TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 333/2012.

Sucre: 19 de septiembre de 2012.

Expediente: CB-66-12-S.

Partes: Enrique Grover Herrera Pereira y Nilda Beatriz Mérida de Herrera c/ Banco Unión S.A.

Proceso: Ordinario de Nulidad de Proceso Ejecutivo y Declaratoria de Inexistencia de Obligación de Pago.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 404 a 405 vlta., y de fs. 410 a 411 vlta, interpuesto por Isabel Silvia Medinacelli Guzmán, en representación de Banco Unión S.A. sucursal Cochabamba, y por Enrique Grover Herrera Pereira y Nilda Beatriz Mérida de Herrera, respectivamente, ambos contra el Auto de Vista de fecha 16 de abril de 2012, cursante de fs. 400 a 401 vlta, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Nulidad de Proceso Ejecutivo y Declaratoria de inexistencia de obligación de pago seguido por Enrique Grover Herrera Pereira y Nilda Beatriz Mérida de Herrera contra Banco Unión S.A.; la concesión de fs. 415; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Decimosegundo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba el 18 de abril de 2011 pronunció la Sentencia Nº 0-017/2011, cursante de fs. 369 a 378, declarando probada en parte la demanda principal, Improbadas las excepciones perentorias opuestas contra la demanda principal; Improbada la acción reconvencional formulada por el Banco Unión S.A. y Probada las excepciones perentorias de ilegalidad e improcedencia opuestas por los actores contra la mutua petición. Modificó la Sentencia de fecha 16 de enero de 2004 confirmada por Auto de Vista de fecha 16 de abril de 2005 pronunciada dentro del proceso Ejecutivo seguido por Banco Unión S.A. sucursal Cochabamba en contra de los ahora demandantes, declarando Improbada la Demanda Ejecutiva y Probada la excepción de Falta de Fuerza Ejecutiva opuesta por los ejecutados con costas al Banco que serán calificadas en ejecución de Sentencia.

Dispuso de igual manera no ha lugar la inexistencia de la obligación de los $us. 10.037,96, por cuanto si bien se ha procedido con una operación bancaria irregular, dicho monto se halla comprendido en la obligación obtenida por los demandantes en la línea de crédito instrumentada por el Testimonio de Escritura Pública Nro. 244/2000 y la consiguiente suscripción del documento de préstamo con cargo a la referida línea de crédito contenido de fecha 30 de mayo de 2000, pudiendo el Banco Unión S.A. acudir a la vía llamada por ley para recuperar el mencionado monto. Dispuso también no haber lugar a la petición de indemnización por daños y perjuicios por el proceso ejecutivo y por último no ha lugar al resarcimiento de daños y perjuicios por hecho ilícito deducido en la mutua petición por el Banco Unión S.A.

Contra esa Sentencia interpusieron recurso de apelación tanto la parte actora como la reconventora, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 16 de abril de 2012 emitió el Auto de Vista de fs. 400 a 401 vlta, confirmando la Sentencia apelada, sin costas por ser ambas partes apelantes.

Contra esa resolución de segunda instancia, recurrieron de casación en el fondo tanto la parte demandante principal como la reconventora.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El Banco Unión S.A. indicó que en su recurso de apelación expuso ampliamente la errónea interpretación del Juez de primera instancia, mencionando que la Sentencia carecía de sustentación, motivación y que era una simple especulación, agravio expuesto en apelación, que el Tribunal de Alzada consideró que no existía fundamentación en el recurso de apelación.

Por otro lado indicó que en el recurso de apelación hicieron notar los errores de interpretación y valoración de los hechos el desconocimiento del art. 794 del Código de Comercio, indicando que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre ningún punto de apelación, mencionó que no valoró su recurso causándole indefensión.

Continuó arguyendo que de la sola lectura del recurso de apelación se puede evidenciar la fundamentación de agravios y que el Tribunal de Alzada erróneamente indica que no hubo fundamentación.

Por último indicó que el proceso ejecutivo se valoró en dos instancia, donde en cada una de ellas se analizó la procedencia del título ejecutivo y al revocar dicha Sentencia en el proceso ejecutivo son incorrectos, en virtud de que los ahora demandantes se beneficiaron con los montos de dinero que fueron acreditados en su cuenta, leccionando lo establecido por el art. 486 y sgtes del C.P.C. al igual que el art. 1346 y sgtes. del Código de Comercio.

Concluyó peticionando que el Tribunal Supremo deliberando en el fondo case el Auto de vista.

La parte demandante, interpuso recurso de casación en el fondo acusando que en su apelación interpuesta contiene clara e inobjetablemente la expresión de agravios exigida por el art. 219 del Código de Procedimiento Civil indicando que se deja existente la obligación con el Banco Unión, dineros que no solicitaron mucho menos recibieron y la infracción al art. 984 del Código Civil, aspectos fundamentados en el recurso de apelación que el Tribunal de Alzada hubiese eludir pronunciarse.

