el fondo

Que, la falta de pronunciamiento en el fondo fuera violación a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y que los Tribunales de segunda instancia estuvieran en la obligación de resolver las causas puestas a su conocimiento conforme al art. 56 num. 1 de la Ley 025, que la Sentencia de primera instancia no se habría enmarcado al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, al no haber valorado las pruebas en su verdadera dimensión.

Que, del desfile de pruebas no existiría alguna que demuestre la presunta compra realizada por la entidad demandante; que a momento de la transferencia del bien inmueble a favor del demandante José Luis Montaño Rico en fecha 2 de octubre de 1989 no fuera propietario de la segunda planta que ahora reclamaría, y todas las pruebas no se habrían apreciado legalmente conforme establecería el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

Que, no se habría demostrado la posesión sin ningún título, que estuviera legalmente en esta segunda planta, que si bien no fuera registrado su título, los hechos establecerían que es propietario. Al margen de ello jamás habría demostrado la entidad demandante la fecha, año y momento en que habría quitado con violencia la segunda planta, que nunca tuvo derecho sobre esta planta y por ello nunca lo habría perdido.

Que, la demanda de reivindicación favorecería al propietario que ha perdido la posesión y para ello debería acreditarse primeramente la propiedad, la pérdida de la posesión y la detentación de la propiedad que se quiere reivindicar, que en el caso ello no habría ocurrido.

Que, finalmente los derechos adquiridos de la demandante fueran solo de la planta baja y la planta alta le correspondería a él, aspecto que pide sea corregido por el Tribunal de Casación a fin de que se dicte fallo anulatorio, casando el Auto de Vista y la Sentencia y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda y probadas las excepciones perentorias, dando aplicación a lo previsto por el art. 271 inc. 4 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Contra el fallo de segunda instancia se ha planteado recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, sin embargo en consideración a que el Auto de Vista recurrido es anulatorio de obrados, imposibilita a este Tribunal ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo al no haber resuelto cuestiones de fondo por parte del referido fallo. En ese antecedente corresponde pronunciarse sólo con relación al recurso de casación en la forma, teniéndose al respecto que:

En el caso en cuestión se denuncia principalmente la vulneración de principios constitucionales que en definitiva afectarían a la legítima defensa y al debido proceso. En ese antecedente corresponde referir que desde la puesta en vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado estamos sujetos a un nuevo orden constitucional desde fecha 7 de febrero de 2009 siendo la norma constitucional garantista de derechos, entre los cuales se encuentra lo referido a la jurisdicción ordinaria plasmada en el art. 180 en sus diferentes parágrafos, en la referida disposición constitucional se encuentran los principios constitucionales de verdad material y el debido proceso entre otros, tendientes fundamentalmente al respeto de los derechos humanos, que no pueden ser disgregados de lo establecido por el art. 13-IV de la norma constitucional, conllevando a considerar el respeto a esos derechos y el alcance de principios como el pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto, "... de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria". También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que a la luz de la presente problemática, está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, en tal sentido, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.

Al margen de lo anterior, es coherente utilizar los siguientes criterios:

1.- En la interpretación debe prevalecer siempre a la luz de la Constitución, el contenido teleológico o finalista de la norma; 2.- en sujeción a la luz de la Constitución, debe interpretarse la norma adjetiva con un criterio amplio y práctico; 3.- las expresiones a emplearse en el texto de la norma interpretada, deben ser entendidas en su sentido general y común, a menos que resulte claramente de su texto que el legislador quiso referirse a un sentido legal-técnico; 4.- la norma debe interpretarse entendiéndola dentro de un conjunto armónico, por tanto, ninguna disposición debe ser interpretada aisladamente; 5.- todas las excepciones y privilegios deben ser interpretados con criterio restrictivo.

En esa secuencia es pertinente nombrar al Prof. Dr. Germán José Bidart Campos, quien señala que "...las normas declarativas de derechos y garantías han de demandar una interpretación a favor de su operatividad para facilitar su aplicación". Y recurriendo al criterio de García Belaunde rescatamos la propuesta de otra pauta de interpretación, lo referente a la razonabilidad, es decir, la sensatez y la flexibilidad frente a situaciones concretas, de tal manera que se llegue a la solución adecuada sin afectar el sistema normativo constitucional.

En ese sentido, la incorporación al ordenamiento jurídico boliviano de un nuevo ordenamiento constitucional, presenta nuevos desafíos que hacen a su aplicación por los Tribunales, obligando agudizar los mecanismos de interpretación, cuya finalidad es la de asegurar la vigencia armónica de toda la normativa vigente, en resguardo de los derechos humanos respetando la jerarquía constitucional atribuida en tratados y declaraciones de derechos humanos, que significa también la incorporación de aquellos principios que vinculados con la irrestricta vigencia de esos derechos, exige estar siempre a la interpretación que más favorece a su vigencia. En virtud a este principio -pro homine-, el juzgador debe interpretar y aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona y sus derechos.

Vemos entonces que del principio pro homine deriva el pro actione, en virtud del cual debe garantizarse a toda persona el acceso a los recursos desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados, precautelando el derecho de las partes a que su impugnación se patentice, garantizando así el derecho de acceso a la Justicia, concretando así el acceso a los recursos. De lo que se establece que los requisitos formales no deben primar sobre el derecho sustancial, debiendo realizar una ponderación entre el incumplimiento de la formalidad con el derecho a recurrir, en caso de dudas interpretarse a favor del recurrente como lo ha expresado el Tribunal Constitucional en varios fallos constitucionales como la SC 0010/2010-R de 6 de abril de 2010.

De otro lado corresponde asimismo señalar que es de aplicación el principio de"prevalencia del derecho sustancial", que la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen, desarrollando que este principio supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial pueda cumplirse a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional.

Todo el entendimiento anterior, irá en resguardo de lo que representa el debido proceso respetando rigurosamente el derecho a la defensa.

Realizado ese análisis, verificamos que en el caso de Autos efectivamente existe la interpretación y aplicación por parte del Tribunal ad quem, del art. 97 del Código de Procedimiento Civil y la secuencia que debía seguir según desarrolló la Corte Suprema de Justicia -extinta- para la presentación de escritos en caso de emergencia, posibilitando su presentación ante los funcionarios pertinentes en el orden propuesto, resultando en muchos casos el incumplimiento de esas formalidades limitativo a los derechos descritos; sin embargo como ya se ha manifestado, estamos en la vigencia de un nuevo orden constitucional mas garantista de derechos humanos, y en esa consideración no corresponden los rigorismos que tiendan a limitar su ejercicio.

En ese antecedente del cargo asentado por el Notario de Fe Pública a fs. 392 vlta., se verifica la presentación del referido memorial en fecha cinco de febrero de dos mil doce a horas catorce y treinta, estando dentro del plazo otorgado por el art. 220 p. I del Código de Procedimiento Civil, en consideración a que la comunicación con la Sentencia como comprueba la diligencia de notificación con la misma que corre a fs. 388, data de fecha jueves veintiséis de enero a horas diecisiete quince. Otro dato importante a resaltar es el cargo de recepción que cursa a fs. 393 y la constancia que el recurso fue presentado a horas 08:30 de fecha lunes 06 de febrero 2012, significando esto entonces que el Notario de Fe Pública cumplió con su función de manera diligente, siendo válida esa actuación a efectos de verificar la presentación del recurso de apelación en término previsto por ley y su consideración dentro de los alcances del art. 236 del Código de Procedimiento Civil; resultando que la exigencia del cumplimiento riguroso de la secuencia determinada por el art. 97 y la interpretación que se hizo por la extinta Corte Suprema, se contraponen a los nuevos lineamientos de la Constitución Política del Estado, limitando al derecho de impugnar garantizado por el art. 180 p-II de la referida norma constitucional y por ende el acceso a la Justicia. Correspondiendo reorientarlo de manera favorable, en resguardo y respeto de los derechos humanos.

Que, bajo ese análisis, se hacen evidentes las infracciones cometidas por el Tribunal ad quem a los principios constitucionales así como el Art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, ya que la revisión de actuaciones procesales de oficio está limitado a aquellos asuntos previstos por ley, la obligación de pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, y que la nulidad procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos, en esa comprensión, es que la institución demandante no hizo observación alguna a la forma de presentación del memorial de recurso, sino mas bien ingresó a responder los cuestionamientos de fondo.

En conclusión vemos que al haber anulado el Tribunal Ad quem el Auto de fecha 29 de febrero de 2012 que cursa a fs. 400 y declarar la ejecutoria de la Sentencia dictada en primera instancia, no ha obrado en sujeción y respeto a los principios establecidos por la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, vulnerando por lo mismo el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la resolución de Vista dictada, viene a resultar ultra petita, sancionada con la nulidad prevista por el art. 254 num. 4) del adjetivo civil, por lo que corresponde dar aplicación a las previsiones de los artículos 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme dispone la atribución prevista en el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo estipulado en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 75/2012 cursante de fs. 414 a 416 vlta. y dispone que previo sorteo y sin espera de turno el tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista conforme la pertinencia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Sin multa por ser excusable el error.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV, comuníquese al Consejo de la Magistratura a los fines de ley con la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATOR: Mgdo. Rómulo Calle Mamani