Manifestó que el Auto de Vista recurrido infringe lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y también es contradictorio porque si la apelación carecía de fundamentación de agravios, como sostiene el Tribunal de Alzada no correspondía confirmar la Sentencia lo correcto era anular el Auto de concesión del recurso porque en ese caso su competencia no se abría para considerar el fondo del recurso.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecido lo anterior, corresponde precisar que el artículo 180-II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el artículo 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación que además de ser pertinente debe ser motivada, fundamentada; solo así se satisface el derecho a la impugnación.

El recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

En aplicación del principio de congruencia, establecido por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista deberá circunscribirse necesariamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227 del mismo ordenamiento legal.

En el caso sub lite, se establece que el Tribunal de Alzada confirmó la Sentencia de primer grado, con el fundamento de que la apelación deducida carecía de la fundamentación exigida por el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no contenía el análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido.

Sin embargo, de la revisión de obrados se establece que la parte demandada a tiempo de apelar de la Sentencia cursante de fojas 369 a 378, con los fundamentos expuestos en su memorial de fojas 382 a 385, impugnó el pronunciamiento del Juez A quo, respecto del agravio sufrido como consecuencia de la errada valoración efectuada por el a quo en la Sentencia, acusando lo contenido en el artículo 794 del Código de Comercio, en ese marco, resaltó que la exigibilidad de la obligación en contratos donde no se establece término alguno y que en la cláusula novena del contrato obliga al cuenta correntista a la reposición del dinero sin que exista requisito previo de suscripción de un nuevo contrato.

Otro aspecto cuestionado en la apelación es el referido a que no se habría probado que el Banco previa consulta verbal debitó la suma de $us. 10.037,66 y que se encuentra probada con la constancia de sobregiro en la papeleta bancaria.

Igualmente cuestionó el criterio del Juez a quo en virtud de no haberse probado que el proceso ejecutivo se adecuó a normas legales en vigencia, hecho que fue resuelto por un Juez de partido y la sala civil en las dos instancias respectivas. De igual forma el criterio del Juez sobre honestidad y decencia, hecho que no fue parte de la discusión.

Cuestionó los argumentos por los cuales el Juez de primera instancia indicó que la cláusula novena del contrato está vinculado únicamente a cantidades pequeñas, en ese sentido señaló que el Juez de la causa introdujo nuevas norma en la materia al indicar "el pago del sobregiro cuando éste no ha sido Autorizado expresamente por el cuenta correntista y mucho mas cuando el sobre giro cubierto por el banco resulta mayor a una cantidad menor, no obliga directamente al cliente cubrir la obligación emergente del sobre giro dentro de las 24 horas a su comunicación...", aseveración que agravió al apelante.

Finalmente impugnó el criterio del A quo que el mandante habría "pretendido evitar el reporte de mora de esta obligación en el balance de gestión realizando una inconsulta e irregular operación bancaria...", criterio que también les causa agravio.

En base a esos agravios impetró que el Tribunal de Alzada revoque la Sentencia apelada.

A cada uno de estos agravios descritos, el apelante analizó y criticó la Sentencia lo que constituye indudablemente la fundamentación de su apelación, no siendo evidente que el recurso de apelación deducido por la parte demandada careciere de fundamentación de agravios, como lo señaló el Tribunal de Alzada, quien con ese argumentó omitió pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, que como se precisó, constituyen el marco jurisdiccional sobre el cual debe pronunciarse la resolución de segunda instancia, sino que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, omisión que por determinación del artículo 254 - 4) del adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del pronunciamiento de Alzada.

Por otro lado el demandante en su recurso de apelación también fundamentó sus agravios sufridos, indicando que no debió declararse la existencia de los $us. 10.037,66 acusando que inconsultamente se sobregiro a su cuenta, hecho ilegal e incorrecto, de la misma forma acusó el agravio sufrido por la no valoración de los daños y perjuicios sufridos con el proceso ejecutivo, agravios que no fueron analizados mucho menos respondidos por el Tribunal de Alzada.

Finalmente, corresponde aclarar que si en criterio del Tribunal de Alzada el recurso de apelación no contenía fundamentación de agravios, lo que correspondía al Tribunal de Apelación era anular obrados, dejando sin efecto la concesión del recurso y declarando ejecutoriada la resolución apelada, en ningún caso confirmar el fallo impugnado, resolución que se da precisamente cuando el Tribunal de Alzada encuentra sin fundamentos los agravios de la apelación. Resultando por ello contradictorio que el Ad quem sostenga que no existen agravios en la apelación y concluya confirmando la resolución impugnada.

Por lo expuesto, y en aplicación de lo dispuesto por el art. 17 de la Ley de Órgano Judicial parágrafo I el cual indica "La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley", artículo que tiene estrecha relación con lo establecido por el art. 252 del C.P.C., corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271 -3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fecha 16 de abril de 2012, y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Segunda signatarios del Auto de Vista impugnado, se les impone multa de un día de haber a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani